República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:
Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil
Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira
216° y 167°
JUEZ INHIBIDO: Abogado JUAN JOSÉ MOLINA CAMACHO, Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de estado Táchira.
MOTIVO: INHIBICIÓN, fundamentada en la causal N° 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 16 de julio de 2026, se recibieron en esta alzada, previa distribución, las presentes actuaciones en copia fotostática certificada, con motivo de la INHIBICIÓN planteada el día 1 de julio de 2026, por el abogado JUAN JOSÉ MOLINA CAMACHO, Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; Se le dio entrada y el curso de ley correspondiente, bajo expediente número 8484-26.
De las actuaciones que conforman el presente expediente, se desprende que el Juez JUAN JOSÉ MOLINA CAMACHO, al plantear su INHIBICIÓN manifestó: “El presente caso es recibido previa distribución dándole entrada en fecha viernes 19 de junio de 2026, y asignándole el N° 8.095, nomenclatura interna de este Juzgado Superior, en la cual actúan como parte Demandante: Gustavo Adolfo Parra Talamo. Demandada: S.M. Banco Provincial S.A. Banco Universal, en consecuencia, me inhibo de seguir conociendo la presente causa fundamentado en el ordinal 15° del artículo 82 del C.P.C., y en concordancia con la sentencia dictada por la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 07 de agosto de 2003, con ponencia del magistrado José Manuel Delgado Ocando, ante ello y en virtud de las argumentaciones efectuadas por el representante Judicial, de la parte demandante Abg. CARLOS AUGUSTO CONTRERAS CHACÓN, en el cual manifiesta “que cursaron ante esta Instancia, dos apelaciones, incluyendo otro juicio llevado y tramitado aquí en el estado Táchira, que cayó en dicho Juzgado Superior, el cual salieron a favor de BBVA PROVINCIAL, y no fue en Casación que se determinó los errores de juzgamiento de dicho tribunal superior, todo lo cual fue denunciado en senda solicitud de avocamiento intentado ante la Sala de Casación Civil…”. Así mimo esgrimiendo una serie de irregularidades que señala, sucedieron por causa de este Juzgado Superior, ante lo indicado debe forzosamente señalar este Juzgador que ante el grado de desconfianza y parcialidad, de este Juzgador para con su representado, aunado a los conceptos que se emitieron que sin duda alguna, sobreponen el estado de ánimo de quien juzga; ante ello, lo más prudente y atinado en derecho es INHIBIRSE del conocimiento de la causa, para que el Tribunal a quien correspondiere el mismo, dicte decisión. Expresado lo anterior y bajo la consideración de que se encuentra plenamente demostrada la causal de INHIBICIÓN presentada, solicito del Ciudadano Juez Superior que conozca de la presente causa, declare CON LUGAR la inhibición planteada, por estar expuesta la circunstancia de hecho de haber manifestado opinión y ponen de manifiesto mi estado de ánimo en la misma causa…”.
El tribunal para decidir observa:
Con el fin de garantizar la imparcialidad y en todo caso, evitar cualquier suspicacia que ponga en duda la imparcialidad del juez cuando debe decidir un asunto controvertido frente a dos partes, lo cual tiene que ver con la garantía constitucional del juez natural prevista en el artículo 49 de la Constitución y la garantía constitucional de transparencia de la actividad jurisdiccional prevista en el artículo 26 ejusdem, el legislador ha consagrado en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, una serie de causales, ampliadas con la sentencia N° 2140 de fecha 7 de agosto de 2003, de Sala Constitucional, con fundamento en las cuales el juez o funcionario jurisdiccional en un determinado caso, de oficio, debe separarse de su conocimiento, para lo cual debe ponerlo de manifiesto y; también, simultáneamente se faculta a las partes, para que pidan la separación del juez o funcionario, de modo tal que se sustituya por otro funcionario imparcial y en todo caso, respecto del cual no se abrigue ninguna duda en cuanto a su imparcialidad. En el primer caso, cuando es por iniciativa del propio juez o funcionario, o sea, de oficio, se denomina en nuestro sistema, inhibición y cuando es por instancia de la parte, se denomina recusación.
Ahora bien, quien aquí decide considera importante traer a colación el criterio de la Sala de Casación Civil de Tribunal Supremo de Justicia en el Expediente N° 04-082 de fecha 20 de julio de 2004, con respecto al alcance de la causa legal de inhibición, que a letra dice:
“El alcance del requisito de procedencia de que la inhibición esté fundada en causa legal, no se limita a requerir al funcionario que mencione alguna de las causales previstas en el art. 82 CPC o la anunciación de una causal genérica; este requisito requiere la fundamentación sustentada, coherente, lógica y relacionada entre el funcionario y los sujetos o hechos que lo hagan imputable de circunstancias conforme a las cuales sea cuestionable su capacidad subjetiva procesal para decidir el juicio. La inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos o incluso sin indicación alguna de circunstancias verificables que demuestren la causa.”
Según lo anteriormente transcrito, el requisito de que la inhibición esté fundamentada en causa legal no se limita a que el funcionario judicial mencione alguna de las causales previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sino que exige una fundamentación sustentada, coherente, lógica y relacionada entre los sujetos o hechos que hagan imputable al funcionario circunstancias que cuestionen su capacidad subjetiva procesal para decidir el juicio. Es decir, el juez debe justificar detalladamente las razones por las cuales considera que existe una causal que afecta su imparcialidad y capacidad para decidir el caso, evitando ambigüedades, hechos vagos o falta de fundamentación. En conclusión, el juez debe redactar los escritos de inhibición de manera clara, coherente y sustentada, evitando cualquier tipo de ambigüedad o falta de fundamentación al plantear una inhibición.
Aunado a lo anterior, quien alegue un hecho fundamento de su pretensión o de excepción, tiene el imperativo de probarlo, so pena de no quedar demostrado el hecho y producirse en consecuencia, una decisión desfavorable, salvo que se trate de hechos exentos de prueba como los hechos notorios o las negaciones de imposible o de muy difícil prueba, o salvo que los hechos sean admitidos por la otra parte o comprobados por la actividad probatoria de ésta, con arreglo al principio de comunidad de la prueba. Tal y como lo establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, donde se establece la llamada regla clásica de la carga de la prueba, que textualmente dice:
"Las partes tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba."
En el presente caso, la carga de la prueba para demostrar el hecho configurativo de la inhibición aquí planteada, la tiene el abogado JUAN JOSÉ MOLINA CAMACHO, en su condición de Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, quien alega hechos que no han sido demostrados y no habiéndose servido de ningún elemento o medio probatorio, donde acredite el hecho configurativo alegado como sustento de su inhibición propuesta. Aunado al hecho de que sus aseveraciones en el escrito de inhibición no son claras tal y como lo exige la norma; es por lo tanto, que de lo anteriormente expuesto esta juzgadora de Alzada declara SIN LUGAR la inhibición propuesta por el mencionado juez de instancia abogado JUAN JOSÉ MOLINA CAMACHO.
DISPOSITIVO
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: SIN LUGAR, LA INHIBICIÓN propuesta por el abogado JUAN JOSÉ MOLINA CAMACHO, Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de estado Táchira, contenida en acta de fecha 1 de julio de 2026, expediente N° 8.095.
SEGUNDO: Remítase con oficio el presente expediente al juez inhibido, e informar mediante oficio al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en el que se haga referencia a la publicación en la página web del Tribunal Supremo de Justicia de la presente decisión, a efecto de su consulta, la cual tiene valor probatorio de hecho notorio.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en su oportunidad legal, remítase el expediente.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, a los veintiuno (21) días del mes de julio del año 2026. Años 216º de la Independencia y 167º de la Federación.
La Juez,
Abg. María Luisa Pino García
La Secretaria,
Abg. Mirley Rosario Colmenares de Mora
En la misma fecha y previa las formalidades legales se dictó y publicó la anterior decisión, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), dejándose copia fotostática certificada de la misma para el archivo del Tribunal. Igualmente, se libraron oficios Nros. 0530-128 y 0530-129 a los Juzgados Superiores Segundo y Tercero en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
Exp. Nº 8484-26
MLPG
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