TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, diecinueve (19) de octubre de dos mil quince.

205° y 156°

PARTES SOLICITANTES: JOVITO MORENO Y MARÍA FELICIA ROSALES DE MORENO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.650.211 y V-3.793.008, de este domicilio y hábiles.

ABOGADO ASISTENTE DE LOS
SOLICITANTES: ANTONIO RINCÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.026.827, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.120, de este domicilio y hábil.

MOTIVO:
DIVORCIO POR RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMÚN

EXPEDIENTE N° 17831-2008

NARRATIVA

Se inicia la presente causa mediante escrito libelar, interpuesto por los ciudadanos JOVITO MORENO Y MARÍA FELICIA ROSALES DE MORENO, asistidos por el abogado Antonio Rincón, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.120, por Divorcio por Ruptura Prolongada de la Vida en Común. Alegando que contrajeron matrimonio civil por ante la Prefectura del Municipio San Sebastian, del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira, el día 4 de julio de 1977, fijando su domicilio conyugal en el pasaje 6 N° 9, siendo su ultimo domicilio conyugal, Barrio El Río, Pasaje La Colina, N° 1-89, San Cristóbal Estado Táchira. Que desde hace más de cinco años decidieron separarse de mutuo acuerdo, no volviendo a hacer vida en común, configurándose por tanto una ruptura prolongada y definitiva de la vida conyugal, lo cual encuadra en forma clara y precisa en lo consagrado en el artículo 185-A del Código Civil vigente, y por tanto solicitan el divorcio por ruptura prolongada previa la citación del Fiscal del Ministerio Público. Manifestaron que no adquirieron bienes de fortuna, por lo que no tienen nada que reclamar por este, ni por ningún otro concepto. Por ultimo solicitaron se admitiera la solicitud y sustanciara conforme a derecho, declarándose el divorcio por ruptura prolongada con todos los pronunciamientos de Ley, conforme lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano.
Consignaron con la solicitud, copias simples de las cédulas de identidad, y copia certificada del acta de matrimonio N° 124, de fecha 04/06/1977, expedida por la Prefectura del Municipio San Sebastian del Estado Táchira.
Mediante auto de fecha 05 de noviembre de 2008, fue admitida la solicitud y se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público correspondiente, prescindiendo del acto de comparecencia de la otra parte, por cuanto la misma fue presentada por ambos cónyuges, y se instó a la parte actora a consignar las respectivas fotocopias a los fines de la elaboración de la boleta al Fiscal.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

El Juez al entrar al conocimiento de la causa, hace suyo el mandato Constitucional de administrar justicia, teniendo como base que el proceso es el instrumento fundamental para su relación donde se materializa lo alegado y probado, cuyo estudio e interpretación se sustenta en el marco legal vigente y los conocimientos de hecho comprendidos en la experiencia común, sin que esto cercene el derecho conferido por la ley para la aplicación del principio IURIS NOVITA CURIA, en cumplimiento del deber jurisdiccional. Así mismo, acoge los principios constitucionales consagrados en los artículos 26, 49 y 257 que le obligan a impartir una justicia total, dentro del ámbito del derecho.
De la revisión de las presentes actuaciones se evidencia que desde el día 05 de noviembre de 2008, fecha en que fue admitida la demanda, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año, sin actuaciones de la parte actora, que tengan como fin el impulso procesal. Por lo cual, en castigo a la inactividad a cargo de las partes en el proceso, el legislador incluyó en el texto procesal el instituto de la perención de la instancia, señalando al efecto en el encabezamiento el artículo 267 y en el ordinal 1° lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

De la lectura de la norma transcrita se puede observar que si transcurre un año sin acto alguno de procedimiento realizado por las partes, la consecuencia jurídica prevista por el legislador ante tal quietud o inercia es la de la perención de la instancia.
No obstante se hace necesario pasar a hacer entonces un análisis de la Institución de la Perención por lo cual es oportuno señalar lo que dice el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”
“Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”
Por otra parte, la Jurisprudencia Nacional ha venido sosteniendo que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público; basta que se produzcan para su declaratoria: 1) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y 2) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.
Destaca así mismo este operador de justicia que la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, lo que constituye un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el interés que deben tener en el normal curso del proceso. En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el día 05 de noviembre de 2008, fecha en que fue admitida la demanda, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año. Pues tal como se desprende de las actuaciones del presente expediente, la parte actora no realizó acto alguno para la prosecución de la causa y alcanzar de esta manera, el fin ulterior de su requerimiento.
En consecuencia, por cuanto lo preceptuado en el encabezamiento de la norma procesal up supra indicada, regula adecuada y convenientemente la institución que aquí se examina, vale decir, el instituto procesal de la perención, es por lo que debe aplicarse cuando hubiere lugar a ello.
De manera que es evidente que el período de inacción del actor en la presente causa excedió el lapso de un año que preestableció la norma in comento, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal la declaración de que se consumó la perención de la instancia, y así debe decidirse.
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial, por inactividad de la parte actora por el transcurso de un año.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. (FDO) EL JUEZ. PEDRO ALFONSO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. LA SECRETARIA. MARÍA ALEJANDRA MARQUINA DE HERNÁNDEZ.