En el presente caso, el defensor Ad-Litem, en su escrito de contestación niega, rechaza y contradice de manera genérica la demanda incoada, más por la información que no logra obtener de los co-demandados en su gestión, no tiene argumentos para hacer oposición a la partición. En consecuencia, se tiene como no hecha oposición alguna y se emplaza a las partes para que acudan a las diez (10) de la mañana del décimo día de despacho siguiente a que conste en autos la ultima notificación de las partes del presente auto, para el nombramiento de partidor.

oposición a la partición realizada por la parte actora. En tal virtud, se tiene como no hecha oposición alguna. En consecuencia, este Juzgador conforme a lo dispuesto en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, emplaza a las partes para el DÉCIMO día de despacho siguiente a que conste en autos la última notificación ordenada, a las once de la mañana, para que tenga lugar el acto de nombramiento de partidor en la presente causa. Así se decide.

En atención a la declaratoria de las medidas realizadas en el presente auto, y conforme a lo establecido en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, SE LEVANTA LA MEDIDA DE SECUESTRO sobre los vehículos identificados en el libelo de demanda, decretada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por auto de fecha 08 de octubre del 2010. SE CONFIRMA LA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO decretada sobre el cincuenta por ciento (50%), de las acciones de la sociedad de comercio DISTRIBUIDORA DEPERACA ALIMENTOS C.A., y sobre el cincuenta por ciento (50%), de las acciones de la sociedad de comercio DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS PEÑALOZA RAMIREZ DEPERACA, C.A.

En relación a la medida solicitada es importante dejar claro, que las medidas preventivas tienen una doble finalidad, y éste ha sido el criterio reiterado de nuestro Máximo Tribunal, y es que, en primer lugar, existe un fin de orden privado en el sentido de que las mismas tienden a garantizar el resultado práctico de las acciones ejercidas por el acreedor contra el deudor, en su sentido hipotético, mediante la toma de precauciones orientadas a impedir el menoscabo del derecho que le pudiere corresponder, protegiéndolo con mecanismos que permitan ubicar de improviso determinados bienes fuera de todo acuerdo comercial para que queden forzosamente afectados a la satisfacción de las obligaciones que hayan de declararse o reconocerse al fin del proceso. Y en Segundo lugar, existe un fin eminentemente de orden público, en el sentido de evitar que la demora en la sustanciación del proceso se convierta en una burla a la justicia. En tal sentido por cuanto la pretensión del accionante persigue .....