TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
CORTE DE APELACIONES
EN SEDE CONSTITUCIONAL

Juez Ponente: Odomaira Rosales Paredes

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

ACCIONANTE: Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de víctima querellante en la causa signada con la nomenclatura N° SP21-P-2019-001389.

ACCIONADO: Abogada Gahu Malhi Moncada Contreras, Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira.

DE LA PRETENSION DEL AMPARO

En fecha 28 de Julio del año 2.023, fue recibido por esta Corte de Apelaciones escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de víctima querellante en la causa signada con la nomenclatura N° SP21-P-2019-001389, con fundamento en lo previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aduciendo que la Juzgadora denunciada como agraviante, no ha emitido pronunciamiento respecto a la solicitud de convocatoria de las partes a la celebración de la audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 30, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, alega el accionante, que en fecha catorce (14) de septiembre del año 2023, presenta acusación particular propia haciendo uso del criterio asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que otorga la potestad a la víctima de ejercer la acusación particular propia siempre que el Ministerio Público haya solicitado el sobreseimiento de la causa.

Luego, de ello, en fecha veintidós (22) de septiembre del año 2023 –según sello húmedo estampado por la oficina de alguacilazgo-, siendo que hasta entonces no se había generado un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional, procede el Abogado Jesús David Pérez Morales a interponer escrito solicitando que se convoque a las partes a la celebración de la audiencia preliminar, no encontrando respuesta alguna por parte del Tribunal de Instancia, de allí que, en fecha veintinueve (29) de septiembre del mismo año, proceda a ratificar dicha solicitud.

Así entonces, la parte accionante al no encontrar respuesta de la Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Abogada Gahu Malhi Moncada Contreras, interpone formalmente la Acción de Amparo Constitucional, alegando la violación de los artículos 26 y 49 de la Carta Magna; de igual forma, solicita que esta Alzada, se sirva admitir y tramitar conforme a derecho la presente acción de amparo.

En fecha once (11) de octubre del año 2023, esta Corte de Apelaciones actuado en sede constitucional, libra oficio N° 541-2023, mediante el cual, ordena a la presunta agraviante constitucional –Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira- se sirva informar con carácter urgente a esta superioridad, si existe pronunciamiento respecto de las solicitudes interpuestas por el presunto agraviado en fechas veintidós (22) y veintinueve (29) de septiembre del año 2023, en relación a la convocatoria de las partes a la celebración de la audiencia preliminar, siendo cumplido posteriormente tal requerimiento, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Corresponde a esta Corte de Apelaciones, como génesis de la presente acción de amparo constitucional, pronunciarse respecto a su competencia para conocer y decidir la acción ejercida, para lo cual es necesario referir que la misma es ejecutada, con ocasión a la aparente omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, con respecto de las solicitudes interpuestas por el presunto agraviado en fechas veintidós (22) y veintinueve (29) de septiembre del año 2023, en relación a la convocatoria de la partes para la celebración de la audiencia preliminar, generándose por tanto un gravamen a los derechos de la víctima quien en todo caso es la más interesada en recibir una oportuna respuesta a lo solicitado.

Así las cosas, es necesario citar el criterio reiterado hasta la actualidad, proferido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de enero del año 2000 -casos: Emery Mata Millán-, en el cual se estableció como competencia de las Cortes de Apelaciones, el conocimiento de la acción de amparo constitucional, cuando se encuentre dirigida contra decisiones, actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia en materia penal, en todas sus competencias funcionales, -Control, Juicio o Ejecución-.

De allí entonces que, de lo expuesto ut supra, se aprecia que la presente acción de amparo constitucional va dirigida -según la parte accionante-, en contra la omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, y en apego al criterio jurisprudencial emitido por el Máximo Tribunal de la República –sentencia de fecha 20 de enero del año 2000 casos Emery Mata Millán- esta Corte de Apelaciones actuando en sede constitucional se declara competente para conocer la acción de amparo constitucional ejercida en fecha nueve (09) de octubre del año 2023, por el Abogado Jesús David Pérez Morales, quien actúa con el carácter de víctima querellante. Y así se declara.

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Una vez establecida la competencia de esta Corte de Apelaciones para conocer y decidir sobre la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el accionante, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es de obligatorio cumplimiento para poder ejercer tal acción, apreciando esta Alzada que el escrito presentado en fecha nueve (09) de octubre del año 2.023 – según sello húmedo de alguacilazgo- cumple a cabalidad con los mismos –requisitos previstos en el artículo 18 de la ley-. Y así se decide.

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN PROPUESTA

Esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, para decidir sobre la admisibilidad de la acción de amparo intentada, previamente estima prudente señalar lo siguiente:

La parte accionante señala como presunta agraviante a la Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Abogada Gahu Malhi Moncada Contreras, aduciendo en su escrito lo siguiente:

.-Que, con fundamento en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana y en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales procede a interponer formalmente acción de Amparo Constitucional en contra de la Juez Octava de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en razón de que la misma omitió realizar el pronunciamiento correspondiente a convocar a las partes a la celebración de la Audiencia preliminar.

.- Que, en fecha catorce (14) de septiembre del año 2023, el Abogado Jesús David Pérez Morales, interpone acusación particular propia contra Alirio José Lizcano Molina, Julia Margarita Rincón, Carlos Augusto Moreno Rosales, Francisco Antonio Moreno Silva y Jacinto Antonio Contreras Moreno.

.- Que, en fecha veintidós (22) de septiembre del año 2023, el prenombrado Abogado Jesús David Pérez Morales, solicita ¬-tal y como consta en escrito de solicitud de convocatoria a las partes inserto en el folio 05 del cuaderno de amparo-, que los mismos sean llamados a la celebración de la audiencia preliminar.

.-Que, posteriormente en fecha veintinueve (29) de septiembre del mismo año, dicho profesional del derecho ratifica la solicitud de convocatoria de las partes a la celebración de la audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 30, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

.-Que, a la presente fecha, aún y cuando fueron interpuestas tales diligencias con la finalidad de acelerar el llamado a las partes, la Juez Octava de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Abogada Gahu Malhi Moncada Contreras, no se ha pronunciado oportunamente, violentando así derechos fundamentales de las partes, como lo son el derecho a la defensa, así como la garantía al debido proceso.

.-Por último, solita que la presente acción de Amparo Constitucional sea admitida, tramitada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.

Ahora bien, visto el presente escrito de amparo, se aprecia que esta misma Sala actuando en Sede Constitucional, en fecha once (11) de octubre del año 2023, ordenó librar oficio N° 541-2023, dirigido al Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, a los fines de obtener información sobre el estado actual de la causa llevada bajo la nomenclatura SP21-P-2019-001389, con el propósito de comprobar si efectivamente existe omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud realizada por el quejoso en su oportunidad, mediante el cual requiere que se proceda a convocar a las partes a la celebración de la audiencia preliminar.

Acto seguido, en fecha once (11) de octubre del año 2023, se recibe por ante esta Corte de Apelaciones, oficio N° 8C-1821-2023, mediante el cual el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, procedió a remitir la información solicitada por esta Alzada; detallando en dicho oficio las actuaciones realizadas en la causa, e informando a este Tribunal Colegiado, que en fecha diecinueve (19) de septiembre del presente año, dio entrada a la acusación particular propia presentada por el Abogado Jesús David Pérez Morales, en la causa signada con la nomenclatura SP21-P-2019-001389, y que el día de hoy –once (11) de octubre del año 2023-, fijó la celebración de la audiencia preliminar para el día seis (06) de noviembre de este mismo año, a las 09:15 horas de la mañana, de conformidad con el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal.

De igual modo, la Jurisdicente remite a esta Alzada, copia certificada del auto de fijación de audiencia preliminar, dictado en fecha 11 de Octubre del año 2.023, en la que la se evidencia el pronunciamiento por parte de la Juzgadora en el que acordó fijar la Audiencia Preliminar para el día seis (06) de noviembre del año 2023, a las 09:15 horas de la mañana, ordenando librar las notificaciones pertinentes para asegurar la asistencia de las partes al mencionado acto.

Con sustento en lo anterior, considera oportuno esta Alzada, traer a colación lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que señala:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla”. (Negrilla y subrayado de esta Corte de Apelaciones)

Asimismo, la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, en decisión de fecha 30 de abril del año 2004, dictada en el expediente número 03-2771, con respecto a este particular, dejó sentado lo siguiente:

“(Omissis)

Consideró la Sala Accidental N° 18 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, que la situación jurídica infringida al momento de interponer la acción de amparo, la amenaza a la libertad personal, había cesado tal como se evidencia de la sentencia emanada de la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, antes referida, por lo cual la Sala Accidental N° 18 antes mencionada consideró que la acción de amparo debió declararse inadmisible, por haber cesado la violación o amenaza al derecho de la libertad personal.
Al respecto, se observa que ha sido criterio reiterado de esta Sala que la cesación es una causal de inadmisión expresamente contenida en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, normativa que, en el artículo 6, enumera las causales por las cuales “No se admitirá la acción de amparo” y dentro de ellas resulta pertinente citar para el caso de autos, específicamente el numeral 1 del aludido artículo, que consagra lo siguiente: “Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.
En el caso de autos, si bien es cierto que los ciudadanos Francisco José Jorges Ramírez y José Rafael Sojo Hernández, estuvieron detenidos por un lapso de 6 años, sin que mediara una sentencia definitivamente firme, para el momento de la solicitud del amparo constitucional, la amenaza a la libertad personal, ya había cesado, dada la sentencia emanada de la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se dejó expresa constancia que los accionantes no se encuentran detenidos.

(Omissis)”

Del mismo modo, la referida Sala del Máximo Tribunal, en decisión de fecha 28 de junio de 2011, dictada en el expediente número 09-1140, dejó asentado:

“(Omissis)

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD PLANTEADA
Mediante este amparo constitucional, los apoderados judiciales del ciudadano Arturo Rafael Canova le solicitaron a esta Sala Constitucional lo siguiente: que se le ordene a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pronunciarse acerca del recurso de apelación interpuesto por dicho ciudadano, el cual se presentó contra la decisión dictada, por la referida Corte, el 18 de noviembre de 2008. En esta decisión se declaró inadmisible un recurso de amparo interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, del 6 de diciembre de 2007.
Con respecto a dicha solicitud, esta Sala Constitucional debe declararla, sobre la base del artículo 6, cardinal 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, inadmisible, por las siguientes razones:
El 24 de marzo de 2011, esta Sala recibió copias certificadas solicitadas. Entre dichas copias certificadas se encuentra un auto dictado por dicho tribunal el 23 de marzo de 2011, en el cual oye en un solo efecto la apelación planteada por el ciudadano Arturo Rafael Canova.
En este caso, el ciudadano Arturo Rafael Canova alegó que la falta de pronunciamiento por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo violaba sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como a otros estrechamente relacionados con éstos. Visto que la Corte Segunda se pronunció en relación con el recurso de apelación interpuesto por dicho ciudadano, es evidente que, desde el punto de vista del solicitante, cesó la violación alegada.
El supuesto según el cual el cese de la violación alegada da lugar a la inadmisibilidad del recurso de amparo fue contemplado en el artículo 6, cardinal 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Estos son los términos en que fue previsto dicho supuesto:

“No se admitirá la acción de amparo:

1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;”
Siendo, pues, que el cese de la violación de un derecho fundamental da lugar a la inadmisibilidad de la pretensión de amparo, ya que así lo prevé el artículo 6, cardinal 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo procedente en esta oportunidad es declarar que la solicitud de amparo interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano Arturo Rafael Canova es inadmisible. Así se establece…

(Omissis)”

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es necesario señalar que la pretensión por parte del accionante -Abogado Jesús David Pérez Morales-, actuando con el carácter de víctima querellante en la causa signada con la nomenclatura N° SP21-P-2019-001389, se ciñe a la presunta omisión de pronunciamiento, por parte del Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, respecto de las solicitudes interpuestas por el presunto agraviado en fechas veintidós (22) y veintinueve (29) de septiembre del año 2023, en relación a que proceda a la convocatoria de las partes a la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 30, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 23 y 309 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, esta alzada advierte que, la A quo, mediante oficio N° C8-1821-2023, procede a remitir la información solicitada, así como la respectiva copia certificada del pronunciamiento sobre la fijación de la Audiencia preliminar, para el día seis (06) de noviembre del año 2.023 a las 09:15 horas de la mañana. En tal sentido, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales señalados ut supra, y la norma invocada, se observa que conforme a la información y las copias certificadas remitidas a esta Superioridad, por el Tribunal Accionado, permiten determinar que ha cesado la violación o amenaza de violación, de los derechos constitucionales que la parte accionante señala como vulnerados o conculcados.

De allí entonces, esta Corte de Apelaciones actuando en sede Constitucional, considera que lo ajustado a derecho en la presente causa es declarar inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de víctima querellante en la causa signada con la nomenclatura N° SP21-P-2019-001389, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la violación al derecho cesó, tal como quedó expuesto a lo largo de la presente decisión-. Y así finalmente se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, actuando como Primera Instancia Constitucional, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE:

Primero: Se declara competente para conocer la acción de amparo constitucional ejercida en fecha nueve (09) de octubre del año 2023, por el Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de víctima querellante en la causa signada con la nomenclatura N° SP21-P-2019-001389.

Segundo: Declara inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de vícima querellante en la causa signada con la nomenclatura N° SP21-P-2019-001389, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la violación al derecho ya cesó, en virtud de que el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira se pronunció respecto de la solicitud planteada por el accionante en amparo.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones en sede Constitucional, en la ciudad de San Cristóbal, a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

Los Jueces de la Corte,

Abogado José Mauricio Muñoz Montilva
Juez Presidente

Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez
Jueza de Corte

Abogada Odomaira Rosales Paredes
Jueza de Corte Ponente

Abogada Alba Graciela Rojas Pulido
Secretaria

1-Amp-SP21-O-2023-000015/ORP/yyec.-