REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. JURISDICCIÓN: CIVIL I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES SOLICITANTES: JOSELITO RAMÍREZ GÓMEZ Y MARIYENI CHÁVEZ MORA, con cédulas de identidad N° V.-19.463.618 y N° V.- 24.779.763, en su respectivo orden, asistidos por el abogado en ejercicio IVÁN LEAL SUÁREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 222.858. MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, aplicando lo referente a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante. SOLICITUD Nº: 11.232-2025 II NARRATIVA Se inicia el presente procedimiento de Divorcio por escrito presentado ante el Tribunal distribuidor, por los ciudadanos JOSELITO RAMÍREZ GÓMEZ Y MARIYENI CHÁVEZ MORA, con cédulas de identidad N° V.-19.463.618 y N° V.-24.779.763, en su respectivo orden, asistidos por el abogado en ejercicio IVÁN LEAL SUÁREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 222.858, cuyo conocimiento, sustanciación y decisión le correspondió a este Tribunal, constante de dos (02) folios útiles de escrito, un (01) folio útil de distribución y cuatro (04) folios útiles de recaudos, los cuales fueron consignados por ante esta dependencia judicial en fecha quince (15) de julio del año dos mil veinticinco (2025). (Fls. 01 al 10). Por auto de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinticinco (2025) (Fls. 13), este Tribunal admitió la solicitud presentada por los referidos ciudadanos, asistidos por un profesional de derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, según lo establecido en el Artículo 185 del Código Civil, así como lo dispuesto en la Sentencia con carácter vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163. Se ordenó notificar al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para que compareciera por ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, a fin de que intervenga en la presente solicitud. Por tratarse de una petición conjunta de ambos cónyuges no se libraron boletas de citación a los mismos. Mediante diligencia de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinticinco (2025) (F. 13 y 14) el Alguacil adscrito a esta dependencia judicial consignó Boleta de Notificación debidamente firmada y sellada por la ciudadana Ana Pérez, quien recibió la misma en su carácter de funcionario adscrito a la Fiscalía Décimo Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Mediante diligencia de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinticinco (2025) (F. 15) suscrita por la abogado MARÍA BERENICE MOLINA MOLINA, con el carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Décimo Quinta del Ministerio Publico, emitió opinión favorable a la presente solicitud. III MOTIVA En la presente solicitud, aducen los cónyuges que en fecha seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021), contrajeron Matrimonio Civil por ante el Registro Civil del Municipio Ayacucho del estado Táchira, según se evidencia, a decir de los solicitantes, del Acta de Matrimonio N° 102, que fijaron su último domicilio conyugal en Calle 16 entre Carreras 3 y 4, casa sin número sector La Ermita, parroquia San Juan Bautista, municipio San Cristóbal, estado Táchira. Establecen que en su unión matrimonial no adquirieron bienes de fortuna ni procrearon hijos; que se han presentado múltiples inconvenientes y desavenencias entre ellos en los últimos dos (2) años, sin cariño, sin amor, y no hay manera de solucionar dicha situación que les ha sido difícil superarlas y han tomado la determinación irreversible de divorciarse y disolver su unión matrimonial para su bien. Fundamentan su pretensión en el artículo 185 del Código Civil y en la sentencia emanada de la Sala Constitucional con carácter vinculante identificada con el N° 693 de fecha 02 de junio de 2015. Junto con su escrito de solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento consignaron los siguientes recaudos: - Acta de Matrimonio N° 102 -Fls. 4 y 5- de fecha seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021), consignada en copia fotostática certificada expedida por el Registro Civil del Municipio Ayacucho del estado Táchira, en fecha primero (01) de julio del año dos mil veinticinco (2025), la cual por tratarse de un documento público y haber sido agregada conforme lo permite el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y no haber sido impugnada dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil y por tanto hace plena fe que el día seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021) celebraron el matrimonio civil los ciudadanos: JOSELITO RAMÍREZ GÓMEZ Y MARIYENI CHÁVEZ MORA. Y así se decide. - Copias fotostáticas de las cédulas de identidad -Fls. 6 y 7- ciudadanos: JOSELITO RAMÍREZ GÓMEZ Y MARIYENI CHÁVEZ MORA, portadores de las cédulas de identidad N° V.-19.463.618 y N° V.-24.779.763, en su respectivo orden, siendo un instrumento definido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación como de carácter personal e intransferible, y constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales; en tal virtud, quien juzga le confiere pleno valor probatorio para demostrar que los solicitantes se identifican como JOSELITO RAMÍREZ GÓMEZ Y MARIYENI CHÁVEZ MORA, son portadores de las cédulas de identidad N° V.- 19.463.618 y N° V.-24.779.763, en su respectivo orden. Y así se decide.- En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país en su afán de adecuar las normas preconstitucionales a las garantías procedimentales consagradas en el constitucionalismo moderno y a la realidad social que vive nuestro país en la actualidad, y en virtud de poseer nuestro país un marco legal relativo al divorcio insuficiente y vetusto para ésta sociedad moderna y para nuestra constitución, dicta sentencias relacionadas con el tema de la institución del matrimonio y su disolución, sentencias éstas de carácter vinculante para todos los tribunales del país y enmarcadas en derechos tan fundamentales como la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad y la tutela judicial efectiva, tal como lo afirma nuestra Sala Constitucional en reciente sentencia de fecha 2 de Junio de 2015, Expediente N° 12-1163, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso María Cristina Santos Boavida en contra de Francisco Anthony Correa Rampersad, que estableció que el libre desarrollo a la personalidad es un “derecho fundamental del ciudadano, consistente en el reconocimiento por parte del Estado de la dignidad del ser humano, persigue el respeto de la autonomía de la personalidad; de su individualidad; de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores, garantizando así su autodeterminación frente al Estado mismo y frente a otros individuos, con la única limitación que es el respeto a las demás personas, y el orden público y social“ y en ese sentido afirma en el referido fallo que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se puede generar por causas no previstas en nuestra legislación, es decir, que no deben entenderse a título taxativo las causales previstas en el artículo 185 de la norma sustantiva civil, pudiendo los cónyuges demandar el divorcio por las causales allí contenidas o por cualquier otra situación que les impida la vida en común, incluyendo el mutuo consentimiento, todo esto en virtud de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 192 del 26 de julio de 2001 acogió la tesis del divorcio como solución a una situación que de permanecer en el tiempo pudiera ser perjudicial para los cónyuges, hijos y sociedad en general, por lo que el estado ante una evidencia de ruptura del lazo matrimonial debe disolverlo a fin de proteger a los hijos y a ambos cónyuges. De tal manera que, acogiéndose al criterio de la Sala Constitucional, debe entenderse el matrimonio como una institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges. En el caso sub iudice, se trata de una solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento, presentada por los ciudadanos JOSELITO RAMÍREZ GÓMEZ Y MARIYENI CHÁVEZ MORA, quienes manifestaron en su escrito que, en fecha seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021), contrajeron Matrimonio Civil por ante el Registro Civil del Municipio Ayacucho del estado Táchira, según se evidencia en el Acta de Matrimonio N° 102; que decidieron solicitar el Divorcio de Mutuo Consentimiento conforme a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional de fecha 2 de junio de 2015, expediente Nº 12-1163, donde quedó establecida esta modalidad de divorcio por mutuo consentimiento, en virtud de que en su unión matrimonial se han presentado múltiples inconvenientes y desavenencias entre ellos en los últimos dos (2) años, sin cariño, sin amor, y no hay manera de solucionar dicha situación que nos ha sido difícil superarlas y han tomado la determinación irreversible de divorciarse y disolver su unión matrimonial para su bien. Analizadas como han sido las actas que conforman la presente solicitud, se evidencia de las mismas, que los contrayentes fijaron su último domicilio conyugal en calle 16 entre carreras 3 y 4, casa sin número sector La Ermita, parroquia San Juan Bautista, municipio San Cristóbal, estado Táchira y establecen que en su unión matrimonial no adquirieron bienes de fortuna ni procrearon hijos; lo que indiscutiblemente le otorga plena competencia a este Tribunal para conocer sobre la presente solicitud, de conformidad con el artículo 3 de la norma adjetiva civil en concordancia con el artículo 3 de la Resolución Nº 2018-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que señala: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza”. Y así se decide. Como se puede apreciar de las anteriores consideraciones y por cuanto del procedimiento se evidencia indiscutiblemente que los cónyuges, antes mencionados, desean separarse, en virtud de que en su unión matrimonial se han presentado múltiples inconvenientes y desavenencias entre ellos en los últimos dos (2) años, sin cariño, sin amor, lo que para este Tribunal se relaciona con los asuntos de familia por vía voluntaria y notificado como fue el representante del Ministerio Público por el Alguacil de este Juzgado tal como se evidencia en los folios 13 y 14, y cuya representación mediante diligencia emitió opinión favorable a la presente solicitud, considera esta sentenciadora que la presente solicitud debe prosperar en derecho, amparándose en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, Expediente N° 12-1163, con carácter vinculante. Y así se decide.- IV DISPOSITIVA De acuerdo a las consideraciones expuestas este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, y administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR EL DIVORCIO, con base a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante, en consecuencia, queda DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL existente entre los ciudadanos JOSELITO RAMÍREZ GÓMEZ Y MARIYENI CHÁVEZ MORA, con cédulas de identidad N° V.-19.463.618 y N° V.-24.779.763, en su respectivo orden, asistidos por el abogado en ejercicio IVÁN LEAL SUÁREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 222.858, quienes manifestaron en su escrito, que contrajeron Matrimonio Civil según se evidencia del Acta de Matrimonio N° 102, expedida por el Registro Civil del Municipio Ayacucho del estado Táchira. Disuélvase la comunidad conyugal si hubiere lugar a ello. Por cuanto la presente sentencia no tiene apelación se declara DEFINITIVAMENTE FIRME. Ejecútese el citado fallo. De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código Civil, se ordena expedir por secretaría dos juegos de copias certificadas de la presente sentencia y remitirlas con oficio al Registro Civil del Municipio Ayacucho del estado Táchira y al Registro Principal del mismo estado, a los fines de que estampen la nota correspondiente en la referida acta de matrimonio. Líbrense oficios y expídase por Secretaria dos juegos de copias certificadas de la presente decisión para cada uno de los solicitantes de conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase. Cumplido como sea lo ordenado, déjese copia de la presente decisión para el copiador de sentencias físico del tribunal y procédase al archivo del expediente. Dada, firmada y Sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en San Cristóbal, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). AÑOS 215° de la Independencia y 166° de la Federación.