REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y FERNÁNDEZ FEO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. Abejales.
Sentencia Nro. 3219- 25 – 3350.
CAPÍTULO I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTES: MARÍA ANTONIA MONTILVA DE VIVAS y JOSÉ EUSTOQUIO VIVAS MONTILVA, venezolanos, mayores de edad, viuda la primera y casado el segundo, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-5.025.955 y V.-13.297.693 en su orden.
ABOGADO ASISTENTE: NELIDA BEATRIZ APOLINAR MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nro. V.-5.665.417, civilmente hábil e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 43.783.
DOMICILIO PROCESAL: El Piñal, Municipio Fernández Feo del Estado Táchira.
MOTIVO: Reconocimiento de Contenido y Firma.
Solicitud Número: 3219 – 25.
Fecha de entrada: 09 de julio de 2025.
CAPÍTULO II
DE LOS HECHOS
En fecha 08 de julio de 2025, escrito presentado por sus firmantes, ciudadanos: MARÍA ANTONIA MONTILVA DE VIVAS y JOSÉ EUSTOQUIO VIVAS MONTILVA, venezolanos, mayores de edad, viuda la primera y casado el segundo, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-5.025.955 y V.-13.297.693 en su orden, debidamente asistidos por la abogada en ejercicio: NELIDA BEATRIZ APOLINAR MÁRQUEZ, con inpreabogado Nro. 43.783, por reconocimiento de contenido y firma de jurisdicción voluntaria de un documento privado de fecha 15 de abril de 2024.
En fecha 09 de julio de 2025, por auto del tribunal, se le dio entrada a la solicitud de reconocimiento de contenido y firma de jurisdicción voluntaria de un documento privado, presentado por los ciudadanos: MARÍA ANTONIA MONTILVA DE VIVAS y JOSÉ EUSTOQUIO VIVAS MONTILVA, debidamente asistidos por la abogada en ejercicio: NELIDA BEATRIZ APOLINAR MÁRQUEZ.
CAPITULO III
DE LA MOTIVACIÓN
Siendo la oportunidad procesal para que este Órgano Subjetivo Institucional se pronuncie acerca de la presente demanda, se considera necesario hacer algunas observaciones acerca del Reconocimiento de Instrumentos o Documentos Privados, lo cual se pasa a realizar seguidamente: Los instrumentos privados pertenecen, al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva clasificación de documentos administrativos, a los medios de prueba clasificados por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal como lo precisa en los artículos 1355 y 1356, del Código Civil, gozando de la validez que le atribuye el Código a tales documentos, aún y cuando, hayan sido extendidos en papel común, sin estampillas, dejando a salvo las acciones derivadas de la ley por el incumplimiento de tales requisitos contra las partes que lo suscriben, conforme al artículo 1370, ejusdem. Evidentemente, para que tales Instrumentos o Documentos Privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y ante terceros, en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipará al documento público en su valor probatorio, siendo solo desvirtuable mediante la Tacha de Falsedad; mientras que servirá sólo de indicio en lo que respecta a la verdad de las declaraciones contenidas en el documento, deben cumplir con el requisito del Reconocimiento, es decir, que dicho documento haya sido reconocido en su contenido (negocio jurídico) y en su firma por las partes que lo suscriben, por cuanto de un documento carente de firma no puede atribuirse voluntad alguna a la persona que se enuncie como parte, ni atribuírsele responsabilidad alguna sobre él, y aún siendo firmado por está, puede haber sido modificado en su contenido, modificando el negocio jurídico establecido entre las partes, de conformidad con el artículo 1363 del Código Civil. Por estas razones, debe someterse dicho Instrumento al reconocimiento del contenido y firma por las partes que lo suscriben, ya sea al ser firmado en presencia de un funcionario público competente para verificar tal acto o al haber sido reconocido ante la autoridad judicial, ya sea por vía principal o por vía incidental y por supuesto, estos instrumentos privado no tienen valor alguno para alterar o contrariar lo establecido mediante documento público, surtiendo en tal caso, efectos solo entre los contratantes y sus sucesores a Título Universal, tal como lo consagra el artículo 1362 íbidem. Es así que, la parte que pretenda dar por Reconocido Judicialmente un documento privado, que no lo fue ante la autoridad competente para ello al momento de suscribirse, deberá seguir las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que establece en su artículo 444 que: “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”. Agrega la norma adjetiva Civil en su artículo 450 que “El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448”. Ciertamente, nuestro ordenamiento jurídico permite que tal Reconocimiento Judicial se produzca de dos (02) formas, la primera, Incidentalmente al acompañar el Instrumento Privado a la demanda o al promoverlo en el correspondiente lapso probatorio; y la segunda, mediante demanda principal, para lo cual se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 al 448 del Código de Procedimiento Civil; siendo entonces el caso de que nos ocupa, un Reconocimiento por vía de demanda, por lo tanto es un procedimiento autónomo, con el solo objetivo de obtener el reconocimiento de dicho instrumento, por lo que será intentada dicha demanda cumpliendo con todos los requisitos del artículo 340, al verificarse su admisibilidad conforme al artículo 341 y 342, deberá citarse al demandado conforme lo establece el artículo 218 y siguientes y emplazarse al demandado conforme al artículo 344 y 345 de la norma adjetiva en comentarios, podrán presentarse cuestiones previas o darse contestación o Reconvenir la demanda, conforme a los artículos 346 y siguientes y 358 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, someterse a la actividad probatoria de las partes conforme al artículo 388 y siguientes de la norma adjetiva, con especial hincapié en el Cotejo como prueba pertinente para el Reconocimiento y en caso de no poder realizarse, la prueba de Testigos (artículos 445 al 449 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1365 del Código Civil), al igual que a los autos para mejor proveer que la ley permite al juzgador (artículos 401 y 514); Fijarse el acto de informes y considerarse las observaciones presentadas a dichos informes, conforme al artículo 511 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Dictar la sentencia en el lapso contemplado en el artículo 515 ejusdem, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 243 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Es así que, presentado el documento privado incidentalmente o instaurada la demanda de Reconocimiento por vía principal, el demandado deberá reconocerlo o negarlo formalmente, y en el caso que una vez citado no comparezca a hacerlo al documento se le tendrá igualmente por Reconocido, en cuanto a su contenido y firma conforme al artículo 1364 del Código Civil. En el caso de reconocimiento, la parte demandada estaría conviniendo en la demanda y en consecuencia, deberá declararse terminado el procedimiento bajo los parámetros contenidos en los artículos 263 y 363 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de negativa expresa del reconocimiento, el proceso continuará con las fases del procedimiento ordinario subsecuentes a la contestación hasta su terminación. Y finalmente, en caso de que no se presentase el demandado a contestar la demanda, se entenderá igualmente como reconocido, a tenor de lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Aun cuando el instrumento privado haya sido reconocido por la parte contra quien se produce, le quedarán a esta a salvo las acciones o excepciones que le correspondan respecto a las obligaciones expresadas en el mismo, aunque no haya hecho ninguna reserva en el momento del reconocimiento, conforme al artículo 1367 del Código Civil. En el caso que nos ocupa se pide el Reconocimiento por Jurisdicción Voluntaria de los ciudadanos: MARÍA ANTONIA MONTILVA DE VIVAS y JOSÉ EUSTOQUIO VIVAS MONTILVA, a fin de reconocer el documento privado inserto en el folio tres (3); Yo; MARÍA ANTONIA MONTILVA DE VIVAS, venezolana, mayor de edad, viuda, titular de la cédula de identidad Nro. V.-5.025.955, domiciliada en el sector El Pabellón, Municipio Fernández Feo, Estado Táchira; por el presente documento declaro: Que al ciudadano: JOSÉ EUSTOQUIO VIVAS MONTILVA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nro. V.-13.297.693, domiciliado en el sector El Pabellón, Municipio Fernández Feo, Estado Táchira; todos los derechos y acciones que me corresponden sobre el valor total de un lote de terreno propio de uso agrícola, con casa para habitación construida de piso de cemento, paredes de bloques, techos de acerolit, agua, luz eléctrica, pasto y demás adherencias y pertenencias que forman este inmueble, que lleva por nombre “FINCA EL MIRADOR”, ubicada en la Carretera vía a San Pablo, antes Municipio Cárdenas, Distrito Uribante, hoy sector La Morita de San Pablo, Casa S/N°, Municipio Fernández Feo, Estado Táchira, en una superficie según levantamiento topográfico que se anexa de TREINTA Y CUATRO HECTÁREAS CON SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS (34 Has. con 6.437 mts2), alinderadas así: NORTE: Con Quebrada La Laguna, mide 436 metros en línea quebrada; SUR: Con vía hacia El Pabellón que separa propiedad de José Vivas Montilva, mide 292 metros en línea quebrada; ESTE: Parte con el Rio Chururú, mide 780 metros en línea quebrada y parte con Quebrada Las Nutrias, mide 109 metros en línea quebrada; y OESTE: Con José Vivas Montilva, mide 766 metros. Lo que aquí vendo son todos los derechos y acciones que es el equivalente al sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%) de los derechos y acciones sobre el valor total del inmueble descrito que me corresponden así: El cincuenta por ciento (50%) por gananciales conyugales, y el doce punto cinco por ciento (12.5%) al fallecimiento de mi causante cónyuge DALMACIO VIVAS VIVAS, quien era titular de la cédula de identidad N° V.-1.530.230, y falleció ab-intestato el día 01-12-2013, tal como se evidencia de la Declaración Definitiva de Impuesto sobre Sucesiones N° 1490021982, de fecha 13 de febrero de 2014, expediente 178, Certificado de Solvencia de Sucesiones N° 00202408, registro N° 0977, de fecha 17 de octubre de 2014. Adquirido por el causante durante nuestra sociedad conyugal, según documento Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Libertador y Fernández Feo, Estado Táchira, registrado bajo el N° 96, Folios 680-688, Tomo: II, Protocolo Primero, Primer Trimestre, de fecha 21 de febrero de 2001. El precio de esta venta es por la suma de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00) que de mi comprador he recibido en dinero en efectivo a mi satisfacción. Y Yo; JOSÉ EUSTOQUIO VIVAS MONTILVA, ya identificado declaro: Acepto la venta que se me hace en todos los términos. Dejando constancia en este acto, que constituyo DERECHO DE USUFRUCTO (uso, goce y disfrute) a favor de la ciudadana: MARÍA ANTONIA MONTILVA DE VIVAS, ya identificada, acepto el Usufructo que se constituye a mi favor, en los términos expuestos, y como la vendedora manifiesta no saber firmar, estampa sus huellas digitales y lo hace a ruego, la ciudadana: MARÍA CORA SALCEDO MONTILVA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V.-5.660.375, en fecha 15 de abril de 2024.
Las partes comparecen voluntariamente por ante este Tribunal y reconocen por Jurisdicción Voluntaria en su contenido y firma el referido documento opuesto. Dicho lo anterior, es por lo que forzosamente deberá ser declarada con lugar la presente solicitud de Reconocimiento, con lo cual se cumple el requisito establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
CAPITULO IV
DE LA DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la solicitud que por Reconocimiento de Contenido y Firma de Documento Privado, interpuesta por los ciudadanos: MARÍA ANTONIA MONTILVA DE VIVAS y JOSÉ EUSTOQUIO VIVAS MONTILVA; y en consecuencia, Reconocido Judicialmente el documento privado promovido en el presente proceso.
No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala del despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con sede en Abejales a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil veinticinco. Años 215º de la Independencia y 166° de la Federación.
El Juez Provisorio.-
ABG. DOMINGO ANTONIO ORTEGA.
La Secretaria Suplente.-
ABG. MARÍA JOSÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
En la misma fecha se publicó la presente sentencia, siendo las nueve y treinta (09:30 a.m.) de la mañana.
La Sria.-
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