Visto el CONVENIMIENTO, celebrado en el ACTO CONCILIATORIO, por ante este despacho en fecha 18 de junio de 2010, entre la parte demandante, ciudadano IGNACIO RAMIREZ PABON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.795.763, asistido por el abogado JOSE ATILIO CASTILLO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.110.866, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 56.228; y la parte demandada, ciudadano GUSTAVO DIAZ BALAGUERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-16.777.015, asistido por el abogado en ejercicio LUIS ERNESTO MEDINA GALLANTI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.168.371 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 60.103. mediante la cual deciden poner fin al presente juicio; por cuanto se observa que los mismos no son contrarios a derecho y versan, sobre derechos disponibles, este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES .....

En razón de todo lo anterior no habiendo concurrido en la oposición al embargo ejecutivo, realizada en este juicio, los requisitos a los cuales se contraen los artículos 370 ordinal 2° y 546 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: ÚNICO: SIN LUGAR LA OPOSICION interpuesta por el ciudadano EDUIN RAMÓN ZAMBRANO SANDOVAL, ya identificado, en consecuencia, RATIFICA la Medida de Embargo Ejecutivo practicada en fecha 05 de abril de 2010, por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal, Torbes, Cárdenas, Guásimos, Fernández Feo, Libertador y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En consecuencia, CONDENA en costas al tercero opositor conforme lo establece el artículo 274 del Código de P.....

En razón de todo lo antes observado lo cual, esta administradora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicho pedimento, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.