El Tribunal visto lo convenido entre las partes acuerda suspender la entrega en el día de hoy.

ÚNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, instaurado por el ciudadano JOSÉ NICOLAS BERMÚDEZ PINEDA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V- 7.656.116, por intermedio de su apoderado general ciudadano DOUGLAS BERMÚDEZ RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V- 9.219.257, contra la ciudadana LISBETH COROMOTO DE MOLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 10.154.065 y domiciliada en el Municipio Independencia del Estado Táchira; por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; en consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO CINCO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:PRIMERO: SE ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por la Fiscalía Décima del Ministerio Público, en contra del imputado JUAN RAMON MENDOZA

este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, le imparte su HOMOLOGACIÓN y da por consumado el acto, conforme con lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada

PRIMERO: Le imparte el carácter de SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA al decreto de intimación de fecha 30 de marzo de 2000, que riela al vuelto del folio 3 y al 4, de conformidad con lo previsto en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: SE CONDENA al demandado ciudadano CARLOS ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, colombiano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº E- 81.912.333, en su carácter de DEUDOR, a pagarle al demandante ciudadano CARLOS ADOLFO PEDROZA AVELLANEDA, colombiano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número E- 81.909.995, en su carácter de ACREEDOR, las cantidades de dinero descritas en el decreto de intimación de fecha 30 de marzo de 2000, que riela al vuelto del folio 3 y al 4. TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada.

ÚNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, instaurado por la ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL APOYO DE LA MICROEMPRESA DE SAN CRISTÓBAL (ACAM-TA), inscrita originalmente ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira, en fecha 20 de julio de 1993, bajo el N° 38, tomo 9, protocolo I, en su carácter de ACREEDORA; contra los ciudadanos PABLO EMILIO RAMÍREZ y RAÚL MONTOYA VELEZ, colombianos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. E- 81.824.816 y E-81.775.615 respectivamente y domiciliados en el Municipio Cárdenas del Estado Táchira; por COBRO DE BOLÍVARES, PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN; en consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

ÚNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, instaurado por el ciudadano HENRY QUINTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 13.490.692 y domiciliado en el Municipio Junín del Estado Táchira, por intermedio de su endosatario en procuración Abogado CAYETANO EMILIO GUILLÉN ARMAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 8.530, contra la ciudadana LUPE RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.795.085 y de este domicilio, por COBRO DE BOLÍVARES (PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN); en consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, le imparte su HOMOLOGACIÓN, conforme con lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada

Ahora bien, aún cuando, la parte demandante fundamenta su solicitud en el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, es bien sabido que la norma rectora de las Medidas Preventivas, es el transcrito y analizado artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, al considerar esta Juzgadora, que no ha sido demostrado el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o del derecho reclamado, no le es dado a esta operadora de justicia, decretar una medida que pudiera resultar improcedente y causarle daños y perjuicios a la parte demandada al quedar afectada la cosa, y así se considera. En razón de lo cual, esta Sentenciadora, tomando como base lo antes dicho, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos que la acompañan, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Por los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, de conformidad con lo establecido en los artículos 479 ordinal 1º y 501 del Código Orgánico Procesal Penal, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: OTORGA EL BENEFICIO DE DESTACAMENTO DE TRABAJO al penado PEDRO ANTONIO ORTEGA ZAMBRANO