JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, Diez (10) de mayo del año dos mil Veinticuatro (2024).- Año 213° y 165° Visto los escritos presentados en fecha treinta (30) de abril y siete (07) de mayo del presente año –fls. 110 y 111-, por el abogado PEDRO PABLO MONCADA BERBESI inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 321.195, actuando como apoderado judicial de la intimada de autos; mediante la cual solicita al Tribunal que se decrete la perención breve en el presente proceso, este Juzgado realiza las siguientes consideraciones: La Sala Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia en decisión N° 50 de fecha trece (13) de febrero del año dos mil doce (2012), en el caso Inversiones Tusmare C.A, expediente N° 11-0813, estableció lo siguiente: “….La perención breve de la instancia es una sanción que se aplica a la parte actora que no ha impulsado la citación de la parte demandada para que dé contestación a la demanda, impidiendo de esta manera la continuación de una causa en la que no hay interés. De allí que surge para la demandante la obligación de cumplir con dos obligaciones básicas: la de proveer de las copias de la demanda y del auto de admisión de la misma, así como garantizar los emolumentos u otros medios para que el alguacil practique la citación (cfr. Decisión de la Sala de Casación Civil N° 000077/2011). En tal sentido, de no verificarse dicha actividad en el plazo concedido por el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, el demandante negligente se sanciona con la terminación del procedimiento, en aras de garantizar los principios de celeridad y economía procesal. (Negrilla y subrayado de este Tribunal) De lo expuesto anteriormente, se aprecia que el máximo Tribunal de la República, indicó que la figura procesal de perención breve, es considerada como una sanción que se aplica a la parte actora, la cual no ha realizado el impulso a la citación de la parte demandada, para que se pueda dar continuidad al proceso, por lo que es deber fundamental de la parte actora – demandante-, proveer las copias fotostática, de la parte demanda, así como garantizar los emolumentos u otros medios para que el alguacil practique la misma –citación-. Por su parte, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil reza: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”. (Negrilla y subrayado de la presente decisión) Del citado artículo se desprende que, el legislador patrio estableció dicha figura procesal, es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquél debe estar listo para instarlo a fin de que el proceso no se detenga. Aunado a lo anterior, la Sala de Casación Civil en fecha seis (06) de julio del año dos mil cuatro (2004), con ponencia del magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, fijó nuevo Criterio en relación con la aplicación de la perención breve, establecida en el ordinal 1ero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: “….Son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado….” La referida al pago de arancel por concepto de elaboración de la compulsa y citación; y “…..las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación….” (Negrilla y subrayado propia de esta decisión) Ahora bien, se hace necesario para este Juzgado realizar un recuento de las actuaciones procesales y a tal efecto observa lo siguiente: Por auto de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), este Juzgado admitió la presente demandada por el motivo de COBRO DE BOLIVARES PROVENIENTES DE HONORARIOS PROFESIONALES, ordenándose librar las respectivas boletas de citación -F. 71-. En fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), el demandante de autos, consignó un escrito ante este Juzgado, junto con sus anexos respectivos –fls. 73 al 88-. En fecha seis (06) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), el alguacil adscrito a este Juzgado, estampó diligencia en la que se dejó constancia de que se trasladó a la dirección suministrada por la parte actora, para llevar a cabo la citación de la parte demandada, siendo infructuosa la misma. –f. 85-. En fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), el demandante de autos, consignó una diligencia mediante la cual solicitó al Tribunal que se practicara la citación de la parte demandada conforme lo prevé el artículo 223 del texto adjetivo civil –f. 89-. Por auto de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), este Tribunal negó lo peticionado por la parte actora y ordenó a dar fiel cumplimiento a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. –f. 90-. En fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), el alguacil adscrito a este Juzgado, estampó diligencia en la que se dejó constancia de que se trasladó a la dirección suministrada por la parte actora para llevar a cabo la citación de la parte demandada, siendo infructuosa la misma. –f. 91-. En fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), el alguacil adscrito a este Juzgado, estampó diligencia en la que se dejó constancia de que se trasladó a la dirección suministrada por la parte actora, para llevar a cabo la citación de la parte demandada, siendo infructuosa la misma. –f. 92-. En fecha primero (01) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), este Juzgado recibió diligencia suscrita por la parte demandante, dónde solicitó al Tribunal, que se practicara la citación de la parte demandada conforme lo prevé el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. –f. 103- Por auto de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), este Tribunal, acordó la práctica de la citación de la parte demandada conforme lo prevé el artículo 223 –f. 104-. En fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), el abogado PEDRO PABLO MONCADA BERBESI, inscrito en el inpreabogado N° 321.195, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, consignó diligencia, en la que se dio por intimado en el presente expediente –f. 106-. En fechas treinta (30) de abril del año dos mil veinticuatro (2024) y siete (07) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), el abogado PEDRO PABLO MONCADA BERBESI, identificado en autos consignó escritos en el que solicitó sea declarada la perención de la instancia en el presente expediente. Ahora bien, con respecto a este particular, la Sala Constitucional en sentencia N° 50, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil doce (2012) en el expediente N° 11-0813, caso: Inversiones Tusmare, C.A., con respecto a la perención de la instancia, estableció lo siguiente: “…Tal y como quedó establecido en el capítulo relativo a los antecedentes, en el caso de autos, la parte demandada compareció en juicio y éste se desarrolló en todas sus etapas procesales hasta llegar a una resolución judicial de la controversia suscitada con ocasión al contrato de arrendamiento celebrado entre las partes. Asimismo, se constata de las actas del expediente que en dicho proceso se contestó la demanda, se promovieron y evacuaron pruebas, se realizaron informes y hasta se ventiló un primer procedimiento de amparo. De allí que, esta Sala aprecia con claridad que el acto de la citación no sólo se llevó a cabo sino que el mismo logró el fin para el cual ha sido concebido en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad de todo lo actuado con ocasión de la supuesta verificación de la perención breve acaecida entre una y otra reforma de la demanda resulta manifiestamente inútil y contraria a los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 26 y 259 de la Constitución. En efecto, en un caso similar, la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal en decisión N° 000077/2011, reiterando el criterio expuesto en el fallo Nº 747/2009, estableció lo siguiente: “…‘…aun cuando se hubiese verificado en el expediente la falta de cancelación de los conceptos inherentes a la obligación del demandante para efectuar la citación, referidos al pago de los gastos de traslado del alguacil, es necesario insistir en que la finalidad del acto se cumplió en virtud de que la citación de los demandados se llevó a cabo debidamente y éstos estuvieron a derecho durante todas las etapas del proceso. En consecuencia, no puede considerarse que se haya configurado la perención breve de la instancia, así como tampoco, que se le haya causado indefensión a alguna de las partes en el presente juicio, por tanto, la presunta infracción delatada por el formalizante, debe ser declarada improcedente…’. La Sala reitera el precedente jurisprudencial citado y, establece que la participación de la parte demandada en las etapas del proceso, pone en evidencia el cumplimiento de los actos procesales tendientes a lograr la citación de la parte actora, así como la intención de impulsar el proceso hasta su conclusión, y en virtud de ello, no puede ser cuestionado la inobservancia de la forma de un acto procesal cuando este (sic) haya alcanzado su finalidad practica (sic). Asimismo, esta Sala deja asentado que no opera la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinal 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil, cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en todas las etapas del proceso, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal de las obligaciones legales, ya que la realización de cualquier acto procesal debe estar destinado a un fin útil. Es por ello, que la parte actora tiene como obligación exclusiva, de lograr el llamado a juicio del demandado para el desenvolvimiento de juicio, con el fin de garantizar a los sujetos procesales el derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses, todo ello, cónsona satisfacción de las exigencias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los artículos 26, 49 y 257, pues su desarrollado contexto persigue flexibilizar el formalismo que soporta el proceso civil, siendo éste el ‘…instrumento fundamental para la realización de la justicia…’. (Omissis) En el mismo orden de ideas, esta Sala Constitucional en decisión N° 1.828/2007, estableció lo siguiente: “…no obstante que la perención deba ser declarada de oficio por el tribunal cuando haya advertido su existencia, y no pueda ser renunciada por las partes, ello no es suficiente para desconocer o impedir la disposición que sobre sus derechos subjetivos éstas tengan; tan es así que si efectivamente en una causa se verifica la perención de la instancia, y antes de ser ello advertido, -como sucedió en el presente caso- finaliza por un mecanismo de autocomposición procesal, nada impide que éste (convenimiento) produzca sus efectos, pues según la norma tal acto es irrevocable y tiene el carácter de cosa juzgada. Al allanarse el demandado a la pretensión del actor, no existe contención, y por tanto juicio, por lo que resultaría inútil declarar una perención con posterioridad a la materialización de tal acto. Lo contrario, sería desconocer u obstaculizar el fin último del proceso, que no es otro sino la solución de conflictos, en este caso de particulares y por ende impedir la tutela del orden jurídico que conlleva a la paz social”. A la luz de las criterios expuestos, es evidente para la Sala que el tribunal presunto agraviante violentó los derechos de las partes al declarar de oficio la perención breve de la causa, aun cuando el proceso en cuestión había llegado a término a través de la emisión de una decisión de fondo sobre la controversia; y se evidencia que la parte demandada estuvo presente en todo estado y grado del proceso y participó de forma activa en el mismo en la defensa de sus derechos e intereses, con lo cual se demuestra que el fin último de la citación - el llamado del demandado al juicio- se concretó. De allí que, la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso con ocasión de dicha perención resulta contraria a los principios que informan el proceso civil de celeridad y economía procesal, de acceso a la justicia y de una tutela judicial efectiva. Así se declara...” (Negrilla subrayado de la presente decisión). Con base en la jurisprudencia antes transcrita, se aprecia que la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinales 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, no opera cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en todas las etapas del proceso en defensa de sus derechos e intereses, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal por parte del demandante, de las obligaciones legales, ya que al lograrse, el llamado por medio de la práctica de la citación, a juicio del demandado para el desarrollo del mismo, se cumple con el fin de garantizar a los sujetos procesales el derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses. Siendo así las cosas, se aprecia que para el caso que nos ocupa, la presente demanda fue admitida en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), y la primera diligencia estampada por el alguacil de este Tribunal fue en fecha seis (06) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024) –f. 85-, por lo que constata este Tribunal, que luego de admitida la demanda, se realizó todo lo concerniente para el llamado a juicio de la parte demandada por medio de la práctica de la citación, transcurriendo siete (07) días calendarios, entre una fecha y otra, por lo que mal pudiera considerarse que se haya configurado la perención breve de la instancia. De tal manera, que ha quedado suficientemente, demostrado para este Tribunal, que resulta forzoso declarar improcedente la perención solicitada, por cuanto en ningún momento se quebrantó los principios de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y economía procesal, pues el llamado al presente juicio de la parte demandada, siempre se realizó conforme lo prevé la norma adjetiva civil, y en tiempo hábil –tal como se explicó anteriormente -, por lo que no se ha configurado la referida perención, ni se le ha causado indefensión a alguna de las partes en el presente juicio. Todo con el fin de garantizar a los sujetos procesales el derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses, previstos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario Y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal Y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, declara IMPROCEDENTE lo peticionado por el abogado PEDRO PABLO MONCADA BERBESI, inscrito en el Inpreabogado N° 321.195, con respecto a la perención de la instancia. Y así se decide.