TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Táchira
San Cristóbal, 14 de enero de 2020
209º y 160º

ASUNTO PRINCIPAL : SP21-S-2020-000029
ASUNTO : SP21-S-2020-000029

Resolución N° 0000010-2020

DE LAS PARTES

JUEZA: Abg. Mary Francy Acero Soto.
SECRETARIO TEMPORAL: Abg. Fidel Ricardo Galvis Duque.
FISCALÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL MINISTERIO PÚBLICO: Presente el abogado Oscar E., Mora Rivas, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira con Competencia para la Defensa de la Mujer en colaboración con la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
DELITO: Violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
IMPUTADOS: 1.- Anthony Ricardo Farías Lozada, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-24.859.648, natural de Valencia, estado Carabobo, fecha de nacimiento 04-04-1995, de 24 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, residenciado en la aldea Bauquena, sector Llanetes, vía pública, carrera 5 diagonal al mercado municipal, casa rústica de rejas negras, sin número, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira.
2.- Yolfre Leonardo Tarazona Moncada, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-19.365.287, natural de Valencia, estado Carabobo, fecha de nacimiento 30-06-1989, de 30 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, residenciado en la aldea Bauquena, sector Llanetes, vía pública, carrera 5 diagonal al mercado municipal, casa rústica de rejas negras, sin número, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira.
3.- Álvaro José López Moncada, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-27.493.405, natural de Valencia, estado Carabobo, fecha de nacimiento 29-10-1999, de 20 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, residenciado en la aldea Bauquena, sector Llanetes, vía pública, carrera 5 diagonal al mercado municipal, casa rústica de rejas negras, sin número, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira.
VÍCITIMA: Ana del Carmen Chanaga Duque.
DEFENSORA
PÚBLICA N° 2: Abg. Gladys Josefina González de Barragán.

I
NARRATIVA

Se inicia el presente procedimiento por la denuncia común (causa penal K-20-0339-00014) interpuesta en fecha 11 de enero de 2019 por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación La Grita, estado Táchira, por la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque, quien manifestó que el día sábado 11 de enero de 2020 aproximadamente a las 04:00 de la madrugada para el momento en que ella se encontraba en su casa ubicada en el sector Llanetes, vía Bauquena, vía pública, casa sin número, La Grita, municipio García de Hevia, estado Táchira, cuando de repente tres muchachos que son sus vecinos de nombres Anthony Ricardo Farías Lozada, Yolfre Leonardo Tarazona Moncada y Álvaro José López Moncada, quienes tenían una fiesta en su casa y ella les dijo que tenían el equipo a todo volumen y por ea razón ella salió de su casa y le dijo que por favor le bajaran el volumen al equipo de sonido porque ella necesitaba levantarse temprano y de repente Yolfre comenzó a tratarla muy mal diciéndole palabras obscenas y ella le dijo que respetara y de repente le dio un golpe en la cara y de repente salió otro muchacho de nombre Álvaro y la empujó y la agarró por el cuello, después se acercó otro muchacho de nombre Antony y la empujó también y como pudo ella se soltó y salió corriendo. (Fls. 5 y 6).
Mediante acta de investigación penal de fecha 11 de enero de 2020 se procedió a practicar la aprehensión de los ciudadanos Anthony Ricardo Farías Lozada, Yolfre Leonardo Tarazona Moncada y Álvaro José López Moncada, plenamente identificados, por encontrarse en presencia de un hecho punible donde los funcionarios actuantes Rafael Molina, Anyelo Noguera, Anyer Ramírez y Leonard Guerrero, detectives agregados al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC, Sub Delegación La Grita, estado Táchira, le notificaron de su aprehensión en flagrancia siendo las 1:15 de la tarde de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde fue impuesto de los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el artículo 127 de la norma adjetiva. Que los detectives dejaron constancia que los aprehendidos no presentan registros policiales. (Fl. 7 y su vto.). Que los mencionados detectives realizaron en fecha 11 de enero de 2020 a la 13:20 de la tarde, acta de inspección técnica N° 009-2020 en el lugar ut supra donde ocurrieron los hechos, que una vez en el sito del suceso se trata de un sitio abierto, expuesto a la vista del público y a la intemperie, que las demás características se constatan en el acta inserta al folio 8, con la toma fotográfica inserta al folio 9.
Riela informe médico realizado en fecha 12 de enero de 2020 a la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque, quien figura como víctima, realizado por la Dra. Ana Sánchez, médico integral comunitaria adscrita al Centro Diagnóstico Integral La Grita, del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, fundación Misión Barrio adentro, estado Táchira, quien dejó constancia que la paciente presenta para el momento del reconocimiento médico legal (examen físico) un hematoma en cara anterior, ameritando cuatro (04) días de curación. (Fl. 14).
Riela informe médico realizado en fecha 12 de enero de 2020 al ciudadano Yolfer Leonardo Tarazona Moncada, quien figura como presunto agresor, realizado por la Dra. Ana Sánchez, médico integral comunitaria adscrita al Centro Diagnóstico Integral La Grita, del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, fundación Misión Barrio adentro, estado Táchira, quien dejó constancia que el paciente para el momento del reconocimiento médico legal (examen físico) excoriación en cara y m., inferior. (Fl. 16).
Riela informe médico realizado en fecha 12 de enero de 2020 al ciudadano Álvaro José López Moncada, quien figura como presunto agresor, realizado por la Dra. Ana Sánchez, médico integral comunitaria adscrita al Centro Diagnóstico Integral La Grita, del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, fundación Misión Barrio adentro, estado Táchira, quien dejó constancia que el paciente para el momento del reconocimiento médico legal (examen físico) se encuentra aparentemente sano. (Fl. 17).
Riela informe médico realizado en fecha 12 de enero de 2020 al ciudadano Anthony Ricardo Farías Lozada, quien figura como presunto agresor, realizado por la Dra. Ana Sánchez, médico integral comunitaria adscrita al Centro Diagnóstico Integral La Grita, del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, fundación Misión Barrio adentro, estado Táchira, quien dejó constancia que el paciente para el momento del reconocimiento médico legal (examen físico) se encuentra aparentemente sano. (Fl. 18).
Por lo antes expuesto, y en virtud de los hechos anteriormente narrados, correspondió a este Tribunal de Control N° 2, resolver sobre la situación jurídica de los ciudadanos Anthony Ricardo Farías Lozada, Yolfre Leonardo Tarazona Moncada y Álvaro José López Moncada, plenamente identificados a quien la Fiscal Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, le atribuye la presunta comisión del delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque.
En la audiencia de calificación de flagrancia y medida de coerción personal, celebrada en fecha 13 de enero de 2020, el abogado Oscar E., Mora Rivas, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira con Competencia para la Defensa de la Mujer en colaboración con la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, expuso de viva voz todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se logró la aprehensión del imputado y en los cuales fundamentó su solicitud con los preceptos jurídicos aplicables, formulando entre sus pedimentos se calificara la flagrancia en la comisión del delito por parte de los ciudadanos Anthony Ricardo Farías Lozada, Yolfre Leonardo Tarazona Moncada y Álvaro José López Moncada, plenamente identificados, a quien la Fiscal Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, le atribuye la presunta comisión del delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque, solicitando se ordenara la prosecución causa por los trámites del procedimiento especial por ser necesario la práctica de otras diligencias de investigación y se decrete medidas de seguridad y protección, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 numerales 5 y 6 y como medida cautelar sustitutiva de la medida judicial preventiva de libertad, arresto transitorio por veinticuatro horas, tres (03) charlas por ante el equipo interdisciplinario de este Circuito Penal de Violencia contra la Mujer, asistir a charlas por ante alcohólicos anónimo a fin de que cumpa con el ciclo de charlas que el indiquen y someterse al proceso, de conformidad con el artículo 95 numeral 7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La materia deferida al conocimiento de esta instancia versa única y exclusivamente sobre la presentación en flagrancia de los ciudadanos Anthony Ricardo Farías Lozada, Yolfre Leonardo Tarazona Moncada y Álvaro José López Moncada, por la comisión del delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque.
En este orden de ideas, debe puntualizarse el contenido del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual es del tenor siguiente:

Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de comerte cuanto la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuesto a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medias, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa.
La decisión deberá ser debidamente fundada y observará los supuestos de procedentita para la privación de libertad contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, ajustados a la naturaleza de los delitos contenidos en la presente Ley, según el hecho de que se trate y atendiendo a los objetivos de protección de las víctimas, sin menoscabo de los derechos del presunto agresor.

En la norma transcrita el legislador contempla lo relativo a la definición de la flagrancia y el proceso que se debe aplicar a tal caso, señalando que se considera como delito flagrante todo delito que se esté cometiendo o el que se acaba de cometer así como también aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, estableciendo igualmente los lapsos por el cual la autoridad lo debe presentar haciendo énfasis en que el Ministerio Público en un término que no excederá de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la aprehensión deberá presentar al presunto agresor por ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medias. Que dicho tema ha sido un punto muy controvertido. (Vid. Sentencia N° 272 de fecha 15 de febrero de 2007, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Interpretación de la flagrancia en los delitos de género).

III
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento especial, formulado por el representante del Ministerio Público, considera quien juzga, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y por cuanto aún es necesario otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del procedimiento especial a tenor de lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenándose remitir las actuaciones a la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en su oportunidad legal.

IV
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION SOLICITADAS POR LA REPRESENTACION FISCAL

Del artículo 90 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, se desprende la facultad que tiene el Juez o la Jueza especializado o especializada en Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas le corresponde ejercer el control judicial de las actuaciones realizadas tanto por los órganos receptores como también por el Ministerio Público, verificar si las medidas se encuentran ajustadas a la Constitución y las demás leyes, todo esto recordando que el Juez o la Jueza es garante de la constitucionalidad, trayendo como consecuencia su deber de velar por la incolumidad de la Carta Magna.
Las medidas de protección y de seguridad tienen una finalidad preventiva por tal motivo el Legislador atribuye la competencia para su aplicación a los órganos receptores de denuncia, los cuales se encuentran debidamente tipificados en el artículo 74 de la Ley Especial que regula la presente materia, y por cuanto dicha ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar abusos como el presente caso, así como asistir a las víctimas de los hechos en ella previstos, la ley abarca la protección y el respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; la protección de la familia y de cada uno de sus miembros y los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En el caso en cuestión, el Representante del Ministerio Público ha solicitado la imposición de Medidas de Protección y Seguridad al presunto agresor y a criterio de esta Juzgadora le han sido impuestas las siguientes: NUMERAL 5: Prohibir o restringir al presunto agresor, el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia imponer al presunto agresor la Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. Y, NUMERAL 6: Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Especial que rige la materia, hacia la víctima Ana del Carmen Chanaga Duque, entendiéndose las mismas de aplicación inmediata, ordenándose la notificación a la víctima de las medidas impuestas al presunto agresor.

V
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO
APLICABLE

Conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, le corresponde al Ministerio Público solicitarle al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas en este caso, la imposición a la persona agresora de cualquiera de las medidas cautelares que comprende la mencionada norma, todo ello con la finalidad de asegurar la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer víctima de violencia, considerando las circunstancias de gravedad que reviste el caso en particular, con la finalidad de evitar que el agresor o agresora logre evadir su responsabilidad penal y así se pueda garantizar la sujeción del mismo al proceso penal como tal.
En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como es el delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque.
Es por ello que en el caso sub iudice se decreta medida cautelar sustitutiva a la medida judicial preventiva de libertad a los imputados Anthony Ricardo Farías Lozada, Yolfre Leonardo Tarazona Moncada y Álvaro José López Moncada, plenamente identificado, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia., por ser un concurso real de delito, cometido en perjuicio de la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque, imponiéndosele el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1.- Tres (03) charlas por ante el equipo interdisciplinario de este Circuito Penal de Violencia contra la Mujer. Y, 2.- Someterse al proceso, de conformidad con el artículo 95 numeral 7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así se decide.

VI
DECISIÓN

En orden a las anteriores consideraciones, este Tribunal de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial de Violencia del estado Táchira administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
PRIMERO: Se califica la flagrancia en la aprehensión de Anthony Ricardo Farías Lozada, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-24.859.648, natural de Valencia, estado Carabobo, fecha de nacimiento 04-04-1995, de 24 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, residenciado en la aldea Bauquena, sector Llanetes, vía pública, carrera 5 diagonal al mercado municipal, casa rústica de rejas negras, sin número, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, Yolfre Leonardo Tarazona Moncada, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-19.365.287, natural de Valencia, estado Carabobo, fecha de nacimiento 30-06-1989, de 30 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, residenciado en la aldea Bauquena, sector Llanetes, vía pública, carrera 5 diagonal al mercado municipal, casa rústica de rejas negras, sin número, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, Álvaro José López Moncada, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-27.493.405, natural de Valencia, estado Carabobo, fecha de nacimiento 29-10-1999, de 20 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, residenciado en la aldea Bauquena, sector Llanetes, vía pública, carrera 5 diagonal al mercado municipal, casa rústica de rejas negras, sin número, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque, por encontrarse llenos los extremos del artículo 96 de la Ley Especial que rige la materia.
SEGUNDO: Por ser una facultad de la Fiscalía Ministerio Público, se ordena la prosecución del proceso por los trámites del procedimiento especial, de conformidad con La Ley Especial que rige la materia, ordenándose la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público, en su oportunidad legal, conforme al artículo 97 de la Ley Especial que rige la materia.
TERCERO: Decreta medida cautelar sustitutiva a la medida judicial preventiva de libertad al imputado Anthony Ricardo Farías Lozada, plenamente identificado, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 con la agravante del artículo 68 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana Ana del Carmen Chanaga Duque, imponiéndosele el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1.- Tres (03) charlas por ante el equipo interdisciplinario de este Circuito Penal de Violencia contra la Mujer. Y, 2.- Someterse al proceso, de conformidad con el artículo 95 numeral 7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CUARTO: Decreta medida de protección y seguridad a favor de la victima al imputado de autos, imponiéndosele al agresor el cumplimiento de las siguientes obligaciones: NUMERAL 5: Prohibir o restringir al presunto agresor, el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia imponer al presunto agresor la Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. Y, NUMERAL 6: Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Especial que rige la materia, hacia la víctima Ana del Carmen Chanaga Duque, entendiéndose las mismas de aplicación inmediata, ordenándose la notificación a la víctima de las medidas impuestas al presunto agresor.

Quedan notificadas las partes de la presente decisión. Déjese copia en el archivo del Tribunal. Se acuerdan las copias solicitadas por la Defensa Pública por no ser contrarias a derecho ni a la ley. Se ordena la remisión en su oportunidad legal a la Fiscalía Vigésimo Octava del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial para que sea presentado el respectivo acto conclusivo.
A fin de dar cumplimiento con el principio de preclusión de los lapsos procesales, una vez vencido el lapso de apelación remítase las actuaciones a la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en su oportunidad legal para que sea presentado el respectivo acto conclusivo. Cúmplase.

Abg. MARY FRANCY ACERO SOTO
JUEZA DEL TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS N° 02

Abg. Fidel Ricardo Galvis Duque
SECRETARIO TEMPORAL