El presente expediente, versa sobre la solicitud incoada por los ciudadanos Norma Marisela Altamiranda García y Marco Antonio Estévez Núñez, venezolanos, mayores de edad, divorciados, portadores de las cédulas de identidad N° V- 10.130.392 y V- 9.278.014 en su respectivo orden, asistidos en este acto por la abogada Jennifer Rosaly Quintana Mora, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 122.771, mediante la cual solicitan la partición y liquidación amistosa de los bienes adquiridos durante la comunidad conyugal. Ahora bien, observa este Juzgado que en el escrito presentado por los prenombrados ciudadanos en el capitulo II, titulado “De los bienes y su adjudicación”, se lee claramente lo siguiente: “(omissis) …CUARTO BIEN: Un fundó (sic) agropecuario denominado LAS TRES R (sic) ubicada en el sector El trompillo, asentamiento campesino HATO LAS ANGOSTURAS Parroquia El amparo, Municipio Autónomo Páez del Estado (sic) Apure, sobre un lote de terreno propiedad dl (sic) Instituto Nacional de Tierras, constante de Treinta (sic) y Ocho (sic) Hectáreas (sic) (38 has), lote este terreno que forma parte de un lote de mayor extensión y alinderado de la siguiente manera: Norte: Parcela ocupada por Héctor Sánchez, Sur: Carretera Nacional Vía (sic) La Victoria, Este: Parcela Ocupada (sic) rosa (sic) Rosales, y Oeste: Parcela ocupada por Josue Salcedo, constante el fundo en referencia de las siguientes mejoras; una casa tipo campo de paredes de bloque, techo de acerolit y piso de cemento, de tres habitaciones, sala, cocina, comedor, un baño, lavadero un tanque aéreo, un porche y sus respectivas instalaciones de agua y luz eléctrica, cinco potreros con sus estantes de madera y alambres de puas (sic), pasto artificial y natural, árboles frutales, siembra de topocho, plátanos y árboles maderables, le pertenece a la comunidad conyugal según se evidencia en documento protocolizado en La (sic) Oficina (sic) De (sic) Registro Público Del (sic) Municipio Páez Del (sic) Estado (sic) Apure (sic) Guadualito, con fecha 18 (sic) de abril de 2005, inserto bajo el número 49, folio 395 al 400, Protocolo Primero, Tomo Segundo, segundo trimestre del año en curso. El cual anexo marcado con la letra E…” (Negrilla de los solicitantes) (omissis)” Siendo así las cosas, previa a la admisión del presente escrito, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: DE LA COMPETENCIA En materia jurisdiccional, la competencia es la atribución legal que el legislador patrio le confiere a un Tribunal, en la cual el Juez como árbitro y director del proceso, tendrá conocimiento de un asunto jurídico determinado, debiendo previamente ponderar las circunstancias: a) materia, b) valor de la demanda –cuantía-, y c) territorio, para de este modo, poder entrar a conocer la controversia planteada por las partes de un proceso. Al respecto, la norma adjetiva civil en su artículo 28 dispone lo siguiente: “Artículo 28.- La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan.” (Negrilla y subrayado de este Tribunal) Por su parte, el Procesalista patrio Humberto Cuenca en su obra denominada “Derecho Procesal Civil”, en su Tomo II "La Competencia y otros Temas", con respecto a este particular manifestó: "...Todo Juez tiene en abstracto el poder de administrar justicia, es lo cierto, que en cada caso concreto tiene una esfera de actividad delimitada por la ley. Ahora bien, el poder de administrar justicia en cada caso, conforme a la naturaleza, calidad y cuantía de la acción, de acuerdo con los límites territoriales dentro de los cuales se mueven las partes o conforme al lugar donde se encuentran las cosas, objeto de litigio, se llama competencia." (Negrilla de este Tribunal) De lo expuesto anteriormente, se desprende que la competencia de los tribunales en materia de jurisdicción civil, deberá determinarse por la naturaleza de la cuestión que se discute –en virtud de que existen materias especiales-, cuantía de la acción, por cuanto existen Tribunales Municipal y de Primera Instancia, y así mismo, deberá tomarse en cuenta los limites territoriales, en el cual se encuentren las partes o conforme al lugar dónde se hallen las cosas, las cuales son objetos del litigio. Ahora bien, para el caso que nos ocupa, se aprecia que en el presente escrito de solicitud, en lo que respecta al cuarto bien, aducido por las partes en la relación hecha de los bienes habidos durante el matrimonio, como se expuso supra, se pretende la partición de un bien inmueble, destinado a un fundo agropecuario, el cual está destinado a la vocación agraria, por lo que considera oportuno este Juzgado el traer a colación lo previsto en los artículos 197 y 198 ambos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales prevén: Artículo 197: Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: (omissis) 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” Artículo 198: Se consideran predios rústicos o rurales, para los efectos de esta Ley, todas las tierras con vocación de uso agrario fijadas por el Ejecutivo Nacional.” Del mismo modo, considera oportuno quien aquí decide, traer a colación lo expuesto por la Sala Civil del máximo Tribunal de la República, en sentencia Nº 153 de fecha treinta (30) de marzo del año 2009 con ponencia de la magistrada Isbelia Josefina Pérez Velásquez, en la que se ratifica la sentencia emitida por la Sala Especial Agraria dictada en fecha cuatro (04) de junio del año 2004, caso José Rosario Pizarro Ortega y la sentencia de Sala Plena dictada en fecha diez (10) de julio del año 2008, caso Jorge Negrete Amín c/Saxon Energy Services de Venezuela C.A expediente 2007-00098, con relación a los elementos que deben concurrir para que una causa sea tramitada por la jurisdicción agraria, señalando al respecto lo siguiente: “(Omissis) “…En virtud de los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, que aquí se reiteran, se evidencia que la calificación de la causa correspondiente a la competencia agraria, se determina por la identificación previa de la acción que a los efectos se intente, ejercida con ocasión de la actividad agropecuaria que se realiza; para ello, debe tratarse de un inmueble susceptible de explotación agropecuaria, en el cual se realicen, efectivamente, actividades de esta naturaleza. Por tanto, ineludiblemente la demanda que se proponga debe tomar en consideración que el inmueble objeto de la misma sea susceptible de explotación agropecuaria, esto sin perjuicio de que el inmueble está ubicado en el medio rural o urbano (…)” (Omissis)” De lo señalado supra, se aprecia que el legislador patrio y el máximo tribunal de la República, dejó establecido que es conocimiento de los tribunales con competencia agraria, el conocimiento de acciones y demandas relacionadas con la actividad agraria a que hace referencia el artículo 197 de la ley especial que rige esta materia, vale decir, todo lo concerniente a los inmuebles que sean susceptibles de explotación agropecuaria en el cual se realicen, efectivamente actividades de esta naturaleza, por lo que deberá ser ponderado tal alegato –manifestación de las partes, para el momento de consignar el escrito ante el Tribunal- a los fines de determinar su admisibilidad. Siendo que para el caso que nos ocupa, como se expuso anteriormente, las partes al momento de consignar el escrito en el que solicitan la partición y liquidación amistosa de bienes de la comunidad conyugal, hacen referencia expresa a un bien inmueble destinado a un fundo agropecuario, tal como se desprende del anexo señalado con la letra “e”, lográndose apreciar que la documentación legal de dicho fundo quedó protocolizado en la oficina del registro público del estado Apure, municipio Páez, en fecha once (11) de abril del año 2005, bajo el N° 49, folio 395 al 400, protocolo primero, tomo segundo, segundo trimestre del año en curso. En consecuencia, al tratarse de un inmueble con evidente vocación agraria y no existiendo en autos alguna evidencia de no tener tal vocación, considera este Juzgado que lo ajustado a derecho es declararse incompetente para conocer del presente escrito –aseveración que se obtiene de los argumentos expuestos anteriormente-, y en consecuencia ORDENA remitir la presente solicitud al Juzgado de Primera Instancia con competencia Agraria de esta Circunscripción Judicial, a fin de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la misma. Y así se decide. DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TÓRBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Se DECLARA incompetente por la materia, para conocer de la presente solicitud de PARTICIÓN AMISTOSA de los bienes adquiridos durante la comunidad conyugal, presentada por los ciudadanos Norma Marisela Altamiranda García y Marco Antonio Estévez Núñez, venezolanos, mayores de edad, divorciados, portadores de las cédulas de identidad N° V10.130.392 y V- 9.278.014 en su respectivo orden, asistidos en este acto por la abogada Jennifer Rosaly Quintana Mora, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 122.771. SEGUNDO: DECLINA esta competencia al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal a quién se ordena remitir, cumplido como haya sido lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia física y digital.