TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
San Cristóbal, Veintinueve (29) de junio de 2015
205 ° y 156 °

ASUNTO: SP01-X-2015-000014
PARTE ACTORA: JOSÉ ELEUTERIO CHACÓN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.179.988
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: GERARDO NIETO QUINTERO, CARLOS MANUEL OSTOS CHACÓN, DENISSE ROSSANA TREJO CHACÓN y FANNY RACHELL CONTRERAS DIAZ, titulares de las cédulas de identidad Nros.V-10.851.935, V-17.109.587, V-18.392.644 y V-V-19.135.761 respectivamente, con Inpreabogado Nros.52.872, 129.689, 144.822 y 159.898 en su orden
PARTE DEMANDADA: CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden; y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden
MOTIVO: INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES

Vistas las actas que conforman el presente asunto de INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES intentada por el ciudadano CARLOS MANUEL OSTOS CHACÓN, actuando en representación de sus propios derechos, contra la parte demandada CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden; y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden, por el pago del 30% del monto condenado, en virtud de haber sido condenadas en costas en la causa principal, este Tribunal observa:
Se inician las presentes actuaciones por escrito de 25 de junio de 2015, contentivo de demanda de intimación de honorarios profesionales presentado por el abogado CARLOS MANUEL OSTOS CHACÓN, actuando en representación de sus propios derechos, contra la parte demandada CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden; y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden, por el pago del 30% del monto condenado, en virtud de haber sido condenadas en costas en la causa principal.
En fecha 15 de junio de 2015, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en virtud de la incomparecencia a la audiencia preliminar de las empresas CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A. y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, y de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, decretó la ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por la parte accionante y dictó sentencia declarando CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por el ciudadano JOSÉ ELEUTERIO CHACÓN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.179.988, contra las empresas CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad Nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden; y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad Nros. V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden, quienes conforman la unidad económica o grupo de empresas denominado GRUPO CUATRICENTENARIA, por Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales.

En fecha 18 de junio de 2015, el ciudadano NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI, actuando en nombre de las entidades de trabajo CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A. y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., apeló de la decisión de fecha 15 de junio de 2015 dictada por este Tribunal.

En fecha 26 de junio de 2015, este Tribunal oye el recurso de apelación intentado por la parte demandada en ambos efectos.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR:

En primer lugar, es oportuno señalar que la competencia es la aptitud del Juez para ejercer su Jurisdicción en un caso determinado. Siendo la competencia el factor que fija límites al ejercicio de la jurisdicción o, como se señala comúnmente, la medida de la jurisdicción; la debida competencia, en nuestro ordenamiento procesal vigente es un presupuesto de validez para el pronunciamiento de una sentencia válida sobre el mérito, por ello, la sentencia dictada por un juez incompetente es absolutamente nula e ineficaz.
En este sentido, cuando el juez actúa con manifiesta incompetencia y procede a dictar sentencia de mérito incurre en una evidente trasgresión al artículo 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que carece de aptitud o cualidad para juzgar.
En efecto, la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión debatida y por las disposiciones legales que le sean aplicables, y fija límites improrrogables o absolutos al ejercicio de la jurisdicción. La distribución de la competencia obedece a una finalidad pública, a un interés social. Otras veces, no es ésa la razón que ha prevalecido, sino propiciar circunstancias y un ambiente de decisiones en que transcurra el proceso, que suscite la confianza y seguridad en quienes deban dirimir sus intereses a través de determinados litigios.
Al respecto, es necesario puntualizar que cuando el legislador establece los fueros de competencia, no lo hace para satisfacer intereses privados, sino en atención y para salvaguardar intereses de eminente orden público, determinados por los valores y principios que inspiran la concepción del proceso y que tuvo en cuenta para crear las jurisdicciones especiales, y para obtener así una mayor idoneidad en la administración de justicia, sustentada entonces en su fundamentación teórica y técnica.
En este orden de ideas, la competencia atribuida por ley a los tribunales de la República en razón de la materia, es de enminente orden público no modificable, ni convalidable bajo ningún argumento, por lo que de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil la incompetencia material puede ser alegada por las partes o aún declarada de oficio en cualquier estado e instancia del proceso.
Por otra parte, el artículo 22 de la Ley de Abogados, establece que:

El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.

Por su parte, en sentencia de la Sala Constitucional en sentencia N° 3325 del 4 de noviembre de 2005-caso Gustavo Guerrero Eslava contra José Bernabé Nobas establece las posibles situaciones para determinar la competencia en los juicios por intimación de honorarios profesionales, de la siguiente manera:

Por su parte, el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“...En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados...”.
Si conforme a la norma transcrita en cualquier estado del juicio, puede el abogado estimar sus honorarios y exigir su pago, dicha circunstancia lleva a esta Sala a precisar que ha de entenderse por estado y grado del proceso, dentro de un procedimiento judicial.
Dado el principio del doble grado o instancia establecido en nuestro ordenamiento jurídico, el estado viene determinado por el iter procesal que se desarrolla en una de las instancias y está referido al momento procesal en el cual se encuentra, desde el libelo de demanda admitido hasta la ejecución de sentencia, cuando ella exista. El grado, por su parte, está determinado por la posibilidad de revisión que tiene el tribunal de alzada con respecto a las decisiones adoptadas por el juez de la primera instancia.
Esto significa que el estado del proceso se inicia desde el momento de la admisión de la demanda y culmina con la sentencia y consecuencialmente su ejecución. Dentro de estas actuaciones podrá el abogado estimar sus honorarios profesionales y exigir su pago; pero, si la controversia ha sido remitida a un Tribunal Superior, es decir, uno de grado jerárquico superior, entonces no pueden ser estimados allí los honorarios causados por actuaciones realizadas ante la primera instancia directamente. Ello es así, ya que si la intención del legislador hubiese sido otra, éste habría dispuesto como encabezado del señalado artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, expresamente que “en cualquier estado y grado del juicio”, por lo cual los abogados podrían estimar y exigir el pago de sus honorarios profesionales, tanto en primera instancia como en la alzada, por su actividad profesional realizada en aquélla.
A juicio de la Sala, no puede atribuírsele otro sentido al contenido del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, diferente al que aparece “del significado propio de las palabras, según la conexión entre ellas”.
Ahora bien, en una pretensión por cobro de honorarios profesionales pueden presentarse diferentes situaciones, razón por la cual debe establecerse de forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos casos y por vía de consecuencia, el tribunal competente para interponer dicha acción autónoma, ello con el propósito de salvaguardar el principio del doble grado de jurisdicción y los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso.
En tal sentido apunta la Sala que, conforme a la norma contenida en el señalado artículo 22 de la Ley de Abogados la reclamación por concepto de honorarios profesionales extrajudiciales, será resuelta por vía del juicio breve. Sin embargo, en lo atinente a la reclamación surgida en juicio contencioso no existe una remisión expresa, a un procedimiento propio, sino que lo vincula y concentra al juicio contencioso donde se genera la actuación del profesional del derecho. Es allí, dentro del juicio, donde el abogado va pretender cobrar sus honorarios a su poderdante o asistido.
Por ello, cabe distinguir cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustanciación diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al cliente a quien representa o asiste en la causa, a saber: 1) cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en primera instancia; 2) cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo; 3) cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y, 4) cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se condenó al demandado.
A juicio de la Sala, en el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual el abogado pretende demandar los honorarios profesionales causados a su cliente, se encuentre en un tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental.
En lo que respecta al segundo supuesto -cuando se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo- la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia.
En el tercer supuesto -ejercido el recurso de apelación y oído en ambos efectos- no obstante, el juzgado de primera instancia haber perdido competencia con respecto a ese procedimiento, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, ello a fin de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (subrayado del Tribunal)
En el último de los supuestos -el juicio ha quedado definitivamente firme- al igual que en el anterior, sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales por vía autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, si es el caso, ya que la expresión del tantas veces señalado artículo 22 de la Ley de Abogado ‘la reclamación que surja en juicio contencioso’, en cuanto al sentido de la preposición “en” que sirve para indicar el lugar, el tiempo, el modo, significa evidentemente que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos contenidos en el primer y segundo supuesto antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que, entonces, pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales por vía incidental en el juicio principal.

La mencionada decisión fue ratificada por la Sala Constitucional en sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, caso V.R. Hernández por intimación de Honorarios Profesionales.

En este orden de ideas, este criterio fue acogido por sentencias de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera reiterada, entre las que podemos mencionar la sentencia de fecha 18 de Diciembre de 2006, caso Roberto Hung contra Adriana Lorena Salazar Rodríguez.

En el presente caso, se observa que el abogado CARLOS MANUEL OSTOS CHACÓN ha estimado e intimado ante este Tribunal a la parte demandada CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden; y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden, por el pago del 30% del monto condenado, en virtud de haber sido condenadas en costas en la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos labores intentada por JOSÉ ELEUTERIO CHACÓN GONZÁLEZ contra las empresas CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A. y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., quienes conforman la unidad económica o grupo de empresas denominado GRUPO CUATRICENTENARIA. No obstante, acota este Juzgado que luego de dictar sentencia en fecha 15 de junio de 2015, en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, la misma fue apelada por la parte demandada en fecha 18 de junio de 2015, por lo que este Juzgado oyó dicha apelación en ambos efectos en fecha 26 de junio de 2015.
Siendo ello así, este Tribunal, de acuerdo con el criterio señalado precedentemente, estima que no es competente para conocer de la intimación de honorarios profesionales judiciales por parte del prenombrado abogado, en virtud de haberse ejercido el recurso de apelación por la parte demandada contra la decisión de fecha 15 de junio de 2015, y de haberse escuchado dicha apelación en doble efecto en fecha 26 de junio de 2015, así se declara.
Vista la declaratoria de incompetencia, este Juzgado igualmente con fundamento en el criterio expuesto, estima que el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir la presente solicitud es un Juzgado del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, y así se decide.
PARTE DISPOSITIVA

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: La incompetencia para conocer la demanda por INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES intentada por el ciudadano CARLOS MANUEL OSTOS CHACÓN, actuando en representación de sus propios derechos, contra la parte demandada CENTROCAUCHO LA REDOMA BARINAS C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden; y CAUCHOS CUATRICENTENARIA C.A., representada por los ciudadanos NELSO ANTONIO DIAMANTI FIORINI y LUIS ALBERTO DIAMANTI FIORINI, venezolanos, con cédulas de identidad nrosº V- 9.209.968 y V- 10.173.273 en su orden, por el pago del 30% del monto condenado, en virtud de haber sido condenadas en costas en la causa principal.

SEGUNDO: Declina su competencia para conocer de la presente acción al Tribunal del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes, en función de distribuidor, ordenando remitir las actuaciones al mencionado Juzgado.

TERCERO: No hay condenatoria en costa dada la índole de la decisión.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, a los veintinueve (29) días del mes de Junio de Dos Mil Quince (2015).
LA JUEZ

BEATRIZ GONZÁLEZ GIRALDO
LA SECRETARIA

En la misma fecha, siendo las 2:30 p.m. se publicó conforme a lo ordenado.

LA SECRETARIA