Sin embargo, al ser un hecho, que conforme los argumentos de las partes, en la demanda y su contestación, aceptado y convenido por éstas, que lo exime de prueba, tenemos que dentro de las actuaciones que relaciona el actor y que estima le generan el derecho para percibir honorarios profesionales por sus gestiones en juicio a favor de los demandados, la última de ella fue efectuada en fecha 10 de agosto de 2017, mientras que la demanda de estimación e intimación de honorarios que nos ocupa fue ejercida en fecha 25 de octubre de 2022, lo que determina que, como ciertamente se excepcionó la demandada, haya transcurrido más de cinco (5) años. Lo cual, si tomamos en cuenta, no la fecha de realización de la actuación, sino la oportunidad en que finalizó la relación entre las partes con la revocatoria del poder que le acredito la representación de los ciudadanos CELSO ALBERTO ARDILA RODRIGUEZ y ALFONSO ENRIQUE QUINTERO CORDERO, al actor, lo que ocurrió en fecha 17 de octubre de 2017, tenemos .....

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Trigésimo Cuarto (34º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA HOMOLOGACION DE LA TRANSACCION, solo respecto a los hechos litigiosos comprendidos en la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, en los términos señalados en la presente decisión, pasándola en autoridad de cosa juzgada, presentada por el ciudadano ARMANDO ECHEVERRIA RODRIGUEZ, cedula de identidad Nº 13.111.732, parte actora, asistido por el abogado TOMAS ZAMORA SARABIA, inscrito en el Ipsa Nº 74.659, por una parte; y por la otra parte, la abogada BIBA ARCINIEGAS MATA, Ipsa Nº 146.301, apoderada judicial de la entidad de trabajo BIMBO DE VENEZUELA, C.A, parte demandada. SEGUNDO: Se deja const.....

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Décimo Noveno (19°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN en el presente juicio por Cobro de Salarios Caídos y Otros Conceptos Laborales, incoado por la ciudadana MARÍA MARTINA AGUILAR DELGADO, cédula de identidad N°V-12.095.805, en contra MERCADOS DE ALIMENTOS (MERCAL C.A.). PUBLIQUESE, REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA EN EL COPIADOR DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS CON FUERZA DE DEFINITIVA QUE LLEVA ESTE TRIBUNAL, como también hágase pública en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia, regiones www.tsj.gov.ve 213º y 164º LA JUEZ Abg. MEICER MORENO EL SECRETARIO Abg. LUIS SEIJAS En el día de hoy veinticuatro (24) de noviembre de dos mil ve.....

En razón de los razonamientos precedentemente expuestos, este TRIBUNAL VIGÉSIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN de desalojo incoada por el ciudadano ARSENIO EVEREST PURJA ESTEBANEZ contra la ciudadana NAYIBE ESTHER MENDOZA DE LAS SALAS, todos plenamente identificados en el encabezado de la presente decisión, ello ante la ausencia de la parte actora a la audiencia de juicio. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL VIGÉSIMO TERCERO DE MUNICIPIO, ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS .....

PRIMERO: se NIEGA la solicitud de aclaratoria de la sentencia de fecha 16 de Noviembre del año 2023, efectuada por el abogado JAVIER ARTURO BLANCO BOLIVAR, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 42.615, en su carácter de tercero interesado en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES EN MONEDA EXTRANJERA, que fuera incoado por CONDOMINIO DEL CONJUNTO FOUR SEASONS Y DEL SECTOR 1 DEL CONJUNTO FOUR SEASONS.

Por tales razones, no se trata de que la prueba testimonial in abstractu sea manifiestamente ilegal o impertinente, se trata de que en el caso concreto, dada la particular fisonomía de la prueba rogada en ausencia de los requisitos legales para la evacuación de testigos fuera del territorio nacional, hace de la promocional negada un medio inviable en el modo que fue promovida, comprometiendo de modo decisivo su legalidad en el caso concreto y por ende su admisión, de tal suerte que declara IMPROCEDENTE la delación, confirmándose la negativa de instancia aunque con otra motivación y ASI SE DECIDE.

Por las argumentaciones procedentemente expuestas, este Juzgado Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Conversión de la Separación de Cuerpos y Bienes en divorcio, presentada por los ciudadanos RICHARD JOSE PRATO RODRIGUEZ y MARIA CAROLINA VILLANUEVA AVILA, venezolanos, mayores de edad, y titulares de las cédulas de identidad N° V-6.272.099 y V-10.383.880, respectivamente SEGUNDO: DISUELTO el vinculo matrimonial que los unía, contraído en fecha 2 de octubre de 1995, por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Caricuao del Municipio Libertador del Distrito Capital, según acta Nº 249, de los Libros de Matrimonios llevados por ese Registro correspondiente al año 1995. TERCERO: Líbrense sendos oficios de participación dirigidos al Registro Civil de la Parroquia Cari.....

DISPOSITIVA En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: SE REPONE LA CAUSA al estado en que el defensor ad litem designado deje constancia de las diligencias practicadas por él, debiendo dar estricto cumplimiento a los deberes inherentes a su cargo, desarrollados en los criterios jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los que se ha hecho alusión en la parte motiva de este fallo.

Por tanto, siendo reconocido el fenómeno inflacionario en nuestro país, como una situación que afecta al orden público, criterio que acoge este sentenciador de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de salvaguardar el valor adquisitivo de la moneda y del fiel cumplimiento de la obligación demandada y cuya procedencia fue verificada ut supra, este jurisdicente, ordena calcular la indexación judicial de la cantidad de diez millones novecientos diez mil cuatrocientos tres bolívares con treinta y un céntimos (Bs. 10.910.403,31), para lo cual deberá tomarse en cuenta los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), publicados por el Banco Central de Venezuela, desde el 27 de noviembre de 2001, hasta el mes de diciembre de 2015; a partir del mes de enero de 2016, hasta el mes de enero de 2018, ambos inclusive, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.....

Partiendo de dicha premisa, si bien es cierto que la providencia que decreta la ejecución forzada de la sentencia, no puede considerarse una actuación de mero trámite o mera sustanciación, susceptible de ser revocado por contrario imperio o reformado de oficio o a petición de parte por el tribunal que lo haya dictado; siendo un auto decisorio sobre los presupuestos procesales y los requisitos constitutivos de la ejecución, no es menos cierto que las defensas que deben ser argüidas en su contra, deben estar subsumidas dentro de las cuales taxativas establecidas en el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso, la decisión que dicte el tribunal de ejecución, será susceptible de apelación, dada su naturaleza; y, cualquier otro incidente, deberá ser resuelto, como anteriormente se dijo, conforme lo establecido en el artículo 607 eiusdem. Lo que conlleva a que, claramente, sean las determinaciones adoptadas por el juez, cumplidos dichos trámites, las que sean susceptibles .....