REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial del estado Táchira
San Cristóbal, 21 de Julio de 2025
215º y 166º

ASUNTO: SP22-G-2025-000027
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA N° 016/2025

En fecha 07 de julio de 2025 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los Abogados Manuel Antonio Rivera Ontiveros y Carolina Del Valle Varela Casanova, inscrito en el IPSA bajo el N° 273.041 y 293.765, respectivamente Apoderados de los ciudadanos Gladys Teresa Chacón Molina y Julio Myroffer Lázaro Merino, titulares de la cédula de identidad Nros. V.-5.643.532 y E.-82.083.356, quienes interponen Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Amparo Cautelar, en contra de un acto administrativo emitido por el Director de la División de Vialidad, Transito, Transporte e Infraestructura, Lic. Glenm Adolfo Alviarez y Jefe de la División de Vialidad y Transito Lic. Albert Antonio Contreras, de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal del estado Táchira, contenidos en los oficios emitidos en fecha 20 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/ 158 – 2024, y oficio de fecha 25 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/159 – 2024. (Fs. 01-150).
En fecha 09 de Julio de 2025 se dictó auto, mediante el cual, se ordena dar entrada a la presente causa signándole con el N° SP22-G-2025-000027 y se ordena registrar en libros respectivos (Fs. 151).
I
CONTENIDO DEL ESCRITO LIBELAR

La representación de la parte querellante señaló lo siguiente:

“Acudimos a su autoridad para INTERPONER EL RECURSO DE NULIDAD ABSOLUTA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS PARTICULAR EN CONCERNIENTE A LA FUNCION PUBLICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY, POR UN ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL DIVISION DE IMFRESTRUTURA Y VIALIDAD POR PARTE DEL DIRECTOR DE VIALIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LIC. GLENM ADOLFO ALVIAREZ Y JEFE DE LA DIVISION VIALIDAD Y TRANSITO ALCALDIA DE MUNICIPIO SAN CRISTOBAL ING. ALBERT ANTONIO CONTRERAS M., OFICIOS EMITIDOS FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.024, DVTTI / OF/ 158 – 2.024, Y OFICIO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.024, DVTTI/ OF/159 – 2024. APLICANDO EL ARTICULO 25 NUMERAL 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Conforme a aplicar la ley orgánica de procedimiento administrativo artículo 8, 11, 13, 19 numeral 2, y por ende accionar AMPARO CAUTELAR, DECISION ADMINISTRATIVA DE FECHA 03 DE MARZO DE 2.021, EMITIDA DIVISION DE JUSTICIA Y PAZ ABG. DEYANIRA CLAVIJO, QUE EJECUTEN ACTO VIGENTE DE FORMA INMEDIATA, SEGÚN LA LEY ORGANICA DE JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, COSA JUZGADA, SOBRE RETIRO LA CADENA CON SU RESPECTIVO CANDADOS QUE OBSTRUYE EL LIBRE PASO YA QUE ES AREA EN COMUN Y RECUPERACION ZONA VERDE, PARA SU EJECUCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO ANTES MENCIONADO, A LA DIRECTOR DE VIALIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LIC. GLENM ADOLFO ALVIAREZ Y JEFE DE LA DIVISION VIALIDAD Y TRANSITO ALCALDIA DE MUNICIPIO SAN CRISTOBAL ING. ALBERT ANTONIO CONTRERAS M., contemplado Ley Orgánica amparo y garantías constitucionales articulo 49 numeral 8, a su vez apegados artículos 25, 26, 49 # 3, # 8; 51, 141, 143, primera parte, 253 Y 257 de la Constitución Nacional Bolivariana de la República de Venezuela de 1.999, en especial artículo 253, de nuestra carta magna, como también basándonos Ley Orgánica de la Administración Pública Articulo 8, 9, 10, 13, 26, primera parte, 37, en concordancia con la Ley Orgánica de procedimiento administrativo (LOPA), en sus artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y cumpliendo cabalmente artículo 18, 30, 31, 32, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 73, solicitamos ante su autoridad e investidura con mucho respeto que se aplique los artículo 78, 79, 80 # 2, y aunado a esto aplicando la Gaceta Municipal de fecha 29 de junio de 2.022 de San Cristóbal de la REFORMA PARCIAL A LA ORDENANZA SOBRE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, CARGA Y VIALIDAD, en su CAPÍTULO X, PROHIBICIONES, en su artículo 100 # 5, 8, 12 A y B, 26, 27, a la cual nos debemos. Y hacer referencia que: amparados en el Preámbulo de la Constitución de la República de Venezuela:”…. a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna;……….Estado derecho y de Justicia…..”, es justicia para todos…… con efecto general; por cuanto sea irrespetado el acto administrativo de forma flagrante, emanado por la autoridad municipal competente, PARA SU EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA, DE FECHA TRES (03) MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO (2.021). POR PARTE DIVISIÓN DE JUSTICA Y PAZ, EN DONDE YA ES COSA JUZGADA. DRA. DEYANIRA CLAVIJO NIÑO, QUE PARA EL MOMENTO PRIMERA AUTORIDAD EN LA DIVISIÓN JEFE JUSTICIA MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA. TELÉFONO: 0414 – 2318408, HOY EN DÍA SE ENCUENTRA DESEMPEÑÁNDOSE COMO DIRECTORA DIVISIÓN DE CATASTRO DEPARTAMENTO LEGAL. EN DONDE CONDENA EL RETIRO DEL CANDADO Y BARROTES Y LA RECUPERACIÓN ZONA VERDE DEL PASO PEATONAL EXCLUSIVAMENTE NO VEHICULAR. (ANEXO B)…

… LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2.019, SE REALIZÓ LA DEBIDA DENUNCIA A INGENIERÍA MUNICIPAL A CARGO DEL INGENIERO PARA EL MOMENTO ING. JULIO CESAR PÉREZ, TELÉFONO: 0414 – 7350194, DRA. CARMEN ROSA CABALLERO, TELÉFONO: 0424 – 7482530, AL REALIZAR EL LAPSO ACTOS CONCILIATORIOS, ANTE LA PROBLEMÁTICA, DONDE UN MÍNIMO DE CUATRO CASAS COLOCAN ENTRADA EN COMÚN Y UNA VEREDA NETAMENTE PEATONAL SEGÚN INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS LO INDICA ASÍ, CIERRAN EL PASO EN FORMA ARBITRARIA HACIENDO VALER UN PERMISO DEL AÑO 1.998, DONDE QUEDO SIN EFECTO JUNTO CON UN ACTA DEL CONSEJO COMUNAL 2.019, DONDE PERMITÍA COLOCAR UNOS BARROTES Y UNOS CANDADOS PARA SU ACCESO PEATONAL, DE FORMA ARBITRARIA, Y HASTA DENIGRANTE YA QUE LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD Y ADULTO MAYORES CON PROBLEMAS DE SALUD ERA AFECTADOS, ALEGANDO QUE ELLOS TENÍAN ACCESO POR ESA VEREDA, DONDE INGENIERÍA CONSTATO LAS NOMENCLATURAS DE LAS CASAS EN LA DIVISIÓN DE CATASTRO INDICABA QUE SI, EN VISTA QUE SE REALIZARON ACTOS DE ENTENDIMIENTO Y CONCILIATORIO QUE NO SE PUDO LLEGAR A NINGÚN ACUERDO ,SE ENCUENTRA DE TESTIGO ING. JIMMY RINCÓN TELÉFONO: 0414 – 7374494, FISCAL EN INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO INGENIERÍA MUNICIPAL, LA JEFE DE LA DIVISIÓN ABG. DEYANIRA CLAVIJO JUNTO CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE INGENIERÍA PARA ESE MOMENTO A CARGO DE LA DRA. ROSA CABALLERO, TELÉFONO: 0424 – 7482530, SE DECIDIÓ ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA (03) MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO (2.021). JAMÁS SE VIOLENTÓ EL DERECHO DE NADIE, DEFENSA E INTERÉS EN DONDE NO IMPLEMENTARON NINGÚN RECURSO, NI ESPECIAL, JERÁRQUICO O DE REVISIÓN, NINGUNO LOS AFECTADOS DE DICHA DECISIÓN NO ACTIVARON NADA, PASANDO LOS LAPSOS CORRESPONDIENTES PARA ELLO Y EN DONDE LA MISMA QUEDO COSA JUZGADA QUEDANDO DEFINITIVA LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA.

EN EL MOMENTO DE EJECUTAR LA RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN GUSTAVO DELGADO ALCALDE DE SAN CRISTÓBAL, PARA ESE MOMENTO NO CONTABA CON RECURSO NI MAQUINARIA POR LO ESCASO DE PERSONAL A LA CUAL PARA DICHA EJECUCIÓN ENTRO LISTA QUE NO LLEGARON A CUMPLIR, FUE CUANDO ENTRA EL PERIODO DEL NUEVO ALCALDE SILFREDO ZAMBRANO, EN DONDE SE HACE LO PROPIO SE NOTIFICA LA EJECUCIÓN, HASTA SINDICATURA MUNICIPAL ABG. VÍCTOR ROJAS Y ES CUANDO ES REMITIDO A INGENIERÍA PERO AL VER QUE YA ERA UN CASO CON DECISIÓN ADMINISTRATIVA REMITIERON DE NUEVO A EJECUTAR, DE NUEVO LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD, PARA SU EJECUCIÓN LIC. GLENM ADOLFO ÁLVAREZ, DIRECTOR DE VIALIDAD, TRÁNSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE FECHA 22 DE FEBRERO 2.024 EMITE UN ACTO ADMINISTRATIVO COMO INDICA HACE LO DEBIDO NADA A RETIRAR LA CADENA CON SU RESPECTIVO CANDADO, MAS NO DICE NADA DE LA RAMPA QUE DÍAS ANTES HABÍAN MODIFICADO SU INCLINACIÓN LA MISMA ALCALDÍA CON LA NUEVA ADMINISTRACIÓN; PERO ESPECÍFICAMENTE EN EL NUMERAL CUARTO: “SI LOS RESPONSABLES DE HABER GENERADO LA OBSTRUCCIÓN Y EL PASO PEATONAL DE LA VEREDA 04 CON LA COLOCACIÓN DE CADENAS Y CANDADOS NO LAS RETIRAN POR VÍA PACÍFICA Y CONCITADORA, LOS CIUDADANOS AFECTADOS QUE LE ESTÁN VULNERANDO EL LIBRE DERECHO A LA CIRCULACIÓN PEATONAL PODRÁN INTERPONER SUS DERECHOS ANTE EL SIGUIENTE ÓRGANO – POLICÍA MUNICIPAL DE ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL – POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA – PREFECTURA DE LA PARROQUIA PEDRO MARIA MORANTES, MINISTERIO PUBLICO Y TRIBUNALES COMPETENTES EN ASUNTOS VECINALES..”, EN DONDE CONSECUTIVO VUELVE Y MENCIONA LOS AFECTADOS PUEDEN INTERPONER CUALQUIER RECURSO TAMPOCO SE HIZO NADA AL RESPECTO, LUEGO E VISTA DE LO ANTERIORMENTE MENCIONADO LOS VULNERADOS EN SU DERECHO DE CIRCULACIÓN HACEN LO PROPIO Y SE TRASLADAN POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA PASANDO LA NOVEDAD Y FIJANDO EJECUCIÓN PARA 14 DE NOVIEMBRE 2.024, A LAS 10 AM, EN DONDE CON LA PRESENCIA DE CUATRO EFECTIVO DE CUSTODIA, Y LA NOTIFICACIÓN PREVIA AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SU EJECUCIÓN Y LA PARTE ACTORA CON SUS RESPALDOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS, SE HAN PRESENTADO COMISIÓN DE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA EL ARQUITECTO VÍCTOR MÁRQUEZ CONJUNTAMENTE CON ING . JESÚS SÁNCHEZ, EN NOMBRE DEL LICENCIADO ALBERT CONTRERAS, SIN NINGÚN OFICIO EN MANO, PARA EL MOMENTO, SUSPENDE DICHA ACTUACIÓN, NO PERMITIENDO LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ANTE MENCIONADO DE FECHA 03 DE MARZO 2.021, BAJO NINGÚN BASAMENTO LEGAL, OPONIÉNDOSE A LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVAMENTE FIRME, ES CUANDO NOS NOTIFICAN EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2.024, MEDIANTE OFICIO DVTTI /OF/158 – 2024 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.024 Y DVTTI / OF / 159 – 2024 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.024, DESFASADOS JURÍDICAMENTE SU ARGUMENTACIÓN, YA QUE POR MEDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS EMITEN UN ERROR, CUANDO EL ERROR NO SE PRESENTÓ EN SU MOMENTO Y CUANDO SE CELEBRARON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, ADEMÁS QUE NO MANEJABAN LA DEBIDA INFORMACIÓN, YA QUE EL EXPEDIENTE ORIGINAL LO TENÍAN EXTRAVIADO, EN SU MANERA DISTORSIONAR ESTE PROCEDIMIENTO, NO BASTA CON ELLOS, SOLICITAN LA VERIFICACIÓN VEREDA 04 ANTE EL INSTITUTO NACIONAL TIERRAS URBANAS (INTU), RATIFICANDO ZONA PEATONAL Y NO VEHICULAR, AL NO ENCONTRAR EL EXPEDIENTE, CREAN UNO NUEVO, DONDE VA EN CONTRA DEL DEBIDO PROCESO, YA QUE LAS CAUSAS, UNA VEZ DICTADA SENTENCIA DEFINITIVA, PASA HACER COSA JUZGADA, PORQUE PRECLUYE TODA ACCIÓN LOS LAPSOS EXPIRARON, PARA CUALQUIER PRONUNCIAMIENTO ACTUALIZADO PARA ESTA CAUSA, OBJETANDO DIFUSAMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2.021 COMO UN ERROR POR NO TOMAR EN CUENTA, NI UN PERMISO DEL AÑO 1.998, QUE EN EL MOMENTO ACTOS CONCILIATORIOS QUEDARON SIN EFECTO Y CONJUNTAMENTE ACTA DEL CONSEJO COMUNAL DEL AÑO 2.019, DESFASADO EN EL TIEMPO, YA QUE PRECLUYO, Y LA NUEVA A DECISIÓN ADMINISTRATIVA DEJA SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN PASADA, Y EMITIDO LA DIVISIÓN COMPETENTE EN LOS CONFLICTOS VECINALES, COMO AUTORIDAD, ENTONCES CUALQUIER ACCIÓN JERÁRQUICO, REVISIÓN Y ESPECIAL, ANTE ESE ACTO ADMINISTRATIVO DECISIÓN DEFINITIVAMENTE FIRME, A LA CUAL, TANTO LA ALCALDÍA COMO LOS FUNCIONARIOS PRENOMBRADO TIENEN INTERÉS PERSONALES Y PARTICULARES TANTO CON LOS AFECTADOS COMO DEL CONSEJO COMUNAL, QUE VA EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE COMO EN ESPECIAL EL DERECHO LIBRE TRÁNSITO CONTEMPLADO ARTICULO 50 Y MÁS CUANDO INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTU) DECLARA TODA LA VEREDA 04 PASO PEATONAL Y NO VEHICULAR, POR LO ANTERIOR MENTE EXPUESTO.

SOLICITAMOS A ESTE DIGNO TRIBUNAL QUE LA LEY SE RESPETE Y SE EJECUTE DENTRO DEL MARCO NETAMENTE LEGAL, SIN DISCRIMINACIÓN NINGUNA EL DERECHO A VIVIR EN ARMONÍA EN PAZ, Y EL DERECHO DE TRANSITAR LIBREMENTE EN SUS ESPACIOS Y EL DISFRUTE, QUE NO TIENE LOS AFECTADOS, AL IMPEDIR EL ACCESO A SUS CASAS Y FRENTE AL DISFRUTE DE LOS MISMOS ESPACIOS, AL DERECHO DE ARREGLAR SUS CASAS Y TRANSITAR COMO QUIERA Y DONDE QUIERA, ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL, EN DONDE LA ALCALDÍA NUEVA ADMINISTRACIÓN, DESCONOCE QUE ES COSA JUZGADA ANTE ACTO ADMINISTRATIVO TOTALMENTE VIGENTE APEGADOS ARTICULO 32 NUMERAL 1 DE LA LEY ORGÁNICA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA AL DECLARAR NULA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES EMANADOS DIVISIÓN DE VIALIDAD, TRÁNSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL POR EL NUEVO JEFE ALBERT CONTRERAS, Y SUS COLABORADORES EN FRINGIR LA LEY, CUMPLIENDO INDICACIONES, DE INTERÉS PARTICULARES EL ING. JESÚS SÁNCHEZ Y ARQ. VÍCTOR MÁRQUEZ, EN DONDE CORRAN CON LAS CONSECUENCIAS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE CON LLEVA SU RESPONSABILIDAD POR IR EN CONTRA DE LA LEY. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN COPIA SIMPLE Y DEVOLVER EN VISTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ANTE ESTE TRIBUNAL DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO DE TODO EL PROCESO HASTA LLEGAR AL ACTO ADMINISTRATIVO EN DECISIÓN DE PLENA VALIDEZ EN EMITIDA EL ÓRGANO COMPETENTE (…).
PETICIONA:

“(…) CUMPLIENDO CON EL OFICIO REMITIDO POR USTEDES, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2.024, OFICIO N° 061 – DTT – 2024, HACIENDO REFERENCIA A LA TERCERA HOJA, EN EL CUARTO ORDINAL, DICE TEXTUALMENTE:“ CUARTO: SI LOS RESPONSABLES DE HABER GENERADO LA OBSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL DE LA VEREDA 04 CON LA COLOCACIÓN DE CADENA Y CANDADOS NO LAS RETIRAN POR VÍA PACÍFICA Y CONCILIATORIA, LOS CIUDADANOS AFECTADOS QUE LE ESTÁN VULNERADOS EL LIBRE DERECHO A LA CIRCULACIÓN PEATONAL, PODRÁ INTERPONER SUS DERECHOS ANTES LOS SIGUIENTES ÓRGANOS POLICÍA MUNICIPAL DE ALCALDÍA SAN CRISTÓBAL – POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA – PREFECTURA PEDRO MARIA MORANTES, MINISTERIO PÚBLICO Y TRIBUNALES COMPETENTE EN ASUNTOS VECINALES.

PARA SU EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA TRES (03) MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO (2.021). POR PARTE DIVISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ, EN DONDE YA ES COSA JUZGADA.

EL CUAL SOLICITAMOS INTERPONER EL RECURSO DE NULIDAD ABSOLUTA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS PARTICULAR EN CONCERNIENTE A LA FUNCION PUBLICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY, POR UN ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL DIVISION DE IMFRESTRUTURA Y VIALIDAD POR PARTE DEL DIRECTOR DE VIALIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LIC. GLENM ADOLFO ALVIAREZ Y JEFE DE LA DIVISION VIALIDAD Y TRANSITO ALCALDIA DE MUNICIPIO SAN CRISTOBAL ING. ALBERT ANTONIO CONTRERAS M., OFICIOS EMITIDOS FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.024, DVTTI / OF/ 158 – 2.024, Y OFICIO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.024, DVTTI/ OF/159 – 2024. APLICANDO EL ARTICULO 25 NUMERAL 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. Conforme a aplicar la ley orgánica de procedimiento administrativo artículo 8, 11, 13, 19 numeral 2, y por ende accionar AMPARO CAUTELAR, CON EFECTO PARTICULAR LA DECISION ADMINISTRATIVA DE FECHA 03 DE MARZO DE 2.021, EMITIDA DIVISION DE JUSTICIA Y PAZ ABG. DEYANIRA CLAVIJO, QUE EJECUTEN ACTO VIGENTE DE FORMA INMEDIATA, SEGÚN LA LEY ORGANICA DE JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, COSA JUZGADA, SOBRE RETIRO LA CADENA CON SU RESPECTIVO CANDADOS QUE OBSTRUYE EL LIBRE PASO YA QUE ES AREA EN COMUN Y RECUPERACION ZONA VERDE, PARA SU EJECUCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO ANTES MENCIONADO, A LA DIRECTOR DE VIALIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LIC. GLENM ADOLFO ALVIAREZ Y JEFE DE LA DIVISION VIALIDAD Y TRANSITO ALCALDIA DE MUNICIPIO SAN CRISTOBAL ING. ALBERT ANTONIO CONTRERAS M., contemplado Ley Orgánica amparo y garantías constitucionales articulo 49 numeral 8, a su vez apegados artículos 25, 26, 49 # 3, # 8; 51, 141, 143, primera parte, 253 Y 257 de la Constitución Nacional Bolivariana de la República de Venezuela de 1.999, en especial artículo 253, de nuestra carta magna, como también basándonos Ley Orgánica de la Administración Pública Articulo 8, 9, 10, 13, 26, primera parte, 37, en concordancia con la Ley Orgánica de procedimiento administrativo (LOPA), en sus artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y cumpliendo cabalmente artículo 18, 30, 31, 32, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 73, solicitamos ante su autoridad e investidura con mucho respeto que se aplique los artículo 78, 79, 80 # 2, y aunado a esto aplicando la Gaceta Municipal de fecha 29 de junio de 2.022 de San Cristóbal de la REFORMA PARCIAL A LA ORDENANZA SOBRE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, CARGA Y VIALIDAD, en su CAPÍTULO X, PROHIBICIONES, en su artículo 100 # 5, 8, 12 A y B, 26, 27, a la cual nos debemos. Y hacer referencia que: amparados en el Preámbulo de la Constitución de la República de Venezuela:”…. a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna;……….Estado derecho y de Justicia…..”, es justicia para todos…… con efecto general; por cuanto sea irrespetado el acto administrativo de forma flagrante, emanado por la autoridad municipal competente, PARA SU EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA, DE FECHA TRES (03) MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO (2.021). POR PARTE DIVISIÓN DE JUSTICA Y PAZ, EN DONDE YA ES COSA JUZGADA. DRA. DEYANIRA CLAVIJO NIÑO, QUE PARA EL MOMENTO PRIMERA AUTORIDAD EN LA DIVISIÓN JEFE JUSTICIA MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA. TELÉFONO: 0414 – 2318408, HOY EN DÍA SE ENCUENTRA DESEMPEÑÁNDOSE COMO DIRECTORA DIVISIÓN DE CATASTRO DEPARTAMENTO LEGAL. EN DONDE CONDENA EL RETIRO DEL CANDADO Y BARROTES Y LA RECUPERACIÓN ZONA VERDE DEL PASO PEATONAL EXCLUSIVAMENTE NO VEHICULAR. (ANEXO B).

ANTE LOS DERECHOS INFRINGIDO Y VIOLENTADOS A LOS AFECTADOS EN LA CUAL POSEE ACTO ADMINISTRATIVO VIGENTE PARA SU EJECUCIÓN Y EL CUAL DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE SOLO LE COMPETE ES EJECUTAR SE NIEGA HACERLO, VIOLENTANDO EL DERECHO CIRCULACIÓN POR PASO PEATONAL PERSISTE, LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS, SE DECIDE EJECUTARLA, EN BASE A SUS DERECHOS LIBRE PASO Y CIRCULACION, DERECHO VIVIR EN PAZ Y EN COMUNIDAD, SIN DISCRIMINACION NINGUNA, DERECHOS CONTEMPLADOS EN NUESTRA CARTA MAGNA. EN EL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA DICHA OBSTACULIZACIÓN ARBITRARIA POR ALGUNOS VECINOS,

APEGADOS A DERECHO Y QUE NOS AMPARA DICHA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SE EJECUTE CORRESPONDIENTE EL RETIRO DE UNOS BARROTES, CADENAS Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE POR SER PASO PEATONAL Y NO VEHICULAR, PUNTO DE REFERENCIA DONDE SE ENCONTRABA LA LÍNEA 77 DE LA URBANIZACION SUCRE, VEREDA 04, OBSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL AL CONVERTIRLO ILEGALMENTE PASO VEHICULAR PARA ALGUNOS VECINOS, DISCRIMINATORIO Y AUTORITARIOS QUE AFECTADOS Y AGRAVIANDO , LOS DERECHOS DE LIBRE PASO Y ACCESO VÍA PEATONAL, RECTIFICADO INTU, INFORMACIÓN AGREGADA AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE CONOCE LA PROBLEMÁTICA VECINAL, A LA CUAL EXISTE DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARA SER EJECUTADA DE FORMA INMEDIATA, DICHO DESPACHO DE LA ALCALDÍA, LOS AFECTADOS DE LAS CASAS CORRESPONDE A LOS N° 36, 38, 44 Y 46; POR OTROS PROPIETARIOS ARBITRARIOS DE LAS CASAS N° 43, 04 Y OTROS EN LA MISMA CERA EN TOTAL SON CUATROS CASAS UBICADAS ENTRANDO POR LA RAMPA QUE CONSTRUYERON ILEGALMENTE Y ARBITRARIA DISCRIMINANDO EL ACCESO, PORQUE SON LOS ÚNICOS QUE MANEJAN LLAVES DE LOS CANDADOS, SON LOS VECINOS HACIA EL LADO DERECHO, Y LOS QUE SE ESTACIONA CON SUS VEHÍCULOS EN LOS FRENTES DE LOS QUE NO POSEEN LLAVES PARA SU ACCESO A SU VIVIENDA, ALDEA LA PROTRERA, PARROQUIA PEDRO MARIA MORANTES DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA.

Y A SU VEZ, DECLARE NULOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS OFICIOS DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2.024 OFICIOS N° DVTTI /OF/158 – 2024 Y DVTTI / OF / 159 – 2024 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.024, OBJETANDO DIFUSAMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2.021, DECISIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVAMENTE FIRME, EMITIDO POR DIVISIÓN COMPETENTE EN ESTA MATERIA POR PARTE DIVISIÓN DE JUSTICA Y PAZ, EN DONDE YA ES COSA JUZGADA. DRA. DEYANIRA CLAVIJO NIÑO, QUE PARA EL MOMENTO PRIMERA AUTORIDAD EN LA DIVISIÓN JEFE JUSTICIA MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA. TELÉFONO: 0414 – 2318408. ES JUSTICIA PARA TODOS. A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. (…)”

Conforme a lo anterior, en la oportunidad que este Tribunal debe pronunciarse en cuanto a la competencia para conocer y decidir el presente Recurso de Nulidad con Amparo Cautelar, así como sobre la admisibilidad de la presente demanda, pasa a establecer lo siguiente:
II
DEL DESPACHO SANEADOR
En vista que los Abogados Manuel Antonio Rivera Ontiveros y Carolina Del Valle Varela Casanova, inscrito en el IPSA bajo el N° 273.041 y 293.765, actuando Apoderados de los ciudadanos Gladys Teresa Chacón Molina y Julio Myroffer Lázaro Merino, titulares de la cédula de identidad Nros. V.-5.643.532 y E.-82.083.356, dirigen su pretensión a ejercer Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Amparo Cautelar en contra de un acto administrativo emitido por el Director de la División de Vialidad, Transito, Transporte e Infraestructura, Lic. Glenm Adolfo Alviarez y Jefe de la División de Vialidad y Transito Lic. Albert Antonio Contreras, de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal del estado Táchira, contenidos en los oficios emitidos en fecha 20 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/ 158 – 2024, y oficio de fecha 25 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/159 – 2024.
Sin embargo, de la revisión exhaustiva de los recaudos consignados en conjunto con el libelo de demanda, este Juzgador evidencia que no consta entre ellos la notificación del acto administrativo con el acuse de recibo del acto administrativo que se recurre en nulidad ante este Tribunal, es decir, el que según el libelo de demanda, folio seis (06), resaltado por el recurrente y expresado en sus términos, notificado en fecha 05 de diciembre de 2024, mediante oficios N° DVTTI/OF/ 158 – 2024, y N° DVTTI/OF/159 – 2024, las cuales, se encuentran contenidas en el presente expediente pero sin el respectivo acuse de recibo por la parte interesada de autos, por lo que quien suscribe no puede verificar la fecha cierta en que se realizó la correspondiente notificación del acto administrativo, si el mismo se notificó en la fecha indicada en el escrito libelar, o en una fecha posterior o anterior a la indicada por la parte, todo ello a efectos que pueda verificarse la caducidad de la acción y se establezca si el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad es interpuesto en tiempo hábil para su conocimiento.
En consecuencia, este Juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, emitió un despacho saneador, a fin de que la parte actora consigne los oficios N° DVTTI/OF/ 158 – 2024, y N° DVTTI/OF/159 – 2024, con su respectivo acuse de recibo por la parte interesada de autos, es decir, donde se pueda verificar la fecha cierta en la que fue entregada las notificaciones antes señaladas, a fin que este Juzgador pueda computar el lapso de caducidad de la presente acción y pueda decidirse con todos los recaudos dentro del expediente, para determinar la admisión de la presente demanda con mayor claridad, para lo cual se le otorgó un lapso de tres (03) días de despacho, contados a partir de la emisión del despacho saneador.
En consideración de lo expuesto, este Juzgador trae a colación el contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo:
Artículo 35. — Inadmisibilidad de la demanda. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
1. Caducidad de la acción.
2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.
4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencia de conceptos irrespetuosos.
7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición
Expresa de la ley.

Siendo esta razón por la cual este Tribunal no puede pronunciarse entorno a la admisibilidad de la presente causa, motivado a que no puede verificar la actitud diligente de parte de la recurrente en cuanto a la consignación de los oficios de notificación Nros oficios N° DVTTI/OF/ 158 – 2024, y N° DVTTI/OF/159 – 2024, con su respectivo acuse de recibo por la parte interesada en autos. Así se determina.
En virtud de lo anterior, la parte actora contó con un lapso de tres (03) días de despacho como ordena la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para a consignar los documentos lo solicitado por este Tribunal, sin embargo, quien suscribe ordena realizar computo por secretaria a los fines de verificar si transcurrió el lapso para que la parte consignara la documentación requerida.
La suscrita secretaria del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira hace constar que desde el 14 de julio del 2025 exclusive al 17 de julio del 2025, transcurrieron tres (03) días de Despacho discriminados de la siguiente manera: Martes 15, Miércoles 16, Jueves 17, de julio del 2024, a los fines de que la parte recurrente consignara ante este Tribunal los oficios de notificación Nros oficios N° DVTTI/OF/ 158 – 2024, y N° DVTTI/OF/159 – 2024, con su respectivo acuse de recibo, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La Secretaria;

Abg. Mariam Paola Rojas Mora.
Al respecto se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a los catorce (14) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016), caso: Sociedad mercantil AGUA SUB, C.A., contra el fallo de fecha 5 de noviembre de 2015, proferido por el Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, que señaló:
Omisis
“(…) Por otra parte, el a quo declaró la inadmisibilidad de la acción de nulidad propuesta por la parte actora, por el incumplimiento de la carga procesal establecida en el numeral 6, del artículo 33, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ya que no fue acompañada la providencia administrativa, contenida en la Certificación N° 0083/15 de fecha 5 de marzo de 2015, emanada de la GERESAT ARAGUA y de la cual deviene el derecho reclamado.
Del escrito contentivo de la demanda de nulidad, aprecia esta Sala que la accionante, señaló que anexa marcado “B” copia de la referida certificación (folio 1 de la única pieza). Sin embargo, al folio 25 del expediente, riela inserta, como anexo marcado “B”, comunicación de fecha 25 de marzo de 2015 identificada con el alfanumérico SSL/NC/0092-15 suscrita por el ciudadano R.A.P.M., Gerente Regional de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores Aragua, mediante la cual remitió la Certificación N° 0083-15 del 5 de marzo de 2015, “con motivo de la (del) INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD ocurrido al trabajador (a) A.L. C.I.V-14674638” la cual no constituye el acto impugnado, sino un ejemplar del “acto de comunicación” de éste.
En torno a los instrumentos fundamentales en que se base la demanda que se pretende hacer valer, la Sala de Casación Civil, en sentencia número 81 del 25 de febrero de 2004, caso I.Á.I. estableció que:
Al respecto, el artículo 340 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, establece:
El libelo de la demanda deberá expresar:
(...)
6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo
Para J.E.C. (El instrumento fundamental. Caracas, Revista de Derecho Probatorio N° 2, Editorial Jurídica ALVA, S.R.L., 1993, p. 19-29), los documentos fundamentales son aquellos en que se funda la pretensión y ésta debe contener la invocación del derecho deducido, junto con la relación de los hechos que conforman el supuesto de la norma aludida por el demandante.
Considera el mencionado autor que la frase del ordinal 6° “aquellos de los cuales se derive el derecho deducido” debe interpretarse, en el sentido de que se trata de los instrumentos que prueban inmediatamente la existencia de los hechos que se han afirmado como supuesto de la norma cuya aplicación se pide.
La Sala, al acoger el criterio doctrinario que antecede, considera que para determinar si un documento encaja dentro del supuesto del ordinal 6° artículo 340 citado, debe examinarse si está vinculado o conectado con la relación de los hechos narrados en el escrito de la demanda, y en consecuencia, debe producirse junto con el libelo.
En otras palabras, son documentos fundamentales de la pretensión aquellos de los cuales emana el derecho que se invoca y cuya presentación no ofrezca dificultad para que el demandado conozca los hechos en que el actor funda su pretensión y la prueba de la que intenta valerse. Así, el que pretenda reivindicar un inmueble deberá acompañar el título de propiedad donde conste el dominio; quien exija el cumplimiento de un contrato deberá presentar el instrumento del que resulte su celebración. (resaltado del original)
La importancia de producir los instrumentos fundamentales con la demanda, radica en suministrar al Juez los elementos necesarios para evaluar y considerar, si la pretensión es admisible en derecho y si además el acto como tal es de aquellos que causan estado y que afectan derechos subjetivos e intereses legítimos y directos. Aunado a lo anterior y como garantía del derecho a la defensa del demandado, le permiten conocer a éste, en que se basa el reclamo del demandante y los fundamentos fácticos y jurídicos de su pretensión.
La inobservancia de este requisito ocasiona como sanción al recurrente, la inadmisibilidad de la acción propuesta, tal y como lo establecen los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 133, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, integrados por el artículo 31 de la primera de las leyes nombradas.
En el caso bajo análisis, observa la Sala que la demandante adjuntó un ejemplar del “acto de comunicación”, que no contiene los hechos narrados en el libelo de la demanda de nulidad, los fundamentos de hecho y de derecho en que se basó la Administración para dictar el acto impugnado, los resultados del análisis de las pruebas promovidas y producidas, la identificación de las partes, sus alegatos, entre otras menciones, que permitirían, tanto al órgano jurisdiccional como a los interesados, una visión general de la pretensión del accionante y atendiendo a la ratio legis del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, verificar si la demanda es admisible (vid. Sentencia SCS.N° 438 del 01/07/2015. Caso Constructora Bussan de Venezuela, C.A.)
En consecuencia, y visto que la parte actora incumplió con el requisito formal que exige el artículo 33, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estima la Sala que estuvo ajustada a derecho, la declaratoria de inadmisibilidad de la acción propuesta, tal y como fue decidido por el Tribunal Superior Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así se decide.(…)”.

Aunado a lo anterior, la Sala Politico-Administrativa del Máximo Tribunal, en decisión de fecha nueve (09) del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), bajo la ponencia del Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, en el caso de la Sociedad Mercantil Seguros Caroní, S.A, contra la decisión N° 27 dictada por el Juzgado de Sustanciación de la Sala el 04 de marzo de 2021, indicó lo siguiente:
…Sobre este particular, interesa resaltar que los documentos fundamentales no son otros que los instrumentos o titulos de los cuales deriva el derecho deducido y que constituyen el sustento de la pretensión que se persigue ver satisfecha. Por lo cual, resulta oportuna la cita de la sentencia de esta Sala N° 125 del 19 de febrero de 2004, en la que se indicó lo siguiente:
“Ahora bien, en concreto, se denuncia el incumplimiento de lo estipulado en el ordinal 6° del articulo 340, antes transcrito. Como revela su lectura, tal requisito se contrae a la obligación de proponer con el libelo los documentos de los cuales se derive inmediatamente el derecho reclamado, exigencia relacionada no solo con la necesidad de permitir al Juez determinar claramente cual es la pretensión del demandante sino para, que mediante el debido conocimiento por el demandado de los instrumentos en que se basa su pretensión, pueda este ejercer adecuadamente los mecanismos mas idoneos en defensa de sus derechos”. (destacado de esta Sala).
Igualmente resulta necesario destacar que el cumplimento de este requisito es necesario porque, por un lado permite al juez la determinación de la pretensión del demandante y por el otro le brinda al demandado un mejor conocimiento de la causa pretendi, con el fin de que pueda ejercer, en forma adecuada, los mecanismos idóneos en defensa de sus derechos…

De los criterios Jurisprudenciales supra transcritos, se evidencia que en el supuesto en que la parte actora no acompañe los documentos fundamentales de la demanda, que son indispensables para que el Tribunal pueda decidir sobre la admisión o no a tramite de la pretensión que se hace valer en la demanda, tiene aparejado por ministerio de la Ley la sanción de inadmisibilidad. Así se decide.
En razón a las consideraciones anteriormente expuestas, para este Juzgado Superior resulta forzoso declarar INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en conjunto con Amparo Cautelar, presentado por los Abogados Manuel Antonio Rivera Ontiveros y Carolina Del Valle Varela Casanova, inscrito en el IPSA bajo el N° 273.041 y 293.765, respectivamente Apoderados Judiciales de los ciudadanos Gladys Teresa Chacón Molina y Julio Myroffer Lázaro Merino, titulares de la cédula de identidad Nros. V.-5.643.532 y E.-82.083.356, quienes, en contra de un acto administrativo emitido por el Director de la División de Vialidad, Transito, Transporte e Infraestructura, Lic. Glenm Adolfo Alviarez y Jefe de la División de Vialidad y Transito Lic. Albert Antonio Contreras, de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal del estado Táchira, contenidos en los oficios emitidos en fecha 20 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/ 158 – 2024, y oficio de fecha 25 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/159 – 2024, en razón a que la parte actora no consigno los instrumentos solicitados por este Juzgados Superior mediante despacho saneador de fecha 14 de julio de 2025, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Así se decide.
V
DECISIÓN

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: SE DECLARA COMPETENTE para el conocimiento de la presente acción judicial de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.
SEGUNDO: SE DECLARA INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en conjunto con Amparo Cautelar, presentado por los Abogados Manuel Antonio Rivera Ontiveros y Carolina Del Valle Varela Casanova, inscrito en el IPSA bajo el N° 273.041 y 293.765, respectivamente Apoderados de los ciudadanos Gladys Teresa Chacón Molina y Julio Myroffer Lázaro Merino, titulares de la cédula de identidad Nros. V.-5.643.532 y E.-82.083.356, en contra de un acto administrativo emitido por el Director de la División de Vialidad, Transito, Transporte e Infraestructura, Lic. Glenm Adolfo Alviarez y Jefe de la División de Vialidad y Transito Lic. Albert Antonio Contreras, de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal del estado Táchira, contenidos en el oficios emitidos en fecha 20 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/ 158 – 2024, y oficio de fecha 25 de noviembre de 2024, DVTTI/OF/159 – 2024, en razón a que la parte actora no consigno los instrumentos solicitados por este Juzgados Superior mediante despacho saneador de fecha 14 de julio de 2025, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo
Publíquese, regístrese, y déjese copia certificada de este para el copiador digital de Sentencias Interlocutorias con fuerza definitiva en formato digital PDF y en formato físico llevado por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los veintiuno (21) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
El Juez,

Dr. José Gregorio Morales Rincón
La Secretaria,

Abg. Mariam Paola Rojas Mora.
JGMR/MPRM/lama.