TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
CORTE DE APELACIONES

Jueza Ponente: Abogada Nélida Iris Corredor.

IDENTIFICACIÓN DEL JUEZ INHIBIDO

Abogada Andrea Estefania Bernal Colmenares, Juez Primera de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal.

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA INHIBICIÓN

Mediante acta de fecha 24 de Septiembre de 2018, la Abogada Andrea Estefania Bernal Colmenares, Juez Primera de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, declaró estar incursa en la causal de inhibición contemplada en el artículo 89 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, y en tal virtud expuso lo siguiente:

(Omissis)

ACTA DE INHIBICIÓN
Consta en las actuaciones de la causa signada bajo la nomenclatura SP21-P-2017-0015822, de este Tribunal Primero en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, seguida a los ciudadanos YELENA DEL CARMEN RONDON TOVAR, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.- 13.012.881, por su presunta participación como FACILITADORA en la comisión del delito de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149, en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84.3 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano y HERNANDO SÁNCHEZ PABÓN, titular de la cédula de ciudadanía N° C.C- 9.385.232, por su presunta participación en la comisión del delito de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149, en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, que quien suscribe conoció y resolvió respecto del fondo de la misma, como JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO, mediante decisión publicada en fecha 12 de Agosto de 2018, en la cual se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARA CULPABLE a la acusada YELENA DEL CARMEN RONDÓN TOVAR, venezolana, natural de Amparo, Estado Apure, nacida en fecha 10-04-1978, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 13.012.881, de profesión u oficio obrera, de estado civil soltera, residenciada en la Urbanización Raúl Leoni, casa N° 65-31, Amparo, Estado Apure, teléfono 0278-3335127 y 0416-5447355; por su participación como FACILITADORA en la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84.3 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano.
SEGUNDO: CONDENA a la acusada YELENA DEL CARMEN RONDÓN TOVAR, plenamente identificada en autos, a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS DE PRISIÓN, por su participación en la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, e en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84.3 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo, la CONDENA a cumplir las penas accesorias de Ley, de conformidad con el artículo 16 del Código Penal.
TERCERO: EXONERA DEL PAGO DE COSTAS PROCESALES, a la acusada YELENA DEL CARMEN RONDÓN TOVAR, plenamente identificada en autos.
CUARTO: MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a la acusada YELENA DEL CARMEN RONDÓN TOVAR.
QUINTO: ACUERDA LA EVACUACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA ACUSADA YELENA DEL CARMEN RONDÓN, solicitada por la Defensa Privada, con respecto al eventual juicio oral y público respecto del coacusado HERNANDO SÁNCHEZ PABÓN.
SEXTO: SE ACUERDAN LAS COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA DEFENSA PRIVADA.
SÉPTIMO: DIVIDE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, respecto del coacusado HERNANDO SÁNCHEZ PABÓN, de conformidad con los dispuesto en el artículo 77.4 del Código Penal.
OCTAVO: Remítase la presente causa al Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este Circuito Judicial Penal, una vez venza el lapso de Ley correspondiente.”.

Ahora bien, al considerar que quien suscribe conoció y emitió opinión sobre el fondo de la causa penal, lo cual afectaría la debida imparcialidad que debe caracterizar al juzgador para la celebración del juicio oral respecto del coacusado HERNANDO SÁNCHEZ PABÓN, es por lo que se estima ajustado a derecho el plantear INHIBICIÓN para el conocimiento del referido asunto penal, con fundamento en la causal establecida en el primer supuesto del artículo 89.7 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 eisudem.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena remitir la presente causa a la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, a efecto de su distribución en otro Tribunal de la misma competencia, así como copia certificada de todo lo relacionado con la inhibición propuesta, a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal a los fines legales consiguientes.
(Omissis)

Recibidas las actuaciones en esta Corte de Apelaciones, se dio cuenta en Sala el día 03 de octubre de 2018 y se designó ponente a la Juez Abogada Nélida Iris Corredor.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Primera: La autonomía e independencia de los Jueces y las Juezas está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 253 y siguientes. Allí se establece que el Poder Judicial es independiente y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Que con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, a los Jueces y Juezas se les prohíbe llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Dichos principios constitucionales están igualmente desarrollados en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la autonomía e independencia de los Jueces y Juezas en los términos siguientes:

“En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho. En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.”

Segunda: La inhibición es una institución de orden público, por su naturaleza intrínseca constituye un acto judicial que se traduce en la separación voluntaria (motu propio) del Juez o Jueza en el asunto sometido a su consideración del conocimiento de la referida incidencia, en cumplimiento del mandato legal. Ha establecido la doctrina que son mecanismos procesales determinados para preservar la imparcialidad y probidad del Juez o Jueza, entendiendo por ésta que el Juez o Jueza para la solución del caso, no se dejará llevar por ningún otro interés fuera de la aplicación correcta de la Ley y la solución justa para el litigio, tal como la Ley lo prevé. (Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. (Págs. 320 y 321).

De igual modo, el maestro Arminio Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, dice:

“La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de algunas de las partes, pierde el atributo especial de los dispensadores de justicia, en consecuencia es natural que de motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquél a la abstención. Este recurso es la recusación y la voluntaria abstención es la inhibición.”

Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 1484 en el Expediente N° 08-0270 dictada en fecha 15 de
Octubre de 2008, con Ponencia del Pedro Rafael Rondón Haaz, señaló que:

“…Sin duda alguna, reiteramos que la inhibición “…se puede definir entonces como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación. En esta definición destacan las características que tiene la inhibición en nuestro Derecho: a) Es un acto judicial y no de parte, porque lo realiza el Juez y produce su efecto en el proceso, originando una crisis subjetiva del mismo, que se traduce en la separación del Juez del conocimiento del asunto. b) Aunque es un deber del Juez, las partes no tienen facultad de requerir su inhibición pues la ley no da a las partes semejante gestión procesal. c) La inhibición origina un incidente en la causa concreta sometida al conocimiento del Juez inhibido, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso creada con la separación del Juez del conocimiento de la causa…”

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades lo siguiente:
“…que la inhibición al igual que la recusación son instituciones concebidas para preservar la imparcialidad del Juez, mediante el cual el funcionario o las partes proponen o solicitan la separación del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de las razones legalmente establecidas. De allí, que el Juez en su función de administrar justicia debe ser imparcial y no estar sujeto a ninguna vinculación subjetiva, bien entre el Juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento o bien con el objeto de la misma, ya que la existencia de estos dos vínculos ocasionan irremediablemente su inhabilidad para conocer y decidir”.

En fin, la inhibición es un mecanismo que permite al Juez o Jueza, a otros funcionarios o funcionarias y a los auxiliares de justicia, liberarse del conocimiento de la causa cuando existe alguna razón que pueda comprometer su imparcialidad. Por ello, el fundamento del instituto procesal de la inhibición consiste en asegurar la absoluta independencia de ánimo que se traduce en una decisión imparcial, a los fines de garantizar los requisitos constitucionales de la justicia.

Tercero: En el caso sub examine, observa este Tribunal Colegiado, que efectivamente la normativa que rige la materia inserta en el Código Orgánico Procesal Penal, alegada por el inhibido, establece lo siguiente:

“Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:
(…Omisis…)
7. “Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como Fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza;
(…Omissis…)”.

De lo antes transcrito, esta Corte considera, que la intención del legislador al indicar “haber emitido opinión en la causa”, se encuentra referida a que esa opinión debe ser sobre la incidencia pendiente de sentencia definitiva, es decir, que para que prospere dicha causal de inhibición, es necesario que la opinión emitida sea de lo principal del asunto, de tal manera que afecte su objetividad para decidir sobre el fondo de la controversia sometida a su conocimiento, la cual culmina en la sentencia definitiva, por lo que en conclusión es necesario para que prospere la causal invocada, que la causa sometida al conocimiento del Juez inhibido aún esté pendiente de decisión definitiva.
Por otra parte, el contenido del numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal se puede dividir en dos supuestos de hecho. A saber; “haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella” o, por otra parte, “haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como Fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza”. Para evidenciar la separación entre ambos supuestos, es necesario destacar la disyunción que los separa “…con conocimiento de ella, o haber intervenido como…”. Es evidente que en el caso de autos, la inhibición se basó en el primer supuesto de hecho normativo, “haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella”, por lo cual resulta inoficioso evaluar el cumplimiento de las condiciones del segundo supuesto de hecho y nos circunscribiremos a evaluar si se cumplen los extremos del primero: haber emitido opinión en la causa y tener conocimiento de esa causa como Juez o Jueza.
Ahora bien, de la revisión hecha a las actuaciones, se observa, que efectivamente, la funcionaria inhibida emitió opinión en una decisión dictada en fecha 05 de septiembre de 2018, en el ejercicio de sus funciones como Jueza Primera de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en la causa signada con la nomenclatura SP21-P-2017-015822, seguida a Yelena del Carmen Rondon y Hernando Sánchez Pabón, Mediante La Cual, entre otros pronunciamientos, Declaró culpable a la acusada Yelena del Carmen Rondón Tovar, por su participación como facilitadora en la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84.3 del Código Penal y la sanciono a cumplir la pena de Cinco (05) años de prisión, mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad y dividió la continencia de la causa respecto al coacusado Hernando Sánchez Pabón.

D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición presentada por la Abogada Andrea Estefania Bernal Colmenares, Juez Primera de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, por estar comprendido en los supuestos de hecho previstos en el artículo 89 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose que la causa sea pasada a otro Juez o Jueza de Control de este Circuito Judicial Penal para su conocimiento.
Publíquese, regístrese y bájense las actuaciones en la oportunidad legal.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Año: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

Las Juezas de la Corte,

Abogada Nélida Iris Corredor
Jueza Presidenta - Ponente

Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez Abogada Nélida Iris Mora Cuevas
Jueza de Corte Jueza de Corte

Abg. Massiel Avila
La Secretaria

1-Inh-SK22-X-2018-000015/NIC.