Subsumiendo las anteriores consideraciones al caso sub judice, por cuanto se observa que la negativa de fecha 28/11/2012, ante solicitud de copias certificadas efectuada por la ciudadana Anriette Merjech de Hernández, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech, radicó en que la precitada ciudadana sólo tenía poder de administración y disposición; no obstante, de la revisión al mandato consignado se constata que se trata de un poder con facultades judiciales, razón por la que no existe impedimento alguno para acordar lo solicitado, máxime cuando la presente causa está concluida mediante sentencia definitivamente firme, y en tales casos, cualquier persona tiene el derecho de solicitar copias certificadas de cualquier documento inserto dentro de un proceso concluido mediante sentencia, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, por lo antes expuesto, se concluye que analizado como fue, el co.....

Con base en las anteriores consideraciones, este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le concede FUERZA EJECUTORIA en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela a las sentencias dictadas en fechas 30 de marzo de 2006 y 30 de octubre de 2006, por el Juzgado Primero de Familia de Cúcuta Norte de Santander de la República de Colombia, que declararon disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos JOSÉ ANTONIO GELVIZ ORDOÑEZ y LUZ MARINA CRISPÍN RUBIO, y liquidada la sociedad conyugal respectivamente. Publíquese en el expediente N° 2.768, y regístrese conforme a los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y Bancario de la Circunscripción Judicia.....

En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA DE EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la escritura pública de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico contraído por los ciudadanos Jairo Peñaranda Padilla y Carmen Cecilia Rojas Franco en fecha 27 de junio de 1982, en la Parroquia de Juan María Vianney de la ciudad de Cúcuta, otorgada de mutuo acuerdo por los mencionados ciudadanos, ante el Notario Séptimo del Círculo de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia.

PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana ROSA ANGELINA ANGARITA ARIAS venezolana, mayor de edad identificada con la cédula Nº V-15.881.530 en contra del INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICO DR RAUL CASTILLO S.R.L,. SEGUNDO: Se le ordena a las autoridades del INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICO DR RAUL CASTILLO S.R.L, acatar el contenido de la providencia administrativa signada con el Nº 578/2011 de fecha 22 de Junio de 2011, emanadas de la Inspectoría del Trabajo General Cipriano Castro del Estado Táchira, a través de la cual se ordenó el reenganche de la ciudadana ROSA ANGELINA ANGARITA ARIAS venezolana, mayor de edad identificada con la cédula Nº V-15.881.530, a su puesto de trabajo. TERCERO: Se exime de condenatoria en costas a la parte accionada, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. CUARTO: Se le advierte a las partes y a todas las autoridades de la República que.....

El Tribunal visto el acuerdo efectuado en este acto acuerda abstenerse de la práctica de la presente medida de Embargo Preventivo para lo cual se constituyó en esta dirección.

HOMOLOGACION

declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la acción de amparo interpuesta por el ciudadano PEDRO JOSE TREJO MALDONADO, titular de la cédula de identidad N° 3.764.150, contra la Sentencia sobre el juicio de Desalojo dictada por el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 31 de mayo de 2011. No hay condenatoria en costas por la especial naturaleza de este fallo.

En consecuencia, este Tribunal acogiendo el criterio Jurisprudencial de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2396 de fecha 29 de julio de 2009, el cual dejó sentado que: "...Sin embargo, resulta imperioso para esta Sala, en este Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna nuestra Constitución resolver el error material en el cual se incurrió a los efectos de garantizar a la persona el acceso a la justicia, a su tutela y obtener con prontitud la decisión correspondiente, es decir, ofrecerle una decisión conforme a lo peticionado, así lo garantiza el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela...", ordena corregir la sentencia dictada en fecha 29 de abril de 1991, en el sentido de que el nombre de la hija de los cónyuges solicitantes es MARÍA CECILIA PIAZZOLLA GÓMEZ, y no como erróneamente allí figura. En tal sentido, se acuerda expedir copia fotostática certificada de la sentencia, del ejecútese, de la .....

en consecuencia y por cuanto la conciliación entre las partes no es contraria a derecho y versa sobre derechos disponibles, este Juzgado de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte homologación al acta de fijación del monto de la obligación de manutención, de fecha 29 de noviembre de 2012, en cuanto al acuerdo de fijación del monto de la obligación de manutención, de conformidad con lo establecido en el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

En este estado se instó a la parte demandante a considerar la propuesta de dicho monto para darle fin al proceso y de esta manera satisfacer la acreencia que por derecho le corresponde; en éste acto el apoderado de la parte actora en nombre de la misma declara estar conforme con lo propuesto, y que por ende no resta monto alguno a su favor por lo reclamado en el líbelo de la demanda. Visto el convenio celebrado entre las partes, éste Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Laboral del Estado Táchira HOMOLOGA dicho acuerdo y se le otorga el carácter de cosa juzgada, dándose por concluido el presente proceso, de conformidad con lo establecido por el artículo 133 de La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ordena expedir cuatro (04) copias certificadas de la presente acta y no se ordena el archivo del expediente hasta tanto no conste en actas dichos pagos. Es todo, termino se leyó y conformes f.....