REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. SAN CRISTÓBAL, PRIMERO (01) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025). 215° y 166º Vista la diligencia de fecha 29 de septiembre de 2025, suscrita por ciudadano LEONEL ANTONIO CONTRERAS SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.208.091, representante de la SOCIEDAD MERCANTIL CHEMICAL MAVI C.A., inscrita en el Registro Mercantil del Estado Yaracuy, bajo el N° 4, tomo 19-A en fecha 05 de mayo de 2022, asistido por el abogado RUBEN ALBERTO GÓMEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 136.862, mediante la cual desiste del presente procedimiento. El Tribunal para decidir hace las siguientes observaciones: El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Arminio Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto. Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones, que si bien no todas aparecen especificadas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia en razón de lo cual el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado. Se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) Que conste en el expediente en forma auténtica; y b) Que tal acto sea hecho puro y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Para desistir se exige capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones. El procesalista venezolano Dr. Arístides Rengel- Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, Editorial Arte; 1994; paginas 367 y 368, al referirse al desistimiento del recurso, afirma: “...Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. El desistimiento del recurso (...) se refiere precisamente a esta última situación: al desistimiento o renuncia a los actos del juicio en apelación; figura que está implícitamente prevista en nuestra Ley Procesal, al regular uno de los efectos de este desistimiento (las costas); en el art. 282 C.P.C. Esta disposición establece:”Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiera interpuesto, pagará las costas si no hubiera pacto en contrario...”. (Cursivas del transcrito) Si bien es cierto que el desistimiento es “la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere de mandato en el cual específicamente se contemple esa facultad. Por las razones expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, LE IMPARTE SU HOMOLOGACIÓN AL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO realizado por la parte solicitante, otorgándole su aprobación. En consecuencia, conforme a lo solicitado se levanta la medida preventiva de embargo decretada en fecha 22 de mayo de 2025, por este Tribunal. Se da por terminado en presente juicio y se ordena el archivo del expediente. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. La Jueza Suplente (Fdo) Abg. Letty Carolina Castro de Mosquera. El Secretario (Fdo) Abg. Luis Sebastian Méndez. Esta el sello del Tribunal.- Siendo las 3:00 de la tarde se dicto la presente decisión y se dejó copia certificada de la misma para el archivo del Tribunal.- El Secretario, (Fdo) Abg. Luis Sebastian Méndez. Esta el sello del Tribunal.- LCCM/nm.- Exp. 21170. Esta el sello del Tribunal.- El Suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, certifica la exactitud de la anterior copia por ser fiel traslado de su original que se encuentra en el expediente civil Nº 21.170, en el cual la SOCIEDAD MERCANTIL CHEMICAL MAVI C.A., representada por el ciudadano LEONEL ANTONIO CONTRERAS SÁNCHEZ, el cual es propietario del fondo de comercio INVESTIGACIONES LEO F.P. demanda al ciudadano MARCO AURELIO ALFONSO HIGUERA, en representación de PROCESADORA DE PIELES LA VICTORIA C.A. (PROPIELVICA) por COBRO DE OBLIGACIÓN, tramitada por el PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN. San Cristóbal, 01 de octubre de 2025.