REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). 206° y 157° PARTE SOLICITANTE: JOHAN ENRIQUE DOMINGUEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.708.890, y hábil. APODERADO DE LA PARTE SOLICITANTE: Abogado JOSE JERSON LEAL, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 57.171. MOTIVO: RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO. EXPEDIENTE: 17.127-2007. PARTE NARRATIVA Revisadas las actuaciones de autos con el fin de determinar la actuación de la parte solicitante en el cumplimiento de sus obligaciones para materializar la citación de la parte demandada, se observa, que se han efectuado las siguientes actuaciones: Se constató que la presente solicitud fue admitida el día 08 de noviembre de 2007, se acordó publicar un cartel, emplazando a todas las personas que puedan ver afectados sus derechos en el presente procedimiento, para que expongan lo que consideren conveniente y notificar el Fiscal del Ministerio Público. Se instó al suministro de copias. Se libró el cartel ordenado en la misma fecha y el oficio N° 1481 al Hospital Central. (F.07-09). En escrito de fecha 13 de diciembre de 2007, la parte solicitante consignó copia de la partida de nacimiento emitida por el Registro Público de San Cristóbal. (F.10-14). En diligencia de fecha 13 de diciembre de 2007, la parte solicitante le confirió poder al abogado JOSE JERSON LEAL. (F.15). En diligencia de fecha 18 de diciembre de 2007, el apoderado de la parte actora, retiro el cartel librado en autos. (F.16). En fecha 07 de enero de 2008, se libró la boleta de notificación al Fiscal XIII del Ministerio Público. En fecha 17 de enero de 2008, el alguacil consignó recibo de notificación firmado por el Fiscal XIII del Ministerio Público. En fecha 18 de enero de 2008, el Fiscal del Ministerio Público solicitó que se proceda a la rectificación de la partida, conforme al 773 del Código de Procedimiento Civil. (F.18). En diligencia de fecha 20 de febrero de 2008, la parte actora consignó el periódico respectivo donde aparece publicado el cartel librado en autos. (F.19). En diligencia de la misma fecha, la parte actora, solicitó la rectificación del oficio 1481. (F.21). En auto del Tribunal, se agregó el periódico respectivo donde aparece publicado el cartel de citación ordenado en autos. (F.22). En diligencia de fecha 22 de abril de 2008, la parte actora consignó la constancia de nacimiento de la parte actora. (F.23-24). En auto de fecha 18 de junio de 2008, se acordó ratificar el oficio N° 1481, enviado al Hospital Central de San Cristóbal. En la misma fecha se libró oficio N° 951 al ente señalado. (F.25-26). En fecha 31 de julio de 2008, se recibió oficio N° 358, procedente del Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira. (F.27-28). MOTIVACIÓN PARA DECIDIR El Juez al entrar al conocimiento de la causa, hace suyo el mandato Constitucional de administrar justicia, teniendo como base que el proceso es el instrumento fundamental para su relación donde se materializa lo alegado y probado, cuyo estudio e interpretación se sustenta en el marco legal vigente y los conocimientos de hecho comprendidos en la experiencia común, sin que esto cercene el derecho conferido por la Ley para la aplicación del principio IURIS NOVITA CURIA, en el cumplimiento del deber jurisdiccional. Así mismo, acoge los principios constitucionales consagrados en los artículos 26, 49 y 257 que le obligan a impartir una justicia total, dentro del ámbito del derecho. Ahora bien, de la revisión de las presentes actuaciones, se observa que desde el día 22 de abril de 2008 (F.23), fecha en que la parte actora consignó la constancia de nacimiento del solicitante, hasta la presente fecha, transcurrió más de un (01) año, sin que la parte actora haya cumplido con lo ordenado por este Tribunal, en tal virtud no mostró interés en la continuación de la causa o actuaciones que tengan como fin el impulso procesal. Por lo cual, en castigo a la inactividad a cargo de las partes en el proceso, el legislador incluyó en el texto procesal el instituto de la perención de la instancia, señalando al efecto en el encabezamiento del artículo 267 lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…” De la lectura de la norma parcialmente transcrita se puede observar que si transcurre un año sin acto alguno de procedimiento realizado por las partes, es decir una evidente inactividad que mantenga estancada la dinámica del proceso, acorde con la naturaleza del procedimiento que es propio a la causa, siendo objeto de sanción por parte del legislador, mediante aplicación de la institución de la perención de la instancia, como una sanción a la conducta procesal observada. En nuestro ordenamiento jurídico, la perención es la extinción del proceso causada por la inactividad de las partes, quienes, como manifestación del principio dispositivo (nemo iudex sine actore), tienen la carga de impulsarlo hasta llevarlo a la fase de composición natural del litigio, esto es, al estado de sentencia. Para la declaración de la perención de la instancia, el legislador dispuso diversas hipótesis relativas a arcos de tiempo en los cuales acaece la inactividad de las partes y que, por razones de política legislativa, consideró suficientes para entender que las partes han perdido el interés en la solución de la controversia mediante la decisión judicial correspondiente. Enrico Tiíllo Liebman, en su Manual de Derecho Procesal Civil, acertadamente apunta que: “El proceso encuentra su conclusión natural en el pronunciamiento de la sentencia definitiva; pero puede terminar también de un modo anormal, antes de aquel momento, como consecuencia de la desaparición, en una forma particularmente cualificada, de su elemento vital, que es la voluntad activa de las partes, o al menos de una de ellas. La iniciativa de parte es necesaria no sólo en la proposición del proceso, sino también en su prosecución, de manera que si esta iniciativa llega a faltar, o en absoluto se manifiesta una voluntad contraria el proceso se agota y se apaga. La extinción del proceso, en sentido técnico, es este fin anticipado del mismo” Sobre esta institución el Tratadista patrio, Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, nos enseña que: “Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.” Para Chiovenda, la perención se fundamenta en que la inactividad procesal configura una renuncia presunta o tácita, de la litis o como expresan algunos, “es la manifestación tacita de las partes de abandonar la instancia.” Por su parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 04910 de fecha 13 de junio de 2005, con respecto a la Perención de la Instancia, señalo: “Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de la ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de Justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales” De lo antes expuesto no queda duda que la Jurisprudencia Nacional ha venido sosteniendo que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público; basta que se produzcan para su declaratoria: 1) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y 2) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. Destaca así mismo este operador de justicia que la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, lo que constituye un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el interés que deben tener en el normal curso del proceso. En consecuencia, por cuanto lo preceptuado en el encabezamiento de la norma procesal up supra indicada, regula adecuada y convenientemente la institución que aquí se examina, vale decir, el instituto procesal de la perención, es por lo que debe aplicarse cuando hubiere lugar a ello. De manera que es evidente que el período de inacción del actor en la presente causa excedió el lapso de un año que prestableció la norma in comento, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal la declaración de que se consumó la perención de la instancia, y así debe decidirse. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial, por inactividad de la parte actora por el transcurso de un año. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal. El Juez, (Fdo) Pedro Alfonso Sánchez Rodríguez. La Secretaria (Fdo) María Alejandra Marquina de Hernández.