REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA
CORTE DE APELACIONES
JUEZA PONENTE: Abogada Nélida Iris Corredor.
IDENTIFICACIÓN DEL JUEZ INHIBIDO
Abogado JOSÉ LUIS CÁRDENAS QUINTERO, Juez Primero de Primera Instancia en función de juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio del Táchira.
I. DEL TRÁMITE
Se encuentran las presentes actuaciones en esta Corte de Apelaciones en su única sala, en virtud de la inhibición planteada en fecha diez (10) de junio de 2015, por el Abogado José Luis Cárdenas Quintero, en su condición de Juez Primero de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio del Táchira, para conocer de la causa signada con el número SP11-9-2014-005191, seguida en contra del ciudadano Edwin Andrey Espinel Pulido, por la presunta comisión del delito de actos lascivos agravados y acoso u hostigamiento, previsto y sancionado en el artículo 45 y 40 ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las mujeres a Una Vida Libre de Violencia, el primero en perjuicio de la niña C.V.E. ( Se omite por disposición de la Ley) y el segundo en perjuicio de la ciudadana Ana Sixta Cortez.
Recibidas las actuaciones en esta Corte de Apelaciones, se le dio entrada el 18 de junio de 2015, designándose como ponente a la abogada Nélida Iris Corredor como miembro de esta Corte de Apelaciones, quien se aboca al conocimiento del presente recurso y con tal carácter suscribe el presente fallo.
En esta fecha, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, procede a revisar exhaustivamente el cumplimiento de las formalidades y demás trámites procesales, verificando que se encuentran satisfechos los supuestos establecidos, en el Título III, Capítulo VI, de la Ley Adjetiva Penal, ordenándose la sustanciación de la presente incidencia, y siendo la oportunidad procesal prevista en el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de resolver la incidencia planteada, procede a dictar el respectivo fallo, en los términos que se exponen a continuación:
II. DE LA CAUSAL DE INHIBICIÓN
Por acta de fecha 10 de junio de 2015, el abogado José Luis Cárdenas Quintero, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, se inhibió de conocer la causa número SP11-P-2014-005191, seguida al ciudadano Edwin Andrey Espinel Pulido, alegando lo siguiente:
“Me INHIBO de conocer en la presente causa signada con el No SP11-P-2014-005191, seguida contra del ciudadano: EDWIN ANDREY ESPINEL PULIDO, (…); a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del dleito de ACTOS LASCIVOS AGRAVADOS Y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, (…); en razón a que en dicha causa penal se encuentra como parte acusadora, al Abogada Carolina Fernández Hernández, Fiscal Vigésima Sexta del Ministerio Público, y es el caso, que este Juzgador en fecha 05 de junio del presente año, culminó el juicio oral y reservado en la causa penal SP11-P-2014-004132, seguida contra del ciudadano Charles José Sepúlveda Gómez, (…); a quien este Juzgador lo declaró culpable, penalmente responsable y lo condenó a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, por la comisión del delito de violencia sexual agravada, previsto y sancionado en el artículo 43 tercer aparte, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de al Mujer a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la niña A.N.G.A (Identidad omitida); y de igual manera, en dicho acto al momento de exponer los fundamentos de hecho y de derecho en dicho asunto, este Juzgador denunció lo siguiente:”…Después de concluido el presente Juicio Oral y reservado, y en virtud de los señalamientos reiterados hechos por la Representación Fiscal, la actuación temeraria, irrespetuosa, altanera y poco profesional, específicamente de la Abogada CAROLINA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en presencia de este Juzgador y de los demás integrantes de este Tribunal y las demás partes y acusado; se ordena enviar a la fiscalía Superior del estado Táchira con copia a la Rectoría y Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, copias certificadas de todas las actas de juicio que fueron de todas las actas de juicio que fueron levantadas durante el desarrollo del presente debate y que fueron debidamente suscritas por las partes y el Tribunal, para que se investigue sobre dichos señalamientos en virtud que no puede el Juez omitir lo señalado por la Fiscal ut supra. En este estado Juzgador, insta al Ministerio Público a litigar de buena fe conforme a lo señalado en el artículo 105 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, y no irrespetar como en efecto lo hizo, a la autoridad judicial que ostenta todo Juez de la república Bolivariana de Venezuela…”.
Todo lo antes expuesto se fundamenta en que considera quien aquí suscribe, que ha surgido una circunstancia que influye totalmente en la imparcialidad que debo mantener como representante de este Órgano Jurisdiccional al momento de decidir, en la búsqueda de una recta y sana administración de justicia, lo que me hace subsumible en el ordinal 8 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal penal, y aún en el supuesto negado que mi imparcialidad no se encontrase comprometida, cualquier decisión al respecto pudiera ser objeto de cuestionamiento en virtud de lo anteriormente explanado, es por lo que considero igualmente, mas que un deber, un gesto de absoluta probidad profesional el inhibirme en la presente causa, garantizando así el debido proceso en este caso, tomando en consideración lo atinente al caso, tal y como lo establece el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal: (…)
(Omissis)”
III. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Pasa esta Corte de Apelaciones a emitir pronunciamiento sobre la presente inhibición propuesta, haciéndolo en los siguientes términos:
La autonomía e independencia de los jueces está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 253 y siguientes. Allí se establece que el Poder Judicial es independiente y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Que con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, a los jueces se les prohíbe llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Dichos principios constitucionales están igualmente desarrollados en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la autonomía e independencia de los jueces en los términos siguientes:
“En el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley, al derecho y a la justicia.
En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.”
La inhibición es una institución procesal de orden público, por su naturaleza intrínseca, constituye un acto judicial que se traduce en la separación voluntaria (motu propio) del Juez o Jueza en el asunto sometido a su consideración, el conocimiento de la referida incidencia, en cumplimiento del mandato legal; ha establecido la doctrina que son mecanismos procesales establecidos para preservar la imparcialidad y probidad del Juez o la Jueza, entendiendo por ésta que el Juez o Jueza para la solución del caso, no se dejará llevar por ningún otro interés fuera de la aplicación correcta de la Ley y la solución justa para el litigio, tal como la Ley lo prevé. (Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. Págs. 320 y 321).
De igual modo, el maestro Arminio Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, dice:
“La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de algunas de las partes, pierde el atributo especial de los dispensadores de justicia, en consecuencia es natural que de motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquél a la abstención. Este recurso es la recusación y la voluntaria abstención es la inhibición.”
El mismo tratadista (Dr. Arminio Borjas) ha sostenido, que:
“… Los Ministros de Justicia han de conservarse imparciales y hacer que así se les considere por todo el Mundo. No es menester, por lo tanto que se crean parcializados, basta con que teman estarlo y con que las partes o la sociedad puedan sospechar que lo estén…”
Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado asentado en Sentencia de fecha 13 de Diciembre de 2004, con número 2917, lo siguiente:
“…esta Sala debe reiterar que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decidor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, es su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y 87 del Código Orgánico Procesal Penal…”
Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 1484 en el Expediente número 08-0270 dictada en fecha 15 de Octubre de 2008, señaló que:
“…Sin duda alguna, reiteramos que la inhibición “…se puede definir entonces como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación. En esta definición destacan las características que tiene la inhibición en nuestro Derecho: a) Es un acto judicial y no de parte, porque lo realiza el Juez y produce su efecto en el proceso, originando una crisis subjetiva del mismo, que se traduce en la separación del Juez del conocimiento del asunto. b) Aunque es un deber del Juez, las partes no tienen facultad de requerir su inhibición pues la ley no da a las partes semejante gestión procesal. c) La inhibición origina un incidente en la causa concreta sometida al conocimiento del Juez inhibido, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso creada con la separación del Juez del conocimiento de la causa…”
Ahora bien, en el caso sub examine, observa este Tribunal Colegiado, que efectivamente la normativa que rige la materia inserta en el Código Orgánico Procesal Penal, alegada por la inhibida, establece lo siguiente:
Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los jueces y juezas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes:
(…)
8. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad
(…)
Artículo 90. Inhibición obligatoria. Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar que se les recuse.
Igualmente lo harán si son recusados y estimen procedente la causal invocada.”
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades lo siguiente:
“…que la inhibición al igual que la recusación son instituciones concebidas para preservar la imparcialidad del Juez, mediante el cual el funcionario o las partes proponen o solicitan la separación del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de las razones legalmente establecidas. De allí, que el Juez en su función de administrar justicia debe ser imparcial y no estar sujeto a ninguna vinculación subjetiva, bien entre el Juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento o bien con el objeto de la misma, ya que la existencia de estos dos vínculos ocasionan irremediablemente su inhabilidad para conocer y decidir”.
Observa esta Sala, de las copias que acompañan el acta de inhibición, se desprende que el juez inhibido en fecha 20 de febrero de 2015, levantó oficio signado bajo el número 1J-46-2015, dirigido al Juez Rector y Presidente de este Circuito Judicial Penal del estado Táchira, informando sobre la incidencia presentada en la culminación del juicio oral y público realizado en la causa penal número SP11-P-2014-04132, en fecha 05 de junio de 2015, por cuanto la abogada Carolina Fernández, actuando con el carácter de Fiscal Vigésima del Ministerio Público, se enervo y presentó una actitud altanera e irrespetuosa en contra del Juez inhibido.
Ahora bien, manifiesta el juez inhibido que la actual Fiscal Vigésima Sexta del Ministerio Público, abogada Carolina Fernández, es la fiscal actuante en la causa penal número SP11-P-2014-005191, seguida a Edwin Andrey Espinel Pulido, fiscal cuna la cual tuvo discrepancia por el compartimiento de la misma, ya que la misma se comporto de manera grotesca, arguyendo la abogada que era un incompetente entre otras cosas, para manejar los asuntos propios que acarrean un Tribunal, conllevando con lo acontecido con la abogada Carolina Fernández, a que el al Juez inhibido se desprendiera del conocimiento de la presente causa, ya que estos actos por mandato de Ley, influyen en la parcialidad que se pueda tener para el asunto en controversia, razón por la cual considera este Tribunal Colegiado que sería lesivo para el debido proceso que continuara conociendo de la causa en la fase de Control.
En el marco de los argumentos expuestos, constata este Tribunal Colegiado, que efectivamente el juez inhibido se encuentra inmerso en el numeral 8 del artículo 89 del Código Adjetivo Penal, referente a las causales de inhibición y recusación, por lo cual lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR la presente inhibición. Y así se decide.
IV.DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara: CON LUGAR la inhibición presentada por el Abogado JOSÉ LUIS CÁRDENAS QUINTERO, Juez Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio del Táchira mediante acta de inhibición de fecha 10 de junio de 2015, de conformidad con lo establecido en los artículos 89 numeral 8 y 90 del Código Orgánico Procesal Penal; y se ordena que la causa sea pasada a otro juez de juicio de igual categoría de este Circuito Judicial Penal.
Publíquese, regístrese y remítase en la oportunidad legal correspondiente.
Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, San Cristóbal, a los 29 días del mes de junio de 2015. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza y los Jueces de la Corte;
Abogada Ladysabel Pérez Ron
Presidenta
Abogado Marco Antonio Medina Salas Abogada Nélida Iris Corredor
Juez de Sala Jueza Ponente
Abogada Sidgy Mariose Haces Castillo
Secretaria
En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.-
La Secretaria
Inh-SJ22-X-2015-00007/NIC/yraidis