TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO
Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO TÁCHIRA

Expediente N° 3.702
Recibidas por ante este Despacho las copias fotostáticas certificadas correspondientes a la incidencia de incompetencia subjetiva (INHIBICIÓN), planteada por el ciudadana Jueza Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ, en el juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DE INTERDICTO DE OBRA NUEVA intentara la ciudadana MAYELA CARREÑO ALBA contra el ciudadano JORGE ENRIQUE ORTIZ MORA, signado por ante el referido Tribunal bajo el N° 36.024.

De las actas procesales remitidas a esta Alzada, consta:
• A los folios 1 al 11, copias certificadas de la demanda interpuesta por la ciudadana MAYELA CARREÑO contra el ciudadano JORGE ENRIQUE ORTIZ MORA, por DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DE INTERDICTO DE OBRA NUEVA procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
• A los folios 12 al 17 corren copias certificadas de la sentencia dictada el dos (02) de abril del 2018, suscrita por la jueza inhibida.
• Acta de inhibición de fecha 22 de abril de 2019, suscrita por el Jueza Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ
En fecha 8 de mayo de 2019, se recibe en este Tribunal Superior el legajo de copias fotostáticas certificadas provenientes por distribución de este mismo Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial; formándose expediente, dándosele entrada y curso de ley correspondiente, quedando inventariado bajo el Nº 3.702 (folio 21).
Este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del cual se desprende su competencia para conocer de la presente incidencia y estando dentro del lapso legal consagrado en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, observa lo siguiente:

Expone la Jueza inhibida en el acta de fecha 22 de abril de 2019:
“…Cursa ante este Juzgado Expediente signado con el N° 36.024, cuyas partes son: PARTE DEMANDANTE: MAYELA CARREÑO ALBA. PARTE DEMANDADA: JORGE ENRIQUE ORTIZ MORA. MOTIVO: Daños y Perjuicios provenientes de interdicto de obra nueva.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva del referido expediente se observa que la sentencia a que hace alusión la parte actora en el escrito libelar que resolvió el interdicto de obra nueva fue dictada por quien suscribe la presente acta actuando como Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Transito de esta circunscripción Judicial del estado Táchira en fecha 2 de abril de 2018, en el expediente N° 20038/2018, nomenclatura de ese despacho, por lo que siendo el referido fallo el instrumento fundamental en que sustenta la pretensión la parte actora tal como se infiere de lo expresado en el libelo de demanda considero que me encuentro incursa en la causal de inhibición prevista en el ordinal 15 del Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por haber manifestado opinión que incide directamente en la resolución de fondo de la presente causa. Se dejan transcurrir dos días de despacho para que las partes manifiesten su allanamiento, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 86 del Código Procedimiento Civil”.
La doctrina y la jurisprudencia han definido la inhibición como el acto del juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la ley como causa de recusación.
Sobre la recusación e inhibición, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2.140 del 7 de agosto de 2003, dictada en el expediente N° 02-2403, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, dejó sentado:
“(Omissis)”… “En la jurisprudencia reiterada de los órganos internacionales de protección de derechos humanos - Corte Penal Internacional y Corte Interamericana de los Derechos Humanos - la imparcialidad del tribunal tiene una dimensión también objetiva, referida a la confianza que debe suscitar el tribunal en relación con el imputado, para lo cual es preciso que el juez que dicta la sentencia no sea sospechoso de parcialidad,…”
…En este sentido, debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos instituciones, a saber, la inhibición y la recusación, destinadas a preservar la garantía del juez imparcial. La doctrina, tradicionalmente, ha señalado que las causales de la recusación del juez previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil son taxativas y no pueden ser susceptibles de ampliación por vía de analogía o semejanza (cf. Humberto Cuenca. Derecho Procesal Civil. Tomo II 6° edición. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 154, y Juan Montero Aroca y otros. Derecho Jurisdiccional. Tomo I. 10° edición. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, p. 114).
Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (…) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (Enrique R. Aftalión. Introducción al Derecho. 3° edición. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 616). En este sentido, la Sala en sentencia N° 144/2000 del 24 de marzo ha indicado lo siguiente:
‘En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que pueden gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez…’. (Negritas y subrayado de quien sentencia).
Ciertamente, si el Juez o cualquier otro funcionario que conoce un juicio determinado, estima que su imparcialidad puede verse afectada o en riesgo por cualquiera de las causales a que hace referencia el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, o bien por alguna otra conducta o circunstancia tal y como lo dejó establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia parcialmente trasladada, debe inhibirse de seguir conociendo de dicho asunto, ya que la imparcialidad es un deber del juez que se refiere a que durante el desempeño de sus funciones tiene que mantenerle a las partes los derechos comunes en igualdad de condiciones. Así las cosas, en el supuesto de que el operador de justicia vea perturbada su imparcialidad, bien por factores externos (como la enemistad o manifiesta amistad) o internos (prejuicios o situaciones emotivas), la ley le ha previsto un mecanismo preventivo como lo es la inhibición.
Ahora bien, establece el ordinal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
“…15° Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa”.
En el caso bajo examen, la Jueza inhibida expone que ya emitió su opinión sobre el presente caso, y evidentemente así fue, pues dictó sentencia en fecha 2 de abril de 2018, y que constituye el instrumento en que se funda la demanda por daños y perjuicios por interdicto de obra nueva propuesta por la ciudadana Mayela Carreño Alba.
Por tales razones, esta Juzgadora considera que habiéndose hecho la inhibición en forma legal y fundada en la causal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, debe apartarse del conocimiento de la causa en que se generó la presente incidencia y corregir así la crisis subjetiva suscitada, resultando entonces CON LUGAR la inhibición planteada, Y ASÍ SE RESUELVE.
En tal virtud, este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
ÚNICO: CON LUGAR la inhibición propuesta por la ciudadana Jueza Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ, en el juicio cuyo motivo es DAÑOS Y PERJUICIOS por INTERDICTO DE OBRA NUEVA que intentara la ciudadana MAYELA CARREÑO ALBA contra el ciudadano JORGE ENRIQUE ORTIZ MORA, signado por ante el referido Tribunal bajo el N° 36.024.
Remítase oficio informando de esta decisión a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Asimismo, remítase el presente cuaderno al Juzgado de Primera Instancia en funciones de Distribuidor, a los fines de que lo envíe al Tribunal al que correspondió el conocimiento de dicho expediente, para que sea agregado como cuaderno separado a la causa principal.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE según lo ordenan los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia fiel y exacta en el copiador digital llevado por este Juzgado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en San Cristóbal, a los catorce (14) días del mes de mayo del año 2019. Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.-

La Jueza Titular,

JEANNE LISBETH FERNÁNDEZ DE ACOSTA.

Refrendado por
La Secretaria Temporal

Myriam Patricia Gutiérrez Díaz
En la misma fecha se dictó, publicó y agregó la presente decisión al expediente N° 3.702, siendo las once de la mañana (11:00 a.m), dejando copia fiel y exacta para el Copiador Digital del tribunal, y se libraron los oficios números ______, ______, ______, ______y ______ a los Juzgados ordenados.

La Secretaria Temporal,
Myriam Patricia Gutiérrez Díaz

JLFdeA/MPGD/Anggelica.-
Exp. 3.702.-