TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
211° y 162°
EXPEDIENTE Nº 20.223/2019
PARTE DEMANDANTE: El ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.134.725 y domiciliado en el Municipio San Cristóbal, estado Táchira.
APODERADA JUDICIAL PARTE ACTORA: Abogada GLORIA BUITRAGO DE ARIAS, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 31.176.
PARTE DEMANDADA: INSTITUTO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL LOTERÍA DEL TÁCHIRA, regido por la Ley del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, publicada en la Gaceta Oficial Legislativa del Estado Táchira, Número Extraordinario 2.155, de fecha 05 de noviembre de 2008, cuya última reforma fue publicada en Gaceta Oficial del Estado Táchira, Número Extraordinario 8665, de fecha 01 de septiembre de 2017 y de este domicilio.
APODERADO y CONSULTOR JURIDICO DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado ARIEL GUILLERMO BECERRA CORDERO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 28314.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DERIVADO DEL PERFECCIONAMIENTO DE PREFERENCIA OFERTIVA.
PARTE NARRATIVA
Se inicia el presente procedimiento por demanda incoada por el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, contra del INSTITUTO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL LOTERÍA DEL TÁCHIRA por cumplimiento de contrato, que riela del folio 1 al 2 y sus recaudos del folio 13 al 40.
Por Auto de fecha 08 de mayo de 2019, se admitió la demanda y se ordenó tramitar por el juicio ordinario. Asimismo, se ordenó notificar al procurador. (F. 42)
Del vuelto del folio 43 al 44, actuaciones relativas con la citación de la parte demandada.
Del folio 45 al 48, riela escrito de reforma de la demanda presentado en fecha 07 de agosto de 2019, por la parte demandante.
Por Auto de fecha 16 de septiembre de 209, repuso la causa y ordenó tramitar la presente acción por el Procedimiento Oral, siguiendo las normas establecidas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y el Código de Procedimiento Civil, admitiéndose la demanda en fecha 27 de septiembre de 2019, y se fijaron las 10:00 am del quinto día de despacho siguiente a aquel que constara en autos la citación del demandado y cumplimiento de la notificación y vencimiento del lapso de suspensión de la Procuraduría General del Estado, para la celebración de la Audiencia de Mediación. Se indicó que concluida la audiencia de mediación sin que haya habido acuerdo, la parte demandada deberá dar contestación a la demanda dentro de los 10 días de despacho siguientes. Se ordenó notificar mediante oficio a la Procuraduría General del Estado y una vez constara en autos su notificación se suspende la causa por 90 días continuos. (F. 54)
En fecha 22 de octubre de 2019, el Alguacil de este Tribunal informó que de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, notificó al Procurador General del Estado ese mismo día y consignó recibo de citación que le fue firmado en forma personal por el abogado Ariel Becerra, consultor jurídico del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, el día 22 de octubre de 209. (Folios 56 al 59)
En fecha 18 de febrero de 2020, tuvo lugar la Audiencia de Mediación, con la asistencia del demandante y de su apoderada judicial de la parte actora abogada GLORIA BUITRAGO DE ARIAS y la parte demandada representada por el abogado ARIEL GUILLERMO BECERRA. El Juez vista la infructuosidad de la audiencia de mediación, ordenó continuar con el proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. (F. 62)
En fecha 06 de marzo de 2020, la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de contestación de demanda. (Folios 63 al 95 y recaudos anexos rielan del folio 96 al 142)
En fecha 11 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se fijaron los hechos y los límites de la controversia. (F. 143)
En fecha 19 de febrero de 2021, la jueza Provisoria Maurima Molina Colmenares se aboca al conocimiento de la causa y dicta auto de certeza, ordenándose la notificación electrónica de las partes.
Mediante escrito presentado en fecha 19 de marzo de 2021, la representación judicial de la parte demandante promovió pruebas en la presente causa. (Folios 149 al 160 y sus recaudos del folio 161 al 187).
Mediante escrito presentado en fecha 12 de abril de 2021, la representación judicial de la parte demandada, promovió pruebas en la presente causa. (Folios 191 al 194 y sus recaudos del folio 195 al 228)
Mediante escrito presentado en fecha 12 de abril de 2021, la representación judicial de la parte demandante se opuso a las pruebas de su contraparte. (Folios 229 al 230).
Mediante autos de fecha 12 de abril de 2021, se admitieron las pruebas presentadas por ambas partes, desechando la oposición formulada por la parte actora, se fijó un lapso de treinta días de despacho para la evacuación de las pruebas. (Folios 231 al 234)
Por Auto de fecha 28 de mayo de 2021, se fijaron las 9:00 am del 5º día de despacho siguiente, para la celebración de la Audiencia de Juicio. (Folio 235)
Del folio 236 al 244, riela acta de fecha 07 de junio de 2021, por la que se llevó a cabo la audiencia de juicio en la presente causa.

PARTE MOTIVA
Estado en término para decidir, este Tribunal observa:
I.- SINTESIS DE LA CONTROVERSIA:

La controversia sometida a consideración de esta instancia, radica en la transmisión de la propiedad de un inmueble consistente en un apartamento ubicado en el conjunto residencial La Alameda, signado con el N° 4-4, piso 4, Torre 4, calle 4 con intersección del Viaducto Nuevo, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, cuyos linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Fachada Norte del Edificio; SUR: Apartamento 4-3; ESTE: Pasillo de Circulación; OESTE: Fachada Oeste del Edificio; correspondiéndole un puesto de estacionamiento; propiedad del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, que poseía el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, en calidad de arrendatario, situación que, según aduce, lo hizo acreedor del derecho de preferencia ofertiva que llevó a cabo el referido instituto con el fin de regularizar la situación de los inmuebles de su propiedad; fundamenta su pretensión en el hecho de que una vez autorizado el procedimiento a través de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y cumplido el procedimiento de preferencia ofertiva correspondiente, la parte demandada en virtud del cambio del tren ejecutivo, se niega a cumplir con su obligación de hacer la transferencia de la propiedad, en razón de lo cual, el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, demanda al INSTITUTO OFICIAL DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO TACHIRA, LOTERIA DEL TACHIRA, por Cumplimiento de Contrato derivado del perfeccionamiento de la Preferencia Ofertiva, con fundamento en la necesidad que tiene el demandante de que se le traspase legalmente la propiedad de un bien inmueble objeto de vivienda. Fundamenta su acción en los artículos 6, 32, 131 al 135 de 131 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y 1167, 1264, 1133, 1137, 1141, 1159 y 1160 del Código Civil.
Al momento de dar contestación a la demanda, la representación judicial de la parte demandada negó, rechazó y contradijo todo lo alegado en el libelo de demanda, rechazó la estimación de la cuantía por considerarla insuficiente y procedió a alegar que el Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, forma parte de la Administración Pública Estadal funcionalmente descentralizada, por lo que los bienes muebles e inmuebles forman parte de su patrimonio y se debió seguir lo establecido en la Ley Orgánica de Bienes Públicos para su enajenación y agotarse el procedimiento administrativo previo. Afirma que si bien es cierto el inmueble fue arrendado y ofertado para la venta por quien fuera Presidente del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira para la época, no contó con la autorización del órgano colegiado o junta directiva y que la demanda incoada es de imposible materialización o ejecución por parte de quienes hoy ejercen la máxima autoridad del instituto, por tratarse de procedimientos administrativos con prescindencia absoluta del procedimiento legalmente establecido, a su decir, en la ley orgánica de Bienes Públicos no existe la institución de la preferencia ofertiva, y como tal, debe tenerse la oferta realizada como inexistente, aunado a que no consta la autorización del Consejo Legislativo.
Continúa señalando que las comunicaciones que ostenta el demandante deben ser considerados como actos preparativos de una posible venta, en su dicho, de la revisión de los archivos no se evidencia el punto de cuenta donde se autorizó a la ciudadana AISE NAOMI MAURICE CASTILLO, Presidente de la junta directiva para la época para que realizara la enajenación y tramitara la preferencia ofertiva, considerando que el consentimiento está viciado de nulidad absoluta por no haberse cumplido con las formalidades pertinentes. Afirma que el pronunciamiento del Superintendente es de carácter orientador y al igual que la opinión jurídica de la Procuradora General del Estado Táchira, se fundamenta en la Ley de la Lotería publicada en la gaceta oficial Nº 5662, de fecha 15/02/2015 derogada para el momento de emitirse los pronunciamientos y consideran procedente realizar las ventas por el procedimiento previsto en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y sin contar con la opinión de la consultoría jurídica del instituto. Rechazó el procedimiento iniciado el 25 de agosto de 2017, por la Presidenta del Instituto para la fecha, solicitando el justo valor del inmueble ante la Superintendencia por no haberse realizado un peritaje del apartamento conforme a la ley orgánica de bienes públicos y por peritos de reconocida capacidad e idoneidad y alegó la incompetencia de la Superintendencia para realizar los avalúos de los bienes públicos. Rechazó la notificación de la preferencia ofertiva realizada por el Tribunal de Municipio, argumentando que es un procedimiento ilegal, ya que se usó un procedimiento administrativo distinto al previsto en la ley orgánica de bienes públicos; alegó igualmente, que el demandante debía demostrar la solvencia económica del inmueble que ocupa, premisa fundamental para optar a los beneficios que señala la ley especial en su artículo 131 y rechaza la comunicación de la Presidenta del instituto en la que indica las cuentas para realizar el pago a favor del instituto, por no contar con la autorización de la junta directiva. Finalmente impugnó las copias presentadas por la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y solicitó se declare sin lugar la demanda.

II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS:

Se valoran conforme a los principios de la comunidad, unidad y adquisición de la prueba, según los cuales el Juez debe adminicularlas entre sí, con independencia de la parte que las aportó al proceso, comenzando con los instrumentos que acompañaron la demanda y la contestación a la misma.

A.- PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE:

1.- Contrato privado de Arrendamiento suscrito entre la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Las Lomas C.A., administradora de los inmuebles propiedad del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, en calidad de arrendadora y el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, sobre un inmueble ubicado en el conjunto residencial La Alameda, signado con el N° 4-4, piso 4, Torre 4, calle 4 con intersección del Viaducto Nuevo, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, cuyos linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Fachada Norte del Edificio; SUR: Apartamento 4-3; ESTE: Pasillo de Circulación; OESTE: Fachada Oeste del Edificio; correspondiéndole un puesto de estacionamiento; documento que no fue desconocido por la contraparte en su oportunidad conforme a lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, por ello, se valora conforme lo dispone el artículo 1364 del Código Civil, del mismo se desprende la relación arrendaticia entre las partes desde el 01 de julio de 206 y el sometimiento de la relación al ámbito especial de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento, conforme se desprende de la cláusula DÉCIMA SEXTA. (Folios 18 al 23 en copia certificada por la secretaria del Tribunal y en original a los folios 161 al 163)
2.- Copia Certificada por la Secretaria del Tribunal de la solicitud N° 699-2017 del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes del estado Táchira, riela inserta del folio 26 al 36 en copia certificada por la Secretaria del Tribunal y en original consignada en la audiencia de juicio del folio164 al 176, consiste en un documento público autorizado por un funcionario judicial competente, en virtud de lo cual quien juzga le concede pleno valor probatorio conforme a lo señalado en los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que a pesar de haber sido impugnado por la contraparte, no fue desvirtuada la presunción de veracidad con otro medio de prueba contundente, sirve para demostrar que en fecha 13 de octubre de 2017, la Presidente del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, solicita la notificación judicial del ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, de conformidad con los artículos 131, 132, 138 y 155 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, sobre la oferta de venta del inmueble que ocupa en calidad de arrendatario.
3.- Providencia Administrativa de fecha 11/09/2017 N° AV-3892-2017, emitida por la SUNAVI, riela en copia certificada por la Secretaria del Tribunal a los folios 26 y 27 y a los folios 166 y 167, consiste en un documento administrativo en virtud de lo cual quien juzga le concede pleno valor probatorio conforme a lo señalado en los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que a pesar de haber sido impugnado por la contraparte, no fue desvirtuada la presunción de veracidad con otro medio de prueba contundente, de la misma se evidencia que la SUNAVI determinó el justo valor del inmueble constituido por una vivienda Multifamiliar, ubicado en el conjunto residencial La Alameda, apto. 4-4, piso 4, torre 4, en Bs.41.340.498,66, acto que entró en vigencia toda vez que no se desprende de las actas procesales que haya sido impugnado mediante el Recurso Contencioso de Nulidad.
4.- Comunicación N° 617 del 20 de octubre de 2017, suscrita por la Presidente de la Lotería del Táchira, rielan en copia certificada por la Secretaria del Tribunal al folio 37 y en original al folio 177, consiste en un documento administrativo en virtud de lo cual quien juzga le concede pleno valor probatorio conforme a lo señalado en los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que a pesar de haber sido impugnado por la contraparte, no fue desvirtuada la presunción de veracidad con otro medio de prueba contundente, de la misma se evidencia que el Instituto notificó al ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, dando respuesta a la comunicación de fecha 18/10/2017, donde MANIFIESTA SU ACEPTACIÓN a la oferta de venta que le efectuó el ente el día 16 de octubre de 2017 y en consecuencia indica las cuentas en las que puede realizar el pago.
5.- Comunicación de fecha 17/10/018, suscrita por el demandante y dirigida a la Presidente del Instituto, riela en copia simple al folio 38 y en original al folio 178, observa quien juzga que es un instrumento emanado de la misma parte que los produce y fue impugnado por la parte demandada, sin embargo, al constar con un sello de recibido de Lotería del Táchira, en fecha 18/10/2017, se valora como un indicio de prueba de que la parte demandante notificó a la parte demandada, de la aceptación de la oferta en la fecha indicada, conforme al artículo 134 de la ley especial.
6.- Comunicaciones de fecha 5/02/2018, suscritas por el demandante y dirigidas al Procurador General del Estado Táchira y al Presidente del Instituto, rielan en copia a los folios 39 y 40, dicho instrumento fue impugnado por la contraparte, sin embargo quien juzga lo valora como indicio que evidencia que la parte actora cumplió con lo señalado en el artículo 54 de la Ley de Procuraduría General de la República, notificando a dicho ente de la necesidad de demandar al Instituto ante el incumplimiento de realizar la transferencia de la propiedad del inmueble ofertado.
9.- Factura 40036098: Riela en original al folio 179, este documento no fue impugnado por la contraparte, en tal virtud se valora de acuerdo a lo señalado en el artículo 69 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en concordancia con el artículo 124 del Código de Comercio, sirve para demostrar que el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, canceló a la Inmobiliaria Las Lomas C.A., el alquiler del mes de OCTUBRE de 2017, por la cantidad de Bs. 28.000,00, correspondiente al apartamento 4-4, piso 4, Torre 4 del edificio Parque Residencial La Alameda.
10.- Comunicación N° 641 del 30 de octubre de 2017, suscrita por la Presidente de la Lotería del Táchira, rielan en copia simple al folio 180, consiste en un documento administrativo en virtud de lo cual quien juzga le concede pleno valor probatorio conforme a lo señalado en los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que a pesar de haber sido impugnado por la contraparte, no fue desvirtuada la presunción de veracidad con otro medio de prueba contundente, se adminicula en su valoración al Acta de Entrega de Inmobiliaria Las Lomas C.A., ya que se evidencia que en fecha 26/10/2017, el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, depositó en el Banco de Venezuela, según comprobante Nº 108418597, a favor del Instituto la suma de Bs.41.340.498,66.
11.- Conforme al principio de comunidad de la prueba, durante el lapso probatorio la parte actora promovió el valor de las documentales promovidas por la parte demandada en la contestación de la demanda:
a.- Oficio N° 421 del 27/07/2017 suscrito por la Presidente del Instituto y dirigido a la Gerente General, con la finalidad de solicitar aprobación para iniciar el procedimiento de regularización de los inmuebles propiedad del instituto de conformidad con la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
b.- Punto de cuenta Nº PC 099 de fecha 28/07/2017, mediante el cual se somete a consideración de la junta directiva el contenido del oficio Nº 421 del 27/07/2017
c.- Acta N° 04 del 28/07/2017, de la que se evidencia que los miembros que conforman la Junta Directiva del Instituto aprueban por unanimidad realizar el Procedimiento por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, dicha acta fue suscrita por todos los funcionarios competentes.
d.- Oficio N° 430 de fecha 02/08/2017 suscrito por la Presidente del Instituto y dirigido al Superintendente de Bienes Públicos donde el Instituto realiza la consulta para verificar si es procedente la enajenación de conformidad con la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
e.- Comunicación SUDEBIPDAJ-2017-127 del 27/09/2017, suscrita por el Superintendente de Bienes Públicos y dirigida a la Presidente del Instituto, de la que se evidencia el dictamen orientador de dicho, concluyendo que por cuanto los bienes públicos señalados se encuentran sometidos a una relación arrendaticia, estimaba procedente en aras de regular parámetros legales pertinentes, el sometimiento de tal relación jurídica de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
f.- Oficio N° 589 del 09/10/2017 suscrito por la Presidente del Instituto y dirigido a la Procuraduría General del Estado, donde se solicita opinión a la Procuraduría General del estado Táchira referente al procedimiento aplicable la regularización de los inmuebles propiedad de la lotería.
g.- Oficio N° 2017-0139 del 31/10/2017, suscrito por la Procuradora General del Estado, en la que estima procedente cumplir lo establecido en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, respecto a los apartamentos propiedad del Instituto.
Observa quien juzga que los referidos documentos rielan del folio 103 al 142 y del folio 195 al 288, consignados por la parte demandada y por ser un medio de prueba promovido por ambas partes y que por notoriedad judicial esta sentenciadora puede verificarlos en el expediente Nº 20328-2019 que se sigue en contra del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, por una causa similar a la de autos, procede a su apreciación. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Los documentos de la “a” a la “e”, rielan insertos del folio 105 al 125 en copia simple, fueron producidos por la parte demandada en la contestación de la demanda al aportar su material probatorio, y, los documentos señalados en el literal “f” rielan del folio 266 al 267 y del folio 286 al 291 del expediente 20.328-2019, observa quien juzga que los referidos documentos fueron debidamente certificados por la Gerente General del Instituto conforme se evidencia de la nota de certificación inserta al vuelto de cada folio; ahora bien, revisados detalladamente los documentos antes indicados, se les concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de documentos administrativos que emanan de funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas y su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.
12.- Prueba de Informes: La parte actora durante el lapso probatorio promovió informes al Instituto Lotería del Táchira, a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras y al Banco de Venezuela, a cuyos efectos se libraron oficios Nos. 083/2021, 084/2021 y 085/2021 de fecha 12/04/2021, sin embargo no consta en las actas procesales su respuesta, del oficio Nº 071/202, por lo cual no pueden ser valorados.

B.- PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

1.- Oficio N° 421 del 27/07/2017 suscrito por la Presidente del Instituto y dirigido a la Gerente General, con la finalidad de solicitar aprobación para iniciar el procedimiento de regularización de los inmuebles propiedad del instituto de conformidad con la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
2.- Punto de cuenta Nº PC 099 de fecha 28/07/2017, mediante el cual se somete a consideración de la junta directiva el contenido del oficio Nº 421 del 27/07/2017.
3.- Acta N° 04 del 28/07/2017, de la que se evidencia que los miembros que conforman la Junta Directiva del Instituto aprueban por unanimidad realizar el Procedimiento por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, dicha acta fue suscrita por todos los funcionarios competentes.
4.- Oficio N° 430 de fecha 02/08/2017 suscrito por la Presidente del Instituto y dirigido al Superintendente de Bienes Públicos donde el Instituto realiza la consulta para verificar si es procedente la enajenación de conformidad con la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
5.- Comunicación SUDEBIPDAJ-2017-127 del 27/09/2017, suscrita por el Superintendente de Bienes Públicos y dirigida a la Presidente del Instituto, de la que se evidencia el dictamen orientador de dicho, concluyendo que por cuanto los bienes públicos señalados se encuentran sometidos a una relación arrendaticia, estimaba procedente en aras de regular parámetros legales pertinentes, el sometimiento de tal relación jurídica de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
6.- Oficio N° 589 del 09/10/2017 suscrito por la Presidente del Instituto y dirigido a la Procuraduría General del Estado, donde se solicita opinión a la Procuraduría General del estado Táchira referente al procedimiento aplicable la regularización de los inmuebles propiedad de la lotería.
7.- Oficio N° 2017-0139 del 13/10/2017, suscrito por la Procuradora General del Estado, en la que estima procedente cumplir lo establecido en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, respecto a los apartamentos propiedad del Instituto.
Los documentos mencionados en virtud de haber sido promovidos por la parte demandante conforme al principio de comunidad de la prueba, fueron debidamente valorados en el punto anterior.
8.- Informe definitivo de Auditoría: fue consignado en copia simple, riela del folio 124 al 142, consiste en un documento administrativo en virtud de lo cual quien juzga le concede pleno valor probatorio conforme a lo señalado en los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez no fue desvirtuada la presunción de veracidad con otro medio de prueba contundente, del mismo se evidencian las recomendaciones impartidas por la Dirección de Control de la Administración Descentralizada a la máxima autoridad del Instituto.

III.- PUNTOS PREVIOS:

Previo a la revisión del fondo de la controversia, corresponde a esta sentenciadora resolver las defensas opuesta por la parte demandada como consideraciones previas y a tal efecto, se observa:

1.- IMPUGNACIÓN DE LA CUANTÍA:

En la contestación de la demanda el apoderado Judicial del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social, Lotería del Táchira, rechazó e impugnó la estimación de la demanda por considerarla irrisoria al valor del inmueble tipo A y su ubicación en una zona que cuenta con todos los servicios públicos y por ser un público.
Para resolver la impugnación en estudio, quien juzga considera oportuno referirse el criterio sentado por nuestro Máximo Tribunal en su sentencia N° 807 de fecha 30-11-2005 en Sala de Casación Civil, en la cual se estableció lo siguiente:

“Sobre ese asunto, cuando el demandado impugna la cuantía estimada en la demanda, por considerarla exigua o exagerada, esta Sala, en decisión de fecha 15 de noviembre de 2004, caso: (…), estableció:
“… se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía. No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que “el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada”.
Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma”.
En consecuencia, se desprende del criterio jurisprudencial cuya trascripción antecede, que cuando el demandado rechace la estimación de la demanda, bien por insuficiente o exagerada, si no es probado ese nuevo elemento, quedará firme la estimación realizada por el demandante en su escrito libelar, que, como se dijo, fue estimada…”. (Sentencia publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, subrayado del Tribunal)

De acuerdo al criterio jurisprudencial ut supra indicado y, al cual se adhiere esta sentenciadora, se arriba a la conclusión de que la parte accionada hizo un rechazo puro y simple de la estimación de la demanda realizada por la parte actora, sin traer a los autos probanzas suficientes sobre lo insuficiente de la misma, por lo que a juicio de quien aquí sentencia, la estimación de Un Millón de Bolívares Soberanos (Bs. 1.000.000,00) equivalente a 20.000 U.T., debe quedar firme. Y ASÍ SE DECLARA.

2.- PROCEDIMIENTO APLICABLE:

Indica el apoderado de la parte demandada, que el Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira es un ente público y forma parte de la Administración Pública Estadal funcionalmente descentralizada, por lo que debió agotarse el procedimiento administrativo previo a las acciones contra su representada, a cuyos efectos cita el contenido de los artículos 8, 68, 4 y 7 de la Ley de la Procuraduría General de la República.
En este sentido, se percata quien juzga que la pretensión de la parte actora radica en que el Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira proceda a transmitirle la propiedad del inmueble objeto de esta demanda, mediante documento público por ante la Oficina de Registro Público Inmobiliario correspondiente, por haberse cumplido lo referente a la formalización de la oferta realizada y el pago del valor del inmueble ofertado, debido a un cumplimiento de contrato derivado del perfeccionamiento de la preferencia ofertiva, lo cual, a todas luces deja ver que estamos en presencia de un asunto por el que se exige una responsabilidad civil contractual derivada de una relación preexistente de arrendamiento de vivienda. Y ASÍ SE ESTABLECE.
En torno a ello, se desprende de las actas del expediente que el procedimiento llevado por la Lotería del Táchira fue sometido a la aprobación de la junta directiva, autorizándose iniciar el procedimiento establecido en la Ley especial que regula la materia arrendaticia, motivado a que la Presidente del Instituto en ese momento, consideró que se encontraban en una situación de multiarrendadores y debían ofertar los bienes inmuebles bajo su propiedad, a quienes los ocupaban en calidad de arrendatarios.
Posterior a ello, fue realizada la respectiva consulta al Superintendente de Bienes Públicos y, dicha Superintendencia, a pesar de que los bienes inmuebles sometidos a consulta, también forman parte del patrimonio del Instituto, señaló que motivado a que dichos bienes se encontraban sometidos a una relación arrendaticia consideraba propicio que se siguiera lo establecido en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; por lo que la misma Superintendencia, reconoce que el procedimiento a seguir es el de preferencia ofertiva, criterio que fue ratificado por la Procuraduría General del estado Táchira, quien también consideró procedente cumplir con lo establecido en la ley especial.
Lo anterior se constata en la opinión de la Superintendencia de Bienes Públicos, contenida en la comunicación SUDEBIPDAJ-2017-127 del 27/09/2017, de la que se desprende que los bienes descritos (propiedad del Instituto) se encuentran sometidos a una relación arrendaticia y que se estima propicio en aras de regular los parámetros legales pertinentes, sea sometida tal relación jurídica de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
De igual manera la Procuraduría General del estado Táchira a través del Dictamen N° 2017-0139 del 31/10/2017, estimó procedente cumplir con lo establecido en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, respecto a los apartamentos propiedad del Instituto.
En cuanto al presente asunto vale señalar que el origen del vínculo contractual deriva de una relación arrendaticia de un inmueble destinado a vivienda y el ejercicio de uno de los derechos que de ella se deriva, como es el procedimiento de preferencia ofertiva que se realizó a favor de la parte accionante; por ello, si bien es cierto que una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, como es el Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, es aún mas cierto que el Estado Venezolano ha venido desarrollando un sistema de protección al derecho a una vivienda digna y, en este sentido, resulta importante destacar que la Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha 19 de noviembre de 2002, caso: (CAPREMINFRA), reiterada en sentencia Nro. 835, de fecha 18 de junio de 2009, caso: Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Expediente N° 2007-0177, explicó la naturaleza humana, el reconocimiento universal y social del referido derecho, así como su consagración en importantes tratados y pactos de derechos humanos suscritos válidamente por la República, lo cual debe tomarse indiscutiblemente en consideración cuando se examinan pretensiones en principio de naturaleza privada, máxime cuando dicho derecho representa un valor constitucional de satisfacción progresiva, desconocerlo o eliminarlo significaría atentar contra el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna el artículo 2° del Texto Fundamental. Así, la referida Sala estableció lo siguiente:

“…A partir de esta previsión constitucional, debe señalarse que el derecho a la vivienda es un derecho humano, adoptado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 y previsto en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), ratificado por Venezuela el 28 de enero de 1978, entre otros instrumentos internacionales, pasando a formar parte del conjunto de normas jurídicas internacionales sobre derechos humanos universalmente aplicables, por lo que puede afirmarse que es un derecho fundamental reconocido y reafirmado por un gran número de instrumentos de derechos humanos y por los ordenamientos jurídicos de muchos Estados, entre los cuales se encuentra el Estado venezolano.
Dentro de este marco, cabe destacar que el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que ‘toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad’.
Resulta claro que el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental intrínseco a la dignidad humana que atiende a la necesidad del hombre de habitar una vivienda que permita su desarrollo y crecimiento personal como condición esencial para la existencia y protección del núcleo familiar y, por ende, de la misma sociedad, por lo que es pertinente que el Estado, como manifiesta evolución natural, garantice la protección progresiva de este derecho, tal como lo prevé el Texto Fundamental en su artículo 19, al disponer que ‘El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos…” (Sentencia publicada en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, subrayado del Tribunal)

En atención a ello, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 17 de abril de 2013, dejó sentado que “…el derecho a la vivienda, el cual es reconocido como un derecho humano fundamental y reafirmado por un gran número de instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos, de indudable naturaleza social que persigue la satisfacción de una necesidad básica del ser humano de habitar en un recinto adecuado y digno, y frente al cual, tanto el Estado como el sector privado y el ciudadano individualmente considerado, se encuentran comprometidos en su existencia y salvaguarda…” (Sentencia publicada en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, subrayado y destacado del Tribunal)
En esta perspectiva se ha venido generando un cuerpo normativo que tiene por objeto un fin social y altamente necesario de proteger a los arrendatarios de bienes inmuebles destinados a vivienda, así pues se desprende del artículo 1º de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que en el marco de la Legislación y Política Nacional de Vivienda y hábitat, con el ánimo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población, se establece un régimen jurídico especial para los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.
En este mismo contexto, el artículo 6 de la referida Ley establece que “… los arrendamientos o subarrendamientos de los inmuebles destinados a vivienda, habitación, residencia o pensión de los anexos y accesorios que con ellos se arrienden, quedan sujetos a regulación bajo las condiciones determinadas en esta Ley.”, amén de ser una ley de carácter estratégico y de interés público general, social y colectivo que considera a los sujetos beneficiarios como parte de un sector vulnerable por no tener acceso a la propiedad de la vivienda.
Sucede pues, que las normas previstas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda son orden público y de obligatorio cumplimiento y conforme al ordinal 6º del artículo 5 eiusdem, uno de los fines supremos en materia de arrendamientos es “… 6. Que prive la justicia sobre las formalidades jurídicas y la realidad sobre las formas y las apariencias, especialmente cuando las formas y apariencias que se adopten estén dirigidas a menoscabar el interés social o los derechos de los particulares en el uso del derecho a la vivienda…”, en el caso bajo estudio, ante la presencia de una relación de arrendamiento y de acuerdo al principio de especialidad, el régimen jurídico aplicable es el previsto en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, siendo pertinentes los procedimientos administrativos que se siguieron y el trámite de la presente causa dentro de la jurisdicción civil. Y ASÍ SE ESTABLECE.
En consonancia con lo anterior, resulta oportuno citar el criterio de la Sala Político Administrativa plasmado en fallo de fecha 10-05-2017, Exp. N° 2017-0217, sentencia N° 00546, en el que se dejo sentado:

“… en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda quedó establecida la llamada jurisdicción especial inmobiliaria (arrendamiento), con el objeto de organizar la competencia por la materia y por el territorio de los tribunales que conocerán de las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la referida ley…
Por otra parte, en lo que respecta a las demás acciones (juicios civiles) que se procuren en materia de arrendamiento y subarrendamiento, la ley estableció que la competencia será de la jurisdicción civil ordinaria (en este sentido, ver sentencias números 1269 y 8 dictadas en fechas 7 de octubre de 2013 y 30 de enero de 2014 por la Sala Constitucional y la Sala Plena de este Máximo Tribunal, respectivamente)…
… de la lectura integralmente del referido artículo se desprende claramente la distinción que hizo el legislador entre las competencias que corresponden como órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de los recursos de nulidad y aquellas que le son atribuidas a la jurisdicción civil ordinaria, al establecer que esta última deberá resolver las demás acciones civiles que se procuren en materia de arrendamiento y subarrendamiento; distinción que a su vez ha sido analizado por las Salas Constitucional y Plena de este Alto Tribunal en las sentencias antes citadas…”. (Sentencia publicada en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, Subrayado del Tribunal)

Otro aspecto importante que no se puede obviar en el caso de autos, por cuanto determina el régimen aplicable en la presente causa, deriva de la condición que ostenta la parte demandada, toda vez que en los términos del artículo 7 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira es un multiarrendador y, en este sentido, está obligado a cumplir con lo dispuesto en la disposición transitoria Quinta de la referida Ley y así se compromete en el contrato de arrendamiento. De manera que resulta necesario recordar que si el estado interviene como parte interesada en derecho privado, debe someterse a sus normas como cualquier justiciable. Y ASÍ SE ESTABLECE.
De acuerdo con los criterios expuestos, estima quien juzga que en el caso de autos debe prevalecer el interés social, colectivo y con fines de utilidad publica con que fue considerado el arrendamiento de inmuebles, por cuanto su finalidad es brindar protección especial a un sector vulnerable en tanto no tengan acceso a la propiedad de la vivienda, siendo forzoso declarar que no es aplicable lo dispuesto en la Ley de la Contraloría General de la República, ni el procedimiento previsto en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, correspondiéndole el trámite de la presente causa dentro de la jurisdicción civil y conforme al procedimiento previsto en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Y ASÍ SE DECLARA.

IV.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:
Establecida la síntesis de la controversia y valoradas como han sido las pruebas en la presente causa, corresponde a esta sentenciadora resolver la acción planteada y a tales efectos se observa:
Conforme fue declarado en el segundo punto previo de la presente motiva, el procedimiento de venta de los inmuebles propiedad del instituto demandado, por estar sometidos a una relación de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, deberá ceñirse al régimen jurídico especial previsto en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
El procedimiento de preferencia ofertiva se encuentra previsto en el artículo 131 eiusdem, que prevé:

“En caso de un acto traslativo de la propiedad del inmueble, la preferencia ofertiva es el derecho que corresponde al arrendatario o arrendataria que lo ocupa, para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero.
Sólo será acreedor o acreedora a la preferencia ofertiva el arrendatario o arrendataria que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento.”

Conforme a dicha norma, la preferencia ofertiva es el derecho que tiene el arrendatario para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en su condición de arrendatario; en este sentido, conforme a la ley vigente “… la preferencia a comprar surge desde el momento en que se firma el contrato, no es necesario que el arrendatario haya permanecido por un tiempo específico y la segunda condición … viene a ser sustituida por el hecho de que el precio de la venta lo fija la SUNAVI , y las condiciones de la oferta no pueden ser de contado, debe darse un año de plazo al arrendatario para que tramite el crédito hipotecario a fin de otorgar el documento registrado de compra-venta y no se pueden pedir arras ni ningún dinero en adelanto del precio…”. (Manual de Arrendamiento Comercial, de Vivienda y otros usos, Irma Lovera de Sola, Librería Jurídica, pág. 115, subrayado del Tribunal)

Dentro de este marco, observa quien juzga que la parte demandante demostró que ocupa el inmueble mediante un Contrato privado de Arrendamiento que suscribió con la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Las Lomas C.A. en calidad de administradora de los inmuebles propiedad del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, desde el 01 de julio de 2016; relación arrendaticia que fue plenamente aceptada por la parte accionada en la contestación; resultando acreedor del derecho de preferencia ofertiva previsto en la norma transcrita. Y ASÍ SE ESTABLECE.
De igual manera demostró la parte actora, mediante Factura 40036098 inserta al folio 179, que canceló el canon de arrendamiento hasta el mes de octubre de 2017, siendo forzoso concluir que para la fecha de la notificación se encontraba solvente en el pago de los cánones de arrendamiento, habida cuenta que de los autos no se desprende prueba en contrario a pesar de que la parte demandada alegó su insolvencia. Y ASÍ SE ESTABLECE.
En consonancia con lo anterior, se evidencia del material probatorio que eI Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, mediante la solicitud N° 699-2017 del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes del estado Táchira, en fecha 13 de octubre de 2017, realizó la notificación judicial del ciudadano JOSE GREGORIO COLMANARES BUSTAMANTE, de conformidad con los artículos 131, 132, 138 y 155 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, sobre la oferta de venta del inmueble que ocupa en calidad de arrendatario, vale decir, un apartamento ubicado en el conjunto residencial La Alameda, signado con el N° 4-4, piso 4, Torre 4, calle 4 con intersección del Viaducto Nuevo, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, cuyos linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Fachada Norte del Edificio; SUR: Apartamento 4-3; ESTE: Pasillo de Circulación; OESTE: Fachada Oeste del Edificio; correspondiéndole un puesto de estacionamiento.
Logró verificar esta sentenciadora del acervo probatorio, que a la notificación judicial se acompañó la Providencia Administrativa de fecha 11/09/2017 N° AV -3892-2016, emitida por la SUNAVI, en la que se determinó el justo valor del inmueble constituido por una vivienda Multifamiliar, ubicado en el conjunto residencial La Alameda, apto. 4-4, piso 4, torre 4, en Bs.41.340.498,66, y, contrario a lo alegado por la parte demandada este acto entró en vigencia, toda vez que no fue impugnado mediante el Recurso Contencioso de Nulidad. Y ASÍ SE ESTABLECE.
De igual forma se desprende del vuelto del folio 25, que en la solicitud se establecieron las condiciones de la venta, las modalidades de la negociación y la dirección donde se recibiría válidamente la respuesta.
En los términos expuestos esta sentenciadora arriba a la conclusión de que se cumplieron los extremos del artículo 132 idem para la preferencia ofertiva y, si bien es cierto que se omitió cumplir con los ordinales 5, 6 y 7 de dicha norma, es aún más cierto que su omisión sólo afecta al arrendatario acreedor del derecho, que en el caso de autos nada alegó en relación con la omisión delatada por la parte demandada. Y ASÍ SE ESTABLECE.
De seguidas procede quien juzga a revisar si la parte actora dio cumplimiento con lo señalado en el artículo 134 ibídem, para verificar este requisito observa quien juzga que la notificación del ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, se materializó el día 16 de octubre de 2017 (vuelto del folio 35), por tanto, es a partir de dicha fecha que se comienzan a computar los 90 días calendarios para la aceptación o rechazo.
Este lapso de 90 días inició el día 17 de octubre de 2017 y culminó el día 17 de enero de 2018, evidenciándose al folio 177, que la aceptación a la oferta la realizó el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, el día 18 de octubre de 2017, es decir que la parte demandante aceptó el ofrecimiento realizado a su favor dentro del lapo concedido por la Ley. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Finalmente se percata esta sentenciadora que la cancelación del justo valor fue acreditado en fecha 26 de octubre de 2017, por el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, a través del depósito bancario Nº 108418597, en el Banco de Venezuela, a favor del Instituto, por la suma de Bs.41.340.498,66. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Así las cosas, habiéndose cumplido el procedimiento de preferencia ofertiva en los términos previstos en la Ley, y, teniendo en consideración que el Instituto demandado decidió vender el inmueble y conforme a dicha ley, se lo ofreció a su arrendatario; el arrendatario aceptó los términos del ofrecimiento; la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, estableció el justo valor y el plazo único de pago y se demostró que el vendedor recibió la totalidad del pago pactado como precio; en tal virtud, lo que restaba era el cumplimiento por parte de la propietaria vendedora de su obligación de protocolizar el documento definitivo de compra venta.
Al respecto, resulta oportuno traer a colación lo señalado el Tratado de Derecho Inmobiliario, Volumen I, página 408, parafraseando a “Sosa Brito”, el tratadista Gilberto Guerrero Quintero, en relación a un caso similar al de autos, expresa el texto lo siguiente:
“… Se hace necesario hacer algunas precisiones en orden a establecer la situación que en que se encuentra el derecho del arrendatario: (i) En primer lugar debemos destacar que la aceptación por parte del arrendatario y el conocimiento de la aceptación por parte del propietario, da lugar a la formación del contrato de compraventa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1137 del Código Civil. En consecuencia, desde ese preciso momento el arrendatario deja de ser tal arrendatario para convertirse en propietario del inmueble…” (Subrayado del Tribunal)

Dentro de este marco, estima quien juzga que el cumplimiento del procedimiento de preferencia ofertiva daba lugar a la formación del contrato de compra venta y como consecuencia de ello, la parte demandada tenía la obliagción de cumplir con dicho contrato.
El contrato de compra venta José Luis Aguilar Gorrondona, en su obra Derecho Civil IV, Contratos y Garantías, lo define como: “…el contrato por el cual dos partes se obligan recíprocamente a celebrar un contrato de venta”, tal como lo establece el artículo 1.134 del Código Civil.
De acuerdo con el cuerpo normativo que regula esta figura jurídica, está previsto que las partes contratantes deben cumplir a cabalidad con sus obligaciones en los plazos que hayan pactado en el contrato y, en caso de que una de ellas no cumpla con su obligación, puede la otra parte optar por no cumplir con la suya, pero de su incumplimiento o inejecución derivan las consecuencias pactadas en el contrato, tal y como lo establecen los artículos 1160, 1168 y 1269 del Código Civil Venezolano. Asimismo, la norma sustantiva establece que el deudor cuando no ejecute su obligación o se retarde en la misma, será condenado al pago de los daños y perjuicios, conforme al artículo 1271 ejusdem.
En este orden de ideas, no puede obviar esta sentenciadora que la parte demandada en sus defensas alegó la existencia de vicios del consentimiento conforme a lo previsto en el artículo 1142 del Código Civil, por no cumplirse el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Bienes Públicos para la enajenación de los bienes inmuebles propiedad del instituto y por realizar la preferencia ofertiva ignorando la prohibición señalada en el artículo 13 de la referida ley.
En relación al procedimiento aplicable ya se pronunció esta instancia en el segundo punto previo de la presente motiva, pero en lo que respecta a la prohibición prevista en el artículo 13 invocado, observa quien juzga que dicha norma prohíbe a los funcionarios públicos adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, respecto a bienes públicos propiedad del órgano al que pertenecen, salvo disposición en contrario emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
En el caso de autos estamos en presencia de esa salvedad a que hace referencia la ley, toda vez que la Superintendencia de Bienes Públicos a través de la comunicación SUDEBIPDAJ-2017-127 del 27/09/2017, determinó que los bienes descritos (propiedad del Instituto) se encuentran sometidos a una relación arrendaticia, estimando propicio en aras de regular los parámetros legales pertinente que se sometiera tal relación jurídica de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, decisión que contó con la aprobación de la Procuraduría del estado Táchira en los mismos términos.
De acuerdo con ello y ante la falta de medios probatorios que evidenciaran los vicios del consentimiento denunciados, resulta improcedente lo alegado por la parte demandada. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Dentro de este orden de ideas, ateniéndose esta sentenciadora a lo alegado y probado en autos, conforme al principio procesal que obliga a decidir conforme a la situación fáctica y el acervo probatorio, estima quien juzga que cuando las partes acuden a los órganos de justicia, es porque tienen interés procesal de que su pretensión sea resuelta; por ello, el juez como garante del fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico debe resolver sobre el destino de los derechos que le puedan corresponder a cada una de las partes, pues de lo contrario, si decidiera sin resolver un factor determinante, incurriría en la trasgresión del ordenamiento jurídico, porque siendo conocedor del derecho debe hacer uso de las instrumentos jurídicos necesarios, para la tutela judicial y efectiva de lo que se le ha planteado.
De allí, que atendiendo al interés que tienen las partes al requerir del órgano jurisdiccional el reconocimiento o satisfacción de un derecho y al derecho de una tutela judicial y efectiva como lo contempla el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta juzgadora está en la obligación de brindar seguridad jurídica, en función de los principios constitucionales y legales, como buena administradora de justicia.
Diversas y muy amplias son las normas que tutelan las obligaciones y los contratos en nuestra Ley Civil, entre tales normas, se encuentran las que se refieren a la manera de cumplir las obligaciones, así tenemos que:

Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.

Artículo 1.168.- En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones.

Del contenido de tales normas se desprende que los contratantes tienen que cumplir sus obligaciones cabalmente, tal como inicialmente se pactaron y que en caso de que alguno incumpla sus obligaciones, el otro puede negarse a honrar la suya, manteniendo con esto el equilibrio contractual que buscó el legislador al tutelar tales manifestaciones de la autonomía de la voluntad de los particulares, o solicitar la ejecución forzosa de tal obligación, siendo que en el presente caso la parte demandada no ha cumplido con su obligación, es por lo que resulta procedente su ejecución forzosa. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Habiéndose evidenciado la responsabilidad de la parte demandada ante el incumplimiento del contrato de compra venta que se generó por el cumplimento del procedimiento de preferencia ofertiva, quien aquí juzga considera conveniente traer a colación, el comentario del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, realizado por el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en materia de interés procesal, indicando como sigue:

“La norma se refiere al interés procesal, a la necesidad del proceso como único medio (extrema ratio) para obtener con la invocación de la prometida garantía jurisdiccional del Estado, el reconocimiento o satisfacción de un derecho que no ha sido reconocido o satisfecho libremente por el titular de la obligación jurídica. Este interés tiene su causa remota en la prohibición de hacerse justicia por propia mano que ha impuesto el Estado al irrogarse con carácter exclusivo la función de juzgar. La doctrina distingue tres tipos de interés procesal: el que deviene del incumplimiento de una obligación, el que deviene de la ley (procesos constitutivos y el que deviene de la falta de certeza…” (subrayado del tribunal).

Como corolario de lo expuesto, concluye esta administradora de justicia de que efectivamente hubo un incumplimiento por parte del INSTITUTO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL LOTERÍA DEL TÁCHIRA, y que en virtud de tal incumplimiento el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMENTE, tiene el interés procesal de que se le satisfaga un derecho producto de la obligación contraída, por haber cumplido la parte actora todas las formalidades y requisitos en este proceso para el otorgamiento del instrumento de propiedad del inmueble objeto de la negociación. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Ante tal situación, esta juzgadora determina que por aplicación de los artículos 1.486 y 1.488 del Código Civil y con fundamento en las normas citadas en el desarrollo de la presente motiva, la parte demandada Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, en su carácter de vendedor debe cumplir con su obligación de otorgar el documento de propiedad en el Registro correspondiente, para hacer el traspaso definitivo de la propiedad del inmueble objeto de este litigio, toda vez que el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, en su carácter de comprador logró demostrar que cumplió íntegramente con las obligaciones de ley; resultado forzoso para quien juzga declarar procedente la demanda de cumplimiento de contrato derivado del perfeccionamiento de la preferencia ofertiva y como consecuencia de ello, se ordena a la parte demandada proceder a la protocolización del documento definitivo de venta del inmueble objeto de la causa, y, que en el caso que el demandado se abstenga de realizarlo, la presente sentencia definitiva se tendrá como Título de Propiedad del inmueble en referencia, constituyendo la tradición legal del mismo, con sus correspondientes efectos legales, con el fin de garantizar la ejecución del presente fallo. Y ASÍ SE DECLARA.
De igual manera corresponde a esta administradora de justicia pronunciarse en relación con las impugnaciones realizadas por el apoderado de la parte demandada, en relación con los procedimientos administrativos realizados previamente a la presente causa y con el objeto de regularizar la situación de los inmuebles propiedad del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira. Al respecto, estima esta juzgadora que dichos actos debieron ser impugnados en la oportunidad correspondiente a través de los recursos previstos en la Ley; aunado a ello, carece esta instancia de competencia por la materia, debido a que dichos procedimientos fueron llevados en sede administrativa y su conocimiento corresponde a otro órgano jurisdiccional. Y ASÍ SE DECLARA.
Para finalizar y vista la solicitud de la parte actora de que se tomen las medidas previstas en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, quien juzga considera que la parte demandada tiene derecho a utilizar en el desarrollo del procedimiento, todos los medios de ataque y defensa que establece el Código de Procedimiento Civil, sin que la conducta desplegada por el accionado pueda ser considera al margen de los principios de lealtad y probidad. De manera que al no evidenciarse de las actas procesales actuaciones contrarias a lo previsto en el artículo 17 invocado, resulta improcedente su aplicación. Y ASÍ SE DECLARA.

PARTE DISPOSITIVA

Por los razonamientos expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede civil, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.134.725 y domiciliado en el Municipio San Cristóbal, estado Táchira, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL LOTERÍA DEL TÁCHIRA, regido por la Ley del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, publicada en la Gaceta Oficial Legislativa del Estado Táchira, Número Extraordinario 2.155, de fecha 05 de noviembre de 2008, cuya última reforma fue publicada en Gaceta Oficial del Estado Táchira, Número Extraordinario 8665, de fecha 01 de septiembre de 2017 y de este domicilio; por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DERIVADO DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA PREFERENCIA OFERTIVA.

SEGUNDO: SE ORDENA al INSTITUTO OFICIAL DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO TACHIRA, LOTERIA DEL TACHIRA, a realizar las diligencias necesarias para la protocolización ante el Registro Inmobiliario respectivo de la venta del inmueble consistente en un apartamento ubicado en el conjunto residencial La Alameda, signado con el N° 4-4, piso 4, Torre 4, calle 4 con intersección del Viaducto Nuevo, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, cuyos linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Fachada Norte del Edificio; SUR: Apartamento 4-3; ESTE: Pasillo de Circulación; OESTE: Fachada Oeste del Edificio; correspondiéndole un puesto de estacionamiento, propiedad del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, que poseía el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, ya identificado.
TERCERO: En caso de que la parte demandada se abstenga de otorgar el documento definitivo de venta, la presente decisión le servirá como título de propiedad del inmueble consistente en un apartamento ubicado en el conjunto residencial La Alameda, signado con el N° 4-4, piso 4, Torre 4, calle 4 con intersección del Viaducto Nuevo, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, cuyos linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Fachada Norte del Edificio; SUR: Apartamento 4-3; ESTE: Pasillo de Circulación; OESTE: Fachada Oeste del Edificio; correspondiéndole un puesto de estacionamiento, propiedad del Instituto Autónomo de Beneficencia Pública y Bienestar Social Lotería del Táchira, que poseía el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE, ya identificado; por haberse cumplido el procedimiento de formalización de la oferta efectuada a su favor y el pago del valor del inmueble ofertado.
CUARTO: En conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de fecha 15 de marzo de 2016, reimpresión, Nº 6.220 extraordinaria, se ordena la notificación del Procurador General del estado Táchira, con copia certificada del presente fallo.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.
A los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la Resolución Nº 5 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la notificación en el correo electrónico de los abogados de las partes gloria_buitrago_arias@hotmail.com y juridicaloteria2020@gmail.com.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los diez días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

La Jueza Provisoria (Fdo) Maurima Molina Colmenares. El Secretario Temporal, (Fdo) Luis Sebastián Méndez Maldonado. Esta el sello del Tribunal. El Secretario Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, certifica la exactitud de la anterior copia por ser fiel traslado de su original que se encuentra en el expediente civil N° 20223 en el cual el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES BUSTAMANTE demanda al INSTITUTO OFICIAL DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO TACHIRA, LOTERIA DEL TACHIRA por cumplimiento de contrato.

LUIS SEBASTIAN MENDEZ MALDONADO
SECRETERIO TEMPORAL