Este Tribunal ordena: PRIMERO: La desincorporación física del presente expediente del Archivo central. SEGUNDO: La remisión de la presente causa a la Oficina de Archivo Judicial. TERCERO: Mantener control y registro a través del Archivo central del expediente y número de control de legajo con que ha de ser remitido al Archivo Judicial para asegurar a las partes el acceso a las actas procesales en el momento que estas lo requieran. Por último, a los fines de mantener a la disposición de las partes la información respecto de su expediente se ordena actualización de fases y estados informáticos del mismo en resguardo del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y publicidad de los procesos y así se decide.

Este Tribunal ordena: PRIMERO: La desincorporación física del presente expediente del Archivo central. SEGUNDO: La remisión de la presente causa a la Oficina de Archivo Judicial. TERCERO: Mantener control y registro a través del Archivo central del expediente y número de control de legajo con que ha de ser remitido al Archivo Judicial para asegurar a las partes el acceso a las actas procesales en el momento que estas lo requieran. Por último, a los fines de mantener a la disposición de las partes la información respecto de su expediente se ordena actualización de fases y estados informáticos del mismo en resguardo del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y publicidad de los procesos y así se decide.

Este Tribunal ordena: PRIMERO: La desincorporación física del presente expediente del Archivo central. SEGUNDO: La remisión de la presente causa a la Oficina de Archivo Judicial. TERCERO: Mantener control y registro a través del Archivo central del expediente y número de control de legajo con que ha de ser remitido al Archivo Judicial para asegurar a las partes el acceso a las actas procesales en el momento que estas lo requieran. Por último, a los fines de mantener a la disposición de las partes la información respecto de su expediente se ordena actualización de fases y estados informáticos del mismo en resguardo del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y publicidad de los procesos y así se decide.

Este Tribunal ordena: PRIMERO: La desincorporación física del presente expediente del Archivo central. SEGUNDO: La remisión de la presente causa a la Oficina de Archivo Judicial. TERCERO: Mantener control y registro a través del Archivo central del expediente y número de control de legajo con que ha de ser remitido al Archivo Judicial para asegurar a las partes el acceso a las actas procesales en el momento que estas lo requieran. Por último, a los fines de mantener a la disposición de las partes la información respecto de su expediente se ordena actualización de fases y estados informáticos del mismo en resguardo del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y publicidad de los procesos y así se decide.

Este Tribunal ordena: PRIMERO: La desincorporación física del presente expediente del Archivo central. SEGUNDO: La remisión de la presente causa a la Oficina de Archivo Judicial. TERCERO: Mantener control y registro a través del Archivo central del expediente y número de control de legajo con que ha de ser remitido al Archivo Judicial para asegurar a las partes el acceso a las actas procesales en el momento que estas lo requieran. Por último, a los fines de mantener a la disposición de las partes la información respecto de su expediente se ordena actualización de fases y estados informáticos del mismo en resguardo del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y publicidad de los procesos y así se decide.

Por la razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: su COMPETENCIA para el conocimiento de la presente acción de amparo; e IMPROCEDENTE la acción de Amparo Constitucional incoada por el abogado David Valentín Padrón Merchán en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos REINALDO IVÁN ÑAÑEZ MARTÍNEZ y HAIDÉ MÉNDEZ LEÓN, contra presuntas vulneraciones constitucionales generadas por la decisión proferida en fecha 11 de octubre de 2002 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión al juicio que por resolución de contrato de compra venta iniciaran los ciudadanos REINALDO IVÁN ÑAÑEZ MARTÍNEZ y HAIDÉ MÉNDEZ LEÓN contra los ciudadanos GERARDO COROMOTO ARVELO YÁN.....

Se dictó sentencia definitiva mediante la cual se homologó la partición amigable planteada por los ciudadanos PABLO ARTURO BRACHO LAMPE y LITA BELDAD DIAZ INFANTE

Este Tribunal ordena: PRIMERO: La desincorporación física del presente expediente del Archivo central. SEGUNDO: La remisión de la presente causa a la Oficina de Archivo Judicial. TERCERO: Mantener control y registro a través del Archivo central del expediente y número de control de legajo con que ha de ser remitido al Archivo Judicial para asegurar a las partes el acceso a las actas procesales en el momento que estas lo requieran. Por último, a los fines de mantener a la disposición de las partes la información respecto de su expediente se ordena actualización de fases y estados informáticos del mismo en resguardo del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y publicidad de los procesos y así se decide.

Este Tribunal se declaró que es INCOMPETENTE EN RAZÓN DEL TERRITORIO, para seguir conociendo de la presente demanda por COBRO DE BOLIVARES (VÍA INTIMATORIA), incoada por el ciudadano AUGUSTO RAFAEL PEREZ FIGUEROA, contra los ciudadanos LUIS ALBERTO ARAUJO BLANCO y ALEJANDRA INES ALVAREZ ACEVEDO, resultando competentes los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, ordenándose la remisión del expediente una vez vencido el lapso consagrado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

éste Juzgado admite la misma en cuanto ha lugar en derecho. Cítese y envíese copia certificada del escrito contentivo de la querella, del presente auto y copias simples de los recaudos consignados por la parte querellante al Presidente de la Corporación Miranda de Turismo, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le de contestación a la querella dentro del término de quince (15) días de despacho siguientes a aquel en que se considere consumada su citación, lo que ocurrirá luego de vencidos los quince (15) días hábiles que establece el precitado artículo 82. Notifíquese al ciudadano Procurador General del estado Miranda y al Gobernador del estado Miranda, remitiéndose copia certificada del escrito libelar y del presente auto, así como copias simples de los recaudos consignados por la parte querellante. Líbrese boleta .....