REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. JURISDICCIÓN: CIVIL I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS: SOLICITANTES: JOSE LAUREANO URBINA MARTÍNEZ, con cédula de identidad N° V.- 9.239.870, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.515, actuando como apoderado judicial de los cónyuges, ciudadanos ESTEBAN ARMANDO PINTO YANES Y NORA FERNANDA URIBE MENDOZA, con cédulas de identidad Nº V- 17.751.863 y V- 18.528.392, en su respectivo orden. MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, aplicando lo referente a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante. SOLICITUD Nº: 11.019-2024 II NARRATIVA Se inicia el presente procedimiento de Divorcio por escrito presentado ante el Tribunal distribuidor por el abogado JOSE LAUREANO URBINA MARTÍNEZ, con cédula de identidad N° V.- 9.239.870, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.515, actuando como apoderado judicial especial de los cónyuges, ciudadanos ESTEBAN ARMANDO PINTO YANES Y NORA FERNANDA URIBE MENDOZA, con cédulas de identidad Nº V- 17.751.863 y V- 18.528.392, en su respectivo orden, cuyo conocimiento, sustanciación y decisión le correspondió a este Tribunal, constante de tres (03) folios útiles de escrito y ocho (08) folios útiles de recaudos, los cuales fueron consignados por ante esta dependencia judicial en fecha diecisiete (17) de Mayo de 2024. (FS. 01 al 11). Por auto de fecha Veintiocho (28) de mayo de 2024 (Fls. 14 y 15), este Tribunal admitió la solicitud presentada por la abogada apoderada, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, según lo establecido en el Artículo 185 del Código Civil, así como lo dispuesto en la Sentencia con carácter vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, la cual dio paso a la interpretación del divorcio sanción a la concepción del divorcio solución, explanando en la misma que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 ejusdem, no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento. Se ordenó notificar al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para que compareciera por ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, a fin de que intervenga en la presente solicitud. Por tratarse de una petición conjunta de ambos cónyuges no se libraron boletas de citación a los mismos. Mediante diligencia de fecha Tres (03) de Junio de 2024 (F. 16 y 17) el Alguacil adscrito a esta dependencia judicial consignó Boleta de Notificación debidamente firmada y sellada por la ciudadana ISANER RAMIREZ, quien recibió la misma en su carácter de funcionaria adscrita a la Fiscalía Décimo Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Mediante diligencia de fecha Doce (12) de Junio de 2024 (F.14) sucrito por los abogados ALBERTO ALEJANDRO ABADÍ GÁMEZ Y MARIA EUGENIA SANTARROSA DE PARA, con el carácter de Fiscal Provisorio el primero y Auxiliar la segunda, emitieron observación en cuanto al error de transcripción del número único de identificación de la cónyuge en el último dígito del mismo; indicando la corrección respectiva. III MOTIVA En la presente solicitud, se aduce que los cónyuges en fecha Dieciocho (18) de Mayo del año 2012, contrajeron Matrimonio Civil por ante el Registro Civil de la Parroquia Paracotos, Municipio Guaicaipuro del estado Miranda, según se evidencia, a decir de la parte actora, del Acta de Matrimonio N° 12; que fijaron su último domicilio conyugal en la carrera 11, edificio Ramalumi, piso 2, apartamento C-2, sector Los Alticos, municipio San Cristóbal del Estado Táchira; que NO procrearon hijos y NO adquirieron bienes que liquidar; que en el transcurso de los primeros años de la vida matrimonial persistió un ambiente de armonía, cordialidad y respeto por parte de ambos cónyuges; pero es el caso que por las desavenencias surgidas posteriormente, decidieron separarse de hecho, suspendiendo la vida en común, así como todo nexo o comunicación, lo cual les permite acudir a la competente autoridad solicitando que se decrete el DIVORCIO por MUTUO CONSENTIMIENTO. Fundamentan su pretensión en el artículo 185 del Código Civil y en la sentencia emanada de la Sala Constitucional con carácter vinculante identificada con el N° 693 de fecha 02 de junio de 2015. Junto con su escrito de solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento consignaron los siguientes recaudos: - Copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los cónyuges (F. 04) ciudadanos: ESTEBAN ARMANDO PINTO YANES Y NORA FERNANDA URIBE MENDOZA, con cedulas de identidad N° V.- 17.751.863 y V.- 18.528.392, en su respectivo orden: siendo un instrumento definido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación como de carácter personal e intransferible, y constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales; en tal virtud, quien juzga le confiere pleno valor probatorio para demostrar que los cónyuges se identifican como ESTEBAN ARMANDO PINTO YANES Y NORA FERNANDA URIBE MENDOZA, con los números únicos de identificación V- 17.751.863 y V- 18.528.392, en su respectivo orden. Y así se decide.- - Instrumento Poder Especial (Fls. 05 al 08) conferido por ante la Notaría Pública del Estado de Florida de Paola Santoro, con sello de apostilla de fecha 13 de Marzo del año 2024 por la Secretaría de Estado del Estado de la Florida bajo el N° 2024- 45793; lo cual, al tratarse de un documento público emanado de país extranjero y contar con el respectivo sello de la apostilla para su validez en este país se le da el el debido valor probatorio; por lo que los documentos apostillados hacen presumir la existencia de un derecho, partiendo de su condición de documento público; en consecuencia, evidencia el carácter de apoderado especial con el que actúa el abogado solicitante de autos. Y así se decide. - Acta de Matrimonio N° 12 del año 2018 (Fls. 09 y 10) en copia fotostática simple de certificación expedida por el Registro Civil de la Parroquia Paracotos en el municipio Guaicapuro del estado Miranda en fecha 18 de Mayo de 2018; la cual por tratarse de un documento público y haber sido agregada conforme lo permite el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y no haber sido impugnada dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil y por tanto hace plena fe que el día 18 de Mayo de 2018 celebraron el matrimonio civil los ciudadanos: ESTEBAN ARMANDO PINTO YANES Y NORA FERNANDA URIBE MENDOZA. Y así se decide. En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país en su afán de adecuar las normas preconstritucionales a las garantías procedimentales consagradas en el constitucionalismo moderno y a la realidad social que vive nuestro país en la actualidad, y en virtud de poseer nuestro país un marco legal relativo al divorcio insuficiente y vetusto para ésta sociedad moderna y para nuestra constitución, dicta sentencias relacionadas con el tema de la institución del matrimonio y su disolución, sentencias éstas de carácter vinculante para todos los tribunales del país y enmarcadas en derechos tan fundamentales como la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad y la tutela judicial efectiva, tal como lo afirma nuestra Sala Constitucional en reciente sentencia de fecha 2 de Junio de 2015, Expediente N° 12-1163, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso María Cristina Santos Boavida en contra de Francisco Anthony Correa Rampersad, que estableció que el libre desarrollo a la personalidad es un “derecho fundamental del ciudadano, consistente en el reconocimiento por parte del Estado de la dignidad del ser humano, persigue el respeto de la autonomía de la personalidad; de su individualidad; de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores, garantizando así su autodeterminación frente al Estado mismo y frente a otros individuos, con la única limitación que es el respeto a las demás personas, y el orden público y social“ y en ese sentido afirma en el referido fallo que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se puede generar por causas no previstas en nuestra legislación, es decir, que no deben entenderse a título taxativo las causales previstas en el artículo 185 de la norma sustantiva civil, pudiendo los cónyuges demandar el divorcio por las causales allí contenidas o por cualquier otra situación que les impida la vida en común, incluyendo el mutuo consentimiento, todo esto en virtud de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 192 del 26 de julio de 2001 acogió la tesis del divorcio como solución a una situación que de permanecer en el tiempo pudiera ser perjudicial para los cónyuges, hijos y sociedad en general, por lo que el estado ante una evidencia de ruptura del lazo matrimonial debe disolverlo a fin de proteger a los hijos y a ambos cónyuges. De tal manera que, acogiéndose al criterio de la Sala Constitucional, debe entenderse el matrimonio como una institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges. En el caso sub iudice, se trata de una solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento, presentada por el abogado JOSE LAUREANO URBINA MARTÍNEZ, actuando como apoderado judicial especial de los cónyuges, ciudadanos ESTEBAN ARMANDO PINTO YANES Y NORA FERNANDA URIBE MENDOZA, quien manifestó en su escrito que, en fecha 18 de Mayo del año 2018, contrajeron Matrimonio Civil según se evidencia del Acta de Matrimonio N° 12 emanada el Registro Civil de la Parroquia Paracotos del Municipio Guaicapuro del estado Miranda; que decidieron solicitar el Divorcio de Mutuo Consentimiento conforme a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional de fecha 2 de junio de 2015, expediente Nº 12-1163, donde quedó establecida esta modalidad de divorcio por mutuo consentimiento, en virtud de las desavenencias surgidas posteriormente, decidieron separarse de hecho, suspendiendo la vida en común, así como todo nexo o comunicación. Analizadas como han sido las actas que conforman la presente solicitud, se evidencia de las mismas, que los contrayentes fijaron su último domicilio conyugal en la Carrera 11, Edificio Ramalumi, Piso 2, Apartamento C-2, Sector los Alticos Municipio San Cristóbal del estado Táchira, y manifestaron NO haber tenido hijos; lo que indiscutiblemente le otorga plena competencia a este Tribunal para conocer sobre la presente solicitud, de conformidad con el artículo 3 de la norma adjetiva civil en concordancia con el artículo 3 de la Resolución Nº 2018-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que señala: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza”. Y así se decide. Como se puede apreciar de las anteriores consideraciones y por cuanto del procedimiento se evidencia indiscutiblemente que los cónyuges antes mencionados, desean separarse debido a que se han venido generando entre ellos desavenencias e incompatibilidad de caracteres que les hace posible la vida en común, lo que para este Tribunal se relaciona con los asuntos de familia por vía voluntaria, y notificado el representante del Ministerio Público por el Alguacil de este Juzgado tal como se evidencia a los folios 16 y 17, cuya representación fiscal observó el error de transcripción emanado de este Tribunal en el auto de admisión y en la boleta de notificación en cuanto al último dígito del número único de identificación de la cónyuge, sin hacer objeción a la presente solicitud, considera esta sentenciadora que, el referido error responde a todas luces a un simple error de transcripción, quedando demostrado que la cónyuge se identifica con el siguiente número único de identificación V-18.528.392, tal como ha quedado demostrado previamente y tal como se ha identificado en el acto de matrimonio civil y en esta solicitud de divorcio; por lo que a juicio de quien aquí decide la presente solicitud debe prosperar en derecho, amparándose en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, Expediente N° 12-1163, con carácter vinculante. Y así se decide.- IV DISPOSITIVA De acuerdo a las consideraciones expuestas este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, y administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR EL DIVORCIO, con base a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante, en consecuencia, queda DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL existente entre los ciudadanos ESTEBAN ARMANDO PINTO YANES Y NORA FERNANDA URIBE MENDOZA, con cédulas de identidad N° V- 17.751.863 y V- 18.528.392, en su respectivo orden, representados por el abogado JOSE LAUREANO URBINA MARTÍNEZ, con cédula de identidad N° V- 9.239.870, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.515, quienes manifestaron en su escrito, que contrajeron Matrimonio Civil según se evidencia del Acta de Matrimonio N° 12, expedida por el Registro Civil de la Parroquia Paracotos en el Municipio Guaicapuro del estado Miranda. Disuélvase la comunidad conyugal si hubiere lugar a ello. Por cuanto la presente sentencia no tiene apelación se declara DEFINITIVAMENTE FIRME. Ejecútese el citado fallo. De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código Civil, se ordena expedir por secretaría dos juegos de copias certificadas de la presente sentencia y remitirlas con oficio al Registro Civil de la Parroquia Paracotos del Municipio Guaicapuro del estado Miranda y al Registro Principal ambos de la Circunscripción Judicial del mismo estado, a los fines de que estampen la nota correspondiente en la referida acta de matrimonio. Líbrense oficios y expídase por Secretaria dos juegos de copias certificadas de la presente decisión para cada uno de los solicitantes de conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase. Cumplido como sea lo ordenado, déjese copia de la presente decisión para el copiador de sentencias físico del tribunal y procédase al archivo del expediente. Dada, firmada y Sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. En San Cristóbal, a los nueve (09) días del mes del Julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024). AÑOS 214° de la Independencia y 165° de la Federación.