JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. SAN CRISTÓBAL, CINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (05/05/2017). AÑOS 207° DE LA INDEPENDENCIA Y 158° DE LA FEDERACIÓN.

Surgen las actas procesales, en ocasión a la solicitud de Justificativo para Perpetua Memoria, acompañada de anexos, presentada por ante este Juzgado, por los ciudadanos José Miguel Pérez Sequera y María Práxedes Ruiz de Pérez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-5.732.544 y V.-11.304.154, respectivamente, domiciliados en el Municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, representados por su Apoderada Judicial abogada Lisbe Consuelo Sánchez Chacón, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V.-5.651.636, inscrita en el Inpreabogado bajo el N.° 33.332 (folio 01 al 04). Por auto de fecha 09/12/2016, se le dio entrada, se asumió la competencia y se admitió la Solicitud de Justificativo de Perpetua Memoria (Titulo Supletorio), acordándose de oficio practicar Inspección Judicial in situ y la evacuación de testimoniales (folio 15). Mediante actas de fecha 15/12/2016, se deja constancia que no comparecieron para la evacuación de testimoniales (folio 16). Consta al folio 17, diligencia presentada por la abogada Lisbe Sánchez, la cual solicitó prorroga para presentar testigos que debían evacuarse en fecha 15/12/2016. Por auto dictado en fecha 23/01/2017, esta Instancia Agraria fija para el tercer día de despacho siguientes la evacuación de testigos de los ciudadanos Cementina Cáceres Jaimes, Jorge Antonio Toza Chacón y José Benito Márquez Perozo (folio 18). Corriente a los folios 19 y 20, se deja constancia de las actas de declaración testimonial. Por auto de fecha 16/02/2017, se fijo el día 03/03/2017 para la práctica de la Inspección Judicial (folio 21). En fecha 21/02/2017, se libraron oficios conforme a lo acordado en el auto de fecha 16/02/2017 (folio 22). Por auto de fecha 03/03/2017, se deja constancia que no fue posible llevar a cabo la Inspección judicial acordada mediante auto de fecha 16/02/2017 (folio 23). Corriente al folio 24, se acordó mediante auto de fecha 20/03/2017, fijar el día 02/05/2017, para la práctica de la Inspección Judicial. En fecha 25/04/2017, se libró oficio conforme a lo ordenado en auto de fecha 20/03/2017 (folio 25). Consta en acta de fecha 03/05/2017, la práctica de la Inspección Judicial (folio 26). No hay más que narrar.
MOTIVA.
Manifiestan los solicitantes que fomentaron mejoras con dinero de su propio peculio en una parcela sobre terrenos patrimonios de la Nación, denominado “Granja San Miguel”, ubicado en Las Quebradas, Sector Caño Azul, La Tendida, Municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, una casa para habitación de paredes de bloque, techos de machimbre y tejas, pisos de terracota, distribuida en dos (2) habitaciones, sala, cocina, comedor, dos (2) baños, porche, árboles frutales, una vaquera, una cochinera, cultivos pastos artificiales, divididos en potreros, cercados con alambres de púa y estantillos de madera, y la siembra de árboles frutales de la categoría de cítricos, estimando en la actualidad estas mejoras en treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,00).
PRUEBAS CONSIGNADAS.
1. Plano Topográfico. (Folio 6).
2. Titulo de Adjudicación Socialista y Carta de Registro Agrario. (Folio 7 al 11).
3. Certificado Electrónico Zamorano. (Folio 5).
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, con ocasión de la refundación de la República, se produjeron cambios importantes en el sistema de administración de Justicia, entre los cuales destacan la instrumentalidad del proceso para la realización de la Justicia, su prevalecía por sobre las formalidades no esenciales, el acceso a la Justicia, la incorporación de la oralidad, la inmediación y la concentración en las leyes procesales, dado que la Justicia conforme al artículo 253 de la Carta Bolivariana Fundamental, emana de los ciudadanos y ciudadanas en quienes reside intransferiblemente la soberanía popular, en el marco de un Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, todo ello sobre la base de los artículos 2 y 5 del Pacto Social Constituyente.
Así, en atención al desarrollo constitucional en referencia, el ejercicio de la Judicatura, en el marco de sus competencias, debe procurar la tutela Judicial efectiva sobre la base de los principios constitucionales y legales establecidos en la Carta Magna, A ese respecto, en el caso de la Jurisdicción especial agraria, en el marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente, en atención a sus artículos 155 y 187, se rige entre otros principios como el de inmediación, concentración y el carácter social del proceso agrario.
Por lo anterior, considera quien decide, que así como en la tramitación de las causas de naturaleza contenciosa es de obligatorio cumplimiento la aplicación de los referidos preceptos, en sede de Jurisdicción Voluntaria, resultan de vital aplicación, a los fines que el Juez Agrario, en el ejercicio de sus competencias pueda, a través de la inmediación y la concentración, lograr una tutela Judicial efectiva que sea expresión de la verdad, la cual tendrá siempre la jurisdicción como el norte de sus actos.
En este orden, este Juzgado de Primera Instancia Agraria, es del criterio que, a los fines de tramitar y proveer en sede de Jurisdicción Voluntaria, solicitudes de título supletorio sobre bienhechurias y mejoras, resulta indispensable:1) En ejercicio del principio de inmediación, en atención a las facultades establecidas en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, acordar una inspección Judicial a los fines de trasladarse al lugar a que se contrae la solicitud en referencia, con el objeto de verificar in situ, las circunstancias de orden fáctico relativas al caso, si tales bienhechurias existen, si se trata de las descritas en la solicitud, si las mismas guardan relación con la actividad agrícola, que no están ocupadas por terceros ajenos a la solicitud, entre otras, que le permitan al Juez formarse un criterio de acuerdo con la verdad material de la solicitud, si existen indicios que le permitan en su conjunto apreciar que las mismas fueron fomentadas conforme a lo señalado por el solicitante y así proveer con conocimiento de causa, garantizando la tutela, y al mismo tiempo, velar por los principios agrarios de orden público establecidos en la Ley, si el caso lo ameritare y 2) En ejercicio del principio de inmediación, y en atención a las facultades establecidas en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el Juez Agrario deberá personalmente apreciar el testimonio de los testigos ofrecidos por el solicitante, a fin de constatar que se trata de verdaderos testigos que al dar razón fundadas de sus dichos puedan explicar el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos sobre los cuales versan sus respuestas, que en el caso, por el objeto a que se refiere la solicitud, no debería ser otra cosa, que la realización de las mejoras y bienhechurias por parte del solicitante, de modo pues, que el testigo en su conocimiento en el caso, pueda señalar dónde cómo y cuándo sucedieron los hechos a que se refieren los particulares del interrogatorio, pues serán estos los elementos que le indicaran al Juzgador, si efectivamente el testigo estuvo o ha estado presente en el lugar o momento donde ocurrieron los hechos o si los pudo percibir; razón del dicho que será imprescindible para la declaración testimonial. En todo caso, en la línea de argumentación que se viene exponiendo, lo que deberá procurar el Juez en su proveimiento, es evitar la práctica notoria de llevar testigos preparados para dar testimonio en la evacuación de títulos supletorios, que en la mayoría de los casos, ni aun saben donde queda ubicado el lugar donde encuentran las bienhechurias a que se refiere la solicitud, razón por la cual el Juez, en la instrucción de las diligencias destinadas a la comprobación de lo afirmado por el solicitante, deberá en aplicación de los principios de inmediación y concentración, procurar la verdad del caso, trasladándose al sitio, en contacto con los solicitantes y en la apreciación de los testigos y otros medios de prueba, a fin de que su proveimiento este conforme a lo establecido en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
En ese orden de ideas y revisadas como han sido las actas que conforman el presente asunto, así como los elementos que surgen de la inspección realizada en fecha 03/05/2017, por este Tribunal (folio 26), esta Instancia Agraria constató con la asistencia del práctico, las mejoras y bienhechurias consistentes en una casa para habitación de paredes de bloque, techo de machimbre y tejas, pisos de terracota, distribuida en dos (2) habitaciones, sala, cocina, comedor, dos (2) baños, porche. En relación a la producción agrícola evidenciada, cultivos de plátano, yuca, árboles con cultivos de pasto de corte, bracharia, estrella, semovientes de la raza bobina y porcina para la leche, sobre un lote de de Terreno denominado “Granja San Miguel”, ubicado en las Quebradas, Sector Caño Azul, Parroquia La Tendida, Municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, constante de una superficie de siete hectáreas con dos mil ciento cincuenta y siete metros cuadrados (7 has. con 2.157 m2).
Por lo antes expuesto, vista la solicitud formulada y las probanzas evacuadas, deben declararse suficientes las precedentes diligencias, para asegurar al solicitante el dominio sobre las bienhechurias antes descritas, cuyos linderos y determinaciones se especifican en el texto de esta decisión, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, norma está aplicada supletoriamente, dejándose a salvo en forma clara y expresa los derechos de terceros, tal y como se hará en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.
DISPOSITIVA.
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara como suficientes las diligencias realizadas para decretar Justificativo para Perpetua Memoria de las bienhechurias descritas, a favor de los ciudadanos José Miguel Pérez Sequera y María Práxedes Ruiz de Pérez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-5.732.544 y V.-11.304.154, respectivamente, domiciliados en el Municipio Samuel Darío Maldonado del Estado Táchira, dejándose a salvo los derechos de terceros, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable supletoriamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Publíquese, Regístrese y déjese Copia Certificada.
Dada, firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en San Cristóbal, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. (05/05/2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

El Juez Provisorio,

Abg. Luis Ronald Araque García, La Secretaria,

Abg. Carmen Rosa Sierra M.