Se declara: PRIMERO: PROCEDENTE la medida preventiva de embargo, solicitada por la abogada YOREIDA HERNÁNDEZ POSSE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 146.360, actuando en su condición de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación, sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil SEGUROS PIRÁMIDE, C.A.., por el doble de la cantidad demandada, esto es, DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 18.907,79), lo cual asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 37.815,58), más el treinta por ciento (30%) sobre dicho monto por concepto de costas procesales, equivalentes a la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.11.344,67), cuya sumatoria arroja un total de CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición planteada por la Dra. CORA FARIAS ALTUVE, en su carácter de Juez Accidental del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito Y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por las motivaciones precedentes, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Inhibición planteada por la Dra. CORA FARIAS ALTUVE, Jueza Accidental del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, contentivo del juicio que por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES siguen los ciudadanos JESUS ALBERTO VASQUEZ MANCERA, ROMAN ALBERTO GONZALEZ Y JOELLE VEGAS RIVAS contra la sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A.

SIN LUGAR EL RECURSO DE HECHO

IMPROCEDENTE LA DEFENSA DE EXTEMPORANEIDAD ALEGADA POR LA REPRESENTACIÓN INTIMANTE SOBRE LA COMPARECENCIA DE LA PARTE INTIMADA. PARCIALMENTE CON LUGAR EL DERECHO QUE TIENE EL ABOGADO ISAAC LEÓN DEL ROSARIO ÁLVAREZ VARGAS A RECIBIR EL PAGO DE SUS HONORARIOS PROFESIONALES DERIVADOS DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES EJERCIDAS ANTE LA JURISDICCIÓN PENAL EN NOMBRE DE LA INTIMADA, CIUDADANA CARMEN TERESA CEDEÑO, POR CUANTO A LOS AUTOS NO QUEDÓ PLENAMENTE DEMOSTRADO TODO EL DERECHO RECLAMADO. SE ORDENA QUE POR AUTO EXPRESO, UNA VEZ DECLARADO FIRME ESTE FALLO, SE FIJE LA OPORTUNIDAD PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES RETASADORES Y CONTINUAR CON EL RESPECTIVO TRÁMITE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE ABOGADOS, CUYA RETASA SE APLICARÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE LAS ACTUACIONES PLENAMENTE DETERMINADAS EN LA MOTIVA DEL FALLO. NO SE IMPUSO EXPRESA CONDENATORIA EN COSTAS DADA LA NATURALEZA DE LA DECISIÓN.

En tal virtud, este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 588 ordinal 1, en concordancia con el artículo 585 ejusdem, decreta MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre los bienes muebles de la parte demandada, ciudadanos JOSE ALEJANDRO IZAGUIRRE ARAUJO y PEDRO ROJAS OBREGON, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad Nos 6.914.843 y 12.295.099, respectivamente, hasta cubrir la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 6.300.000), que comprende el doble de la cantidad demandada más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal en la suma de SETECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 700.000) que constituye un veinticinco por ciento (25%) de lo demandado. Se advierte que la medida aquí decretada solamente se practicará sobre los bienes muebles de la parte demandada, antes identificados y en caso de que la misma recaiga sobre cantidades líquidas de dinero, deberá practicarse hasta cubrir la cantidad de TRES MILLON.....

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CONSUMADO EL CONVENIMIENTO manifestado por las partes durante la ejecución de la medida cautelar, en fecha 17 de marzo de 1999 (folios 15 y 16 del Cuaderno de Medidas), en los mismos términos expuestos por ellos, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil.-

En razón de todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia dictada por el Juzgado Dieciséis de Familia de Santafé de Bogotá D.C. de la República de Colombia, en fecha 06 de Julio de 1994, que declaró disuelto el matrimonio católico celebrado entre los ciudadanos DORA ALIX PEÑA PEÑA y JESUS EDUARDO DIAZ MURILLO.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara EXTINGUIDA la instancia en el presente juicio de Resolución de Contrato interpuesto por la ciudadana Sonia Prieto Ludovid, contra la Sociedad Mercantil Condominios Camino Real C.A., en la representación del Ciudadano Edgar Vidaurre Reyes por haber operado la PERENCION en dicho juicio, de conformidad con lo previsto en el introito del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al haber transcurrido más de nueve (09) años, sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes.-

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA de acuerdo a lo establecido en el ordinal Primero (1º) del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 271 ejusdem, el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de que transcurran noventa (90) días. TERCERO: No hay condenatoria en costas tal como lo establece el artículo 283 eiusdem.