. TERCERO: En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por la representación del Ministerio Público tomando en consideración el contenido del artículo 243 que establece el estado de libertad, los artículos artículo 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, presunción de inocencia y afirmación de libertad, tomando en consideración igualmente el contenido del artículo 256 de la Ley Adjetiva Penal, así como la identificación que en esta audiencia han aportado los ciudadanos imputados, se evidencia que poseen residencia fija, han aportado números de teléfonos considera este órgano jurisdiccional que la Medida Judicial Privativa de Libertad solicitada por la vindicta pública puede ser razonablemente satisfecha con la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad menos gravosa, ello en atención al principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal así como e.....

la demanda resulta Inadmisible

A través de SENTENCIA DEFINITIVA el Tribunal declaró CON LUGAR la demanda que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento incoara el ciudadano MANUEL FERNANDEZ PESTANA, contra las ciudadanas LIVIA J. LA RIVA MOTEROLA y CARMEN G. LA RIVA DE MARTINEZ. En consecuencia, condenó a la parte demandada a cumplir el contrato de arrendamiento suscrito por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Sucre, el 1º de noviembre de 2005, bajo el No. 45, Tomo 122, entregando a la parte actora el inmueble constituido por un apartamento distinguido con el No. 7, ubicado en el piso 2 de las Residencias VENEZUELA, situado en la avenida principal de la urbanización Palo Verde, Municipio Sucre del estado Miranda. De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condenó en costas a las demandadas.

En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE en Derecho la pretensión de Desalojo contenida en la demanda planteada por el ciudadano Octavio Pérez Batatina, contra el ciudadano Luís Cañizales Díaz, ambas partes plenamente identificadas en el encabezamiento del presente fallo.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado VIRGILIO TOLEDO GARCIA SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento

De acuerdo con lo anteriormente expresado y por cuanto han transcurrido en el presente juicio, más de treinta (30) días, sin que exista constancia en autos que la parte actora haya dado cumplimiento alguno a una de las obligaciones que le impone la Ley para lograr la citación de la parte demandada, es por lo que de conformidad con la norma citada, el término de perención está totalmente consumado. Todo lo anterior, es traducido en inactividad procesal, dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el trascrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que de conformidad con la referida normativa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil..-

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal declaró de oficio LA PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, en armonía con el criterio sostenido en el fallo de fecha 06 de julio de 2004, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA, interpusieron los abogados NELSON NIEVES CROES Y DAISY ROMERO MONTILLA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº.931.791 y 3.661.533, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 17.081 y 20.217, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA Instituto Oficial Autónomo, domiciliado en Caracas, creado por Decreto Ley del 13 de mayo de 1.975, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1746, Extraordinaria de fecha 23 de mayo de 1.975, contra la empresa mercantil CONSTRUCTORA NIVICA C.A., inscrita en el ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Fed.....

declara CON LUGAR la rectificación de la partida de defunción ciudadano BRAULIO PALMA, hoy difunto, quien en vida fuera mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 201.491, y en consecuencia, se ordena que se rectifique el error denunciado de manera que donde se asentó que: el número de hijos del de cujus, como deja seis (06) hijos, lo cual es incorrecto, ya que lo correcto es deja cinco (05), que es como corresponde. Ofíciese lo conducente a los funcionarios civiles correspondientes, remitiéndoles copia certificada de la presente decisión a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 502 de Código Civil y 774 de Código de Procedimiento Civil.

en aquellos casos, como el de autos, en el que no se discuta el dominio de los bienes objetos de la partición, deberá ordenarse la partición de los mismos, para lo cual ha de emplazarse a las partes para el nombramiento del partidor. Por tales razones se ordena la partición del inmueble antes identificado objeto de la presente partición ya que no fue objeto de oposición, perteneciente a la comunidad; para lo cual se fijan las 10:00 a.m., del 10º día de despacho siguiente a la presente fecha para el nombramiento del partidor.