Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 ejusdem. Dada la naturaleza jurídica del presente fallo se exime de costas a las partes.

Este Tribunal declaró de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, INADMISIBLE IN LIMINI LITIS la demanda por RESOLUCION DE CONTRATO, incoada por la sociedad mercantil INVERSIONES INMOBILIARIAS 072000, C.A., contra la sociedad mercantil MHR CORPORATION NET, C.A..

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 30 de julio de 2014, por el abogado JESÚS JAVIER VALLES HENRIQUEZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra auto dictado el 28 de julio de 2014, por el Juzgado 13º de Sustanciación, Mediación y Ejecución, oída en un solo efecto el 1º de agosto de 2014, en el juicio seguido por los ciudadanos HERRERA RUIZ FLOR DE MARIA, DIMAS SALAZAR CARLOS RAFAEL, PARRA DE SANCHEZ LUZ MILA ROSA, LARES LUÍS DOMINGO, MENDOZA EDITHN OLIVA, D´CESARE NANCY, GUERRA MATA OMAR JOSÉ, BERMÚDEZ DE PÉREZ CELSA COROMOTO, MEDINA EMILIO RAMÓN, BRAZON RIVERO LILIA JOSEFINA, GUATARASMA GÓMEZ MIGUEL DARÍO, MEDINA GERARDO RAMÓN, DÁVILA YUNCOSA JOSÉ ANTONIO, F.....

IV DE LA DECISIÓN Por las motivaciones antes expuestas, este Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la medida de embargo peticionada por los abogados Freddy Alberto Álvarez Bernée y Gabriela Elena Díaz, sobre bienes de la parte demandada.

Se dictó sentencia interlocutoria Nº 024//2015 mediante la cual este Tribunal admite las pruebas promovidas por la representación judicial de la referida recurrente en fechas 25 de febrero y 02 de marzo del 2015, para proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código Órganico Tributario

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano GONZALO UTRERA, antes identificado, apoderado de los ciudadanos CARMEN MARÍA REYES DE UTRERA, ROGER ENRIQUE UTRERA REYES, WILLIAM LIZANDRO UTRERA REYES, CARLOS ALBERTO UTRERA REYES, CARMEN SUSANA UTRERA DE GONZÁLEZ, LUÍS EDUARDO UTRERA REYES y BLADIMIR JOSÉ UTRERA REYES, todos identificados en el encabezado del presente fallo, asistido por la Abogada DAFNE IBARRA CAMACHO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 232.918, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

DECRETA LA SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES de los ciudadanos SIMON ERNESTO SANABRIA PEDRIQUE y ANA KARINA JURADO ESPINOZA

Ahora bien, este Juzgado luego de revisar la presente querella observa que la misma no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad, en consecuencia admite la misma en cuanto ha lugar en derecho, y se ordena citar al ciudadano Procurador General de la República, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República le dé contestación a la querella dentro del término de quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de aquel en que se de por consumada su citación, lo que ocurrirá luego de vencidos los quince (15) días hábiles que establece el precitado artículo 82. En aras de la celeridad procesal se ordena a esa Procuraduría remitir a este Tribunal el expediente administrativo de la querellante de conformidad con el citado artículo 99, el cual debe constar en copias debidamente certificadas.....

Ahora bien, este Juzgado luego de revisar la presente reforma de la querella admite la misma en cuanto ha lugar en derecho. Cítese y envíese copia certificada del escrito contentivo de la querella, de la reforma de la misma, del presente auto y copias simples de los recaudos consignados por la parte actora, al ciudadano Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, para que de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le dé contestación a la querella dentro del término de quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de aquel en que se de por consumada su citación, lo que ocurrirá luego de vencidos los quince (15) días hábiles que establece el citado artículo 82. En aras a la celeridad procesal se ordena a la mencionada Procuraduría, remitir a este Tribunal el expediente administrativo d.....

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Caracas, 10 de marzo de 2015 204º y 156º Vista la querella funcionarial interpuesta en fecha 03 de marzo de 2015, por el abogado MANUEL JESÚS DOMÍNGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 41.605, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana EGLEE JOSEFINA CEDEÑO VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 3.715.025, en contra del SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN), este Juzgado se declara competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 25.6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así, en la oportunidad para resolver sobre su admisibilidad observa: De la lectura del libelo se evidencia que no están pres.....