REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, siete (07) de octubre de dos mil dieciséis. 206º Y 157º Vista la diligencia anterior suscrita por el abogado Carlos Martín Galvis Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 24480, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadano OSCAR MARTIN RAMIREZ PEREZ tal y como consta en el poder el cual corre inserto al folio (14) del presente expediente y en el cual el citado abogado esta facultado para desistir en nombre de su representado antes citado; mediante la cual desiste del procedimiento y solita se le devuelvan los documentos originales que se encuentran a los folios 5 al 11 del presente expediente. Este Tribunal para emitir pronunciamiento con relación a lo solicitado lo hace previa las siguientes consideraciones: El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Arminio Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto. Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones, que si bien no todas aparecen especificadas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia en razón de lo cual el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado. Se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) Que conste en el expediente en forma auténtica; y b) Que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Para desistir se exige capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones. El procesalista venezolano Dr. Arístides Rengel- Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, Editorial Arte; 1994; paginas 367 y 368, al referirse al desistimiento del recurso, afirma: “...Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. El desistimiento del recurso (...) se refiere precisamente a esta última situación: al desistimiento o renuncia a los actos del juicio en apelación; figura que está implícitamente prevista en nuestra Ley Procesal, al regular uno de los efectos de este desistimiento (las costas); en el art. 282 C.P.C. Esta disposición establece:”Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiera interpuesto, pagará las costas si no hubiera pacto en contrario...”. (Cursivas del transcrito) Si bien es cierto que el desistimiento es “la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere de mandato en el cual específicamente se contemple esa facultad. En efecto, en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho del litigio, se requiere facultad expresa...”. Ahora bien, este Tribunal observa, que en el sub iuidice, al foli 14 del presente expediente cursa poder otorgado por el accionante al abogado Carlos Martín Galvis Hernández, en fecha 4 de abril de2016, en el cual se lee: “…OSCAR MARTIN RAMIREZ PEREZ, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad N°V.-9.209.567, domiciliado en San Antonio, Estado Táchira, …confiero Poder para el asunto contenido en éste expediente a CARLOS MARTIN GALVIS HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, ABOGADO, titular de la cédula de identidad N° V.-11.508.329, inscrito en el IPSA bajo el N° 24.480, para que me represente, sostenga y defienda mis derechos, intereses y acciones en este procedimiento. En ejercicio de esta representación queda facultado el apoderado expresamente para convenir, desistir, transigir judicial o extrajudicialmente …” De lo anteriormente expuesto, se concluye que el abogado Carlos Martín Galvis Hernández, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, tiene facultad expresa para desistir en la presente acción. Así se decide. En consecuencia, de lo establecido es forzoso para este Tribunal declarar consumado el desistimiento precitado y dar por terminado el procedimiento de la presente causa. Así se decide. D E C I S I Ó N En fuerza de las anteriores consideraciones, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADO el desistimiento de la presente acción (Daños y perjuicios provenientes de accidente de tránsito) admitida o propuesta por el abogado Carlos Martín Galvis Hernández en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Oscar Martín Ramírez Pérez y en el cual el citado abogado esta facultado para desistir en nombre de su representado antes citado, parte demandante, contra la ciudadana Silenia María Omaña González. En consecuencia, SE DA POR TERMINADO el presente procedimiento, se acuerda ella entrega de los documentos originales los cuales se encuentran insertos a los folios 5 al 11, dejando en su lugar copia certificada de los mismos, se insta a la parte solicitante a impulsar las respectivas copias para su certificación; y se ordena el archivo del expediente. EL JUEZ (Fdo)PEDRO ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ,.LA SECRETARIA(Fdo) MARIA ALEJANDRA MARQUINA DE HERNANDEZ.