Por cuanto he sido designada por la COMISION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA como JUEZ PROVISORIA del JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, me ABOCO al conocimiento de la presente causa y revisado como ha sido el presente expediente, se observa que en fecha 23 de enero de 2020 se recibió demanda Por DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, inserta al folio 15, incoada por la ciudadana ROSA MARINA VIVAS DE CARVAJAL, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-4.001.110, de este domicilio, representada en este acto por las abogadas en ejercicio DORIS VICTORIA NIÑO DE ABREU y ALBANY DE LA CONSOLACION GAMEZ ALVARADO, venezolanas mayores de edad, inscritas en el inpreabogado bajo los N°S 28.422 y 247.154 respectivamente, de este domicilio. inscrita en el inpreabogado bajo el numero 89.348, de este domicilio, obrando en este acto por su nombre propio y sus propios derechos., admitiéndose la presente demanda en fecha 23 de enero de 2020, se acordó librar con boletas de citación a la partes. En fecha 23 de enero de 2020, se libro boleta de citación a la ciudadana ALIX SORAIDA PEREZ PULIDO, parte demandada en la presente causa, a los fines de que de contestación a la demanda incoada en su contra. (Folio 16). En fecha 18 de febrero de 2020, el ciudadano alguacil de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta circunscripción Judicial, deja constancia que consigno la compulsa con la orden de comparecencia librada a la ciudadana ALIX SORAIDA PEREZ PULIDO, ya que habiéndose trasladado en varias oportunidades a la dirección indicada no se encontró ni fue posible establecer su ubicación, ya que por información suministrada por el esposo de la precitada ciudadana, el ciudadano GABRIEL VILLAMIZAR, el cual manifestó que se encontraba enferma, por lo cual le fue imposible practicar la respectiva citación. (Folio 26). En fecha 10 de marzo de 2020, se recibió diligencia suscrita por la abogada ALBANY GAMEZ ALVARADO, acreditada en autos, mediante la cual solicita se libre boleta de notificación en la cual comunique al citado la declaración relativa a su citación.(Folio 27). Por cuanto la parte actora hasta la presente fecha no dio ningún tipo de impulso procesal, sin manifestar algún tipo de Interés en continuar el siguiente procedimiento judicial; al respecto el Tribunal observa: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún tipo de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención.”Nuestro máximo Tribunal, se ha pronunciado acerca de la perención y el interés procesal en los siguientes términos: La Sala Político Administrativa, en sentencia N° 01855 del 14/08/2001 estableció: El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por Ley, a saber un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la Perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto Orden Público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: Falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.”Conforme a los criterios legales y jurisprudenciales antes expuestos, en el caso de autos, la falta de impulso procesal durante más de un año ha originado la Perención de la Instancia, la cual es verificable de Derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal, por tratarse de un Instituto de Orden Público; en tal virtud, resulta forzoso concluir que la Perención de la Instancia debe ser declarada con lugar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem. Así se declara. Por los razonamientos expuestos anteriormente,