L A D I S P O S I T I V A Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD QUE ME OTORGA LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, EL DIVORCIO solicitado por los ciudadanos VANESA CAROLINA AVENDAÑO DE MONTAÑEZ y EDUAR ALEXANDER MONTAÑEZ SIERRA, de conformidad con el artículo 185 del Código Civil Vigente numeral segundo, la solicitud formulada y consecuencialmente, declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los cónyuges, según acta de matrimonio expedida por el Registro Civil de la Parroquia Gonzalo Picón Febres, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, inserta bajo el Nº 04, en los libros de Registro Civil de Matrimonios de fecha 19 de febrero de 2009. SEGUNDO: Por cuanto la parte demandante ha manifestado que no procrearon hijos durante el matrimonio, este Tribunal no dicta providencia al respecto. TERCERO: Liquídense los bienes si los hubiere. .....

SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. TERCERO: Por cuanto las partes se encuentran a derecho no se requiere su notificación. PUBLÍQUESE PRIMERO: DECRETA MEDIDA DE SECUESTRO, sobre: Un vehículo cuyas características son las siguientes: MARCA: TOYOTA; CLASE: CAMIONETA; MODELO: HILUX DC 4WD 1G; AÑO: 2007; COLOR: PLATA; USO: CARGA; TIPO: PICK-UP; SERIAL DEL MOTOR: 1GR0798692; SERIAL DE CARROCERIA: 8XA33ZV579001081; PLACA: A01BD2P; SERVICIO: PRIVADO; CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÌCULO: 160103324253 (8XA33ZV579001081-2-1) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, dicho vehículo fue adquirido por la ciudadana KARLA ALEXANDRA VILLARREAL NOGUERA, conforme a documento llevado por la Notaría Pública Tercera del estado Bolivariano de Mérida, de fecha 25 de mayo de 2021, quedó anotado bajo el Nº 5, Tomo 24, folios 14 hasta el 16 de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría ...". y para la práctica de la medida decretada y el nombram.....

PRIMERO: Se declara LA NULIDAD del auto pronunciado enfecha 13 de octubre de 2021 (fs. 531 al 534), proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. SEGUNDO: En consecuencia se decreta LA REPOSICIÓN de la causa al estado en que se encontraba para la prenombrada fecha --13 de octubre de 2021--valga decir, al estado de dictar sentencia conforme lo establece el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: En virtud de la índole del fallo no hay condenatoria en las costas del recurso

PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por los abogados LEONEL JOSE ALTUVE LOBO y LEONEL EDUARDO ALTUVE PACHECO, en su carácter de apoderados judicial de la parte actora, sobre los tres bienes inmuebles consistentes en parcelas de terreno situadas en la urbanización Las Marías, ubicadas entre las avenida Las Américas y Los Próceres de esta ciudad de Mérida, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. TERCERO: Publíquese la decisión en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia. CUARTO: Por cuanto la parte actora se encuentra a derecho no se requiere la notificación de la misma.

Por las consideraciones expuestas, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE LA DEMANDA INTENTADA, por el ciudadano JULIO CESAR ZERPA ZERPA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.015.038, en contra de la Entidad de Trabajo Sociedad Mercantil LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD C.A, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 26 de marzo del año 2009, bajo el Nº 14, Tomo 39-A, representa por su Directora la ciudadana LYNDA NEYVI FINDLAY RANGEL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.896.202, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTO LABORALES. Publíquese la presente decisión.

Este Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, del mismo modo se advierte a las partes que al sexto (6º) día hábil de despacho siguiente a la fecha del pago acordado, sin que conste en autos oposición a ello, se tendrá por cumplida la obligación, ordenándose el cierre y archivo del presente expediente. Es todo terminó se leyó y conformes firman.-. Publíquese, regístrese no se deja copia certificada en virtud que la Coordinación no dispone de insumos para el servicio de fotocopiadora para la impresión de la presente sentencia. No obstante, la misma queda registrada de manera digitalizada en el copiador digital para efectos de información a la Inspectoría General de Tribunales.

PRIMERO: Se declara la EXTINCIÓN DE LA APELACIÓN formulada en fecha 05 de abril de 2016 (f. 23), por el abogado OSCAR SOSA ROJAS, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano RAMÓN PEÑA PÉREZ, contra la sentencia interlocutoria de fecha 29 de marzo de 2016 (fs. 18 al 22), mediante la cual, el Juzgado a quo declaró improcedente la objeción realizada por el abogado OSCAR RAMÓN SOSA ROJAS al poder apud acta que otorgara el ciudadano CARLOS CLAUDIO MARIO VARAGNOLO GABRIELLI, director-gerente de la Sociedad Mercantil IPC S.R.L, a los abogados JOSE LUIS SILVA SALDATE y FABIOLA ANDREINA CESTARI EWING, en el juicio seguido por el recurrente contra la referida sociedad mercantil, por prescripción adquisitiva, causa contenida en el expediente signado con el número 10.426 de la nomenclatura propia del juzgado de la recurrida, tribunal de la causa y en consecuencia declaró eficaz y válido el referido poder apud acta, expediente distinguido con el número 6511 de la nomencl.....

Por las consideraciones antes expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL TRÁNSITO BANCARIO Y MARITIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, actuando en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Con Lugar la inhibición propuesta por la secretaria temporal, ciudadana Mayela del Carmen Rosales, adscrita a este Juzgado, en fecha dos (02) de agosto de 2022, en el expediente 24.365. Y ASÍ SE DECIDE.- SEGUNDO: Se nombra como secretario accidental para el expediente 24.365, al ciudadano Anthony Jesús Peñaloza Méndez, quien deberá prestar juramento en el Libro correspondiente. Y ASÍ SE DECIDE.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, a los nueve (9) días del mes de Agosto del año .....

CAPITULO CUARTO DECISIÓN INVOCANDO LA PROTECCIÓN DE DIOS TODOPODEROSO, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 26, 49 Ord. 4º, 253 y 257 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:- PRIMERO: SIN LUGAR LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA intentada por los solicitantes, ciudadanos: JOSÉ SALOMÓN VIVAS CARRERO y ANA ROSA MARQUEZ DE VIVAS, venezolanos, mayores de edad, casados, productor agropecuario el primero, ama de casa la segunda, provistos de las cedulas de identidad Nº V-3.293.467 y V-8.075.076, respectivamente, domiciliados en la Ciudad de Bailadores, jurisdicción del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de.....

En consecuencia, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. CON SEDE EN EL VIGIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, declara extinguida la instancia en el presente proceso, por negligencia de la parte actora al no haberle dado impulso procesal a la citación del demandado. Se ordena dar por terminado el juicio y archivar el expediente, una vez quede firme la presente decisión. Se ordena notificar de la presente decisión solo a la parte actora, mediante boleta, haciéndole saber que una vez conste de autos su notificación, comenzará a correr el lapso legal de apelación en contra de la sentencia dictada. Líbrense Boletas de Notificación.