REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo De la Circunscripción Judicial del estado Táchira San Cristóbal, 21 de octubre de 2024 214º y 165º ASUNTO: SP22-G-2016-000106 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA N° 033/2024 I RELACION DE LA CAUSA En fecha 19 de septiembre de 2016, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Recurso Contencioso Administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Jesús Antonio Prato Ramos, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 23.825.573, asistido por el Abogado José Florencio Campos Alvarado, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 3.286.659, inscrito en el IPSA bajo los N° 31.338, en contra del acto administrativo signado GN-2303, de fecha 13 de abril de 2016, suscrito por Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, en el cual se ordenó separar al ciudadano precitado del componente militar. (Fs. 01-14). En fecha 20 de septiembre de 2016, se dictó auto mediante el cual, se ordena dar entrada al presente recurso y registrarle en libros respectivos, bajo el N° SP22-G-2016-000106. (Fs. 15). En fecha 23 de septiembre de 2016, se dictó Sentencia Interlocutoria N° 196/2016, mediante la cual se admite el presente recurso Contencioso Administrativo Funcionarial y se ordena la citación del Procurador General de la Republica, así como notificación al Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandancia General del Componente Guardia Nacional Bolivariana. (Fs. 16). En fecha 26 de septiembre de 2016, se libraron oficios, dirigidos al Procurador General de la República, Comandancia General del Componente de la Guardia Nacional Bolivariana, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. (Fs. 17-20). En fecha 30 de septiembre de 2016, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Juzgado Superior, al Abogado José Florencio Campos Alvarado, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 3.286.659, inscrito en el IPSA bajo los N° 31.338, quien consigna diligencia mediante la cual solicita, copias certificadas de la Sentencia 196/2016, solicita correo especial de las notificaciones. (Fs. 21-22). En fecha 04 de octubre de 2016, se dictó Auto mediante el cual se otorga correo especial, lo cual fue solicitado mediante diligencia de fecha 30/09/2016. (Fs. 23). En fecha 04 de octubre 2016, se libró comisión amplia y suficiente, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de los Juzgados Distribuidores de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de practicar las notificaciones correspondientes. (Fs. 24-26). En fecha 17 de octubre de 2016, el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional, remitió la anterior comisión por medio de la empresa de encomiendas (MRW). (Fs. 27-28). En fecha 17 de octubre de 2016, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Juzgado Superior, del abogado José Florencio Campos, IPSA 31.338, diligencia mediante la cual retira comisión para la cual se le nombró como correo especial.. (Fs. 29-30). En fecha 03 de mayo de 2017, se recibió del Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo oficio No. 057/17, comisión relacionada con la presente causa constante de diecinueve (19) folios útiles.. (Fs. 31-50). En fecha 08 de mayo de 2017, se recibió del abogado José Florencio Campos, IPSA 31.338, diligencia mediante la cual solicita remisión de notificaciones de admisión de la presente cual igualmente solicita que se le asigne correo especial. (Fs. 51-52). En fecha 09 de mayo de 2017, en atención a la diligencia presentada en fecha 08/05/2017, se ordena librar oficio remitiendo comisión y se nombra correo especial.. (Fs. 53-55). En fecha 16 de mayo de 2017, se recibió del abogado José Campos, inscrito en el IPSA bajo los N° 31.338, diligencia mediante la cual solicita le sea entregada la comisión acordada. (Fs. 56-57). En fecha 12 de junio de 2017, se recibió del abogado José Campos, inscrito en el IPSA bajo los N° 31.338, diligencia mediante la cual consigna recibo de MRW. (Fs. 58-60). En fecha 18 de septiembre de 2017, se recibió comisión del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. (Fs. 61-73). En fecha 21 de noviembre de 2017, se dictó auto mediante el cual se fija Audiencia Preliminar al segundo (2°) día de despacho siguiente a la presente fecha (exclusive) a las dos post meridiem (02:00 p.m.). (Fs. 74). En fecha 01 de noviembre de 2017, tuvo lugar audiencia preliminar en la presente causa, con la comparecencia de la parte querellante e incomparecencia de la parte querellada. (Fs. 75-76). En fecha 04 de diciembre de 2017, Se recibió del abogado José Campos, inscrito en el IPSA bajo los N° 31.338, diligencia mediante a cual consigna escrito de promoción de pruebas. (Fs. 77-108). En fecha 22 de enero de 2018, Se dictó sentencia interlocutoria N° 021/2018 que admite pruebas promovidas. (Fs. 109). En fecha 24 de enero de 2018, se libraron oficios de notificación N° 094/2018, 095/2018, 096/2018 y 097/2018, dirigidos al Procurador General de la República, Comandancia General del Componente de la Guardia Nacional Bolivariana, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. (Fs. 110-113). En fecha 21 de febrero de 2018, se ordena comisionar amplia y suficientemente al Juzgado (Distribuidor) Del De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana de Caracas. (Fs. 114-118). En fecha 21 de noviembre de 2018, se recibió comisión del Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Oficio N° 355/2018, el cual remite anexos al presente Oficio. La cual se le sustancia en el expediente signado con el N° SP-22G-2016-000106. (Fs. 119-139). En fecha 22 de noviembre de 2018, se dictó auto mediante el cual se apertura el lapso de evacuación de pruebas. (Fs 140). En fecha 13 de diciembre de 2018, se dicto auto mediante el cual se acuerda librar oficio al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. (Fs. 141). En fecha 13 de diciembre de 2018, se libró oficio N° 968/2018 dirigido al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela con la finalidad de notificarle de la sentencia 021/2018. (Fs 142). En fecha 28 de mayo 2019, se ordena comisionar amplia y suficientemente al Unidad de Recepción y Distribución De Documentos (URDD), de Los Juzgados De Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a fin de notificar al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela sobre la Sentencia Interlocutoria N° 021/2018, de fecha 22 de enero 2018, dictada en la presente Querella Funcionarial. (Fs 143-145). En fecha 19 de septiembre de 2022, Se dictó auto mediante el cual este Tribunal insta a la parte a manifestar interés en la causa, en un lapso de cinco (05) días contados a partir de su notificación. (Fs 146). En fecha 19 de septiembre de 2022, Se libró Boleta de Notificación a la Parte Demandante para que manifieste interés en la presente causa. (Fs 147) En fecha 06 de octubre de 2022, comparece ante la sede de este Juzgado Superior, el Alguacil con el objeto de consignar las resultas de la boleta de notificación S/N, de fecha 19/09/2022, sobre auto, de fecha 19 de septiembre de 2022, siendo su resultado POSITIVA. (Fs 148). En fecha 13 de octubre de 2022, Se recibió del abogado José Campos, inscrito en el IPSA bajo los N° 31.338, presenta escrito la cual informa a este Juzgado Superior el interés de continuar con la presenta causa e impulso procesal de la misma. (Fs 149-150). En fecha 06 de diciembre de 2022, se dictó auto mediante el cual este Tribunal ORDENA oficiar al Procurador General de la República, al Comandante General del Componente de la Guardia Nacional Bolivariana, al Ministro del Poder Popular para la Defensa y al Ministro del Poder Popular para las relaciones interiores, Justicia y Paz, a los fines de notificarlos sobre la reanudación de la causa. (Fs 151). En fecha 06 de diciembre de 2022, se libro oficios N° 019/2022, 020/2022, 021/2022, se oficio muy respetuosamente a Juzgado Distribuidor de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, a fin de notificar sobre la reanulación de la causa. (Fs. 152-156). En fecha 24 de septiembre de 2024, se libra boleta de notificación dirigida al ciudadano querellante Jesús Antonio Prato Ramos, a fin de que manifieste su interés en continuar con la presente causa, para lo cual se le otorga un lapso de cinco (05) días de despacho a partir de que conste en autos la notificación ordenada. (Fs. 157). En fecha 07 de octubre de 2024, comparece ante la sede de este Juzgado Superior, el, Alguacil de este Órgano Jurisdiccional con el objeto de consignar las resultas de la boleta de notificación S/N, de fecha 24/09/2024, siendo su resultado POSITIVA. (Fs 158). En razón a esto, este Juzgador, hace constar que desde el 07 de octubre del 2024, exclusive, hasta el 15 de octubre de 2024, inclusive, transcurrieron cinco (05) días de Despacho, discriminados de la siguiente manera: Martes 08, Miércoles 09, Jueves 10, Lunes 14, Martes 15, de octubre de 2024, a los fines que el demandante informara si conserva interés en continuar el proceso. En virtud al cómputo anteriormente realizado, este Tribunal observa que en fecha 15 de octubre de 2024, feneció el lapso para que el accionante informara si conserva interés en continuar el correspondiente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, siendo ello así, quien suscribe siendo el rector del proceso y en aras de garantizar el debido proceso, se permite a realizar las siguientes consideraciones: II DEL INTERES PROCESAL EN EL IMPULSO DE LA CAUSA Este Juzgador, evidencia que en fecha 24 de septiembre de 2024 dictó boleta de notificación mediante la cual, se ordena, a la aparte querellante que manifieste interés en continuar con la presente causa, en un lapso de cinco (05) días de despacho siguientes a su notificación, y no consta en el expediente que el ciudadano Jesús Antonio Prato Ramos, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 23.825.573 y/o su apoderado judicial, realizara actuación procesal alguna para dar continuación con la causa, además evidencia que, la parte demandante presentó su última diligencia en fecha 13 de octubre de 2022, por lo que se constata que han transcurrido más de dos (02) años sin que la parte querellante realice diligencia o acto alguno que haga presumir a quien suscribe que mantiene interés en continuar con el presente proceso y se dicte la decisión correspondiente, existiendo entonces una paralización del proceso. Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, fechadas 24 de septiembre, 5 de agosto y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que: “(…) Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada. Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)”. Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 416, del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros, dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal, en los términos que se transcriben a continuación: “(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión (…).” El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: MT1 (Arv) Carlos José Moncada’). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero). La Sala Político Administrativa ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Con fundamento en el criterio jurisprudencial antes transcrito, se aprecia que la pérdida del interés procesal puede ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión; o ii) después que la causa entre en estado de sentencia. Además, al verificarse la falta de impulso procesal del accionante, es necesario que el Órgano Jurisdiccional que conoce de la causa requiera a la parte actora que manifieste su interés en la continuación del proceso. Por ello, se considera necesario traer a colación el contenido de la Sentencia N° 572 de fecha 27 de junio de 2023 emitida por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se establece: (…)“No obstante, de las actas procesales se aprecia que la demanda de autos fue interpuesta el 12 de enero de 1976, se sustanció en su totalidad, terminó la relación en el juicio y se dijo “VISTOS” el 24 de enero de 1977. También se observa que la última actuación procesal de la apoderada de la accionante fue en esa misma fecha el 24 de enero de 1977, oportunidad en la que consignó su escrito de informes. De lo expuesto se deriva que, desde la última de las fechas mencionadas hasta el presente, han transcurrido más de cuarenta y seis (46) años, sin que la accionante hubiese realizado actuación alguna que demostrase su interés en la solución de la causa, lo que no solo es esencial para la interposición de una acción, sino que debe permanecer a lo largo de todo proceso, por ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no hay interesado (vid., sentencias de la Sala Constitucional Nros. 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007). En este contexto, conviene hacer alusión al criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 416 del 28 de abril de 2009, en la que esa Sala estableció la diferencia entre la pérdida de interés y la perención. Respecto a la pérdida de interés sentó que esta puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en dos (2) oportunidades: 1) cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión; 2) o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique después de la admisión hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”. (Vid., decisión de esta Sala Nro. 00170 del 4 de marzo de 2015). Igualmente, sostuvo la Sala Constitucional que el juez no puede presumir la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en los que haya transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva; pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, lo cual ocurre en el caso de autos. (Vid., sentencias de la Sala Constitucional Nros. 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005, 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007, y fallo de la Sala Político-Administrativa Nro. 180 del 7 de marzo de 2012). Respecto a la forma como ha de practicarse dicha notificación, la prenombrada Sala Constitucional, en la mencionada decisión, Nro. 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005, ordenó que la notificación del actor debía efectuarse “(…) en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal (…)”. (Vid., sentencia de la Sala Constitucional Nro. 00683 del 2 de junio de 2015). A fin de cumplir con la exigencia relativa a la notificación de las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, esta Sala Político-Administrativa ha adoptado el criterio de procurar en primer lugar la notificación personal, y en caso de que resulte imposible de practicar, se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, a fijar el cartel correspondiente en la cartelera de la Secretaría de esta instancia y a publicarlo en la página web de este Alto Tribunal, con la advertencia de que vencido el término de diez (10) días de despacho se entendía consumada la notificación. No obstante, considera esta Sala que ese modo de proceder debe ser revisado, dado que en esta materia tiene prevalencia el interés público que reside en evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo cual redunda en beneficio de la seguridad jurídica. Se trata de un reexamen que tiene la finalidad de contribuir con la descongestión de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, en aras de la simplificación de los procesos judiciales, preservando, en todo momento, los derechos y garantías procesales de los interesados. Resulta esencial destacar que dicha revisión se efectúa en acatamiento y en perfecta consonancia con el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 956 de fecha 1° de junio de 2001, en la que al reconocer que una de las oportunidades en la que puede decaer la acción por falta de interés es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, también realizó una interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, y estableció que: “si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado añadido). Como puede verse, el criterio de la Sala Constitucional se basa en que para la notificación de las partes a fin de que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que se ponga en práctica uno cualquiera de los medios previstos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, para que se considere válidamente realizada la notificación, sin necesidad de que se intente previamente que sea efectuada en forma personal, ni que se ejecute dicha notificación a través de varios mecanismos en forma sucesiva y acumulativa. (….)Ese criterio de la Sala Constitucional debe ser complementado con lo que establece el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual prevé expresamente lo siguiente: “Notificación por cartel Artículo 93. Cuando fuese imposible efectuar la notificación por cualesquiera de los medios que dispone el artículo 91, ésta se practicará mediante la fijación de un cartel en la Secretaría de la Sala, que contendrá la identificación completa de las partes, el objeto de la pretensión, el término de comparecencia que sea aplicable y clara advertencia de las consecuencias procesales de su incumplimiento. En la misma oportunidad, se publicará el cartel en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia. Las partes se entenderán notificadas vencido el término de diez días de despacho siguientes a que conste en autos la fijación del cartel”. Por tal razón, siguiendo lo establecido por la Sala Constitucional en la decisión previamente citada, complementándolo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se establece como nuevo criterio, que tendrá aplicación para las causas hacia el futuro, a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, que a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, por notificación personal en la dirección o domicilio del accionante, o bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate, así como en el portal electrónico de este Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea necesario que se agote previamente la notificación personal o que se ejecuten varios mecanismos de manera simultánea y sucesiva, a los efectos de la consecución de dicha notificación. Así se declara. Cabe destacar que el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil regula un supuesto de notificación, porque las partes han actuado en el juicio y ya están a derecho, a diferencia de la citación, que ha sido definida por esta Sala Político-Administrativa, en su sentencia Nro. 638 del 17 de abril de 2001 como: “(…) un acto procesal complejo, mediante la cual se emplaza al demandado para que dé contestación a la demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y es además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por un lado la parte queda a derecho y por el otro cumple con la función comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido del mismo. La citación es entonces, manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso”. Respecto de la correcta interpretación que debe darse al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil se pronunció la Sala Constitucional en su sentencia Nro. 881 del 24 de abril de 2003, al expresar lo siguiente: “(…) Así tenemos que el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil contempla tres formas de notificación aplicables según la discrecionalidad de los jueces. Estas formas de notificación comprenden la publicación de un cartel en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, la remisión de la boleta de notificación por correo certificado con aviso de recibo y la entrega de la boleta por el Alguacil en el domicilio procesal del notificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 eiusdem en concordancia con el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, los jueces deben seleccionar de acuerdo a su prudente arbitrio uno de los mencionados mecanismos cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes”. (Véase, en ese mismo sentido, sentencia de la Sala Constitucional Nro. 2516 del 8 de septiembre de 2003). (….)Precisado lo anterior, corresponde ahora revisar el lapso para solicitar el referido impulso procesal en las causas que se hallan paralizadas no habiendo sido admitidas o encontrándose en estado de sentencia y al respecto observa que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido entre otras decisiones, en sentencia Nro. 297 del 10 de mayo de 2017, lo siguiente: “(…) Ahora bien, esta Sala observa que desde el 3 de marzo de 2016, oportunidad en que la abogada María Verónica Barboza, en su carácter de Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, actuando en nombre propio, solicitó pronunciamiento en la presente causa en cuanto a la sentencia definitiva, hasta el presente, ha transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal en la presente causa. En este contexto, esta Sala advierte que en sentencia N° 870 del 8 de mayo de 2007, reiterada en el fallo N° 1.088 del 13 de agosto de 2015, precisó las consecuencias procesales de la inactividad de las partes por pérdida del interés procesal -las cuales operan de pleno derecho, una vez verificado el supuesto fáctico que da lugar a la aplicación de cada una de ellas-, estableciendo que: ‘(…) [L]a pérdida del interés durante la tramitación de un proceso, puede ocurrir aun antes de ser admitida la causa, cuando interpuesta la demanda, solicitud o querella, el demandante no insta al órgano jurisdiccional para que dé el trámite respectivo, dejando transcurrir un tiempo suficiente, el cual en muchas oportunidades resulta prolongado e indefinido, actitud que denota negligencia, y hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés en obtener una solución al caso planteado y se administre la justicia que ha clamado al momento de interponer la demanda. Dentro de este contexto, la Sala considera conveniente traer a colación el dispositivo del artículo 253 del Texto Fundamental: ‘La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas’ y, como tal, la función jurisdiccional se activa a instancia de los ciudadanos, y el deber correlativo del Estado -a través de los órganos jurisdiccionales- es impartirla por autoridad de la Ley. En efecto, si una demanda, solicitud o querella no ha sido admitida dentro del lapso previsto en la Ley, y transcurre un lapso de un año o mayor a éste (…) para cualquier demanda -excepto en materia de amparo constitucional, el cual es de seis (6) meses- lo pertinente es que el juzgador, de oficio, declare la pérdida del interés procesal (…)’ (destacado del fallo). Así las cosas, en casos como el de autos, esta Sala ha señalado que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia que preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos jurisdiccionales. No es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque pudiese ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. Tal interés ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si el interés no existe (vid. sentencias de esta Sala Nos. 256 del 1° de junio de 2001, 686 del 2 de abril de 2002, 787 del 4 de mayo de 2004 y 1.662 del 17 de diciembre de 2015, entre otras). En este orden de ideas, respecto a los supuestos en los cuales se configura la pérdida del interés procesal, esta Sala mediante sentencia N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, ratificada en los fallos Nos. 922/2011 y 1.054/2011, precisó lo siguiente: ‘(…) [T]omando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)’. De manera que, la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos (2) casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, pues en el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ la inactividad produce la perención de la instancia. Así, el hecho de que la causa haya entrado en estado de sentencia, no obsta para que la parte actora solicite pronunciamiento y, con ello, haga constar el interés jurídico actual que debe mantenerse a lo largo del procedimiento (cfr. sentencia N° 1.703 del 18 de diciembre de 2015), por ello esta Sala ha establecido de manera pacífica que el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio pues, de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal, incluso, estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (vid. sentencias Nos. 2.673/2001, 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1.483/2013, entre otras). Con fundamento en lo expuesto, considerando que la causa se encuentra en etapa de sentencia y verificada la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (1) año, esto es, desde el 3 de marzo de 2016, hasta el presente, es por lo que se configuró la condición de aplicación de la sanción procesal antes descrita, lo que obliga a esta Sala de oficio a declarar la pérdida del interés procesal y la consecuente terminación del procedimiento, de acuerdo a la jurisprudencia expuesta, y así se decide (…)”. Igualmente, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en su decisión Nro. 1.086 del 7 de agosto de 2014, ratificada entre otros, en su fallo Nro. 0863 del 28 de octubre de 2022 indicó que “[e]n efecto, tal como estableció esta Sala en la sentencia Nº 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso DHL Fletes Aéreos, C.A., [en la cual señaló lo siguiente] el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio, pues de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal. Incluso estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (Vid. sentencias números 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras)”. (Agregado de esta Sala). De acuerdo con la jurisprudencia citada concluye esta Sala que el lapso para solicitar la manifestación de interés a la parte accionante es de (1) año o más de inactividad en el juicio, situación que el juez deberá ponderar atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. Así se establece” (…) De lo anteriormente transcrito se colige lo siguiente: Primero: Que el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos jurisdiccionales competentes, no es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque pudiese ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Segundo: Que el Tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva, pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, razón por la cual constituye una carga por parte del Tribunal, librar notificación de conformidad a lo medios establecidos en la Ley, una vez practicada la notificación, sin que la parte manifieste interés, se debe declarar la perdida de interés en la causa. En concordancia con lo anterior, se destaca que en la presente causa existe boleta librada en fecha 24 de septiembre de 2024, dirigida al ciudadano Jesús Antonio Prato Ramos, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 23.825.573 y/o su apoderado judicial, a fin que manifieste de forma expresa su interés en continuar con la causa, dentro de los lapsos que se otorgaron y que corrieron de forma integra, en razón que hasta la presente fecha no se ha realizado actuación alguna por parte del querellante, queda explanada la actitud diligente de este Órgano Jurisdiccional respecto a que el mencionado ciudadano diera cuenta de su interés en que se dictara la Decisión en el presente asunto. Cuarto: Que en criterio de la Sala Político-Administrativa, en acatamiento a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debe transcurrir un (1) año desde la última actuación de los sujetos procesales para que el juez de oficio o a instancia de parte, declare extinguida la acción con previa notificación del interesado, sobre las consecuencias de su inactividad en el termino que fije el tribunal. Ahora bien, analizado como ha sido el expediente donde esta incurso el presente asunto se aprecia que, en fecha 13 de octubre de 2022 el Abogado de la parte actora realizó la última actuación en el asunto, y que a pesar que existe la referida boleta S/N de fecha 24/09/2024, librada al ciudadano Jesús Antonio Prato Ramos, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 23.825.573 y/o su apoderado judicial, a fin que manifestara su interés en continuar con el procedimiento, sin recibir respuesta alguna, este Tribunal hace constar que ha transcurrido más de dos (02) años sin que la parte interesada impulsara la causa, por lo que habiendo transcurrido un lapso mayor al establecido en el criterio anteriormente citado, sin ninguna actuación de los sujetos procesales, este Juzgador declara la PERDIDA DEL INTERÉS de la parte demandante y EXTINCIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN, en la prosecución del presente juicio. Así se decide. III DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: ÚNICO: SE DECLARA LA PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano Jesús Antonio Prato Ramos, titular de la cédula de identidad N° V- 23.825.573, asistido por el Abogado José Florencio Campos Alvarado, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 3.268.659, inscrito en el IPSA bajo los N° 31.338, contra el acto administrativo signado GN-2303, de fecha 13 de abril de 2016, suscrito por Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, en el cual se ordenó separar al ciudadano precitado del componente militar. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador digital PDF de sentencias de este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los veintiuno (21) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024). Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación. El Juez, Dr. José Gregorio Morales Rincón. La Secretaria Suplente, Abg. Grecia Paola Suárez Vera. En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las doce del medio día (12:00 m.d). La Secretaria Suplente, Abg. Grecia Paola Suárez Vera. JGMR/GPSV/cdjr.