REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE. JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiséis (2026). 216° Y 167º Vista la diligencia de fecha 21 de abril de 2026, inserta al folio 25, presentada por el abogado Joel Darío Camargo Araque, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.175, representando a la parte demandante en la presente causa, por una parte; y por la otra la abogada Ana Lizaveta Quintero de Tovar, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 66.908, en su condición de apoderada judicial del ciudadano Miguel Ángel Pérez Duque, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-10.740.817, parte demandada, mediante la cual celebraron transacción en los términos por ellos expuestos, solicitando que se homologue y que se levante la medida de prohibición de enajenar y gravar e igualmente vista la diligencia de fecha 22 de abril de 2026, inserta al folio 26, presentada por la ciudadana Martha Victoria Vergara Cortez, , colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E.-84.314.095, asistida por el abogado Joel Darío Camargo Araque, antes identificado, parte actora, mediante la cual, reconoce, aprueba y valida todas las actuaciones judiciales realizadas a su nombre por el abogado Joel Darío Camargo Araque, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.175, en la tramitación del proceso civil llevado por este Tribunal. Al respecto el Artículo 1713 del Código Civil, establece: “La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante reciprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Los Artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, expresan: “La Transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada” “Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no están prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”. La Jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia, nos señala que: “La Transacción es uno de los modos de autocomposición procesal, la cual tiene la misma eficacia de la sentencia constituye una solución convencional de la litis, mediante la cual las partes se elevan ellas mismas al Juez sus respectivas peticiones y ponen fin al proceso, dejando resuelta la controversia con el efecto de cosa juzgada propio de la sentencia…”. Sentencia de fecha 28 de julio de 1985. (C.S.J-Casación). El autor Oswaldo Parilli Araujo, en su obra el “Contrato de Transacción y otros modos extraordinarios de terminar el proceso”, señala que en la transacción procesal, mediante el cual las partes pueden finalizar un juicio que se halla pendiente, requiere, entre otras condiciones que exista “un juicio ante un Tribunal, no importando el estado en que se encuentre, ni si los fundamentos son procedentes o que el Tribunal sea competente. Lo único que se requiere es el auto de admisión decretado por el Tribunal y la notificación del demandado a los efectos del conocimiento del juicio…. que se celebre en un juicio y debe versar sobre el objeto litigioso, el cual consiste en el derecho o pretensión del actor fundamentado bien sea en hechos o en derechos” (Subrayado del Tribunal) En tal sentido, la transacción es un convenio jurídico que, por virtud de concesiones reciprocas entre las partes que lo celebran, pone fin al litigio pendiente antes o después del pronunciamiento definitivo del juez en el juicio, tiene la misma fuerza jurídica de una sentencia y procede su ejecución una vez acordada las partes sobre sus términos y aprobada judicialmente. El ordenamiento jurídico impone para la validez de la transacción, el cumplimiento de varios requisitos específicos, cuya inobservancia podría acarrear lo que el Código Civil sanciona con nulidad pues, como todo contrato, la transacción esta sometida a todas las condiciones requeridas para la validez de los contratos en general, muy especialmente, aquellos que aluden a la capacidad y al poder de disposición de las personas que los suscriben, y, en el caso de los acuerdos, luego de dictada sentencia definitiva, que ésta no se haya ejecutado y que haya sido conocida por quienes transigen. En efecto, en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho del litigio, se requiere facultad expresa...”. Ahora bien, este Tribunal observa, que el sub iuidice, alo folio 20, cursa instrumento de poder apud acta conferido por la parte demandada, del cual se constata que el referido abogado tiene facultad expresa para TRANSIGIR en la presente causa, tal como lo exige el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Así se estable. En el caso de marras, es indispensable destacar que efectivamente existe un litigio pendiente, el cual está referido a un reconocimiento de documento y en el cual no ha habido sentencia definitiva que dirima la presente controversia; por ende esta operadora de justicia, considera que se han cumplido con los requisitos que presupone la transacción. Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, LE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN A LA TRANSACCIÓN, dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, realizada por las partes en la presente causa. En consecuencia, conforme a lo solicitado, se levanta la MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, decretada por este Juzgado en fecha 14 de enero de 2026, y participada en la misma fecha con oficio N° 25/2026 al Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira. Líbrese oficio. Por cuanto no hay más actuaciones que realizar se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal. (FDO) ABG. LETTY CAROLINA CASTRO DE M. JUEZA PROVISORIA (FDO) ABG. LUIS SEBASTIÁN MÉNDEZ M. SECRETARIO (ESTA EL SELLO HÚMEDO DEL TRIBUNAL) En la misma fecha se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal y se libro oficio N° 260/2026 al Registro respectivo. (FDO) ABG. LUIS SEBASTIÁN MÉNDEZ M. SECRETARIO Exp. 21320/2026 LCC/sr.- Va sin enmienda. El Secretario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, certifica la exactitud de la anterior copia por ser fiel traslado de su original que se encuentra en el expediente civil N° 21320/2026 en el cual, la ciudadana Martha Victoria Vergara Cortez, demanda al ciudadano Miguel Ángel Pérez Duque por Cumplimiento de Contrato. San Cristóbal, 23 de abril de 2026.