TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
212º y 164º
Caracas, 15 de febrero de 2024
Este Tribunal ordena de oficio practicar cómputo por Secretaría de los días de despacho transcurridos desde el veintiséis (26) enero de 2024, exclusive, hasta el día catorce (14) de febrero de 2024, inclusive, fecha en la cual venció el lapso para ejercer el recurso a que hubiera lugar contra la decisión dictada por este Juzgado. Cúmplase.
EL JUEZ SUPERIOR,
Dr. CARLOS E. ORTIZ F.
LA SECRETARIA,
CAROLYN BETHENCOURT.

Quien suscribe CAROLYN BETHENCOURT, Secretaria del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, HACE CONSTAR: Que desde el día veintiséis (26) de enero de 2024, exclusive, hasta el día catorce (14) de febrero de 2024, inclusive, han transcurrido diez (10) días de despacho, los cuales se especifican a continuación: lunes veintinueve (29), martes treinta (30) de enero de 2024, jueves primero (01), viernes dos (02), lunes cinco (05), martes seis (06), miércoles siete (07), jueves ocho (08), viernes nueve (09) y miércoles catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Caracas, quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
LA SECRETARIA,
CAROLYN BETHENCOURT.

Expediente Nº AP71-R-2023-000603
CEOF/CB/gv-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
213º y 164º
ASUNTO Nº AP71-R-2023-000603
PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil INVERSIONES GONZA 2002, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 03 de septiembre de 2002, bajo el No. 23, Tomo 141 A Pro, identificada con el Registro de información Fiscal No. J-30944680-0
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: LUIS FEDERICO SALAS, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 143.051.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano: FABIO ROBERTO PEREIRA DE MELO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-18.601.005.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No ha constituido representación judicial en autos.
TERCERA OPOSITORA: Ciudadana: MARJORIE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula N° V-9.956.846.
APODERADOS JUDICIALES DE LA TERCERA OPOSITORA: Ciudadanos: ISAGLEIDY QUINTERO PRADA y PEDRO LUIS RAVELO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 112.881 y 129.929, respectivamente.
DECISION RECURRIDA: Sentencia de fecha 26 de enero de 2024, proferida por este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
SENTENCIA: ADMISIÓN-CASACIÓN
-I-
CONSIDERACIONES
De las actas procesales que conforman el presente expediente, se constata que la sentencia recurrida fue dictada en fecha veintiséis (26) de enero de 2024, en la oportunidad legal correspondiente.

Posteriormente, en fecha 08 de febrero de 2024, el abogado LUIS FEDERICO SALAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 143.051, actuando en representación judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil INVERSIONES GONZA 2002 C.A., anunció recurso de casación contra la sentencia de fecha 26 de enero de 2024.

Ahora bien, el recurso de casación anunciado por el ciudadano LUIS FEDERICO SALAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 143.051, actuando en representación judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil INVERSIONES GONZA 2002 C.A, contra el fallo proferido el día 26 de enero de 2024, por este Juzgado Superior Segundo, debe considerarse interpuesto en forma tempestiva, por lo tanto, corresponde a este Tribunal en el día de hoy, pronunciarse sobre su admisión y pasa de seguidas a hacerlo en los términos siguientes:

SOBRE LA SENTENCIA

En relación con los requisitos que deben cumplir las decisiones judiciales para que en su contra se admita el recurso de casación y las sentencias que son susceptibles de ser recurridas en casación, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:

“El recurso de casación puede proponerse:
1º) Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles y mercantiles, cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía. 2º) Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares y contra las de última instancia que se dicten en los procedimientos especiales contenciosos sobre el estado y la capacidad de las personas. 3º) Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; a los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios. 4º) Contra las sentencias de los tribunales superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda de doscientos cincuenta mil bolívares...”

Ahora bien, el recurso de casación opera contra sentencias o autos que pongan fin a los juicios, siempre y cuando dichos fallos produzcan gravamen irreparable, caso en el que el mismo tendría casación inmediata.

En el específico caso que nos ocupa, se trata de una decisión sobre una oposición al decreto y ejecución de una medida cautelar, proferida por el Tribunal Vigésimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, recurrida en fecha 27 de octubre de 2023, correspondiéndole conocer a este Tribunal Superior, previa distribución de ley, emitiendo su pronunciamiento en fecha 26 de enero de 2024, contra la cual se propone el recurso extraordinario de casación, es una sentencia interlocutoria, en efecto, puede establecerse que las sentencias sobre medidas cautelares son decisiones interlocutorias que tienen claramente fuerza de sentencias definitivas en cuanto al fundamento o punto que resuelven, como lo evidencia la circunstancia que las incidencias deben ser tramitadas y en las mismas se plantean muchas veces controversias secundarias que no implican el acceso inmediato al recurso de casación; pero, las dictadas en las incidencias de oposición al embargo u otras medidas, son interlocutorias con fuerza de definitivas en cuanto al punto mismo del decreto y la oposición, bien sea que se nieguen, se acuerden, revoquen o suspendan la medida, por lo cual son recurribles de inmediato.

De conformidad con la Sala de Casación Civil de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en criterio reiterado en sentencia Nº 0632, de fecha 08 de agosto de 2006, con ponencia de la Magistrada Dra. Yris Armenia Peña Espinoza, dejó sentando:

“…el Juez de alzada ordenó al Juzgado de Primera Instancia, acordar el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la demandante. (…) recurso de casación anunciado es admisible, y consecuencialmente, debe declararse con lugar el recurso de hecho que se examina, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo…”

En este sentido, la Sala de Casación Civil de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en criterio reiterado en sentencia Nº 0352, de fecha 11 de mayo de 2007, con ponencia de la Magistrada Dra. Yris Armenia Peña Espinoza, dejó sentando:

“…el Juzgador de la segunda instancia revocó el auto del a quo que negó las cautelares solicitadas, y ordenó decretar las mismas, por considerar que según su criterio, sí quedaron demostrados los extremos de ley para dictarlas, decisión contra la cual la parte demandada, ejerció el recurso de casación objeto del presente análisis. Ese pronunciamiento del ad quem constituye, a criterio de la Sala, una interlocutoria que no pone fin a la incidencia de medidas cautelares, ya que al ser ordenado por el Juez superior el decreto de aquellas cautelas negadas por el a quo, por considerar que se cumplen los extremos exigidos por la ley para su procedencia, se está dictando una decisión que según el procedimiento ut supra señalado, debe producirse inicialmente, inaudita altera parte, pudiendo los intervinientes interesados, una vez remitido el cuaderno respectivo al tribunal de primera instancia; interponer su oposición, a los fines de la tramitación de la incidencia, en la cual se producirá decisión que puede ser impugnada a través del recurso de apelación. Ahora bien, ésta Sala, en varias oportunidades ha conocido del recurso de casación interpuesto contra este tipo de decisiones (…) esta Sala…, estima conveniente modificar el criterio imperante hasta la fecha, en cuanto a la admisibilidad del recurso contra este tipo de decisiones, que por su naturaleza constituyen interlocutorias que no ponen fin a la incidencia cautelar ni impiden su continuación, por el contrario, permiten que se siga sustanciando la incidencia cautelar, así pues se abandona expresamente la jurisprudencia que hasta ahora había prevalecido. En tal sentido, a partir de la publicación del presente fallo, no serán conocidos en casación los recursos interpuestos contra dichas decisiones, lo que implica que anunciado el recurso de casación debe ser declarado inadmisible…”

Por argumento a contrario, son recurribles en casación las sentencias interlocutorias que ponen fin a la incidencia cautelar o impiden su continuación, y en tal sentido, no hay duda que la sentencia recurrida en el caso de autos, y que declara con lugar la apelación propuesta en fecha 02 de noviembre de 2023, por los abogados ISAGLEIDY QUINTERO PRADA y PEDRO LUIS RAVELO, actuando en representación de la tercera opositora, contra sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, en consecuencia este Juzgado Superior revocó la providencia recurrida de fecha 27 de octubre de 2023, dictado por el Juzgado mencionado ut supra, declarando con lugar la oposición, y como consecuencia, revocando por improcedente la medida cautelar de secuestro solicitada por la parte actora, poniéndole fin a la incidencia cautelar.

Analizando la naturaleza del fallo recurrido, es claro que se trata de una sentencia dictada en el cuaderno de medidas, que le pone fin a la incidencia cautelar, por lo tanto, acogiendo el criterio reiterado de nuestra máxima instancia judicial, tendría casación de inmediato, porque podría causar un gravamen a las partes involucradas en el proceso, razón por la cual, por la naturaleza del fallo sería admisible el recurso extraordinario de casación, en contra del fallo dictado por esta Alzada en fecha 26 de enero de 2024; intentado por la representación judicial de la parte actora, cumpliéndose así con el primer requisito de admisibilidad.

SOBRE LA CUANTIA
Ahora bien, otro de los requisitos exigidos para la admisibilidad del recurso de casación lo constituye la cuantía de la demanda, siendo importante señalar que la establecida por el Decreto N° 1.029 de fecha 22 de enero de 1996 emanado del Ejecutivo Nacional, fue modificada por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que entró en vigencia en fecha 20 de mayo de 2004, reformada en abril de 2016, y ésta a su vez modificada por la vigente Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.684, de fecha 19 de enero de 2022.

A los fines de determinar la cuantía aplicable al presente caso para la procedencia del recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Casación Civil Nº 000025, dictada en fecha 22 de febrero de 2023, con ponencia de la magistrada CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS, expediente AA201-C-2022-000576, estableció:
“…En cuanto al requisito que guarda relación con la cuantía de la demanda a los fines de recurrir en casación, observa este Máximo Órgano de la Jurisdicción Civil de las actuaciones cursantes en autos, que el referido juzgado superior negó la admisión del recurso extraordinario de casación, al considerar que el fallo impugnado no es recurrible en casación, señalando:
“esta Superioridad a los fines de pronunciarse sobre el presente recurso, observa el contenido de la sentencia N° 75, dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de Julio de 2020, que estableció: "...por lo cual, para el año 2019, la cuantía exigida para acceder a sede casacional debe exceder de 15.000 UT, si la demanda es presentada a partir del día 25 de abril de 2019 inclusive, de lo contrario, si es presentada el día 24 de abril de 2019, o en fecha anterior, se mantendrán las regulaciones referentes a la estimación de la cuantía y competencia, conforme a la fecha de presentación de la demanda, en los términos antes citados en este fallo, según se establezca el día y año de su presentación, de conformidad con lo estatuido en el articulo 86 LOTSJ...", lo que significa que para el momento en que se interpuso la presente acción se exige como cuantía necesaria para interponer el Recurso de Casación, que el interés principal del juicio exceda de QUINCE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (15.000 UT), las cuales para el momento de la admisión de la presente demanda equivalen a la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000,00) ello en virtud, de que el valor de la unidad tributaria para ese momento era de (Bs. 20.000,00) de conformidad con la Gaceta Oficial Nº 42.100 de fecha 06 de abril de 2021, observando este Tribunal que la cuantía del presente asunto es de CIENTO SESENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 160.000.000,00), que son equivalentes a OCHO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (8.000. U.T), teniendo que, dicha cantidad no supera el monto exigido para acceder a sede casacional. En razón de ello este Tribunal NO OYE dicho recurso y se hace constar que los Diez (10) días concedidos para el ejercicio del referido recurso vencieron en fecha jueves (28) de Julio de 2.022 y se deja constancia que los días transcurridos son los siguientes: Miércoles 13, Jueves 14, Viernes 15, Lunes 18, Martes 19, Miércoles 20, Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27 y Jueves 28 de Julio de 2022. Líbrese lo conducente”.- (Resaltado del texto).
En este sentido el requisito de la cuantía contemplado en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad o no del recurso extraordinario de casación. A tal efecto, la Sala podrá entrar a examinar y verificar de oficio o a petición de parte, los preceptos que regulan la materia con el propósito de determinar la admisión de dicho recurso y en caso de haberse quebrantado lo dispuesto en el artículo antes mencionado, tendrá la facultad de pronunciarse sobre la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación propuesto.
Con respecto al momento que debe ser tomado en cuenta para verificar el cumplimiento del requisito de la cuantía necesaria para la admisibilidad del recurso extraordinario de casación, ha sido criterio reiterado, pacífico y constante de esta Sala, desde hace mas de dieciséis (16) años, el establecido en sentencia N° RH-735, de fecha 10 de noviembre de 2005, expediente N° 2005-626, caso: Jacques de San Cristóbal Sextón, contra El Benemérito, C.A., en el cual se estableció, lo siguiente:
“…Ahora bien, respecto al criterio de la Sala sobre el requisito de la cuantía y el monto que se requerirá para acceder a casación, en reciente sentencia de la Sala Constitucional Nº 1573 del 12 de julio del año que discurre, se estableció lo siguiente:
(…Omissis…)
La cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues, es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.
Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 establece lo siguiente: “(…) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) (…)”.
De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) el juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.
(…Omissis…)
En atención a las precedentes consideraciones, la Sala determina que el criterio establecido por la Sala Constitucional se aplicará a todos los casos en trámites, aun cuando haya pronunciamiento del ad quem respecto a la admisibilidad del recurso de casación; pues es esta Sala de Casación Civil, la que tiene la atribución última de pronunciarse respecto a dicha admisibilidad; excluyendo de aplicación solo a los casos ya resueltos por esta Sala. Así se establece…”. (Resaltado de la Sala).
Aplicando el criterio jurisprudencial antes transcrito, se señala que el momento que debe ser tomado para verificar el cumplimiento del requisito de la cuantía necesaria para acceder en casación, será aquel en que fue presentada la demanda.
Ahora bien, se observa que la abogada Luisa Mercedes Díaz, interpuso el 4 de marzo de 2022, demanda por “acción mero declarativa de certeza de propiedad de bienhechurías”. En cuanto a los conceptos mencionados en la demanda, y las sumas exigidas con fundamento en dichos conceptos, el solicitante expuso lo siguiente:
“CAPITULO III DE LA ESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN Y CUANTÍA
A los fines para que este TRIBUNAL sea competente para conocer por la CUANTÍA, y a todo evento si hiciere necesario la interposición o anuncio del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, determino la CUANTÍA para tales fines la cual es determinada conforme a la BIENHECHURIAS realizadas que tienen un costo de CIENTO SESENTA MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 160.000.000,00) dicha cantidad representa 8.000 Unidades Tributarias (U.T), a razón de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000) ajustada para la fecha de presentación del presente escrito libelar, conforme al SERVICIO INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), reajustó la Unidad Tributaria mediante Providencia Administrativa N° 06 de Abril de 2021 publicada en GACETA OFICIAL N° 42.100 de fecha 06 de Abril 2021, a razón de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000) por Unidad Tributaria (1 U.T.).
Asimismo, determino la presente cuantía conforme a la Resolución N° 13 de fecha 25 de Abril de 2019 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en definitiva quedando satisfecha la cuantía para el conocimiento del TRIBUNAL DE INSTANCIA y una eventual acceso a Sede Casacional en 8.000 Unidades Tributarias”. (Resaltado del texto).
Al respecto, esta Sala, de las citas hechas anteriormente del escrito presentado por la mencionada abogada, concluye que el monto que la solicitante estimó como valor de su demanda es de ciento sesenta millones de bolívares (BS. 160.000.000,00), incoada en fecha 4 de marzo de 2022.
En este orden de ideas, entre los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de casación, es de impretermitible cumplimiento el de la cuantía, de conformidad con lo estatuido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, y la Sala observa, que para la fecha en la cual se interpuso la demanda, vale decir el día 4 de marzo de 2022, la cuantía exigida para acceder a casación conforme a lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de enero de 2022, debe superar o ser mayor al monto equivalente a TRES MIL VECES (3000) EL TIPO DE CAMBIO OFICIAL DE LA MONEDA DE MAYOR VALOR, establecido por el Banco Central de Venezuela, vigente para la fecha de interposición de la demanda.-
Dentro de esta perspectiva, como ya se indicó, la cuantía para acceder a sede casacional para la fecha en que fue interpuesta la demanda, vale decir, 4 de marzo de 2022, debía exceder de la suma de diecisiete mil ciento treinta bolívares (Bs. 17.130), siendo este el resultado de multiplicar tres mil por el valor de la libra esterlina (Bs. 5.71), para dicha oportunidad, la cual era la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela; por lo que se evidencia a todas luces que la estimación de la demanda, por ciento sesenta millones de bolívares (Bs.160.000.000.00), si cumple con el precitado requisito de la cuantía, para acceder a esta sede casacional. Así se declara…”

Ahora bien, tal como se desprende del contenido del fallo antes parcialmente transcrito, para el 26 de septiembre de 2023, fecha en la cual se interpuso la demanda, tal como se desprende en el folio 05 de la presente pieza, la cuantía para acceder a casación para ese entonces debía superar o ser mayor al monto equivalente a TRES MIL VECES (3000) el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, vigente para la fecha de interposición de la demanda, en consecuencia, para la mencionada fecha, la cuantía debía exceder de la suma de ciento ocho mil treinta Bolívares (Bs. 108.030,00), siendo este el resultado de multiplicar tres mil (3000) por el valor del Euro (36.01), la cual era la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela.
A los efectos de examinar la cuantía del caso que nos ocupa, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, se aprecia que el libelo de la demanda en la causa principal, fue presentado en fecha 26 de septiembre de 2023, estimándose la misma en la cantidad de Un mil ochocientos bolívares (Bs. 1.800,00).
Ahora bien, como ya se indicó, en este caso la estimación de la demanda fue fijada por la parte actora, en la cantidad de Un mil ochocientos (Bs. 1.800,00), monto que equivale en unidades tributarias a doscientas unidades tributarias (200 U.T.), lo que conlleva a establecer que no se cumple con el precitado requisito de la cuantía, por no exceder está, la suma de ciento ocho mil treinta Bolívares (Bs. 108.030,00), siendo esté el resultado de multiplicar tres mil por el valor del Euro (36.01), la cual era la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela; y siendo que tales requisitos (sentencia y cuantía) son concurrentes, este Tribunal deberá declarar inadmisible el anuncio del recurso de casación por no cumplir con el requisito de la cuantía para acceder a casación, y así lo dictaminará este sentenciador en la dispositiva del presente fallo.- Así se establece.
-III-
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el anuncio del Recurso de Casación interpuesto en fecha 08 de febrero de 2024, por el apoderado judicial de la parte actora, ciudadano: LUIS FEDERICO SALAS, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 143.051, en contra del fallo proferido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 26 de enero de 2024, en el juicio que por DESALOJO (INCIDENCIA CAUTELAR), seguido por la Sociedad Mercantil INVERSIONES GONZA 2002, C.A., contra el ciudadano FABIO ROBERTO PEREIRA DE MELO, todas las partes plenamente identificadas en el cuerpo del presente fallo. Así se decide.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).- Años 213º y 164º.
EL JUEZ SUPERIOR,

CARLOS E. ORTIZ F.
LA SECRETARIA,

CAROLYN BETHENCOURT

En esta misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

CAROLYN BETHENCOURT
Asunto N° AP71-R-2023-000603