TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.- SAN CRISTÓBAL, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (04/10/2018).- AÑOS 208° DE LA INDEPENDENCIA Y 159º DE LA FEDERACIÓN.-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Parte Demandante: Marco Vinicio Ortega Soto, titular de la cédula de identidad N° V- 5.162.957, domiciliado en el Fundo El Encuentro, Kilómetro 82, antigua vía férrea, Parroquia José Antonio Páez, Municipio García de Hevia del Estado Táchira.
Representación Judicial
de la Parte Demandante: Abogada Teresa Peñaloza de Ramírez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V.- 11.409.055, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 73.362.

Domicilio Procesal: Centro Profesional Monseñor “José León Rojas Chaparro”, sector Catedral, Parroquia San Sebastian San Cristóbal, Estado Táchira.
Motivo: Solicitud de Medida Cautelar Autónoma de Protección Agroalimentaria.
Expediente: 9269-2018
Sentencia Interlocutoria: Medida Cautelar Autónoma de Protección Agroalimentaria

BREVE RESEÑA PROCESAL
Visto que mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 17 de abril de 2018 (folios 109 al 119), este Juzgado Agrario dicta Medida Innominada de Protección Agroalimentaria, en los siguientes términos:
“…PRIMERO: Se declara competente para conocer de la presente Solicitud De Medida Cautelar Autónoma de Protección Agroalimentaria.
SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la solicitud realizada por el ciudadano Marco Vinicio Ortega Soto, titular de la cédula de identidad N° V- 5.162.957, domiciliado en el Fundo El Encuentro, Kilómetro 82, antigua vía férrea, Parroquia José Antonio Páez, Municipio García de Hevia del estado Táchira, asistido por la abogada Teresa Peñaloza de Ramírez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V.- 11.409.055, inscrito en el Inpreabogado bajo el N.° 73.362.
TERCERO: Se decreta Medida Cautelar Autónoma de Protección Agroalimentaria al fundo “El Encuentro”, ubicado en El Kilómetro 82, antigua Vía Férrea, de la Parroquia José Antonio Páez, Municipio García de Hevia del Estado Táchira, con una superficie de noventa y cinco hectáreas (95 HAS); según levantamiento topográfico realizado en el Informe Técnico del Instituto Nacional de Tierras en fecha 03 de Abril del año 2.017; comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Finca Namary y Caño Oropito; Sur: Miguel Ángel Castillo Este: Caño Oropito; Oeste: Km 82, Antigua Vía Férrea, a efectos de mantener la actividad agropecuaria existente, con el desarrollo necesario para su continuidad, es decir, actividades agrícolas y pecuarias tales como la siembra, cultivo y recolección de rubros agrícolas; el desarrollo de la actividad ganadera, en los ramos o especialidades de cría, ceba, carne, leche de ganado doble propósito, ganado bovino, bufalino, equino y aves vivas y/o beneficiadas y semovientes, prohibiéndose efectuar actuaciones que impliquen amenaza a la actividad agropecuaria desarrollada. Dicha medida consiste en prohibir a cualquier persona o tercero, realizar algún tipo de acto o conducta, que perturbe, menoscabe, desmejore, o cause algún perjuicio, además de ruina o deterioro a la producción agrícola y pecuaria existente en la unidad de producción. La presente medida, tendrá vigencia de un (01) año. Así mismo, la presente medida tiene un carácter provisional, y temporal, la cual puede cambiar conforme a las circunstancias fácticas que se presenten durante el proceso en virtud a la función social que cumple el solicitante.
CUARTO: Se ordena notificar por medio de oficio, del decreto de la presente medida al Instituto Nacional de Tierras a través de la Oficina Regional de Tierras del estado Táchira. Así mismo, a la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana de la Parroquia José Antonio Páez, Municipio García de Hevia del estado Táchira, a los fines de que vele el cumplimiento de la medida decretada. Asimismo, se hace saber que dicha medida, de acuerdo al contenido de la parte final del artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional; con la advertencia, que al día de despacho siguiente, a aquel en que conste en autos la última notificación ordenada, y el recibido por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana, comenzará a correr el lapso establecido en el artículo 246 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Líbrese oficios.
QUINTO: En virtud de la materia y dado su carácter social, no se hace condenatoria en costas.…”

Notificadas como han sido las partes de la medida decretada, y vencido el lapso establecido en el artículo 246 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, sin que las partes hayan hecho uso del derecho de oposición y promoción de pruebas, en consecuencia, es forzoso para esta Instancia Agraria RATIFICAR la medida decretada en fecha 17 de abril de 2018 corriente a los folios 109 al 119. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DISPOSITIVO
En base a los anteriores argumentos de hecho y de derecho expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: SE RATIFICA MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA, SE RATIFICA MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA, decretada en fecha 17 de abril de 2018, en la Producción Agraria existente sobre el fundo “El Encuentro”, ubicado en El Kilómetro 82, antigua Vía Férrea, de la Parroquia José Antonio Páez, Municipio García de Hevia del Estado Táchira, con una superficie de noventa y cinco hectáreas (95 HAS); según levantamiento topográfico realizado en el Informe Técnico del Instituto Nacional de Tierras en fecha 03 de Abril del año 2.017; comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Finca Namary y Caño Oropito; Sur: Miguel Ángel Castillo Este: Caño Oropito; Oeste: Km 82, Antigua Vía Férrea, a efectos de mantener la actividad agropecuaria existente, con el desarrollo necesario para su continuidad, es decir, actividades agrícolas y pecuarias tales como la siembra, cultivo y recolección de rubros agrícolas; el desarrollo de la actividad ganadera, en los ramos o especialidades de cría, ceba, carne, leche de ganado doble propósito, ganado bovino, bufalino, equino y aves vivas y/o beneficiadas y semovientes, prohibiéndose efectuar actuaciones que impliquen amenaza a la actividad agropecuaria desarrollada. Dicha medida consiste en prohibir a cualquier persona o tercero, realizar algún tipo de acto o conducta, que perturbe, menoscabe, desmejore, o cause algún perjuicio, además de ruina o deterioro a la producción agrícola y pecuaria existente en la unidad de producción. La presente medida, tendrá vigencia de un (01) año. Así mismo, la presente medida tiene un carácter provisional, y temporal, la cual puede cambiar conforme a las circunstancias fácticas que se presenten durante el proceso en virtud a la función social que cumple el actor.

SEGUNDO: Se ordena notificar del decreto que ratifica la presente medida al Instituto Nacional de Tierras a través de la Oficina Regional de Tierras del estado Táchira. Así mismo, a la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana de la Parroquia José Antonio Páez, Municipio García de Hevia del estado Táchira, a los fines de que velen por el cumplimiento de la medida decretada. Asimismo, se hace saber que dicha medida, de acuerdo al contenido de la parte final del artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional; con la advertencia, que al día de despacho siguiente, a aquel en que conste en autos la última notificación ordenada, comenzará a correr el lapso establecido en el artículo 246 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Líbrese oficios.

TERCERO: En virtud de la materia y dado su carácter social, no se hace condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Juez Suplente,

Abg. Angie Andrea Sandoval. La Secretaria,

Abg. Carmen Rosa Sierra