REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 28 de febrero de 2024
213° y 165°

ASUNTO: AP41-U-2012-000595
Sentencia Interlocutoria N° 99/2024
En fecha 27 de noviembre de 2012, la ciudadana ANTONIETA D’ ALESSIO MATTIA DE MILANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.021.377, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil LLANOCEL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Apure; debidamente asistida por el abogado CELSO RAMÓN ARMADA, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 133.561; Interpuso Recurso Contencioso Tributario, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanciones N° SNAT/ INTI/ GRTI/ RLL/ DF/ 584/ 2010-538 de fecha 19 de agosto de 2010, notificada en fecha 04 de noviembre de 2010, emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos.
En fecha 30 de noviembre de 2012, este Tribunal le dio entrada al Recurso Contencioso Tributario, ordenándose las notificaciones de Ley.
En fecha 04 de abril de 2014, se comisionó al ciudadano Juez del Juzgado del Municipio San Fernando de Apure de la Circunscripción Judicial del Estado Apure a los fines de que se practique la notificación de la contribuyente.
En fecha 29 de enero de 2015, la ciudadana IRIS JOSEFINA GIL GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 6.515.608, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°47.673, en su carácter de apoderado judicial de la República, solicitó requerirle al Juzgado del Municipio San Fernando de Apure de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, la remisión de la comisión de fecha 04 de abril de 2014.
En fecha 11 de enero de 2016, este Tribunal ordenó librar nuevamente comisión.
En fecha 28 de septiembre de 2016, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, mediante Sentencia Interlocutoria N° 035/2016, se admitió el Recurso Contencioso Tributario; procediéndose en consecuencia a la tramitación y sustanciación correspondiente.

En fecha 05 de diciembre de 2016, se dicto auto mediante el cual, se fijo lapso de informes.

En fecha 16 de enero de 2017, la ciudadana IRIS JOSEFINA GIL GÓMEZ, Inpreabogado N° N°47.673, antes identificada, mediante diligencia suscrita consigno Escrito de Informes.

En fecha 18 de enero de 2017, este Tribunal dijo Vistos en el presente asunto.

En fecha 19 de julio de 2017, el ciudadano WILLIAM MARTIN FERRER, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 6.913.300, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 100.460, actuando en su carácter de representante de la República, mediante diligencia suscrita solicitó dictar sentencia.

En fecha 26 de abril de 2018, el ciudadano HANS SAMUEL HERNANDEZ NAVARRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 17.286.620, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 212.322, en su carácter de apoderado judicial de la República, mediante diligencia suscrita solicitó dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 25 de septiembre de 2018, el ciudadano WILLIAM MARTIN FERRER, Inpreabogado 100.460, antes identificado, mediante diligencia suscrita solicitó dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 09 de febrero de 2023, la ciudadana ORLANDI ROSSANA PRIETO CAÑIZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 18.824.683, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 182.875, en su carácter de apoderada judicial de la República, mediante diligencia suscrita solicitó dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 28 de febrero de 2024, se deja constancia que la ciudadana Abogada Marilenne Sofía Do Paco Serrano, convocada para ejercer funciones como Jueza de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se aboca al conocimiento de la presente causa y con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa.

I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Realizada una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa que desde el 27 de noviembre de 2012, hasta la presente fecha, ha transcurrido once (11) años y (03) meses sin que la recurrente haya realizado acto procesal alguno en el presente procedimiento, lo cual denota claramente la falta de impulso del mismo, evidenciándose una absoluta inactividad procesal de la presente causa. Por consiguiente, es menester para este Juzgador, requerir a la recurrente que manifieste su interés en la continuación del procedimiento en curso.

Conviene hacer alusión al criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N°1153 de fecha 08 de junio de 2006, en la cual esta Sala estableció que:
“el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado”…
Igualmente acota la referida sentencia que:
“Ante esa situación, se hace imprescindible requerir a la parte recurrente que manifieste su interés en la continuación del proceso” .Por consiguiente, “el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal–omissis-pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes” (Resaltado negrillas del Tribunal).
Dentro del contexto de la jurisprudencia antes mencionada, se infiere claramente del extracto tomado como referencia, que el recurrente debe manifestar su interés de continuar durante el proceso de la demanda, accionando en cada etapa que corresponda, ya que el juzgador no puede suponer que la causa a perimido o el recurrente a perdido el interés procesal. (Véase también sentencias: Sala Constitucional Nº 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005; 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007 y fallo de la Sala Político-Administrativa Nº 180 del 7 de marzo de 2012).

En este orden de ideas, resulta necesario llamar a colación la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 00416 del 28 de abril de 2009 en la que se estableció la diferencia entre pérdida de interés procesal y la perención, así como la oportunidad en que deben dictarse en su respecto. En tal sentido, señala en su texto que la pérdida de interés puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en dos momentos: 1) cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión; 2) o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique después de la admisión hasta oportunidad en que se dice “vistos” (Vid., decisión de esta Sala Nº 00170 del 4 de marzo de 2015).

Dentro de este contexto, es imperativo destacar la reciente sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nº 572, en fecha 27 de junio de 2023, la cual modificó la interpretación que se ha venido realizando respecto a la notificación que debe efectuarse para que las partes manifiesten interés en obtener respuesta por parte del sentenciador sobre la causa. Del dispositivo normativo citado, se desprende que mediante el prudente arbitrio del Juez, aplicando cualquier mecanismo de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil concatenado con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, éste puede declarar de oficio la falta de interés en la causa, debido a que no existe razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si una vez transcurrido un (1) año o más, el impulso procesal no es manifiestamente demostrado por la parte accionante.

En consecuencia, de acuerdo a lo contenido en el citado fallo, alusivo a la base jurídica señalada, se extrae textualmente que la notificación podrá realizarse: “por notificación personal en la dirección o domicilio del accionante, o bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate, así como en el portal electrónico de este Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea necesario previamente la notificación personal o que se ejecuten varios mecanismos de manera simultánea y sucesiva (Resaltado en Negrillas del Tribunal) a los efectos de la consecución de dicha notificación. Así mismo, se deja constancia que el lapso para solicitar el referido impulso procesal será de (1) año o más de inactividad de la parte accionante en el juicio, tiempo que el Juez deberá ponderar atendiendo a las particularidades de cada caso”

En atención a lo anteriormente transcrito y refiriéndonos ya concretamente al caso en autos, se aprecia que luego de la detallada revisión de las actas procesales que conforman el expediente llevado por este Tribunal, se evidencia que la última actuación por parte del accionante fue el día 27 de noviembre de 2012, constatándose que hasta la presente fecha ha transcurrido once (11) años y (03) meses sin que la recurrente se haya pronunciado al respecto de la causa, lo cual corrobora para esta sentenciadora los extremos legales señalados en las jurisprudencias citadas previamente, lo cual hace suponer la pérdida de interés procesal, por lo que se considera necesario requerir a la sociedad mercantil LLANOCEL, C.A., que manifieste su interés en la continuación del presente procedimiento, ordenando su notificación conforme a lo establecido al artículo 233 de Código de Procedimiento Civil y el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, mediante cartel fijado en las puertas del tribunal, ubicada en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, otorgándole un plazo de diez (10) días de despacho, los cuales una vez vencidos, se entenderá que el accionante está a derecho. Por consiguiente, una vez transcurrido dicho lapso, este Tribunal procederá a declarar la extinción del proceso por pérdida de interés en la causa. Así se declara.


II
DECISIÓN


Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Boliviana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA la notificación de la sociedad mercantil LLANOCEL, C.A previamente identificada, o de sus propietarios y/o apoderados judiciales, por la causa signada con el número AP41-U-2012-000595; mediante cartel publicado en las puertas del tribunal para que dentro de un plazo de diez (10) días de despacho, contados a partir de la constancia en autos de la presente notificación y emisión de cartel, manifiesten su interés en la continuación del presente procedimiento. LIBRESE CARTEL.

Transcurrido el indicado lapso sin que la parte manifieste su interés de que se prosiga o se decida la presente causa, este Juzgado procederá a dictar el pronunciamiento correspondiente.
Publíquese, regístrese y notifíquese conforme a lo ordenando.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). Año 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Juez.

Marilenne Sofía Do Paco Serrano
La Secretaria.

Yaritza Gil Bermúdez
ASUNTO: AP41-U-2012-000595
MSDPS/YGB/acrc