JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, Dieciséis (16) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023) 213° y 164° Revisadas como han sido las actuaciones que conforman la presente solicitud, observa este tribunal, que la misma fue admitida en fecha seis (06) de Julio de 2.023, sin que las partes solicitantes de autos, hasta la presente fecha, hayan dado impulso procesal alguno ni puesto a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la notificación al ciudadano(a) FISCAL ESPECIALIZADO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE Y FAMILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO TÁCHIRA, estipulando al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 06 de julio de 2004, lo siguiente: “…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación”. (Subrayado y negrillas de la Sala). Y siendo que, el artículo 267º ordinal 1º del Código de procedimiento Civil dispone lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. También se extingue la instancia: 1) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”. …omisis… Siendo así las cosas, considera oportuno esta juzgadora traer a colación el criterio expuesto por el doctrinario RANGEL ROMBERG, el cual estableció con respecto a este particular: “…que para que la perención se materialice la actividad debe estar referida a las partes que, debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan…” En el caso sub iudice se aprecia que la solicitud presentada por los ciudadanos: TRIFINA ROA DE LABRADOR Y FRANCISCO ALEXIS LABRADOR SILVA, venezolanos, portadores de las cédulas de identidad números V.-10.153.713 y V.-9.213.733, respectivamente, asistidos por la abogada MARÍA MILAGROS BOHÓRQUEZ SUÁREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 79.155, actuando con el carácter de Defensora Pública Primera en Materia Integral Civil Mercantil y Tránsito del Estado Táchira, fue admitida en fecha seis (06) de Julio de 2023, librándose en la misma fecha de admisión la respectiva boleta de notificación al Ministerio Público para el curso de Ley correspondiente; y si bien es cierto, en este caso se trata de una petición conjunta por parte de los ciudadanos cónyuges, no es menos cierto que los solicitantes de autos en su carácter de tal, tienen una carga procesal para la prosecución del proceso, que en el caso sub iudice consiste en impulsar la debida notificación al Ministerio Público para los casos de divorcio, por lo que de la revisión de las actuaciones que conforman la presente solicitud, se evidencia la inactividad procesal de las partes actoras, por cuanto no hubo impulso procesal alguno, ni por si, ni por medio del profesional del derecho, para dar cumplimiento de esta manera a lo expuesto por el legislador patrio; lo que evidencia, a juicio de quien aquí decide, una falta de interés de parte de los cónyuges solicitantes en la continuación de la presente solicitud, por lo que resulta forzoso para este Juzgado declarar la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Y así se decide.- Por lo tanto, esta Juzgadora con base a todos los razonamientos Supra expuestos, considera que las partes solicitantes al no haber impulsado la notificación al ciudadano(a) FISCAL ESPECIALIZADO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE Y FAMILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO TÁCHIRA, en el término estipulado en el artículo transcrito, incumplieron con las obligaciones que la ley le impone. En tal virtud, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud, de conformidad con lo provisto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de procedimiento Civil.