JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, doce (12) de agosto de dos mil quince. 205º y 156º En cuanto a la medida solicitada mediante diligencia de fecha 03 de agosto de 2015, estampada por la parte actora ciudadana Florangel García, asistida por el abogado Antonio Rincón, inscrito en le Inpreabogado bajo el N° 59.120, es importante dejar claro, que las medidas preventivas tienen una doble finalidad, y éste ha sido el criterio reiterado de nuestro Máximo Tribunal, y es que, en primer lugar, existe un fin de orden privado en el sentido de que las mismas tienden a garantizar el resultado práctico de las acciones ejercidas por el acreedor contra el deudor, en su sentido hipotético, mediante la toma de precauciones orientadas a impedir el menoscabo del derecho que le pudiere corresponder, protegiéndolo con mecanismos que permitan ubicar de improviso determinados bienes fuera de todo acuerdo comercial para que queden forzosamente afectados a la satisfacción de las obligaciones que hayan de declararse o reconocerse al fin del proceso. Y en Segundo lugar, existe un fin eminentemente de orden público, en el sentido de evitar que la demora en la sustanciación del proceso se convierta en una burla a la justicia. En tal sentido por cuanto la pretensión del accionante persigue el pago de una suma liquida de dinero, y por cuanto el instrumento fundamental de la acción, es uno de los instrumentos establecidos en la Ley, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil el cual establece que: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados… La ejecución de las medidas decretadas será urgente…”, de conformidad con lo solicitado por la parte actora y según lo dispuesto en el artículo 585 en concordancia con el artículo 588 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, SE DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles que se encuentran en el Fondo de Comercio denominado PIZZERIA LA ERMITA, inscrito por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Táchira, en esta ciudad, el día 27 de Abril de 2010, según documento registrado bajo el N° 31, tomo 5-B RM I; ubicado en la calle 9 con carrera 2, N° 1.58, La Ermita, municipio San Cristóbal, Estado Táchira; dejando en guarda y custodia los bienes embargados bajo responsabilidad del demandado ciudadano Jhone Alexis Riaño Angarita, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E.-84.397.662 a los fines de que no se interrumpa la actividad económica. Para la práctica de la medida decretada, se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a donde se acuerda remitir el correspondiente despacho con sus debidas inserciones. Fórmese cuaderno de medidas con copia certificada del presente auto. Pedro Alfonso Sánchez Rodríguez.- Secretaria (Fdo).-María Alejandra Marquina de Hernández