Este Tribunal advierte a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, dictará su fallo dentro de los sesenta (60) días continuos a partir de esta fecha.

Este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando conforme a lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con lo dispuesto por el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, en virtud que se evidencia de autos que se encuentran llenos los requisitos exigidos en las citadas normas, declara: ÚNICO: DECRETA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA...

DECISIÓN Por las motivaciones que anteceden, este Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS (INTU), antes identificado, contra Providencia Administrativa N° 165-2014 de fecha 10 de marzo de 2014 emanada de la Inspectoría del Trabajo este en el Área Metropolitana de Caracas, en el expediente administrativo signado con la nomenclatura N° 027-2013-01-00286 Segundo: No hay condenatoria en costas

Por las razones expuestas, este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano WINDER EDUARDO MIJARES HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. 15.838.531 contra MERCADOS DE ALIMENTOS C.A. (MERCAL C.A.). En consecuencia, se condena a ésta) a reenganchar al actor en el mismo cargo y en las mismas condiciones que venía desempeñando para la fecha del írrito e ilegal despido verificado el 01-02-16. SEGUNDO: SE CONDENA al pago de salarios calidos desde el 01-12-16 hasta la fecha del pago efectivo, todos esos salarios deben cancelarse en base Bs. 26.842,58 mensuales mas los respectivos aumentos decretados por la demandada y por el Ejecutivo Nacional. TERCERO: No se condena en costas a la parte demandada en vista que goza de privilegios procesales al ser una empresa constituida con patrimonio.....

PARTE DISPOSITIVA Ahora bien, con fundamento en los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCION y EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Gobierno Judicial. Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/.

Ahora bien, con fundamento en los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCION y EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Gobierno Judicial. Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/.

PERENCION

De conformidad con lo previsto en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de terceros de igual o mejor Derecho; Declara ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, a favor de la ciudadana ADRIANA DEL CARMEN SANCHEZ SEQUERA, venezolana, mayor de edad, y titular de la cedula de identidad Nros V-6.342.899; causahabiente de la de-cujus SONIA RAMONA SEQUERA, quien en vida fuera venezolana, titular de la cédula de identidad Nro V-3.967.596, fallecido en fecha 28 de agosto de 2016 en la Parroquia Señora del Rosario,Municipio Baruta. Estado Bolivariano de Miranda.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado interpuesto conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano LUIS EDUARDO PADILLA JULIO, titular de la Cédula de Identidad No. E-84.571.965, asistido por el abogado TOMAS HILARIO ARAUJO GUTIERREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 224.927, en su carácter de Defensor Público Auxiliar Sexto (6to) con Competencia en Materia Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, contra el acto administrativo No. 2016-23, de fecha 12 de noviembre de 2016, emanado de la Coordinación de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela......

Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda por abstención o carencia, interpuesta por MANUEL ALBERTO ESCALONA LIÉBANO, titular de la cédula de identidad número V- 6.398.197, debidamente asistido por el abogado Henry Joaquín Reverón Arvelo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 216.575. En consecuencia pasa este Administrador de Justicia a precisar el contenido del dispositivo del presente fallo en los siguientes particulares: PRIMERO: Se DECLARA COMPETENTE para conocer la demanda interpuesta por MANUEL ALBERTO ESCALONA LIÉBANO, contra el MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, numerales 3 y 4, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso .....