Por cuanto he sido designada por la COMISION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA como JUEZ PROVISORIA del JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, me ABOCO al conocimiento de la presente causa y revisado como ha sido el presente expediente, se recibió por distribución, demanda de COBRO DE BOLÍVARES INTIMACIÓN, inserta al folio (28), presentada por EL BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL C.A. a través de sus co apoderados especiales abogados JOSE ELIAS DURAN TOLOSA Y GISELA SANTOS DEDURAN, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 26.141 y 118.912, admitiéndose la presente demanda en fecha 12 de noviembre de 2010. En fecha 12 de noviembre de 2010, se libró oficio N° 3180-1600, al juez del municipio Maracaibo, a los fines de exhortarlo para que practique la citación de los ciudadanos demandados en la presente causa (Folio 29). En fecha 12 de noviembre de 2010, se libró boleta de intimación a la SOCIEDAD MERCANTIL MOTO REPUESTOS MARÍTIMOS C.A., parte demandada en la presente causa (Folio 30). En fecha 12 de noviembre de 2010, se libró boleta de intimación al ciudadano ROGER RAMON SOTO BARRIOS., parte demandada en la presente causa (Folio 31). En fecha 12 de noviembre de 2010, se libró boleta de intimación a la ciudadana LENYS CAROLINA SALAZAR DE SOTO., parte demandada en la presente causa (Folio 32). En fecha 08 de noviembre de 2010 el alguacil de este tribunal deja constancia que le fueron entregados los emolumentos para la elaboración de la respectiva compulsa (Folio 33). En fecha 12 de noviembre de 2010 se apertura cuaderno de medidas (Folio 01 cuaderno de medidas). En fecha 12 de noviembre de 2010 se libró oficio N° 3180-1601 al juez distribuidor ejecutor de medidas del municipio Maracaibo. (Folio 02 cuaderno de medidas). En fecha 29 de noviembre de 2010 el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mar, Páez y Almirante Padilla de la circunscripción judicial del estado Zulia, recibió por distribución comisión enviada por este juzgado. (Folio 07 cuaderno de medidas). En fecha 22 de abril de 2013 se recibe oficio N° 217-2013 proveniente el Juzgado Séptimo Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco de la circunscripción judicial del estado Zulia, mediante la cual remiten la presente comisión. (Folio 29). Por cuanto la parte actora hasta la presente fecha no dio ningún tipo de impulso procesal, sin manifestar algún tipo de Interés en continuar el siguiente procedimiento judicial; al respecto el Tribunal observa: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún tipo de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención. “Nuestro máximo Tribunal, se ha pronunciado acerca de la perención y el interés procesal en los siguientes términos: La Sala Político Administrativa, en sentencia N° 01855 del 14/08/2001 estableció: El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por Ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la Perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto Orden Público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: Falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. “Conforme a los criterios legales y jurisprudenciales antes expuestos, en el caso de autos, la falta de impulso procesal durante más de un año ha originado la Perención de la Instancia, la cual es verificable de Derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal, por tratarse de un Instituto de Orden Público; en tal virtud, resulta forzoso concluir que la Perención de la Instancia debe ser declarada con lugar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem. Así se declara.