TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: Emma Gabriella Bernardinello Tavian, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.674.271, divorciada, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira.

APODERADO JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE:
Abogado Ottoniel Agelvis Morales, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 78.742. Según consta de poder apud acta, que corre a los folios 10 al 13.

DOMICILIO PROCESAL: Centro Comercial El Tama, local 46, segundo nivel, avenida 19 de abril, Municipio San Cristóbal del estado Táchira

PARTE DEMANDADA: Alberto Daniel Figueroa Taylor, Andrea Daniela Figueroa Taylor, Daniel Alberto Figueroa Bernardinello y Eugenio Duran Cárdenas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.502.020, V-23.545.835, V-13.467.844 y V-10.151.902 en su orden, a los herederos desconocidos de Daniela Figueroa Bernardinello, quien en vida era venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-13.167.843; a los herederos desconocidos de Valentina Figueroa Bernardinello, quien en vida era venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-11.505.448; y a los herederos desconocidos del causante Daniel Alberto Figueroa Merchán, quien en vida era venezolano, titular de la cedula de identidad N° V-3.429.396.

MOTIVO: Partición de la Comunidad de Bienes

EXPEDIENTE: 9119/2016

II

NARRATIVA

Se inicia la presente causa mediante escrito libelar junto anexos presentados en fecha 15/07/2016, por el abogado Ottoniel Agelvis Morales, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 78.742, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Emma Gabriella Bernardinello Tavian, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.674.271, divorciada, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira, en su carácter de comunera en la comunidad de gananciales existentes en la extinta unión matrimonial que mantuvo con el de cujus ciudadano Daniel Alberto Figueroa Merchán, quien era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.429.396, mediante la cual demanda a los ciudadanos Alberto Daniel Figueroa Taylor, Andrea Daniela Figueroa Taylor, Daniel Alberto Figueroa Bernardinello y Eugenio Duran Cárdenas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.502.020, V-23.545.835, V-13.467.844 y V-10.151.902 en su orden, a los herederos desconocidos de Daniela Figueroa Bernardinello, quien en vida era venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-13.167.843; a los herederos desconocidos de Valentina Figueroa Bernardinello, quien en vida era venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-11.505.448; y a los herederos desconocidos del causante Daniel Alberto Figueroa Merchán, quien en vida era venezolano, titular de la cedula de identidad N° V-3.429.396, por Partición de la Comunidad de Bienes, (Folios 1 al 186). Por auto de fecha 20/07/2016, el Tribunal le dio entrada a la pretensión por Partición de la Comunidad de Bienes, instando a la parte actora a subsanar la demanda, de conformidad con el articulo 199 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (Folio 187). Mediante escrito, junto con anexos de fecha 25/07/2016, la parte actora subsanó el libelo de demanda, conforme a lo ordenado por auto de fecha 20/07/2016, (Folios 188 al 206). Mediante auto de fecha 26/07/2016, se admitió la presente demanda, acordando la citación de la parte codemandada, a fin de que dieran contestación a la demanda, en la misma fecha se libraron boletas de citación; la boleta de citación del co-demandado Daniel Alberto Figueroa Bernarinello, se envió con despacho y oficio N° 290, al Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de igual manera se libró edicto a los herederos desconocidos de los de cujus supra identificados (Folios 207 al 214). Mediante diligencia de fecha 01/08/2016, el alguacil de este Juzgado hizo constar que la parte actora le hizo entrega de los fotostatos para la respectiva compulsa de los codemandados, (Folio 215). Mediante diligencia de fecha 10/10/2016, el alguacil de este Juzgado consigna oficio N° 290/2016, de fecha 26/07/2016, librado al Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, por cuanto contacto de manera personal al ciudadano Daniel Alberto Figueroa Bernardinello, (folios 216 al 219). Mediante auto de fecha 22/03/2017, vistas las diligencias de fechas 10/11/2016 y 03/03/2017, (folios 220 al 222), suscritas por el Alguacil de este Juzgado, igualmente vista la anterior diligencia de fecha 17/03/2017, corriente al folio 236, presentada por el abogado OTTONIEL AGELVIS MORALES, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 78.742, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, esta instancia agraria acordó la publicación de carteles, para el emplazamiento de los codemandados de autos, ciudadanos Alberto Daniel Figueroa Taylor y Andrea Daniela Figueroa Taylor, supra identificados, en su condición de herederos del de cujus ciudadano Daniel Alberto Figueroa Merchán, quien era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.429.396; y al ciudadano Eugenio Duran Cárdenas, supra identificado, en su condición de cónyuge y heredero conocido de la coheredera fallecida ciudadana Danila Figueroa Bernardinello, quien era venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.505.448, en la persona de sus apoderados judiciales abogados Emilio Antonio Abunassar Bestene y Giovanni Alvarado Díaz, supra identificados, representación que consta en instrumento poder general, corriente a los folios 184 y 185. Asimismo, se ordenó su publicación en el Diario de mayor circulación de este estado y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual acordó remitir con oficio los referidos Carteles de Citación al Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial Bolivariana, a fin de que se sirva publicar los Carteles de Citación librados a los codemandados ciudadanos Alberto Daniel Figueroa Taylor, Andrea Daniela Figueroa Taylor y Eugenio Duran Cárdenas, supra identificados, conforme a lo establecido a la disposición Transitoria XV y artículo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, todo lo cual deberá ser impulsado por la parte actora, en la misma fecha se libraron carteles de citación y oficio N° 205, (folios 220 al 242). Mediante diligencia de fecha 24/03/2017, el apoderado de la parte actora hizo constar que recibió oficio N° 205, y carteles de citación, (folio 243). Mediante auto de fecha 19/09/2017, se suspendió el presente procedimiento hasta que la parte demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados, (folio 244). Mediante diligencia de fecha 30/10/2017, la parte actora solicitó se acordara librar nuevamente las boletas de citación de todos los codemandados, (folio 245). Por auto de fecha 02/11/2017, se apertura la segunda pieza en la presente causa. (Folio 246). ACTUACIONES CORRIENTES EN LA II PIEZA. En fecha 02/11/2017, se agrego copia certificada donde se apertura la segunda pieza en la presente causa. (Folio 01 II Pieza). Mediante auto de fecha 02/11/2017, vista la diligencia de fecha 30/10/2017, corriente al folio 245, presentada por el abogado OTTONIEL AGELVIS MORALES, supra identificado, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, esta instancia agraria acordó librar nuevamente boletas de citación, junto con las copias certificadas a todos los codemandados, para el emplazamiento de los codemandados de autos, ciudadanos Alberto Daniel Figueroa Taylor, Andrea Daniela Figueroa Taylor y Daniel Alberto Figueroa Bernardinello, supra identificados, en su condición de herederos del de cujus ciudadano Daniel Alberto Figueroa Merchán, quien era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.429.396; y al ciudadano Eugenio Duran Cárdenas, supra identificado, en su condición de cónyuge y heredero conocido de la coheredera fallecida ciudadana Danila Figueroa Bernardinello, quien era venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.505.448, en la persona de sus apoderados judiciales abogados Emilio Antonio Abunassar Bestene y Giovanni Alvarado Díaz, supra identificados, representación que consta en instrumento poder general autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de San Cristóbal, estado Táchira, en fecha 05/11/2013, anotado bajo el N° 10, Tomo 287, folios 46 al 48, corriente a los folios 184 y 185, en la misma fecha se libraron boletas de citación; la boleta de citación del co-demandado Daniel Alberto Figueroa Bernarinello, se envió con despacho y oficio N° 731/2017, al Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de igual manera se libró edicto a los herederos desconocidos de los de cujus supra identificados, (folios 02 al 05). Mediante diligencia de fecha 20/11/2017, el alguacil adscrito a este Juzgado, informó que la parte actora no le ha entregado los fotostatos para las respectivas compulsas, (folio 06). No hay más actuaciones que narrar.

III
MOTIVA

Ahora bien, establece el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario:

“La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención”.

Al respecto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 954 de fecha 08 de mayo de 2007, (Exp. N° AA60-S-2006-000865) ha establecido:

“…Con la finalidad de resolver el caso de autos, se considera necesario transcribir la norma inserta en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual señala: Artículo 193. La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención. La norma anterior establece la figura de la perención de la instancia en los asuntos llevados por ante la jurisdicción agraria, la cual, que se configura por un lapso de inactividad de las partes litigantes de seis (6) meses; asimismo, establece las excepciones a la exigencia de declarar, por parte del juez, la perención de la instancia. Dicha excepción nace en el caso de que el juez incurra en inactividad luego de que se han presentado los informes y se está a la espera de una decisión definitiva; o en el supuesto de que la causa esté suspendida o paralizada por motivos que no se pueden atribuir a las partes litigantes. En el caso bajo estudio, se presentaron los informes, y el a-quo difirió la oportunidad para dictar sentencia, hasta tanto constara en autos el expediente administrativo del asunto que debía resolver; por tanto, al estar a la espera de la decisión definitiva, luego de presentados los informes, no podía aplicarse la consecuencia en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. En consecuencia, se deberá declarar con lugar la apelación propuesta, y ordenar la reposición al estado en que el Tribunal de la causa continúe la tramitación en el caso de autos. Así se decide…”

E igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 956 del 01 de Junio de 2001 (Caso: Frank Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero) por primera vez y en forma extensa y categórica sentó criterio con relación a la Institución de la Perención de la Instancia y la pérdida de Interés de las partes. Señaló la Sala en la referida Sentencia:

“ … La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que constituida se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada de derecho las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que no de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados…”. “…Tal situación ha sucedido con motivo de las reorganizaciones de las Competencias de los Tribunales, lo que conoce la Sala por notoriedad judicial…”. “... La interpretación pacífica emanada de la Sala de Casación Social de la extinta Corte Suprema de Justicia, fundada en las normas del Código de Procedimiento Civil fue que la Perención no corre después que la causa entre en estado de Sentencia. Tal interpretación generalmente admitida creó un estado de expectativa legítima, para las partes y usuarios de la justicia de que no corra la perención mientras la causa se encontraba en estado de Sentencia…”. “… Sin embargo no puede entenderse que esa expectativa legítima sea indefinida, ya que inactividad absoluta y contimada produce otros efectos jurídicos, aunque distintos de la perención…”.

En tal sentido, esta Sala se ha pronunciado en múltiples oportunidades respecto a la perención establecida en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Así pues, en sentencia N° 0803 del 19 de mayo de 2009, esta Sala señaló lo siguiente:
…la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide. De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar nuevamente que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en al artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece.

En este orden de ideas, en sentencia N° 0334, del 8 de abril de 2010, caso: esta Sala señaló lo siguiente:
La norma cuya reproducción antecede, establece una sanción derivada de la inactividad procesal en que ha incurrido la parte actora por un período mayor a 6 meses, esto es, se castiga con la perención de la instancia la falta de preocupación que demuestra la accionante en darle continuidad al proceso por ella comenzado, siempre y cuando no surjan las excepciones previstas en el artículo transcrito, es decir, la inactividad del sentenciador luego de vista la causa, o por paralización del proceso derivada de un motivo no imputable a las partes.

En sentencia 0385, dictada el 5 de abril de 2011, caso: Tecnoagrícola Los Pinos Tecpica, C.A., la Sala estableció lo siguiente:
El artículo cuya reproducción antecede, establece una sanción derivada de la inactividad procesal en que ha incurrido la parte actora por un periodo mayor a 6 meses, esto es, se impone la perención de la instancia por la falta de preocupación que demuestra la accionante en darle continuidad al proceso por ella comenzado, siempre y cuando no surjan las excepciones previstas en el artículo transcrito, es decir, la inactividad del sentenciador luego de vista la causa, o por paralización del proceso derivada de un motivo no imputable a las partes. De los preceptos normativos anteriormente indicados, se observa que existe la advertencia expresa del legislador de sancionar la inactividad procesal en que incurre la parte actora por un periodo determinado, ya que, en muchas ocasiones, se da inicio a un juicio, empero, no se procura darle el debido impulso a fin de su efectiva conclusión.

De conformidad con la doctrina expuesta, observa esta Juzgadora que, examinadas las actas que conforman el expediente, se constata que en el presente caso: “Mediante diligencia de fecha 30/10/2017, la parte actora solicitó se acordara librar nuevamente las boletas de citación de todos los codemandados, (folio 245). Mediante auto de fecha 02/11/2017, vista la diligencia de fecha 30/10/2017, corriente al folio 245, presentada por el abogado OTTONIEL AGELVIS MORALES, supra identificado, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, esta instancia agraria acordó librar nuevamente boletas de citación… . … en la misma fecha se libraron boletas de citación; la boleta de citación del co-demandado Daniel Alberto Figueroa Bernarinello, se envió con despacho y oficio N° 731/2017, al Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de igual manera se libró edicto a los herederos desconocidos de los de cujus supra identificados, (folios 02 al 05). Mediante diligencia de fecha 20/11/2017, el alguacil adscrito a este Juzgado, informó que la parte actora no le ha entregado los fotostatos para las respectivas compulsas, (folio 06).”. Que desde esa fecha, es decir, desde el día 20/11/2017, hasta el día de hoy, han transcurrido 08 meses y 06 días, sin que conste en el expediente ninguna actividad de la parte actora; por lo cual este Tribunal procede a declarar de oficio, conforme a lo ordenado por el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y LA EXTINCIÓN DEL PROCESO Y ASÍ SE DECIDE.

IV
DISPOSITIVA

En virtud de lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA Y EXTINGUIDO EL PROCESO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

PRIMERO: Consumada la perención y en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa por Partición de la Comunidad de Bienes, incoada por la ciudadana Emma Gabriella Bernardinello Tavian, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.674.271, divorciada, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira, contra los ciudadanos Alberto Daniel Figueroa Taylor, Andrea Daniela Figueroa Taylor, Daniel Alberto Figueroa Bernardinello y Eugenio Duran Cárdenas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.502.020, V-23.545.835, V-13.467.844 y V-10.151.902 en su orden, a los herederos desconocidos de Daniela Figueroa Bernardinello, quien en vida era venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-13.167.843; a los herederos desconocidos de Valentina Figueroa Bernardinello, quien en vida era venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-11.505.448; y a los herederos desconocidos del causante Daniel Alberto Figueroa Merchán, quien en vida era venezolano, titular de la cedula de identidad N° V-3.429.396. Así se decide.

SEGUNDO: Una vez firme el presente fallo, se ordenará el cese inmediato del procedimiento y el archivo del expediente.

TERCERO: Notifíquese a la parte actora, mediante boleta de notificación.

Publíquese y regístrese, y déjese copia certificada de la decisión para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, a los diecisiete días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho (17/09/2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación

La Juez Suplente,

Abg. Angie Andrea Sandoval Ruiz, La Secretaria,

Abg. Carmen Rosa Sierra.