TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, Quince (15) de Abril de Dos Mil Quince (2015).

204° y 156°
Con vista a la diligencia cursante al folio 16 de la presente pieza, suscrito por la Abg. María Esperanza Villamizar de Galvis, en su condición de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil KLD SHIPPING EXPORT & IMPORT C.A., y mediante la cual solicita conforme a lo dispuesto en el artículo 589 del Código de Procedimiento Civil, solicita sea suspendida la medida cautelar de embargo decretada por este Tribunal y ejecutada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Ureña, y en tal sentido, pide que este Tribunal fije la caución que se debe prestar a los fines del levantamiento de la medida.
Este Tribunal para decidir observa:
Con relación a la solicitud planteada, es importante referir lo dispuesto en el artículo 589 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
1.- Establece el encabezamiento del artículo 589 de nuestra Norma Adjetiva Civil, como sigue:
“No se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar, o deberán suspenderse si estuvieren ya decretadas, si la parte contra quien se hayan pedido o decretado, diere caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo siguiente”. Subrayado del Juez.

Por su parte el artículo 590 eiusdem, señala:
“Podrá también el Juez decretar el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, sin estar llenos los extremos de ley, cuando se ofrezca y constituya caución o garantías suficientes para responder a la parte contra quien se dirija la medida, de los daño y perjuicios que esta pudiera ocasionarle.
Para los fines de esta disposición sólo se admitirán:
(…) 4° La consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que fije el Juez.” (Subrayado del Juez).

De tales normas se desprende el procedimiento a seguir a los efectos de alzar la medida, destacándose que para tal fin, debe darse caución o garantía suficiente; así, lo álgido del asunto es la determinación por parte del Juez de esa suficiencia. Al respecto, nuestro procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo 4, Edición 2009, Págs., 301-302, refiere lo siguiente:
“Qué debe entenderse por suficiencia de la garantía? La norma señala que la caución o garantía debe ser suficiente. En este punto caben dos interpretaciones: una relativa, en virtud de la cual sería suficiente aquella que está en relación con la posición de ventaja en la prevención que haya logrado el solicitante de la medida mediante su ejecución, en forma que si el tribunal ha embargado una cantidad de dinero que cubre el monto total del decreto, la suficiencia de la garantía que presente la contraparte debe conceptualizarse como aquella que sitúa al ejecutante en la misma posición preventiva que logró con el embargo de dinero; por lo que el ejecutante no podría pretender la suspensión de la medida con la presentación de otros bienes que signifiquen una desmejora en el derecho de prevención del solicitante, en consideración directa a la naturaleza de esos mismos bienes. La otra interpretación, es de carácter absoluto, atiende sólo al texto del artículo 589 y no a las vicisitudes o ventajas de la ejecución. En efecto, la norma no limita el derecho del embargado a sustituir, no ya el bien en concreto, sino la medida misma, por una garantía real o personal, con tal que ésta sea suficiente para cubrir la obligación y las costas procesales. Por tanto, es procedente la aceptación de una fianza u otra garantía abonada aunque el objeto embargado sea dinero en efectivo…”

Se extrae en forma general de estos apuntes doctrinales, que la suficiencia de la garantía está dada fundamentalmente, en el hecho de que ésta no desmejore la posición del solicitante de la medida, y cuando menos, la caución o garantía presentada sirva para cubrir el monto de la obligación y las costas procesales. Así, atendiendo a tal criterio y subsumiendo ello dentro de la presente causa, se observa que la parte demandada, Sociedad Mercantil KLD SHIPPING EXPORT & IMPORT C.A., a través de su apoderada judicial, al solicitar la suspensión de la medida preventiva de embargo decretada, solicitó se fijara la caución por el monto que determine el juez.
Ante lo planteado por la parte demandada se debe destacar, en primer lugar, la responsabilidad del juez en cuanto a la suficiencia de la caución o garantía, y en segundo lugar en su potestad discrecional que tiene para resolver lo conducente. En este sentido resulta obligatorio hacer referencia a dos criterios jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, que tratan sendos aspectos. El primero consta en sentencia Nº 312 del 20 de febrero de 2002, en la que se advirtió sobre la responsabilidad personal del juez por la insuficiencia de la caución o garantía exigida al deudor, en los términos que se expresan a continuación:
“… Sin embargo la ley prevé una sola posibilidad de levantamiento de la medida a través de otra garantía, esta vez con fundamento en el artículo 589 eiusdem, la cual también deberá seguir los parámetros del artículo 590. Lo curioso es que ese artículo 589 sí establece un mecanismo de oposición, en caso de objetarse la eficacia o suficiencia de la garantía, para lo cual se abre una articulación probatoria de cuatro (4) días y se fija un lapso de dos (2) días más para decidir. Así, quien ha obtenido una medida por caución o garantía, contra la cual el afectado no ha podido oponerse, y ha visto cómo luego ha sido suspendida por la vía de otra garantía, sí puede objetar la suspensión, pese a que la contraparte no ha podido a su vez impugnar la garantía inicial, en lo que representa una auténtica desigualdad…….
Omisis…
A diferencia de la normativa adjetiva actual, valga señalar además, preconstitucional, los artículos 373 y 378 establecieron la responsabilidad subsidiaria del juez que hubiese decretado la medida cautelar por vía de garantía, en caso de que ésta hubiese resultado insuficiente para cubrir los daños y perjuicios sufridos. Pero, a pesar de que el Código de Procedimiento Civil de 1986 eliminó esa responsabilidad subsidiaria, y para compensar su falta, estableció severos requisitos para la garantía, para evitar que se acordase una que fuese a todas luces incorrecta, la Constitución vigente consagra expresamente en sus artículos 49, numeral 8 y 255, último aparte, la responsabilidad personal del juez en la lesión de una situación jurídica causada por error judicial, supuesto en el que podría tener cabida la insuficiencia de la caución exigida, lo cual garantiza por parte del juez no sólo prudencia en el otorgamiento de las medidas, sino también en la exigencia de las cauciones…” (Subrayado del Juez).

En cuanto al segundo, en sentencia proferida el 25/03/2008 en Exp. N° 08-0137, la Sala dejó sentado:
“ … si bien es cierto que el solicitante puede ofrecer el tipo de caución o garantía que estime conveniente, por supuesto, no excluye el poder discrecional del juez de juzgar acerca de su suficiencia, que es el requisito que fija el Art. 590 del C.P.C. para su aceptación. Ese poder, como toda potestad discrecional, debe ser ejercido dentro de los límites de la proporcionalidad y de la racionalidad y, por supuesto, en resguardo del equilibrio entre dos exigencias discordantes-en palabras de Calamandrei- (vid. Supra ): la de la parte vencedora en el juicio principal de que se ejecute el fallo a su favor y la del pretensor en invalidación de que ello no ocurra hasta cuando no haya decisión acerca de su pretensión…” (Subrayado del Juez)

Conjugado lo anteriormente expuesto, quien decide, con vista a la discrecionalidad y responsabilidad que le es propia, con base a los fundamentos de hecho explanados en la acción incoada y tomando en consideración que la tutela cautelar no desaparece al levantarse la medida preventiva original al experimentarse el mecanismo de sustitución, por cuanto esto último sólo se trata de una situación técnica; y de igual manera tomando en consideración, el derecho del accionante, por una parte, y por la otra, ante la hipótesis de una sentencia en contra de la parte demandada que pudiera generar una obligación de pago para la parte demandante, así como la cuantía de la demanda y el pago de costas procesales, y el hecho de haber recaído el embargo sobre bines de la parte demandada, considera quien decide, acertado aceptar la garantía ofrecida, por cuanto ésta puede operar en contra de una medida de embargo por imperio de la ley, y en tal sentido, la caución se fija en justicia en la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 2.450.000,00), cantidad ésta que incluye el monto intimado, más un porcentaje prudencialmente calculado en virtud del tiempo que pudiera transcurrir para la resolución de la presente acción, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 589 y 590 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 647 eiusdem.
Se advierte que la caución o garantía acordada, deberá consignarse dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la notificación del presente auto, y a tal efecto se ORDENA la suspensión de la medida cautelar de embargo decretada, con la advertencia que de no cumplirse conforme a lo acordado y en el lapso establecido, se dejará sin efecto dicha suspensión.
Notifíquese a las partes del presente auto.
Ofíciese al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolívar, Independencia, Libertad y Pedro María Ureña de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para informar sobre el presente auto, una vez conste la consignación de la garantía acordada. Cúmplase. (Fdo)EL JUEZ. ABG. PEDRO ALFONSO SÁNCHEZ RODRIGUEZ. (fdo) LA SECRETARIA ABG. MARIA ALEJANDRA MARQUINA