REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA CORTE DE APELACIONES EN SEDE CONSTITUCIONAL Jueza Ponente: Odomaira Rosales Paredes. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES - ACCIONANTE: Ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en la condición de apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, incurso en la causa penal signada bajo el N° SP21-P-2012-008352, presunto agraviado en la presente acción de amparo constitucional. - ACCIONADO: Jueza Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira. DE LA PRETENSIÓN DEL AMPARO En fecha veintidós (22) de abril del año 2024, fue recibido por esta Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercido con fundamento en los artículos 2, 26, 27, 44, 49, 255 segundo aparte, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por la ciudadana Dora Listeh Molina Valencia, actuando presuntamente en calidad de apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, incurso en la causa penal signada bajo el N° SP21-P-2012-008352, presunto agraviado del caso en estudio, mediante el cual, esgrime con perceptible claridad que el órgano administrador de justicia correspondiente al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira y sobre el cual recae la consideración de agraviante; ha incidido en el retardo u omisión -de manera injustificada- del pronunciamiento jurisdiccional pertinente en favor de su familiar, inobservando a su entender, las normas procesales en el denegar la debida y prominente justicia. En este contexto, la accionante en amparo textualmente delata las premisas que a continuación se demuestran: -Que…” Esta acción es ejercida contra el Retardo u Omisión Injustificada, Inobservancia Sustancial de Normas Procesales y Denegación de Justicia por parte del Tribunal Penal de Ejecución N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira (…) es el caso que el Ciudadano ELI ANTONIO BASTOS MONTILLA, antes identificado, se encuentra privado de libertad desde el 08/08/2012, condenado a 15 años de prisión; es de indiciar que tal y como lo han manifestado en el centro de reclusión, el penado ha mantenido una conducta intachable y se ha permanecido trabajando y firmando sus libros respectivos a los fines de optar al derecho que por la Ley le corresponde a hacer redenciones de pena y/o estudio”. -Que…” Es así, que los autos de redención y actualizaciones de computo realizado por el tribunal de ejecución N° 4 a cargo de la Juez Rosa Yuliana Cegarra Hernández, ya han sido computados 4 años de redenciones (desde el año 2012 hasta 2022), tal aseveración se evidencia en el expediente de la causa, específicamente en COMPUTO DE PENA de fecha 12 de Septiembre de 2022, en el cual indica que el penado cumplió las ¾ partes de la pena en fecha 08/11/2023 y el cumplimiento total de la pena impuesta sería en fecha 15/06/2023 esto precisamente por cuanto atendiendo al derecho que le asiste al penado ya se han computado redenciones, con las que estamos en presencia de una PENA CUMPLIDA”. -Que…” (…) se ha venido insistiendo en el pronunciamiento del tribunal con respecto a la LIBERTAD del penado (…) pero hasta la presente fecha no ha sido posible un pronunciamiento efectivo. Se ha indicado que se está gestionando un beneficio, pero no se entiende a que se debe que se este (sic) vulnerando el Derecho que le asiste al penado y que conforme a lo establecido en nuestras Leyes vigentes y en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya mas (sic) bien el penado esta (sic) sobrepasado del cumplimiento de la pena que le fue impuesta”. -Que…” A los efectos de demostrar lo aquí planteado se detalla lo siguiente: 1. El penado fue detenido en fecha 08/08/2012. 2. Para el año 2022, tenía 4 años, 1 2023. 3. Ha cumplido 11 años, 7 meses, 20 días físicos más las redenciones computadas es igual a: 15 años y 9 meses aproximadamente. 4. Están pendientes por computar nuevas redenciones que ya le fueron realizadas, pero se espera el computo mes y 23 días de redenciones ya computadas con las que cumplió pena el 15/06/ de pena con las que el penado tiene más de 1 año sobrepasada la pena”. -Que…” Ante lo aquí planteado, es necesario recalcar que las estrategias penitenciarias y por ende las redenciones de pena basadas en el trabajo o en el estudio como medidas de rehabilitación y de reinserción social de las personas privadas de libertad, deben ser tomadas en consideración, sin discriminación alguna ni basada en el delito por el cual se dictó sentencia, así como tampoco en opiniones ni creencias de otra índole”. Sobre la base de las argumentaciones enunciadas, la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia actuando presuntamente en apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, y agraviado en el presente caso, peticiona a esta Instancia Superior, la restitución de la situación jurídica infringida y que como consecuencia de tal situación, el Tribunal competente se pronuncie sobre las peticiones formuladas a favor del justiciable. DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Corresponde a esta Corte de Apelaciones, como génesis de la presente acción de amparo constitucional, pronunciarse respecto a su competencia para conocerla y decidirla, para lo cual concibe pertinente citar el criterio reiterado hasta la actualidad, proferido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia esbozada en fecha 20 de enero del año 2000 -caso: Emery Mata Millán-, en el cual se estableció como competencia de las Cortes de Apelaciones, el conocimiento de acciones de amparo constitucional, cuando éstas se encuentren dirigidas contra decisiones, actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia en materia penal, en todas sus competencias funcionales -Control, Juicio o Ejecución-. De lo enunciado ut supra, se observa que la Acción de Amparo constitucional sub examine es ejecutada con ocasión al aparente retardo u omisión injustificada, inobservancia sustancial de las normas procesales y denegación de justicia, atribuidas al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, respecto de una pena cumplida, y sobre la cual, no ha sido posible un pronunciamiento efectivo de dicho órgano jurisdiccional, toda vez que, al considerar de la accionada, el penado de autos al tener redimido cuatro (04) años, un (01) mes y veintitrés (23) días más el tiempo cumplido en el recinto carcelario el cual atiende a once (11) años, siete (07) meses, veinte (20) días-, tendría cumplido un total de quince (15) años y nueve (09) meses aproximadamente, razones por las cuales, estima que su familiar ha sobrepasado el cumplimiento de la pena por un tiempo mayor a un (01) año. En función de lo afirmado, este Tribunal Colegiado actuando en sede constitucional, como Tribunal Superior de la accionada, y en estricto apego al criterio jurisprudencial emitido por el Máximo Tribunal de la República –sentencia de fecha 20 de enero del año 2000 casos Emery Mata Millán- se declara competente para conocer la presente acción de amparo constitucional. Y así decide.- DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES Una vez establecida la competencia de esta Corte de Apelaciones para conocer y decidir sobre la acción de Amparo constitucional intentada, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos taxativamente en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es de obligatorio cumplimiento para poder ejercer tal acción y en consecuencia, declarar la admisibilidad de la misma. A tal efecto, esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, procede a revisar la acción de Amparo constitucional propuesta, a los fines de la verificación de los mismos, a saber: El artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece los requisitos elementales que deben ser valorados a los fines de resolver sobre la admisibilidad de la acción propuesta, al disponer: Artículo 18. En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; De este modo, se advierte que el escrito contentivo de acción de Amparo constitucional fue incoado por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia quien dice actuar como apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –penado de autos- y supuesto agraviado en el presente caso, libelo a través del cual, delata las presuntas falencias y vulneraciones cometidas por instancia del Tribunal Cuarto en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Táchira en perjuicio de su familiar; pero que en la finalización de sus premisas, omite a todas luces la suscripción del contenido dispuesto en el mismo con su debida firma. Más sólo así, se aprecia que al final del escrito corre inserto una coletilla en la que se evidencia “DORA LISETH MOLINA VALENCIA V-22.644.428 e-mail: doramolina1022@gmail.com”, y al pie de la misma, se observa un espacio en blanco; siendo evidente a todas luces la carencia en el señalamiento expreso del verdadero signatario que, aún cuando haya intentado los fundamentos estimados para tal acción, ha debido corresponder los mismos con la voluntad en nombre y firma de ratificación del contenido dispuesto. Adicional a ello, se observa de las actuaciones que rielan insertas en el cuaderno de amparo constitucional signado bajo el número SP21-O-2024-000014, que aún y cuando la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia haya anexado copia de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, publicada en Gaceta Oficial N° 6.651 en fecha veintidós (22) de septiembre del año 2021, la misma cimentó su fundamentación en el RETARDO U OMISIÓN INJUSTIFICADA, INOBSERVANCIA SUSTANCIAL DE LAS NORMAS PROCESALES Y DENEGACIÓN DE JUSTICIA, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 26, 27, 44, 49, 255 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, evidentemente la ciudadana indicada requería de legitimidad –poder especial- para considerar apropiado participar en el proceso mediante esta vía extraordinaria por naturaleza, en representación del ciudadano agraviado. Sobre tal particularidad, quienes aquí deciden, advierten pertinente ilustrar sobre la palabra LEGITIMIDAD. A este tenor, ésta se tiene que la misma deriva en principio del latín legitimus y se compone con el sufijo dad, que significa cualidad, que no es otra cosa que gozar de la condición de legítimo de conformidad con las leyes. En este entender, se considerará legítimo cuando éste sea válido o ajustado a la verdad. De igual modo, dicha capacidad es individualizada y concreta para el proceso en particular del cual se pretende ser parte y de esta forma, adquirir el derecho ante la jurisdicción y consigo la facultad de accionar ante los Tribunales, obteniendo la titularidad de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y con ello adquirir la aptitud para ser parte en el proceso. En sintonía con lo indicado, y siendo que para el caso de marras nos encontramos en presencia de una acción de Amparo Constitucional, considera esta Alzada oportuno citar extracto de la sentencia número 2177 de fecha once (11) de septiembre del año 2002, emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, la cual señala lo siguiente: “(Omissis) “..la legitimación activa en una acción de amparo la tienen, en principio, quienes hayan sido directamente afectados en sus derechos constitucionales, y no los que tengan un simple interés en que la misma sea procedente, salvo, cuando se trate de un hábeas corpus, en donde la legitimación activa deja de ser determinada por la afectación directa para ser extendida a cualquier persona, que actúe en nombre del afectado, o cuando se trate de personas colectivas e intereses difusos conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales..”(Negrilla de esta Corte de Apelaciones). (Omissis)”. Así las cosas, quien goza de legitimidad, es entonces considerado sujeto procesal, el cual atiende a aquellos que intervienen directamente en el proceso e integran la relación jurídico-procesal, sin los cuales no podría existir proceso alguno, y de los que hace referencia el Código Orgánico Procesal Penal, en su Título IV, entre los cuales menciona: el Tribunal como órgano del estado facultado y delegado para dirimir la controversia mediante la aplicación de la ley, ante aquellos conflictos que el despacho fiscal somete a su conocimiento; el Ministerio Público, como titular de la acción penal y parte en el juicio, quien guía la investigación que se sigue para el esclarecimiento de los hechos; órganos de policía de investigación penal, a quienes la ley acuerde tal carácter con la labor expresa de practicar diligencias que conduzcan a esclarecer los hechos y a la identificación de sus autores; víctima, persona quien ha sufrido directamente un agravio o perjuicio; imputado, señalado como presunto autor o participe en la comisión o perpetración de un hecho punible. De manera que, esta cualidad se adquiere cuando es obedecido lo que dictamina una norma, contando de esta forma con los atributos de validez, justicia y eficacia, lo que implica que al estar dotado de legitimidad, se goza de capacidad, obteniendo así un reconocimiento por parte de otros. No obstante de lo que precede, es imperioso para esta Corte de Apelaciones indicar, que el escrito de acción de Amparo constitucional intentado en el presente caso, no se encuentra debidamente firmado por quien dice actuar en interés de un tercero, por lo que al no poderse verificar la firma de quien presenta el mencionado escrito, esta Alzada no puede presumir primeramente que la ciudadana tantas veces mencionada, es quien efectivamente haya accionado por dicho medio constitucional. Así como tampoco, se evidencia que la misma actúe mediante mandato- poder pues no consta copia certificada o siquiera simple del instrumento poder, que ha debido ser otorgado por el ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –penado de autos-, a la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, para que entonces ésta actuase en su nombre y representación. Con base a lo anterior, la parte in fine del artículo 406 del Código Orgánico Procesal Penal, ha dejado sentado en el ámbito de su aplicación –materia penal-, la siguiente referencia: Artículo 406. “…El poder se constituirá con las formalidades de los poderes para asuntos civiles, no pudiendo abarcar más de tres abogados o abogadas.”. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil regula en las normas contenidas en los artículos 151 y 152 lo concerniente a las partes y los apoderados, estableciendo a su vez, de manera específica, que el poder conferido para la realización de los actos judiciales debe hacerse en forma pública y auténtica, al disponer: Artículo 151. “El poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o auténtica…”. Artículo 152. “El poder puede otorgarse también apud acta, para el juicio contenido en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad.”. Sobre la base de los argumentos esbozados, y habiéndose internalizado la importancia y el requerimiento de los poderes en el ámbito de los procedimientos penales, esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, en aras de verificar fehacientemente que dentro del cúmulo de actuaciones que rielan en el cuaderno de amparo interpuesto, conste instrumente auténtico que faculte a la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia para intervenir en el proceso en representación de su familiar ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla, trae al contexto del siguiente pronunciamiento, una relación sucinta de las actuaciones que reposan en el mismo, a saber: -. Escrito contentivo de acción de amparo constitucional presuntamente ejercido por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar como apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –penado de autos- presunto agraviado de la presente acción de amparo constitucional. .- Escrito suscrito por el ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla de fecha quince (15) de marzo del año 2024, con atención al Juez presidente y demás miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en el que expone su caso en particular y eleva la denuncia en cuanto al mal proceder, que a su juicio, ha cometido el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, causante de vulneración y agravio de los derechos constitucionales que le cobijan. .- Copia simple de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal publicada en Gaceta Oficial N° 6.651 de fecha veintidós (22) de septiembre del año 2021. .-Copia simple de la boleta de notificación expedida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, de fecha treinta (30) de marzo del año 2023, con atención al ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, en la cual se le informa sobre la redención de la pena acordada siendo la misma de seis (06) meses y tres (03) días. En ese mismo orden, el Tribunal de Primera Instancia indica varias particularidades, a saber: Condena a cumplir, fecha de detención, físico cumplido, redenciones, tiempo en el que puede solicitar libertad condicional y sus requisitos, cumplimiento total de la pena impuesta. .-Copia simple del oficio N° 4E-2243-2022 emitido por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, con atención al Director del Internado Judicial de Barinas (INJUBA), en el que expone el cómputo de la pena con corrección. Precisada la reseña previamente expuesta, evidencia esta Primera Instancia Constitucional, que no consta en el presente cuaderno de amparo signado con el alfanumérico 1-Amp-SP21-O-2024-000014, el poder que haga probar la cualidad con la que la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia actúa, y menos aún, se refleja la interposición del original o tan siquiera copia certificada del mismo, que permita verificar la legitimidad de la prenombrada ciudadana para acreditarse con la facultad de intervenir en el proceso a través de este medio extraordinario y constitucional por excelencia, máxime cuando tampoco es demostrado quien es el signatario que suscribe el escrito presentado ante esta Corte de Apelaciones, pues tal como se dejó sentado precedentemente, se aprecia un enunciado con nombre, apellido y correo electrónico, sin suscribirse con firma legible, que proporcione la determinación de la representación o asistencia del agraviado constitucional. Bajo esta premisa, es oportuno invocar el contenido de la sentencia N° 150, de fecha catorce (14) de junio del año 2022, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en el expediente N° 20-0087, con ponencia del Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, en el cual ha esgrimido, entre otras cosas, lo siguiente: “… Ahora bien, una vez revisadas las actas procesales del presente expediente se observa que el poder presentado por los abogados Alexander Marcano Montero y Humberto Prieto Padrón, mediante el cual pretenden atribuirse la representación del ciudadano Edwar Acuña Uzcátegui, fue consignado en copia simple… Dentro de este contexto, la jurisprudencia reiterada de esta Sala (Vid. Sentencias Nros. 1364/2005, 2603/2005, 800/2007, 804/2008, 816/2009, 1458/2009, 111/2011, 841/2013, 1334/2013, 1048/2014) ha establecido que la demanda de amparo debe estar acompañada del original o copia certificada que acredita la representación del abogado demandante. En tal sentido, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que “La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público, y de los Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso… Así mismo, el artículo 4 de la Ley de Abogados, prevé que “[t]oda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso”. En cuanto a las normas transcritas, la Sala ha interpretado que para la interposición del amparo, el cual debe ser presentado directamente por quien aduce ser agraviado, bien sea asistido de abogado o a través de un mandato conferido a este; en este último caso debe consignarse el original o copia certificada del mismo. Por ende, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, por los apoderados judiciales del accionante, deben demostrar el carácter con el cual actúan mediante la identificación del instrumento poder que le fue otorgado por la parte y su consignación en autos en original o en copia certificada, con el fin de probar dicha representación… y la falta de consignación del documento demostrativo de la representación judicial, que es una carga exclusiva de la parte que no puede ser suplida por el juez constitucional, trae como consecuencia la inadmisibilidad de la acción” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones) El criterio previamente transcrito fue ratificado mediante Sentencia N° 680, de fecha catorce (14) de octubre del año 2022, emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, bajo la ponencia de la Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, que señaló: “(Omissis…) De este modo, de la revisión realizada a las actas que conforman el expediente la Sala observa que el apoderado judicial del accionante junto con el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, no consignó el original o copia certificada del poder del cual se evidencie la representación judicial que se atribuye del accionante. En tal sentido, se constata de lo anterior que el abogado Rafael Federico Fuenmayor Arriens, en el escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional, no consignó el instrumento mediante el cual pretende acreditar su representación… Por ello, la interposición de una acción de amparo constitucional debe, necesariamente, estar acompañada del original o de la copia certificada del poder que acredita la legitimación del abogado que actúe en nombre del accionante, así como de la documentación que permita verificar la adjudicación de ese mandato, si el mismo proviene de una delegación de poder en nombre de un representante de una persona jurídica de derecho privado, o de un órgano o ente de carácter público, como lo ha establecido la Sala en los fallos números 800/2007, 804/2008, 816/2009, 111/2011, 841/2013, 1.334/2013, 1.048/2014, 445/2017 y 1.066/2017. … Sin menoscabo de lo descrito con antelación, únicamente en materia penal se ha relajado la exigencia de un poder autenticado para acreditar la representación necesaria en el momento de interponer un amparo constitucional, por cuanto lo que se pretende es la defensa del derecho a la libertad personal… Así esta Sala ha aceptado que los defensores, públicos o privados, intenten a favor de sus defendidos la referida acción sin que sea indispensable un poder o facultad expresa para ello, siendo solamente imprescindible que en las actas del expediente exista un documento que demuestre que el abogado ejerce la defensa técnica del presunto agraviado constitucional (Vid. Sentencia n. ° 777 del 12 de junio de 2009). Inclusive, se ha sostenido que cuando el presunto agraviado se encuentra privado de libertad y uno de los derechos denunciados como infringidos es la violación a la libertad personal, no es necesario que los abogados accionantes consignen documentos alguno para demostrar su cualidad…” De las citas Jurisprudenciales transcritas previamente, se desprende con palmaria claridad, que los accionantes en amparo tienen la imperiosa obligatoriedad de consignar en original o copia certificada el instrumento poder que los acredita como representantes de los presuntos poderdantes, siendo este un requisito exigible a los fines de declararse la admisibilidad de la acción constitucional interpuesta, según lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En paráfrasis a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional, la acción de Amparo constitucional debe ser presentada directamente por quien aduce ser el presunto agraviado, bien sea asistido de abogado o a través de un mandato conferido a éste. En este último caso, debe forzosamente consignarse el original o copia certificada del poder conferido al apoderado, a los fines de acreditar la legitimidad y capacidad con la que actúa el accionante en amparo, para que, consecuencialmente, dicha acción extraordinaria pueda ser declarada admisible por haber cumplido con los requerimientos exigidos por la Ley. En consecuencia de lo indicado en líneas anteriores, esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional considera que lo ajustado a derecho en la presente causa es declarar inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en calidad de apoyo familiar del penado de autos Eli Antonio Bastos Montilla, presunto agraviado del caso en cuestión; de conformidad con lo establecido en el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia N° 150, de fecha catorce (14) de junio del año 2022, dictada en el expediente N° 20-0087, así como la ratificación del mismo criterio en la Sentencia N° 680, de fecha catorce (14) de octubre del año 2022, emanadas ambas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por no encontrarse satisfecho el numeral 1° del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la accionante no promovió junto con la acción de amparo constitucional, el instrumento que acredite fehacientemente la cualidad y legitimidad con la que procedió a incoar la presente acción de amparo constitucional. Y así se decide. DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, actuando como Primera Instancia Constitucional, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Se Declara Competente para conocer la acción de Amparo constitucional ejercida presuntamente por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en calidad de apoyo familiar del sancionado de autos Eli Antonio Bastos Montilla, presunto agraviado del caso en cuestión. SEGUNDO: Declara inadmisible la acción de Amparo constitucional ejercida por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en calidad de apoyo familiar del penado de autos Eli Antonio Bastos Montilla, presunto agraviado del caso en cuestión, de conformidad con lo establecido en el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia N° 150, de fecha catorce (14) de junio del año 2022, dictada en el expediente N° 20-0087, así como la ratificación del mismo criterio en la Sentencia N° 680, de fecha catorce (14) de octubre del año 2022, emanadas ambas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por no encontrarse satisfecho el numeral 1 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la accionante no promovió junto con la acción de amparo constitucional, el instrumento que acreditara fehacientemente la cualidad y legitimidad con la que actuó al incoar la presente acción de amparo constitucional. Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Corte de Apelaciones en Sede Constitucional del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 212° de la Independencia y 165° de la Federación. Los Jueces de Corte, Abogada Odomaira Rosales Paredes Jueza Presidente- Ponente Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez Jueza de Corte Abogado Carlos Alberto Morales Diquez Juez de Corte Abogada Alba Graciela Rojas Pulido Secretaria de Corte 1-Amp-SP21-O-2024-000014/ORP/NLRG.* REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA CORTE DE APELACIONES EN SEDE CONSTITUCIONAL Jueza Ponente: Odomaira Rosales Paredes. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES - ACCIONANTE: Ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en la condición de apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, incurso en la causa penal signada bajo el N° SP21-P-2012-008352, presunto agraviado en la presente acción de amparo constitucional. - ACCIONADO: Jueza Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira. DE LA PRETENSIÓN DEL AMPARO En fecha veintidós (22) de abril del año 2024, fue recibido por esta Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercido con fundamento en los artículos 2, 26, 27, 44, 49, 255 segundo aparte, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por la ciudadana Dora Listeh Molina Valencia, actuando presuntamente en calidad de apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, incurso en la causa penal signada bajo el N° SP21-P-2012-008352, presunto agraviado del caso en estudio, mediante el cual, esgrime con perceptible claridad que el órgano administrador de justicia correspondiente al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira y sobre el cual recae la consideración de agraviante; ha incidido en el retardo u omisión -de manera injustificada- del pronunciamiento jurisdiccional pertinente en favor de su familiar, inobservando a su entender, las normas procesales en el denegar la debida y prominente justicia. En este contexto, la accionante en amparo textualmente delata las premisas que a continuación se demuestran: -Que…” Esta acción es ejercida contra el Retardo u Omisión Injustificada, Inobservancia Sustancial de Normas Procesales y Denegación de Justicia por parte del Tribunal Penal de Ejecución N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira (…) es el caso que el Ciudadano ELI ANTONIO BASTOS MONTILLA, antes identificado, se encuentra privado de libertad desde el 08/08/2012, condenado a 15 años de prisión; es de indiciar que tal y como lo han manifestado en el centro de reclusión, el penado ha mantenido una conducta intachable y se ha permanecido trabajando y firmando sus libros respectivos a los fines de optar al derecho que por la Ley le corresponde a hacer redenciones de pena y/o estudio”. -Que…” Es así, que los autos de redención y actualizaciones de computo realizado por el tribunal de ejecución N° 4 a cargo de la Juez Rosa Yuliana Cegarra Hernández, ya han sido computados 4 años de redenciones (desde el año 2012 hasta 2022), tal aseveración se evidencia en el expediente de la causa, específicamente en COMPUTO DE PENA de fecha 12 de Septiembre de 2022, en el cual indica que el penado cumplió las ¾ partes de la pena en fecha 08/11/2023 y el cumplimiento total de la pena impuesta sería en fecha 15/06/2023 esto precisamente por cuanto atendiendo al derecho que le asiste al penado ya se han computado redenciones, con las que estamos en presencia de una PENA CUMPLIDA”. -Que…” (…) se ha venido insistiendo en el pronunciamiento del tribunal con respecto a la LIBERTAD del penado (…) pero hasta la presente fecha no ha sido posible un pronunciamiento efectivo. Se ha indicado que se está gestionando un beneficio, pero no se entiende a que se debe que se este (sic) vulnerando el Derecho que le asiste al penado y que conforme a lo establecido en nuestras Leyes vigentes y en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya mas (sic) bien el penado esta (sic) sobrepasado del cumplimiento de la pena que le fue impuesta”. -Que…” A los efectos de demostrar lo aquí planteado se detalla lo siguiente: 1. El penado fue detenido en fecha 08/08/2012. 2. Para el año 2022, tenía 4 años, 1 2023. 3. Ha cumplido 11 años, 7 meses, 20 días físicos más las redenciones computadas es igual a: 15 años y 9 meses aproximadamente. 4. Están pendientes por computar nuevas redenciones que ya le fueron realizadas, pero se espera el computo mes y 23 días de redenciones ya computadas con las que cumplió pena el 15/06/ de pena con las que el penado tiene más de 1 año sobrepasada la pena”. -Que…” Ante lo aquí planteado, es necesario recalcar que las estrategias penitenciarias y por ende las redenciones de pena basadas en el trabajo o en el estudio como medidas de rehabilitación y de reinserción social de las personas privadas de libertad, deben ser tomadas en consideración, sin discriminación alguna ni basada en el delito por el cual se dictó sentencia, así como tampoco en opiniones ni creencias de otra índole”. Sobre la base de las argumentaciones enunciadas, la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia actuando presuntamente en apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, y agraviado en el presente caso, peticiona a esta Instancia Superior, la restitución de la situación jurídica infringida y que como consecuencia de tal situación, el Tribunal competente se pronuncie sobre las peticiones formuladas a favor del justiciable. DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Corresponde a esta Corte de Apelaciones, como génesis de la presente acción de amparo constitucional, pronunciarse respecto a su competencia para conocerla y decidirla, para lo cual concibe pertinente citar el criterio reiterado hasta la actualidad, proferido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia esbozada en fecha 20 de enero del año 2000 -caso: Emery Mata Millán-, en el cual se estableció como competencia de las Cortes de Apelaciones, el conocimiento de acciones de amparo constitucional, cuando éstas se encuentren dirigidas contra decisiones, actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia en materia penal, en todas sus competencias funcionales -Control, Juicio o Ejecución-. De lo enunciado ut supra, se observa que la Acción de Amparo constitucional sub examine es ejecutada con ocasión al aparente retardo u omisión injustificada, inobservancia sustancial de las normas procesales y denegación de justicia, atribuidas al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, respecto de una pena cumplida, y sobre la cual, no ha sido posible un pronunciamiento efectivo de dicho órgano jurisdiccional, toda vez que, al considerar de la accionada, el penado de autos al tener redimido cuatro (04) años, un (01) mes y veintitrés (23) días más el tiempo cumplido en el recinto carcelario el cual atiende a once (11) años, siete (07) meses, veinte (20) días-, tendría cumplido un total de quince (15) años y nueve (09) meses aproximadamente, razones por las cuales, estima que su familiar ha sobrepasado el cumplimiento de la pena por un tiempo mayor a un (01) año. En función de lo afirmado, este Tribunal Colegiado actuando en sede constitucional, como Tribunal Superior de la accionada, y en estricto apego al criterio jurisprudencial emitido por el Máximo Tribunal de la República –sentencia de fecha 20 de enero del año 2000 casos Emery Mata Millán- se declara competente para conocer la presente acción de amparo constitucional. Y así decide.- DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES Una vez establecida la competencia de esta Corte de Apelaciones para conocer y decidir sobre la acción de Amparo constitucional intentada, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos taxativamente en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es de obligatorio cumplimiento para poder ejercer tal acción y en consecuencia, declarar la admisibilidad de la misma. A tal efecto, esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, procede a revisar la acción de Amparo constitucional propuesta, a los fines de la verificación de los mismos, a saber: El artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece los requisitos elementales que deben ser valorados a los fines de resolver sobre la admisibilidad de la acción propuesta, al disponer: Artículo 18. En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; De este modo, se advierte que el escrito contentivo de acción de Amparo constitucional fue incoado por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia quien dice actuar como apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –penado de autos- y supuesto agraviado en el presente caso, libelo a través del cual, delata las presuntas falencias y vulneraciones cometidas por instancia del Tribunal Cuarto en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Táchira en perjuicio de su familiar; pero que en la finalización de sus premisas, omite a todas luces la suscripción del contenido dispuesto en el mismo con su debida firma. Más sólo así, se aprecia que al final del escrito corre inserto una coletilla en la que se evidencia “DORA LISETH MOLINA VALENCIA V-22.644.428 e-mail: doramolina1022@gmail.com”, y al pie de la misma, se observa un espacio en blanco; siendo evidente a todas luces la carencia en el señalamiento expreso del verdadero signatario que, aún cuando haya intentado los fundamentos estimados para tal acción, ha debido corresponder los mismos con la voluntad en nombre y firma de ratificación del contenido dispuesto. Adicional a ello, se observa de las actuaciones que rielan insertas en el cuaderno de amparo constitucional signado bajo el número SP21-O-2024-000014, que aún y cuando la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia haya anexado copia de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, publicada en Gaceta Oficial N° 6.651 en fecha veintidós (22) de septiembre del año 2021, la misma cimentó su fundamentación en el RETARDO U OMISIÓN INJUSTIFICADA, INOBSERVANCIA SUSTANCIAL DE LAS NORMAS PROCESALES Y DENEGACIÓN DE JUSTICIA, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 26, 27, 44, 49, 255 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, evidentemente la ciudadana indicada requería de legitimidad –poder especial- para considerar apropiado participar en el proceso mediante esta vía extraordinaria por naturaleza, en representación del ciudadano agraviado. Sobre tal particularidad, quienes aquí deciden, advierten pertinente ilustrar sobre la palabra LEGITIMIDAD. A este tenor, ésta se tiene que la misma deriva en principio del latín legitimus y se compone con el sufijo dad, que significa cualidad, que no es otra cosa que gozar de la condición de legítimo de conformidad con las leyes. En este entender, se considerará legítimo cuando éste sea válido o ajustado a la verdad. De igual modo, dicha capacidad es individualizada y concreta para el proceso en particular del cual se pretende ser parte y de esta forma, adquirir el derecho ante la jurisdicción y consigo la facultad de accionar ante los Tribunales, obteniendo la titularidad de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y con ello adquirir la aptitud para ser parte en el proceso. En sintonía con lo indicado, y siendo que para el caso de marras nos encontramos en presencia de una acción de Amparo Constitucional, considera esta Alzada oportuno citar extracto de la sentencia número 2177 de fecha once (11) de septiembre del año 2002, emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, la cual señala lo siguiente: “(Omissis) “..la legitimación activa en una acción de amparo la tienen, en principio, quienes hayan sido directamente afectados en sus derechos constitucionales, y no los que tengan un simple interés en que la misma sea procedente, salvo, cuando se trate de un hábeas corpus, en donde la legitimación activa deja de ser determinada por la afectación directa para ser extendida a cualquier persona, que actúe en nombre del afectado, o cuando se trate de personas colectivas e intereses difusos conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales..”(Negrilla de esta Corte de Apelaciones). (Omissis)”. Así las cosas, quien goza de legitimidad, es entonces considerado sujeto procesal, el cual atiende a aquellos que intervienen directamente en el proceso e integran la relación jurídico-procesal, sin los cuales no podría existir proceso alguno, y de los que hace referencia el Código Orgánico Procesal Penal, en su Título IV, entre los cuales menciona: el Tribunal como órgano del estado facultado y delegado para dirimir la controversia mediante la aplicación de la ley, ante aquellos conflictos que el despacho fiscal somete a su conocimiento; el Ministerio Público, como titular de la acción penal y parte en el juicio, quien guía la investigación que se sigue para el esclarecimiento de los hechos; órganos de policía de investigación penal, a quienes la ley acuerde tal carácter con la labor expresa de practicar diligencias que conduzcan a esclarecer los hechos y a la identificación de sus autores; víctima, persona quien ha sufrido directamente un agravio o perjuicio; imputado, señalado como presunto autor o participe en la comisión o perpetración de un hecho punible. De manera que, esta cualidad se adquiere cuando es obedecido lo que dictamina una norma, contando de esta forma con los atributos de validez, justicia y eficacia, lo que implica que al estar dotado de legitimidad, se goza de capacidad, obteniendo así un reconocimiento por parte de otros. No obstante de lo que precede, es imperioso para esta Corte de Apelaciones indicar, que el escrito de acción de Amparo constitucional intentado en el presente caso, no se encuentra debidamente firmado por quien dice actuar en interés de un tercero, por lo que al no poderse verificar la firma de quien presenta el mencionado escrito, esta Alzada no puede presumir primeramente que la ciudadana tantas veces mencionada, es quien efectivamente haya accionado por dicho medio constitucional. Así como tampoco, se evidencia que la misma actúe mediante mandato- poder pues no consta copia certificada o siquiera simple del instrumento poder, que ha debido ser otorgado por el ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –penado de autos-, a la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, para que entonces ésta actuase en su nombre y representación. Con base a lo anterior, la parte in fine del artículo 406 del Código Orgánico Procesal Penal, ha dejado sentado en el ámbito de su aplicación –materia penal-, la siguiente referencia: Artículo 406. “…El poder se constituirá con las formalidades de los poderes para asuntos civiles, no pudiendo abarcar más de tres abogados o abogadas.”. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil regula en las normas contenidas en los artículos 151 y 152 lo concerniente a las partes y los apoderados, estableciendo a su vez, de manera específica, que el poder conferido para la realización de los actos judiciales debe hacerse en forma pública y auténtica, al disponer: Artículo 151. “El poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o auténtica…”. Artículo 152. “El poder puede otorgarse también apud acta, para el juicio contenido en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad.”. Sobre la base de los argumentos esbozados, y habiéndose internalizado la importancia y el requerimiento de los poderes en el ámbito de los procedimientos penales, esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, en aras de verificar fehacientemente que dentro del cúmulo de actuaciones que rielan en el cuaderno de amparo interpuesto, conste instrumente auténtico que faculte a la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia para intervenir en el proceso en representación de su familiar ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla, trae al contexto del siguiente pronunciamiento, una relación sucinta de las actuaciones que reposan en el mismo, a saber: -. Escrito contentivo de acción de amparo constitucional presuntamente ejercido por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar como apoyo familiar del ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –penado de autos- presunto agraviado de la presente acción de amparo constitucional. .- Escrito suscrito por el ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla de fecha quince (15) de marzo del año 2024, con atención al Juez presidente y demás miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en el que expone su caso en particular y eleva la denuncia en cuanto al mal proceder, que a su juicio, ha cometido el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, causante de vulneración y agravio de los derechos constitucionales que le cobijan. .- Copia simple de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal publicada en Gaceta Oficial N° 6.651 de fecha veintidós (22) de septiembre del año 2021. .-Copia simple de la boleta de notificación expedida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, de fecha treinta (30) de marzo del año 2023, con atención al ciudadano Eli Antonio Bastos Montilla –sancionado de autos-, en la cual se le informa sobre la redención de la pena acordada siendo la misma de seis (06) meses y tres (03) días. En ese mismo orden, el Tribunal de Primera Instancia indica varias particularidades, a saber: Condena a cumplir, fecha de detención, físico cumplido, redenciones, tiempo en el que puede solicitar libertad condicional y sus requisitos, cumplimiento total de la pena impuesta. .-Copia simple del oficio N° 4E-2243-2022 emitido por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, con atención al Director del Internado Judicial de Barinas (INJUBA), en el que expone el cómputo de la pena con corrección. Precisada la reseña previamente expuesta, evidencia esta Primera Instancia Constitucional, que no consta en el presente cuaderno de amparo signado con el alfanumérico 1-Amp-SP21-O-2024-000014, el poder que haga probar la cualidad con la que la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia actúa, y menos aún, se refleja la interposición del original o tan siquiera copia certificada del mismo, que permita verificar la legitimidad de la prenombrada ciudadana para acreditarse con la facultad de intervenir en el proceso a través de este medio extraordinario y constitucional por excelencia, máxime cuando tampoco es demostrado quien es el signatario que suscribe el escrito presentado ante esta Corte de Apelaciones, pues tal como se dejó sentado precedentemente, se aprecia un enunciado con nombre, apellido y correo electrónico, sin suscribirse con firma legible, que proporcione la determinación de la representación o asistencia del agraviado constitucional. Bajo esta premisa, es oportuno invocar el contenido de la sentencia N° 150, de fecha catorce (14) de junio del año 2022, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en el expediente N° 20-0087, con ponencia del Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, en el cual ha esgrimido, entre otras cosas, lo siguiente: “… Ahora bien, una vez revisadas las actas procesales del presente expediente se observa que el poder presentado por los abogados Alexander Marcano Montero y Humberto Prieto Padrón, mediante el cual pretenden atribuirse la representación del ciudadano Edwar Acuña Uzcátegui, fue consignado en copia simple… Dentro de este contexto, la jurisprudencia reiterada de esta Sala (Vid. Sentencias Nros. 1364/2005, 2603/2005, 800/2007, 804/2008, 816/2009, 1458/2009, 111/2011, 841/2013, 1334/2013, 1048/2014) ha establecido que la demanda de amparo debe estar acompañada del original o copia certificada que acredita la representación del abogado demandante. En tal sentido, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que “La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público, y de los Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso… Así mismo, el artículo 4 de la Ley de Abogados, prevé que “[t]oda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso”. En cuanto a las normas transcritas, la Sala ha interpretado que para la interposición del amparo, el cual debe ser presentado directamente por quien aduce ser agraviado, bien sea asistido de abogado o a través de un mandato conferido a este; en este último caso debe consignarse el original o copia certificada del mismo. Por ende, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, por los apoderados judiciales del accionante, deben demostrar el carácter con el cual actúan mediante la identificación del instrumento poder que le fue otorgado por la parte y su consignación en autos en original o en copia certificada, con el fin de probar dicha representación… y la falta de consignación del documento demostrativo de la representación judicial, que es una carga exclusiva de la parte que no puede ser suplida por el juez constitucional, trae como consecuencia la inadmisibilidad de la acción” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones) El criterio previamente transcrito fue ratificado mediante Sentencia N° 680, de fecha catorce (14) de octubre del año 2022, emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, bajo la ponencia de la Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, que señaló: “(Omissis…) De este modo, de la revisión realizada a las actas que conforman el expediente la Sala observa que el apoderado judicial del accionante junto con el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, no consignó el original o copia certificada del poder del cual se evidencie la representación judicial que se atribuye del accionante. En tal sentido, se constata de lo anterior que el abogado Rafael Federico Fuenmayor Arriens, en el escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional, no consignó el instrumento mediante el cual pretende acreditar su representación… Por ello, la interposición de una acción de amparo constitucional debe, necesariamente, estar acompañada del original o de la copia certificada del poder que acredita la legitimación del abogado que actúe en nombre del accionante, así como de la documentación que permita verificar la adjudicación de ese mandato, si el mismo proviene de una delegación de poder en nombre de un representante de una persona jurídica de derecho privado, o de un órgano o ente de carácter público, como lo ha establecido la Sala en los fallos números 800/2007, 804/2008, 816/2009, 111/2011, 841/2013, 1.334/2013, 1.048/2014, 445/2017 y 1.066/2017. … Sin menoscabo de lo descrito con antelación, únicamente en materia penal se ha relajado la exigencia de un poder autenticado para acreditar la representación necesaria en el momento de interponer un amparo constitucional, por cuanto lo que se pretende es la defensa del derecho a la libertad personal… Así esta Sala ha aceptado que los defensores, públicos o privados, intenten a favor de sus defendidos la referida acción sin que sea indispensable un poder o facultad expresa para ello, siendo solamente imprescindible que en las actas del expediente exista un documento que demuestre que el abogado ejerce la defensa técnica del presunto agraviado constitucional (Vid. Sentencia n. ° 777 del 12 de junio de 2009). Inclusive, se ha sostenido que cuando el presunto agraviado se encuentra privado de libertad y uno de los derechos denunciados como infringidos es la violación a la libertad personal, no es necesario que los abogados accionantes consignen documentos alguno para demostrar su cualidad…” De las citas Jurisprudenciales transcritas previamente, se desprende con palmaria claridad, que los accionantes en amparo tienen la imperiosa obligatoriedad de consignar en original o copia certificada el instrumento poder que los acredita como representantes de los presuntos poderdantes, siendo este un requisito exigible a los fines de declararse la admisibilidad de la acción constitucional interpuesta, según lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En paráfrasis a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional, la acción de Amparo constitucional debe ser presentada directamente por quien aduce ser el presunto agraviado, bien sea asistido de abogado o a través de un mandato conferido a éste. En este último caso, debe forzosamente consignarse el original o copia certificada del poder conferido al apoderado, a los fines de acreditar la legitimidad y capacidad con la que actúa el accionante en amparo, para que, consecuencialmente, dicha acción extraordinaria pueda ser declarada admisible por haber cumplido con los requerimientos exigidos por la Ley. En consecuencia de lo indicado en líneas anteriores, esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional considera que lo ajustado a derecho en la presente causa es declarar inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en calidad de apoyo familiar del penado de autos Eli Antonio Bastos Montilla, presunto agraviado del caso en cuestión; de conformidad con lo establecido en el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia N° 150, de fecha catorce (14) de junio del año 2022, dictada en el expediente N° 20-0087, así como la ratificación del mismo criterio en la Sentencia N° 680, de fecha catorce (14) de octubre del año 2022, emanadas ambas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por no encontrarse satisfecho el numeral 1° del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la accionante no promovió junto con la acción de amparo constitucional, el instrumento que acredite fehacientemente la cualidad y legitimidad con la que procedió a incoar la presente acción de amparo constitucional. Y así se decide. DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, actuando como Primera Instancia Constitucional, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Se Declara Competente para conocer la acción de Amparo constitucional ejercida presuntamente por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en calidad de apoyo familiar del sancionado de autos Eli Antonio Bastos Montilla, presunto agraviado del caso en cuestión. SEGUNDO: Declara inadmisible la acción de Amparo constitucional ejercida por la ciudadana Dora Liseth Molina Valencia, quien dice actuar en calidad de apoyo familiar del penado de autos Eli Antonio Bastos Montilla, presunto agraviado del caso en cuestión, de conformidad con lo establecido en el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia N° 150, de fecha catorce (14) de junio del año 2022, dictada en el expediente N° 20-0087, así como la ratificación del mismo criterio en la Sentencia N° 680, de fecha catorce (14) de octubre del año 2022, emanadas ambas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por no encontrarse satisfecho el numeral 1 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la accionante no promovió junto con la acción de amparo constitucional, el instrumento que acreditara fehacientemente la cualidad y legitimidad con la que actuó al incoar la presente acción de amparo constitucional. Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Corte de Apelaciones en Sede Constitucional del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 212° de la Independencia y 165° de la Federación. Los Jueces de Corte, Abogada Odomaira Rosales Paredes Jueza Presidente- Ponente Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez Jueza de Corte Abogado Carlos Alberto Morales Diquez Juez de Corte Abogada Alba Graciela Rojas Pulido Secretaria de Corte 1-Amp-SP21-O-2024-000014/ORP/NLRG.*