REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. 209° y 160° IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA DEL ROSARIO MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELAZCO venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Ns° V- 286.728, V-5.665.213, V-10.172.061, V-5.652.558 y V- 5.665.951, respectivamente. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados en Ejercicio FRANCISCO ADOLFO RODRIGUEZ NIETO, MONICA RANGEL VALBUENA, JORGE ISAAC JAIMES LARROTA y JUAN PABLO DIAZ OSORIO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 26.199, 97.381, 122.806 y 140.533 respectivamente. PARTE DEMANDADA: S.M. FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS, C.A. en la persona de su presidente: SOLVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ, Venezolana titular de la cédula de identidad N° V- 5.668.799. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogadas en Ejercicio ANA ROSA COLMENARES ALARCON y MARYURI ANDREINA IBARRA MENDEZ, inscritas en el Inpreabogado bajo los N°s 137.096 y 159.848 en su orden. MOTIVO: DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL. EXPEDIENTE: 776-18 CAPITULO I La presente causa fue recibida en este Despacho en fecha 19 de junio de 2018, previa distribución, constante de trece (13) folios útiles. Siendo consignados los recaudos en fecha 27 de junio de 2018, constantes en setenta y nueve (79) folios útiles, en la cual las ciudadanas: ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA DEL ROSARIO MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELAZCO venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Ns° V- 286.728, V-5.665.213, V-10.172.061, V-5.652.558 y V-5.665.951, respectivamente, domiciliadas en San Cristóbal, estado Táchira y hábiles, interpusieron demanda contra la S.M. FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS, C.A, en la persona de su presidente SOLVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ por DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, por vencimiento de la prorroga legal, deterioro mayor al uso normal y cambio de uso del inmueble. Por auto de fecha 02 de Julio de 2018, este Tribunal admitió la presente causa, cuanto ha lugar en derecho, por cuanto la misma no es contraria al orden publico, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la ley, asimismo ordenó ser tramitada por el Procedimiento Oral, establecido en el articulo 43 único aparte de la Ley de Regulación de Arrendamientos Inmobiliarios para el Uso Comercial en concordancia del 864 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (Folio 93). En fecha 16 de julio del 2018, se presentó la parte actora, ciudadana: ADRIANA MARQUEZ VELAZCO, debidamente asistida por de abogado y confirió poder Apud-Acta a los Abogados en Ejercicio FRANCISCO ADOLFO RODRIGUEZ NIETO, MONICA RANGEL VALBUENA, JORGE ISAAC JAIMES LARROTA Y JUAN PABLO DIAZ OSORIO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 26.199, 97.381, 122.806 y 140.533 (Folio 94). En fecha 16 de julio del 2018, se presento la parte actora, ciudadana: MARIA ELISA DEL ROSARIO MARQUEZ DE RODRIGUEZ, debidamente asistida por de abogado y confirió poder Apud-Acta a los Abogados en Ejercicio FRANCISCO ADOLFO RODRIGUEZ NIETO, MONICA RANGEL VALBUENA, JORGE ISAAC JAIMES LARROTA Y JUAN PABLO DIAZ OSORIO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 26.199, 97.381, 122.806 y 140.533 (Folio 94). En fecha 02 de Agosto de 2018, el Alguacil de este Tribunal informó, que se traslado al domicilio procesal de la parte demandada, ciudadana: SOLVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS RAMIREZ, identificada en autos, con los fines de realizar su citación personal, siendo infructuoso el traslado por cuanto la referida ciudadana no se encontraba. (Folio 97). En fecha 04 de octubre del 2018. En virtud de que fue designada por la comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentada por la Juez Rectora como Juez Suplente se aboca al conocimiento de la presente causa la Abg. MASSIEL ZAMBRANO PLATA. (f. 99) En fecha 22 de octubre del 2018, el Alguacil de este Tribunal informó, que se traslado al domicilio procesal de la parte demandada, ciudadana: SOLVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS RAMIREZ, identificada en autos, con los fines de realizar su citación personal, quien estando presente y debidamente identificada recibió y firmó la correspondiente boleta. (f. 100) En fecha 24 de octubre de 2018, se llevó a cabo el Acto Conciliatorio, de conformidad en lo establecido en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, estando presente la representación judicial de la parte demandante: ABOG. FRANCISCO RODRIGUEZ NIETO, Inpreabogado N° 26.199, y la parte demandada ABOG. MARYURI ANDREINA IBARRA MENDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 159.848, Apoderada judicial de “FARMACIA TACHIRA EXPRESS, C.A.”, se da inicio al acto y las partes manifiestan que por cuanto están en conversaciones para una posible resolución del conflicto solicitan se suspenda el acto y se fije nueva fecha. (Folio 101 y anexos f. 102 al 104). A través de escrito de fecha 05/11/2018, el co apoderado judicial de las ciudadanas: ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA DEL ROSARIO MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELAZCO venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Ns° V- 286.728, V-5.665.213, V-10.172.061, V-5.652.558 y V-5.665.951, respectivamente, REFORMÓ el libelo de demanda interpuesto contra la S.M. FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS, C.A, en la persona de su presidente SOLVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ por DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, por vencimiento de la prorroga legal, deterioro mayor al uso normal y cambio de uso del inmueble. (f. 106 al 119) Por auto de fecha 08 de noviembre del 2018, el Tribunal admite la reforma de la demanda y establece por cuanto la parte demandada se encuentra citada deberá comparecer dentro de los 20 días de Despacho siguientes para dar contestación a la Demanda. (f. 121) Presente ante este Tribunal las Abogadas MARYURI ANDREINA IBARRA MENDEZ y ANA ROSA COLMENARES ALARCÓN, inscritas en el Inpreabogado bajo los Ns.- 159.848 y 137.096 respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la S.M. FARMACIA TACHIRA EXPRESS C.A, quienes presentaron escrito de contestación a la demanda. (f. 124 al 147 y anexos 148 al 171) En fecha 09 de enero de 2019, el Tribunal dicta sentencia de cuestiones previas, declarando sin lugar la incompetencia del Tribunal. Ordenó notificar, lo cual se cumplió. (f. 172 al 176) El Tribunal en fecha 29 de enero de 2019, fijó oportunidad para la Audiencia Preliminar. (f. 177) En fecha 05 de febrero de 2019, se celebró audiencia preliminar. (f. 178 y 179, anexos f. 180 al 193) Por auto de fecha 08 de febrero de 2019, el tribunal pasa a establecer los hechos controvertidos, PRIMERO: determinar si la demandada S.M. FARMACIA TACHIRA EXPRESS, C.A, disfrutó o no la prorroga legal establecida en la ley, la cual de conformidad con lo alegado por la parte demandante inició en fecha 01 de junio de 2017 y culminó el 31 de mayo del 2018. SEGUNDO: establecer si entre las partes existieron o no contratos de arrendamiento posteriores a los suscritos en fechas 23 de septiembre de 2016 y 02 de noviembre d 2016. TERCERO: determinar si la S.M. FARMACIA TACHIRA EXPRESS, C.A. le esta dando al inmueble un uso distinto al estipulado, CUARTO: Establecer si el inmueble objeto de la pretensión ha sufrido deterioros mayores que los provenientes de su suso normal. Se declara abierto un lapso de cinco (05) días de Despacho para que las partes promuevan pruebas. (f. 194 al 196) En fecha 13 de febrero del 2019, consigna escrito de promoción de pruebas la parte demandada, en el cual ratifica todos los medios probatorios acompañados con el escrito de contestación de la demanda. (f. 197 al 200) En fecha 14 de febrero del 2019 consiga escrito de promoción de pruebas la parte demandante, en el cual ratifica todos los medios probatorios acompañados con el escrito de demanda. (f. 201 al 208) Mediante autos de fecha 18 de febrero del 2019 el Tribunal ordena agregar las pruebas de ambas partes al expediente. (f. 209 y vto) En fecha 20 de febrero del 2019, presentes los Abogados en Ejercicio FRANCISCO RODRIGUEZ NIETO y MONICA RANGEL VALBUENA, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 26.199 y 97.381, apoderados judiciales de la parte actora, consignan escrito de oposición a la admisión de las pruebas de la parte demandada. (f. 210 al 212) En fecha 20 de febrero del 2019, presente la Abogada MARYURI ANDREINA IBARRA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 159.848, apoderada judiciales de la parte demandada, consigna escrito de oposición a la admisión de las pruebas de la parte actora. (f. 213) Por auto de fecha 25 de febrero de 2019, el Tribunal vista las pruebas promovidas por la parte demandada y visto el escrito de oposición, de conformidad con lo dispuesto desecha la mencionada oposición y admite las pruebas cuanto ha lugar en derecho, en cuanto a las testimoniales las mismas serán evacuadas en la audiencia oral. En cuanto a la inspección se fija fecha y hora para llevar a cabo la misma, en cuanto a las pruebas de informes se ordena oficiar al organismo correspondiente, librando comunicación N° 098- 19 A La Consultaría Jurídica De La Superintendencia Nacional Para La Defensa De Los Derechos Socio Económicos ( SUNDDE). (f. 214 y vto) Por auto de fecha 25 de febrero, el Tribunal vista las pruebas promovidas por la parte demandante y visto el escrito de oposición, de conformidad con lo dispuesto desecha la misma a excepción de la oposición respecto a la prueba de inspección judicial, en virtud, que lo pretendido a través de la misma constituye materia de la prueba de informes y no de la inspección judicial, respecto a las demás pruebas se admiten. Con relación a las pruebas de informes se ordena oficiar a los organismos correspondientes. Con relación a las testimoniales promovidas el tribunal en aplicación a lo establecido ordena que serán evacuadas en la audiencia o debate oral. En la misma fecha se libraron oficio Ns.- 099-19, 100-19 y 101-19. (f. 215 al 217) En fecha 19 de marzo de 2019, se recibió resultas de pruebas de informes solicitada al SUNDDE y Techos Cordillera. (f. 223 al 226) En fecha 02 de mayo del 2019, el Tribunal se trasladó y realizó inspección judicial en la sede de la S.M. FARMACIA TACHIRA. CA. (f. 230 al 235 y anexos f. 236 al 266) En fecha 07 de mayo del 2019, presente la ciudadana: DOLLY ASTRID OSORIO COLMENARES, consigna reseña fotográfica de Inspección Judicial. (Folios del 236 al 266) En fecha 14 de mayo del 2019, este Tribunal fijó día y hora para que tenga lugar la AUDIENCIA O DEBATE ORAL. (Folio 02 Pieza II). En fecha 08 de mayo de 2019, se recibió resultas de pruebas de informes solicitada a Madeco. (f. 03 al 06 pieza II) En fecha 18 y 19 de junio del 2017, se celebró la Audiencia Preliminar, estando presente la parte actora: MARIA ELISA MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y LORENA MARQUEZ VELASCO, representada por el abogado: FRANCISCO RODRIGUEZ NIETO, asimismo se encuentra presente la parte demandada, representada por las abogadas MARYURI IBARRA MENDEZ y ANA ROSA COLMENARES ALARCON, quienes expusieron sus alegatos, el tribunal procedió a dictar el dispositivo. (Folios 08 al 14). Por diligencia de fecha 20 de junio de 2019, la abogada Maryuri Andreina Ibarra Méndez, co apoderada judicial de la parte demandada, apeló del dispositivo de manera anticipada. (f. 15) HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE DEMANDANTE EN EL LIBELO DE LA DEMANDA las ciudadanas: ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA DEL ROSARIO MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELAZCO venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Ns° V- 286.728, V-5.665.213, V-10.172.061, V-5.652.558 y V-5.665.951, respectivamente, domiciliadas en San Cristóbal, estado Táchira y hábiles, interpusieron demanda contra la S.M. FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS, C.A, en la persona de su presidente SOLVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ por DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, alegando entre otros hechos que de conformidad con la cláusula y estipulaciones más relevantes expuestas se deja claro que la fecha de vencimiento del contrato fue el día 31 de mayo del 2017, por lo que a partir de esa fecha la arrendataria comenzó a disfrutar del periodo de prorroga legal que consagra el articulo 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso comercial, que por tratarse de una relación arrendaticia de cuatro (04) años y once (11) meses la prorroga legal era de un (01) año, que se inicio a partir del primero (01) de junio del 2017 y finalizo el 31 de mayo de 2018. Así mismo alega que la arrendataria esta usando el inmueble para un propósito distinto al que se le arrendó, en una abierta violación a lo dispuesto en el contrato de arrendamiento, específicamente establecido para el desarrollo del objeto social de la empresa mercantil FARMACIA TACHIRA EXPRESS, C.A. que se encuentra definido en el acta constitutiva de dicha empresa. Seguidamente alega que la arrendadora le esta causando al inmueble arrendado deterioros mayores que los provenientes del uso normal, es por ello que en atención a la situación de hecho que padecen actualmente las arrendadoras como consecuencia de la actuación ilegitima desplegada por la arrendataria en lo que a la relación arrendaticia se refiere, la parte actora identifica las causales que sirven de base para la solicitud de desalojo. Promoviendo los siguientes medios probatorios: a) Planilla Sucesoral No. 1000 de fecha 02 de noviembre de 1982, expedida por el Ministerio De Hacienda, Administración de Rentas, Departamento de Sucesiones Región Los Andes. b) El lote de terreno según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito San Cristóbal, en fecha 31 de julio de 1967, bajo el N° 43, tomo 4, folio 73 al 75. c) Justificativo de testigos evacuado ante el Juzgado de Distrito de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 31/03/1971, y titulo supletorio expedido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de fecha 20/04/1971. d) Contrato de Arrendamiento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de San Cristóbal, Estado Táchira en fecha 13 de agosto de 2012, anotado bajo el N° 25, tomo 276. e) Contrato de Arrendamiento autenticado por ante La Notaria Pública Quinta de San Cristóbal en fecha 23 de septiembre del 2016, anotado bajo el N° 31, tomo 61, folios 99 hasta el 105. f) Contrato de arrendamiento autenticado por ante la Notaria Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 02 de noviembre del 2016, anotado bajo el tomo No. 21 tomo 285, folio 116 hasta el 125. g) Original de resultas de inspección judicial evacuada por ante el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, bajo el N° 840, de fecha 16/04/2018. h) Copia simple del acta constitutiva de la sociedad mercantil “FARMACIA TACHIRA EXPRESS C.A.”, protocolizado por ante el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira, en fecha 29 de junio de 2012, expediente N° 445-10603, Tomo 26-A RM 445, número 11 del 2012. i) Facturas por compra de materiales de construcción en los establecimientos Techos Cordillera, Madeco j) Recibo por pago de mano de obra por arreglos del local ocupado por Farmacia Táchira Express C.A. Asimismo estimo la demanda por la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (BsF. 1.200.000,00) equivalentes a 1.411,76 Unidades Tributarias (U.T) HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Alegó como punto previo: SOLICITUD DE DESESTIMACION DE INSPECCION JUDICIAL, solicitando se desestime dicha inspección efectuada en fecha 16 de abril de 2018 en la sede de la FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS por determinadas razones de hecho y derecho. A su vez solicitó inspección judicial y experticia intra litem de conformidad con los artículos 1422, 1423, 1424, 1425, 1428 del Código Civil. De igual forma opone cuestión previa del numeral 1 del artículo 346 del código de procedimiento civil, por cuanto la parte actora no determinó la cuantía con precisión y claridad. Seguidamente procede a contestar al fondo de la demanda y lo hace en los siguientes términos: PRIMERO: No es cierto y negamos categóricamente que nuestra representada haya disfrutado de algún periodo de prorroga legal arrendaticia. SEGUNDO: De igual forma, es importante descartar los pagos de los cánones de arrendamiento que nuestra representada ha venido realizando durante la vigencia de toda la relación arrendaticia, desde el momento en que comenzó la misma hasta la presente fecha y que demuestran fehacientemente la continuidad y el tiempo de duración de la relación arrendaticia. TERCERO: Cabe resaltar que los últimos pagos de canon de arrendamiento efectuados por nuestra representada obedecen a dos (29 contratos posteriores que las demandantes niegan haber acordado en su escrito de reforma de demanda. CUARTO: A los fines de sustentar el hecho de que Huinca existió ni ha existido prórroga legal alguna y así lo reconocen las recurrentes, citamos los explanado por ellas mimas… QUINTO: Rechazamos, negamos y contradecimos el alegato de las accionantes al manifestar que nuestra representada permanece ilegítimamente usando y disfrutando el inmueble dado en arrendamiento y menos que haya manifestado que no va a entregarlo. SEXTO: Es falso que nuestra representada le esté dando al local comercial un uso distinto al estipulado en el contrato. SEPTIMO: Rechazamos, negamos y contradecimos que nuestra representada le haya ocasionado deterioros mayores al inmueble que los provenientes del uso normal. Seguidamente realiza la promoción de pruebas de la siguiente forma: PRIMERO: Nos acogemos al principio de la comunidad de la prueba. SEGUNDO: pruebas documentales. TERCERO: Testimoniales y finalmente promueve PRUEBAS DE INFORMES. CAPITULO II La causa se inicia por la pretensión incoada por las ciudadanas ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELAZCO, ut supra identificadas, quienes actúan en nombre propio, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS C.A., precedentemente identificada, representada por la ciudadana SOVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ, ya identificada, por Desalojo de Local Comercial, por vencimiento de la prórroga legal, deterioro del local y cambio de uso. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Este Tribunal, entra a valorar las pruebas aportadas por las partes, tomando en consideración lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en lo contenido en los artículos 12, 506 y 509 del Código de Derecho Adjetivo, y artículo 1.354 del Código Civil, los cuales son del tenor siguiente: “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.” “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba.” “Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas.” “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.” VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE CON EL LIBELO DE LA DEMANDA: PRIMERO: Planilla Sucesoral No. 1000 de fecha 02 de noviembre de 1982, expedida por el Ministerio De Hacienda, Administración de Rentas, Departamento de Sucesiones Región Los Andes, la cual no fue desconocida, ni impugnada, ni tachada, en consecuencia, se le confiere pleno valor probatorio por ser un documento administrativo que se equipara al documento público de conformidad con la doctrina sentada por el máximo Tribunal del país, del que se evidencia que se realizó la declaración sucesoral del de cujus Luis Eduardo Márquez Márquez, y dejando como sucesores a su cónyuge y cuatro hijos. SEGUNDO: Documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del otrora Distrito hoy Municipio San Cristóbal, en fecha 31 de julio de 1967, bajo el N° 43, tomo 4, Protocolo Primero, folios 73 al 75, el cual no fue desconocido, impugnado ni tachado por lo que este Tribunal le confiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1359 del Código Civil, desprendiéndose que el ciudadano Remo Danielli C. dio en venta al ciudadano Luis Eduardo Márquez Márquez, un lote de terreno ubicado en Barrio Pirineos, del antes Municipio hoy parroquia Pedro María Morantes. TERCERO: Justificativo de testigos evacuado ante el Juzgado de antes Distrito hoy Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 31/03/1971, y titulo supletorio expedido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de fecha 20/04/1971, al cual este Tribunal, le confiere pleno valor probatorio, desprendiéndose del mismo que los ciudadanos Luis Eduardo Márquez Márquez y Rosario Velasco de Márquez, construyeron a sus propias expensas una casa quinta denominada La Marquesa. CUARTO: Contrato de Arrendamiento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de San Cristóbal, Estado Táchira en fecha 13 de agosto de 2012, anotado bajo el N° 25, tomo 276, el cual no fue desconocido ni impugnado, por lo que este Tribunal le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 1363 del Código Civil, desprendiéndose que entre las ciudadanas Rosarito Velasco de Márquez, María Elisa del Rosario Márquez de Rodríguez, Lorena Márquez Velasco, Claudia Teresa Márquez Velasco y Adriana Márquez Velasco, en su condición de arrendadoras, dieron en arrendamiento a la empresa mercantil Farmacia Táchira Express, C.A. un inmueble del cual son co propietarias, constituido por un local comercial, el cual es parte de un inmueble de mayor extensión denominado quinta La Marquesa, ubicada en la carrera 24, N° 14-19, de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, por un lapso de duración de tres (3) años contados a partir del 01 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2015. QUINTO: Contrato de Arrendamiento autenticado por ante La Notaria Pública Quinta de San Cristóbal en fecha 23 de septiembre del 2016, anotado bajo el N° 31, tomo 61, folios 99 hasta el 105, y posteriormente autenticado por ante la Notaria Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 02 de noviembre del 2016, anotado bajo el tomo No. 21 tomo 285, folio 116 hasta el 125, el cual no fue desconocido ni impugnado, por lo que este Tribunal le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 1363 del Código Civil, desprendiéndose que entre las ciudadanas Rosarito Velasco de Marquez, María Elisa del Rosario Márquez de Rodríguez, Lorena Márquez Velasco, Claudia Teresa Márquez Velasco y Adriana Márquez Velasco, en su condición de arrendadoras, dieron en arrendamiento a la empresa mercantil Farmacia Táchira Express, C.A. un inmueble del cual son co propietarias, constituido por un local comercial, el cual es parte de un inmueble de mayor extensión denominado quinta La Marquesa, ubicada en la carrera 24, N° 14-19, de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, por un lapso de duración de un (01) año contado a partir del 01 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017. SEXTO: original de resultas de inspección judicial evacuada por ante el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, bajo el N° 840, de fecha 16/04/2018, a la cual este Tribunal no le confiere valor probatorio, por no indicar la urgencia de la misma, ni los hechos que podrían cambiar con el transcurso del tiempo, tal y como lo exige la doctrina pacifica y reiterada del Máximo Tribunal de del país. SEPTIMO: Copia simple del acta constitutiva de la sociedad mercantil “FARMACIA TACHIRA EXPRESS C.A.”, protocolizado por ante el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira, en fecha 29 de junio de 2012, expediente N° 445-10603, Tomo 26-A RM 445, número 11 del 2012, la cual no fue desconocida, impugnada ni tachada por lo que este Tribunal le confiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1359 del Código Civil, desprendiéndose que la arrendataria se encuentra debidamente constituida y que su representante legal es la ciudadana Solvey Ibelci del Socorro Vivas de Ramírez. OCTAVO: Facturas por compra de materiales de construcción en los establecimientos Techos Cordillera, la Sociedad Mercantil Materiales de Construcción, San Cristóbal C.A. (Madeco C.A.) y Sociedad Mercantil Ferrenorte, siendo promovida prueba de informes a los referidos establecimientos, constando en autos solo las resultas enviadas por Techos Cordillera, no obstante, por no constituir un hecho controvertido, este Tribunal les confiere Pleno Valor probatorio de conformidad con la doctrina casacional que las equipara a las tarjar de conformidad con el artículo 1.383 del Código Civil, desprendiéndose que la parte arrendadora realizó compra de materiales de construcción. NOVENO: Recibo por pago de mano de obra por arreglos del local ocupado por Farmacia Táchira Express C.A., el cual constituye un documento privado emanado de un tercero, el cual debió ser ratificado en juicio a través de la prueba testimonial, lo cual no consta en autos, razón por la cual, este Tribunal no le confiere valor probatorio. DE LA PARTE DEMANDADA. CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: PRIMERO: principio de la comunidad de la prueba, lo cual no constituye un medio de prueba, sino un deber del Órgano Jurisdiccional de valorar todos y cada uno de los medios probatorios con el fin de obtener la verdad y tomar una decisión ajustada a lo alegado y probado en autos. SEGUNDO: pruebas documentales. Bauches de depósitos realizados a Márquez de Rodríguez María Elisa, a la cuenta N° 01050063051063431948, del Banco Mercantil. (f. 148 al 153) Copia simple del cheque N° 13394639, librado contra la cuenta N° 01050063071063364167 del Banco Mercantil, titular Farmacia Táchira Express C.A., en fecha 22 de mayo de 2018. (f. 154) Copia simple del cheque N° 18394640, librado contra la cuenta N° 01050063071063364167 del Banco Mercantil, titular Farmacia Táchira Express C.A., en fecha 22 de mayo de 2018. (f. 155) En relación a los pagos realizados por la parte demandada arrendataria a favor de la parte arrendadora, lo mismo no se encuentra en discusión ni constituye parte de los hechos controvertidos y a ser probados, no obstante, este Tribunal, le confiere pleno valor probatorio por no haber sido desconocidos. TERCERO: Dos ejemplares de contrato de arrendamiento, los cuales no se encuentran suscritos por ninguna de las partes, y solo uno de ellos se encuentra refrendado por el abogado Francisco Rodríguez Nieto, quien no es parte en la presente causa, lo cual no constituye prueba, razón por la cual, este Tribunal no le confiere valor probatorio. (f. 156 al 165) CUARTO: Recibo de pago por mano de obra por trabajo realizado en el local comercial objeto de litigio, el cual constituye un documento privado emanado de un tercero, el cual debió ser ratificado en juicio a través de la prueba testimonial, lo cual no consta en autos, razón por la cual, este Tribunal no le confiere valor probatorio. EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR: QUINTO: Bauches de depósitos realizados a Márquez de Rodríguez María Elisa, a la cuenta N° 01050063051063431948, del Banco Mercantil. (f. 184 al 185) Original de las facturas N° 00000055 al 58, emanada de la Sucesión Luis Eduardo Márquez Márquez, a nombre de Farmacia Táchira Express C.A., por concepto de dos (2) cánones de arrendamiento. (f. 186) Copia de los cheques N°s 35298481 y 58199257 de fecha 04 de diciembre de 2018 y 03 de enero de 2019 respectivamente, a nombre de María Elisa Márquez Copia de las transferencias N° 25557837587 y 25561664668, la cuales fueron reintegrados por monto no autorizado (f. 192 y 193 Las anteriores pruebas documentales, no ayudan a dilucidar los hechos controvertidos en la presente causa, razón por la cual, este Tribunal, no le confiere valor probatorio. SEXTO: Inspección judicial, promovida en tiempo hábil y evacuada por este Tribunal, a la cual este Tribunal le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, y de la misma se desprende el estado actual del inmueble y el uso dado al local comercial. (f. 230 al 235 y anexos f. 236 al 266) SEPTIMO: Testigos En relación a la testimonial del ciudadano PABLO JOSE VALDERRAMA MOLINA, titular de la cédula de identidad No. V-19.878.608, se desprende: 1.- Sabe donde queda ubicada la Farmacia Táchira Express, queda delante del Bodegón Antica de barrio Obrero, no recuerdo exactamente; 2.- que visita la farmacia dos veces a la semana; 3.- que en el local se ofrece la venta de Medicinas. 4.- que en ningún momento ha observado otra actividad comercial. Y de las repreguntas: 1.- que es Soltero. 2.- que no tiene ninguna relación con ninguna sobrina de la señora Solvey; 3.- que no tiene ningún interés en la causa; 4- que vino a declarar para decir lo que he visto en la farmacia; 5- que va con frecuencia a la farmacia por que busca Barsatan de 20 por las pastillas de la tensión de su Tía, y debido a la situación del país que nos hace ir varias veces en busca de varios medicamentos; 6.- que el Sr. Luis, el que le vende las medicinas le pidió el favor de venir a declarar. Y en relación al testigo JOSE LUIS LEON RAMIREZ, titular de la cédula de identidad No. V-13.793.767, se desprende: 1.- que conoce donde queda ubicada la Farmacia Táchira express, EN BARRIO Obrero diagonal a donde quedaba Seguros Constitución; 2.- que no tiene un tiempo establecido para visitar la farmacia, lo hace cuando necesita alguna medicina, puede ser una vez al mes o cada tres meses; 3.- que en dicho establecimiento ofrecen venta de Medicinas; 4.- que no ha observado ninguna otra actividad comercial. Y a las repreguntas: 1.- que es casado; 2.- que el nombre de su esposa es FARANAZ SAAB; 3.- que su esposa no tiene ningún parentesco con la ciudadano Solvey; 4- que no he ingresado al interior del inmueble. En cuanto a las testimoniales este Tribunal, al observar que existe consistencia entre ambas declaraciones, les confiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. OCTAVO: Pruebas de informes solicitada al SUNDEE, la cual no fue impugnada, por lo cual este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, y de la misma se desprende que por ante ese organismo no existe aprobación del cálculo de arrendamiento, aprobación del aumento del 30% del canon de arrendamiento y notificación de prórroga legal a la arrendataria. (F. 223) Valoradas todas y cada una de las pruebas en la presente causa, y explanados los hechos y el derecho aplicable, se desprende que la causa se inicia por la pretensión incoada por las ciudadanas ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELAZCO, titulares de las cédulas de identidad N° V-286.728, V-5.665.213, V- 10.172.061, V-5.652.558 y V-5.665.951, quienes actúan en nombre propio, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS C.A., inscrita el 29 de junio de 2012 por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el N° 11, Tomo 26-A RM 445, representada por la ciudadana SOVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.668.799, Desalojo de Local Comercial, por vencimiento de la prórroga legal, deterioro del local y cambio de uso. Establece el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, en su artículo 40: “Son causales de Desalojo: … omisis … c- Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal, o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador. d- Que sea cambiado el uso del inmueble, en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades municipales respectivas o por quien haga sus veces, y/o a lo estipulado en el contrato de arrendamiento, y/o en las normas o reglamento de condominio. … omisis … g- Que el contrato suscrito haya vencido y no exista acuerdo de prórroga o renovación entre las partes. … omisis …” De la norma trascrita se desprende que se encuentra regulada la pretensión demandada, por lo que pasa este Tribunal a determinar si las tres (3) causales alegadas fueron debidamente probadas. La parte accionada alegó en su escrito de contestación de la demanda que rechaza, niega y contradice en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho la demanda incoada en contra de su mandante. Asimismo la parte accionada, indicó que su mandante ha ocupado el inmueble por mas de seis años y seis meses, sin haber gozado de prorroga legal. Igualmente expresó que es falso que le este dando al local comercial un uso distinto al estipulado en el contrato y finalmente rechazó que su representada le haya ocasionado deterioros mayores al inmueble que los provenientes del uso normal; que en reiteradas ocasiones comunicó a las arrendadoras que las filtraciones y goteras del techo continuaban a pesar de las reparaciones. No es un hecho controvertido en la presente causa, la existencia de un contrato de arrendamiento entre las ciudadanas Rosarito Velasco De Márquez, Lorena Márquez Velasco, Claudia Teresa Márquez Velasco, María Elisa Márquez De Rodríguez Y Adriana Márquez Velazco, y la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS C.A., representada por la ciudadana SOVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ, el cual se inició por documento autenticado ante la Notaria Pública Tercera de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 13 de agosto de 2012, bajo el N° 25, Tomo 276, con fecha de inicio del 01 de julio de 2012, por un lapso de tres (3) años, los cuales culminaron el 30 de junio de 2015. Siendo el último contrato de arrendamiento suscrito, autenticado por ante La Notaria Pública Quinta de San Cristóbal en fecha 23 de septiembre del 2016, anotado bajo el N° 31, tomo 61, folios 99 hasta el 105, y posteriormente autenticado por ante la Notaria Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 02 de noviembre del 2016, anotado bajo el tomo No. 21 tomo 285, folio 116 hasta el 125, por un lapso de duración de un (01) año contado a partir del 01 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017. Ahora bien, del análisis de los medios probatorios aportados por ambas partes, resulta evidente que el contrato de arrendamiento que se encuentra vigente y que debe ser el contrato a hacer valorado para resolver la presente controversia, es el contrato suscrito por las partes y debidamente autenticado en fecha 23 de septiembre de 2016, por ante la Notaria Pública Quinta de San Cristóbal, Estado Táchira, bajo el N° 31, Tomo 61, Folios 99 al 105, y posteriormente autenticado por ante la Notaria Pública Cuarte del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 02 de noviembre de 2016, bajo el N° 21, Tomo 285, folios 116 al 125. Y conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el Juez debe decidir conforme a lo alegado y probado en autos conforme a los establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, aunado al hecho que los contratos deben de cumplirse en los términos que han sido establecidos por las parte intervinientes, tal y como lo contempla el artículo 1264 del Código Civil. Del análisis de ambos contratos de arrendamiento suscritos por las partes, se evidencia, que la relación arrendaticia está comprendida entre el 01 de julio de 2012 al 31 de mayo de 2017, es decir, que su duración fue de cuatro (4) años y once (11) meses, y por no contemplar el contrato de arrendamiento una renovación automática, sino que por el contrario estableció que el tiempo de duración del mismo era por tiempo fijo, el mismo no fue renovado por la voluntad de ambas partes intervinientes en el contrato, iniciándose el 01 de junio de 2017, el lapso de un (01) año por concepto de prórroga legal, venciéndose el año, el 31 de mayo de 2018. Y así se establece. A través de los medios probatorios aportados, llevaron a la convicción de quien aquí decide que la voluntad de las partes consistía en que el contrato de arrendamiento era por un término fijo y no se estableció la obligación de participar con anterioridad la no renovación e inicio de la prórroga legal, quedando demostrado que el lapso de un (01) año por prórroga legal, estuvo comprendido entre el 01 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018. Y así se establece. No obstante, la parte actora, en relación a la causal consagrada en el literal “C” del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, no logró demostrar que la parte accionada haya ocasionada daños mayores a los del uso normal al inmueble dado en arrendamiento, evidenciándose de la inspección judicial promovida y evacuada durante el iter procesal, que el inmueble dado en arrendamiento, se encuentra en buenas condiciones de conservación y mantenimiento, sin ser evidente un daño mayor al del uso normal, razón por la cual, no procede la presente causal. Y así se establece. De igual modo, la parte demandante, a través de sus medios de prueba, no probó la existencia de la violación del literal “D” del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, es decir, no demostró el cambio de uso dado al inmueble, aunado al hecho que valorados como han sido los testigos aportados por la parte accionada, se desprende de sus dichos, siendo contestes en los puntos interrogados, que la única actividad comercial que se desarrolla en el local comercial, dado en arrendamiento, donde funciona la sociedad mercantil Farmacia Táchira Express, C.A. es el expendio de medicinas y productos relacionados con el ramo, resultando forzoso declarar la misma sin lugar. Y así se establece. Razón por la cual, quien aquí decide, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE DESALOJO de local comercial, siendo procedente por la causal “G” del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, es decir, por vencimiento del contrato y de la prórroga legal, no procediendo las causales “C” y “D”, referentes a haber ocasionado deterioros mayores a los del uso normal y cambio de uso, tal y como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la sentencia. Y así se decide. DISPOSITIVO Por los razonamientos ya expuestos, este TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Desalojo de local comercial, interpuesta por las ciudadanas ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELASCO, titulares de las cédulas de identidad N° V-286.728, V-5.665.213, V- 10.172.061, V-5.652.558 y V-5.665.951, quienes actúan en nombre propio, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA TÁCHIRA EXPRESS C.A., inscrita el 29 de junio de 2012 por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el N° 11, Tomo 26-A RM 445, representada por la ciudadana SOVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.668.799, por vencimiento de la prórroga legal, deterioro del local y cambio de uso. SEGUNDO: CON LUGAR la causal del literal “G”, del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, relativa al vencimiento del contrato y prórroga legal. TERCERO: SIN LUGAR las causales de los literales “C” y “D”, del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, referentes a haber ocasionada un deterioro mayor al uso normal y el cambio de uso, CUARTO: SE ORDENA a la SOCIEDAD MERCANTIL FARMAVIA TÁCHIRA EXPRESS C.A., representada por la ciudadana SOVEY IBELCI DEL SOCORRO VIVAS DE RAMIREZ,, ya identificadas, a hacer entrega del inmueble dado en arrendamiento a las ciudadanas ROSARITO VELASCO DE MARQUEZ, LORENA MARQUEZ VELASCO, CLAUDIA TERESA MARQUEZ VELASCO, MARIA ELISA MARQUEZ DE RODRIGUEZ Y ADRIANA MARQUEZ VELASCO,, supra identificados, consistente en un local comercial ubicado en la carrera 24, entre calles 14 y 15, N° 14-19, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, cuyos linderos son: NORTE: con propiedades que son o fueron de Luis Finol; SUR: con el resto de la quinta La Marquesa; ESTE: con la carrera 24; y OESTE: con propiedades de Nestor Morán. Totalmente libre de bienes y personas en buen estado de mantenimiento y con las mejoras realizadas. QUINTO: Por la naturaleza de la decisión NO HAY CONDENATORIA en costas. SEXTO: Por cuanto la presente decisión se dictó y publicó dentro del lapso legal establecido para ello, se considera innecesaria la notificación de las partes. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil Diecinueve (2.019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.- ABG. MASSIEL ZAMBRANO PLATA JUEZ SUPLENTE ABG. CARMEN B. MORENO PEREZ SECRETARIA MZP.- K.U. EXP: 776-18 En la misma fecha y previa las formalidades legales, se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m), dejándose copia certificada para el archivo del Tribunal. ABG. CARMEN B. MORENO PEREZ SECRETARIA MZP/K.U.