Revisadas como han sido las actuaciones que conforman la presente solicitud, observa este tribunal, que la misma fue admitida en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022), librando la respectiva boleta al Ministerio Público –f ls. 10 y 11- y hasta la presente fecha los ciudadanos: ORIANA ELENA ROJAS VIVAS Y CHAYANNE RUBÉN PACHECO PACHECO, venezolanos, portadores de las cédulas de identidades N° V- 12.353.830 y V.- 20.423.567, en su carácter de solicitantes, no han puesto a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para la práctica de la notificación al fiscal especializado de protección del niño, niña, adolescente y familia del Ministerio Público del estado Táchira, tal como lo estipula la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 06 de julio de 2004, el cual señala: “…Siendo así esta Sala establece que la obl igación arancelar ia que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la mani f iesta gratuidad const i tucional , quedando con plena apl icación las contenidas en el preci tado ar t ículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser est r icta y opor tunamente sat isfechas por los demandantes dent ro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de di l igencias en la que ponga a la orden del alguaci l los medios y recursos necesar ios para el logro de la ci tación del demandado, cuando ésta haya de pract icarse en un si t io o lugar que diste más de 500 met ros de la sede del Tr ibunal ; de ot ro modo su omisión o incumpl imiento, acar reará la perención de la instancia, siendo la obl igación del Alguaci l dejar constancia en el expediente de que la par te demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los f ines de real izar las di l igencias per t inentes a la consecución de la ci tación” . (Subrayado de la Sala) . Al respecto, establece el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: …omissis… “…También se ext ingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumpl ido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”. …omissis… Siendo así las cosas, considera oportuno esta juzgadora traer a colación el criterio expuesto por el doctrinario RANGEL ROMBERG, el cual estableció con respecto a este particular: “…que para que la perención se materialice la act ividad debe estar referida a las partes que debiendo realizar los actos de procedimiento no los real izan… ”. En el caso de autos, se aprecia que en la solicitud presentada por los ciudadanos: ORIANA ELENA ROJAS VIVAS Y CHAYANNE RUBÉN PACHECO PACHECO, venezolanos, portadores de las cédulas de identidades N° V.- 12.353.830 y V.- 20.423.567, asistidos del abogado HERART DUQUE, inscrito en el IPSA bajo el Nº 100.374, fue admitida en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mi veintidós (2022), se libró en la misma fecha de admisión, la respectiva boleta al Ministerio Público para el curso de ley correspondiente; y si bien es cierto, en este caso se trata de una petición conjunta de ambos cónyuges en la que no hay parte accionada, no es menos cierto que los solicitantes tienen en su carácter de tal, una carga procesal para la prosecución del proceso, que en este caso consiste en impulsar la debida notificación del ministerio público para los casos de divorcio; por lo que de la revisión de las actuaciones que conforman la presente solicitud, se evidencia la inactividad procesal de la parte actora, por cuanto no hubo impulso procesal alguno, ni por si ni por medio de profesional del derecho, para dar cumplimiento de esta manera a lo expuesto por el legislador patrio; lo que evidencia, a juicio de quien aquí decide, una falta de interés de parte de los cónyuges solicitantes en la continuación de la presente solicitud; por lo que resulta forzoso para este tribunal declarar la perención de la instancia. Y así se decide.- Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.