TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA.-
El Vigía, veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

207° y 159°
EXPEDIENTE N° 3285

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

-I-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Parte Demandante: JOSE OSWALDO CELIS DAVILA y FRANCISCO ANTONIO CELIS ARANGUREN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-652.452 y V-8.015.771, domiciliados en el Sector Caño Avispero, Parroquia Eloy Paredes Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Bolivariano de Mérida, con domicilio procesal en la siguiente dirección: Oficina de la Defensa Pública, ubicada en la Av. 15, calle 1 del Barrio Bolívar, al lado de la Panadería Aeropuerto El Vigía Estado Bolivariano de Mérida.

Apoderado Judicial: JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.456.299, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.202, actuando con el carácter de Defensora Pública Agraria N° 01 de la extensión de la Unidad de Defensa Publica El Vigía del Estado Bolivariano de Mérida.

Parte demandada: MODESTA GUILLEN, OMAIRA CHACON, FLORENCIA MARQUEZ, JOSE MARQUEZ, VIOLETA PARRA, FRANCISCA GONZALEZ, JOSE TRINO RONDON, YASMIRA GARCIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.002.541, V-9.197.096, V-1.702.972, V-9.196.755, V-2.736.859, V-8.407.160, V-10.239.464, del último se desconoce su cedula de identidad, domiciliados en el sector Caño Avispero, Parroquia Eloy Paredes Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida.

Motivo: SOLICITUD DE DESLINDE

-II-
ANTECEDENTES PROCESALES

La presente causa se inició mediante escrito presentado por ante este Tribunal en fecha 22 de mayo de 2013 (folios 01 al 09), por la abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.456.299, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.202, quien fungía para ese entonces como Defensora Pública Agraria N° 01 de la extensión de la Unidad de Defensa Publica El Vigía del Estado Bolivariano de Mérida y previo requerimiento de los ciudadanos JOSE OSWALDO CELIS DAVILA y FRANCISCO ANTONIO CELIS ARANGUREN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-652.452 y V-8.015.771, domiciliados en el Sector Caño Avispero, Parroquia Eloy Paredes Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Bolivariano de Mérida, por el cual formuló demanda por DESLINDE.

Mediante auto de fecha 23 de mayo de 2013 (folio 31), el Tribunal le dio entrada, formando actuaciones, admitiendo la demanda en cuanto ha lugar en derecho, y ordenando el emplazamiento de los ciudadanos MODESTA GUILLEN, OMAIRA CHACON, FLORENCIA MARQUEZ, JOSE MARQUEZ, VIOLETA PARRA, FRANCISCA GONZALEZ, JOSE TRINO RONDON, YASMIRA GARCIA y LINO RONDON, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.002.541, V-9.197.096, V-1.702.972, V-9.196.755, V-2.736.859, V-8.407.160, V-10.239.464, de los dos últimos se desconocen sus cedulas de identidad, domiciliados en el sector Caño Avispero, Parroquia Eloy Paredes Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, fijando para la practica de la operación de deslinde las diez de la mañana del quinto día de despacho siguiente de conformidad con el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, más tres (3) días que se les concede como término de distancia, a aquel en que constara en autos la última citación ordenada.

En fecha 04 de junio de 2013 (folios 43 al 52), la abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, quien fungía para ese entonces como Defensora Pública Agraria N° 01 de la extensión de la Unidad de Defensa Publica El Vigía del Estado Bolivariano de Mérida y previo requerimiento de los ciudadanos JOSE OSWALDO CELIS DAVILA y FRANCISCO ANTONIO CELIS ARANGUREN, presentó escrito de reforma de demanda, y la misma se admitió mediante auto de fecha 07 de junio de 2013 (folio 82), dejando sin efecto el emplazamiento de la parte demandada, y emplazándose nuevamente a los ciudadanos MODESTA GUILLEN, OMAIRA CHACON, FLORENCIA MARQUEZ, JOSE MARQUEZ, VIOLETA PARRA, FRANCISCA GONZALEZ, JOSE TRINO RONDON, YASMIRA GARCIA, fijándose la practica de la operación de deslinde las diez de la mañana del quinto día de despacho siguiente de conformidad con el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, más tres (3) días que se les concede como término de distancia, a aquel en que constara en autos la última citación ordenada.

Mediante diligencias de fecha 04 de noviembre del 2013 (folios 92 al 104) y 15 de enero de 2014 (folio 104), el ciudadano LEOVARDO VELAZCO, Alguacil de este tribunal devolvió boletas de citación debidamente firmadas por la parte codemandada, ciudadanos JOSE MARQUEZ, VIOLETA PARRA, FLORENCIA MARQUEZ, OMAIRA CHACON, YASMIRA GARCIA y MODESTA GUILLEN.

Mediante diligencia de fecha 15 de enero del 2018 (folios 106 al 128), el ciudadano LEOVARDO VELAZCO, Alguacil de este tribunal devolvió recaudos de citación de la parte codemandada, por cuanto fue informado por la ciudadana MARIELA ALEJANDRA RODON MANTILLA, que dicho ciudadano, salía muy temprano y regresaba en la noche.

Visto todo lo retro este Tribunal pasa a motivar la presente decisión en los términos siguientes.

-III-

MOTIVA

Nuestro legislador procesal, con el propósito de evitar que se eternicen las causas por falta de impulso de los interesados, ha consagrado la figura de la perención de la instan¬cia, la cual constituye una sanción para la inactividad de las partes, que después de iniciado el procedimiento mediante la proposición de la demanda, negligentemente se abstienen de dar debido impulso al proceso para que éste llegue a su destino final y normal que es la sentencia.

En efecto, en nuestro sistema procesal la perención de la instancia se encuentra expresamente regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 de marzo de 1987, el cual in verbis expresa:

"Toda instancia se extingue por el trans¬curso de un año sin haberse ejecutado nin¬gún acto de procedi¬miento por las partes. La inactividad del Juez des¬pués de vista la causa, no produci¬rá la perención.

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.

2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obli¬gaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.

3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la fecha de suspensión del proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la conti¬nuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obliga¬ciones que la Ley le impone para proseguirla".

Conforme al texto de la disposición legal precedentemente transcrita, la cual es aplicable a las causas agrarias, tres son las modalidades de la perención de la instancia a saber: a) la perención genérica ordinaria por mera inactividad procesal de cualquiera de las partes, que es aquella que se consuma por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de parte; b) la peren¬ción por inactividad citatoria que opera por el incumpli¬miento del actor de sus obligaciones legales para que sea practicada la citación de la demandada; y c) la perención por irreasunción de la litis, que es aquella que se produce cuando los interesa¬dos no hubieren gestionado la continuación de la causa en suspenso por el fallecimiento de alguno de los liti¬gantes, ni dado cumplimiento a las obligaciones que les impone la ley para proseguirla.

En efecto, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es aplicable a las causas agrarias, establece:

“la perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención”.

Por otra parte, el artículo 269 del citado Código dispone que la perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio por el Tribunal.

Sentadas las anteriores premisas, se impone a la sentencia¬dora examinar las actas procesales, a los fines de determinar si en las mismas existe o no constancia auténtica de que la parte demandante, dentro del lapso previsto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y, a tal efecto, observa:

Del examen de las actas procesales constata la juzgadora que, desde el día 04 de junio de 2013 (folios 43 al 52), fecha en la cual la parte actora presentó escrito de reforma de demanda hasta la presente fecha, han transcu¬rrido como exceso más de seis (6) meses esto es cinco (5) años y diez (10) meses de inactividad procesal, sin que la parte actora, haya realizado gestión alguna para activar el procedimiento que, por tal razón desde esa fecha se encuentra en suspenso.

En consecuencia, habiendo transcurrido más de seis (6) meses, desde la fecha últimamente citada, hasta la presente fecha, sin que dentro de ese lapso se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por la parte actora, resulta evidente que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aplicables a la presente causa por analogía, se consumó la perención de la instancia en la presente causa. Y así se decide.

-IV-
DISPOSITIVO

Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa, seguida por los ciudadanos JOSE OSWALDO CELIS DAVILA y FRANCISCO ANTONIO CELIS ARANGUREN contra los ciudadanos MODESTA GUILLEN, OMAIRA CHACON, FLORENCIA MARQUEZ, JOSE MARQUEZ, VIOLETA PARRA, FRANCISCA GONZALEZ, JOSE TRINO RONDON, YASMIRA GARCIA, todos identificados en actas procesales, por DESLINDE.

SEGUNDO: Según lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se hace especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de este pronunciamiento.

TERCERO: Se ordena la notificación de la parte actora o de su apoderada judicial, haciéndosele saber sucintamente del auto que antecede de esta misma fecha, que obra al folio 128 y de la presente decisión; y en virtud de que la causa se encuentra evidentemente paralizada de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda su reanudación, a cuyo efecto se fija el décimo primer día de despacho siguiente a aquel en que conste en autos que fue practicada su notificación, más un (1) día que se les concede como termino de distancia. Igualmente se le advierte que reanudado el curso de la causa comenzará a discurrir el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para interponer recusación contra la suscrita Juez Provisoria, así como para interponer los recursos que sean procedentes contra la presente decisión. Líbrese la respectiva boleta de notificación con las inserciones pertinentes y entréguesele al Alguacil de este Tribunal, para que deje la respectiva boleta. Publíquese, regístrese.

Dada, firmada y sellada en este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.- El Vigía, a los veintiuno (21) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

La Juez,

Abg. Carmen C. Rosales de M.
La Secretaria,

Abg. Magaly Márquez

En la misma fecha y siendo las tres y quince minutos de la tarde, se publicó el fallo que antecede, ordenándose publicar y registrar en el índice de copiador de sentencias los datos del presente fallo, no dejándose copia certificada del mismo, ya que el Tribunal no posee insumos para fotocopiar y agregar al copiador de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva en físico. Asimismo, se libró boleta de notificación a la parte actora, ciudadanos JOSE OSWALDO CELIS DAVILA y FRANCISCO ANTONIO CELIS ARANGUREN, entregándosele al Alguacil de este Tribunal para que deje la misma en el domicilio procesal indicado.

La Sria.,

Abg. Magaly Márquez