TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

214° y 166°

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana GLADYS MAGALI RINCÓN DE COLMENARES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.620.784, domiciliada en Rubio, Municipio Junín del Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: Ciudadanos OLGA TARAZONA VIUDA DE RINCÓN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-163.518; PEDRO ENRIQUE RINCÓN TARAZONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.463.901; MERCEDES TERESA RINCÓN TARAZONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.148.949; OSCAR MANUEL RINCÓN TARAZONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.141.562, NÉSTOR EDUARDO RINCÓN TARAZONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.145.561; ELIZABETH RINCÓN TARAZONA VIUDA DE OCHOA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.742.315, EDGAR ALFONSO RINCÓN TARAZONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.742.314; EVERT RINCON TARAZONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.738.556, JESÚS RAMÓN RINCÓN TARAZONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.447.236; ALBERTO JOSÉ RINCÓN TARAZONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.447.235; y LOURDES ELENA RINCÓN DE SALINAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.447.237, domiciliados todos en Rubio, Municipio Junín del Estado Táchira.

MOTIVO: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS.
EXPEDIENTE: 34964/2013

I
ANTECEDENTES

Revisado como ha sido el presente expediente se observa lo siguiente:
Se inició la presente causa mediante la demanda interpuesta por la ciudadana Gladys Magali Rincón de Colmenares en contra de los ciudadanos Olga Tarazona viuda de Rincón, Pedro Enrique Rincón Tarazona, Mercedes Teresa Rincón Tarazona, Oscar Manuel Rincón Tarazona, Néstor Eduardo Rincón Tarazona, Elizabeth Rincón Tarazona viuda de Ochoa, Edgar Alfonso Rincón Tarazona, Evert Rincón Tarazona, Jesús Ramón Rincón Tarazona, Alberto José Rincón Tarazona, y Lourdes Elena Rincón de Salinas por obligación de alimentos. (Folios 1 al 4). Acompañado de anexos. (Folios 5 al 10).
Por auto de fecha 16 de septiembre de 2013, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación, Ejecución y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito de Protección de niños, niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira declinó la competencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de ésta Circunscripción Judicial. (Folios 11 al 14).
Mediante auto de fecha 01 de octubre de 2013, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación, Ejecución y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito de Protección de niños, niñas y adolescentes de esta Circunscripción remitió el presente expediente con oficio N° J4-6999-13 al Juez Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial (Folios 15 al 17).
Por auto de fecha 28 de octubre de 2013, este Tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de las partes para que comparecieran ante el Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes, después de citado el último, más un día que se les concedió como término de la distancia para que dieran contestación a la demanda. Asimismo, se comisionó para la citación de los demandados al Juzgado de los Municipios Junín y Rafael Urdaneta de la misma Circunscripción Judicial, con sede en Rubio. (Folios 18 al 19).
En fecha 28 de enero de 2025, la Juez Provisorio que suscribe este fallo se abocó al conocimiento de la presente causa. (Folio 20).

II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

De las actuaciones anteriormente relacionadas, se evidencia claramente que con posterioridad al auto dictado en fecha 28 de octubre de 2013 por el cual se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de las partes, no existe ninguna actuación de la parte demandante para impulsar el proceso.
En tal sentido, se hace necesario puntualizar lo dispuesto en el Artículo 267 procesal, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (…). Resaltado propio.

En el encabezado de la norma transcrita el legislador estableció la perención a la instancia como una forma anormal de terminación del proceso, que se configura por la inactividad de las partes durante el período mayor de un año al no efectuar actos de procedimiento para mantener el desarrollo del juicio.
La finalidad de la perención es evitar que los procesos se perpetúen por tiempo indefinido y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de las causas, en las cuales resulte un evidente desinterés de las partes en la continuación del juicio, quienes como manifestación del principio dispositivo tienen la carga de impulsarlo hasta llevarlo a la fase de composición natural del litigio, esto es, al estado de sentencia.
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 063 de fecha 4 de marzo de 2013, puntualizó lo siguiente:

Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece expresamente lo siguiente:
…Omissis…
De acuerdo al artículo antes transcrito, se tiene que de acuerdo a los principios de economía y celeridad procesal, la perención persigue impedir la duración indeterminada de los procesos judiciales, por la inactividad de los demandantes que asumen una conducta negligente en no impulsar el proceso de manera diligente.
Así pues, la perención de la instancia es una sanción impuesta al demandante, por incumplimiento de las obligaciones procesales de carácter formal, desde el momento en que éste acciona jurisdiccionalmente, activando el aparato judicial. No obstante, su procedencia y declaratoria acarrea la terminación del proceso, más no así, el derecho de intentar nuevamente la acción.
En sintonía con lo anterior, la Sala considera pertinente citar sentencia N° RC-591 de fecha 29 de noviembre de 2010, caso de Seguros Mercantil, C.A. contra Jorge Díaz y otro, expediente N° 10-361, en la cual se dejo establecido lo siguiente:
“…El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
…Omissis…
Respecto al contenido de la norma jurídica precedentemente citada, la Sala ha establecido que no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio le es imputable al juez. Es decir, si se espera alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, no puede imputársele a las partes el transcurso del tiempo, por cuanto la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para destrabar la causa, no es atribuible a las partes. De allí que, lo establecido en la parte in fine del primer párrafo del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la inactividad del juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria y a cualquier otro pronunciamiento que sea menester que el juez dicte para la prosecución del juicio. (Vid. sentencia Nº 073, de fecha 15 de marzo de 2010, en el juicio incoado por Mirla Arrieta, contra Goma Espuma Nacional Compañía Anónima)...”. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, se tiene que no puede imputársele a las partes en el proceso el transcurso del tiempo, si existe la espera de alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, ya que la resistencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para continuar la causa, no es atribuible a las partes, pues esa inactividad en el juicio sólo le es imputable al juez.
Al respecto, resulta pertinente citar al tratadista Ricardo Henríquez La Roche, que en su obra Instituciones de Derecho Procesal, Ediciones Liber, Caracas 2.005, Pag. 194, indica sobre la paralización del juicio por causa de inactividad, lo siguiente:
“…Paralización por inactividad. La quietud del proceso como dice GUASP, se debe a la inactividad de las partes o del Juez. Si un acto procesal no se realiza en la oportunidad legal por causa de dicha inactividad, las partes dejan de estar a derecho y es necesario notificarlas para la prosecución del juicio.
La paralización del proceso por más de un año, fuera del estado de sentencia, acarrea la perención de la instancia, en virtud de la cual opera de derecho (ipso iure) la caducidad y extinción del juicio. Si la paralización ocurre luego de vistos porque el juez no dicta sentencia en el lapso legal, no se produce la perención de la instancia, de acuerdo a lo señalado por la ley (Art. 267)…”. (Mayúsculas y cursivas del texto, subrayado de la Sala). (Exp. N° AA20-C-2012-000455).

Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, lo que constituye un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el proceso al no impulsar el mismo hasta la fase de sentencia, en la cual la inactividad del órgano jurisdiccional en dictar la decisión no puede imputársele a las partes, y en tal virtud en dicha etapa ya no es posible declarar la perención.

En el caso de autos, tal como antes se señaló desde la admisión de la demanda en fecha 28 de octubre de 2013, oportunidad en la que se ordenó el emplazamiento de las partes, se evidencia que la parte actora nunca impulsó el proceso, por lo que se produjo una evidente inactividad de las partes que excedió con creces el lapso de un año establecido en el encabezado del Artículo 267 procesal, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia. Así se decide.

III
DISPOSITIVA
En orden a las anteriores consideraciones este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA por haber transcurrido más de un año sin que hubiese habido actuación alguna de la parte demandante para impulsar el proceso luego de que en fecha 28 de octubre de 2013, este Tribunal admitiera la demanda y ordenase el emplazamiento de las partes.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 283 procesal.
Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.
Publíquese, regístrese, notifíquese a la parte demandante y déjese copia digitalizada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 procesal.
Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria Temporal del Juzgado Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025). Años 214° de la Independencia y 166° de la Federación.

Dra. FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ
Juez Provisorio.

Abg. BLANCA YANELYS CONTRERAS ROSALES
Secretaria Temporal.