TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO PEDRO MARÍA UREÑA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Juan de Ureña, seis (6) de mayo de dos mil catorce.

204° y 155°
Visto el escrito de fecha 30 de abril de 2.014, que corre agregado a los folios noventa y dos (92) al ciento cinco (105), ambos inclusive, del cuaderno principal, presentado por el abogado LARRY FROILAN RAMÍREZ CÁCERES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.063.927, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 191.262, en su condición de apoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.913.653, este Tribunal a fin de pronunciarse sobre las medidas de prohibición de enajenar y gravar solicitadas acuerda la apertura del presente cuaderno de medias, luego de revisada la causa, esta Juzgadora observa:
Sobre las medidas cautelares específicamente la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada en este juicio se hace necesario considerar sobre lo que es requerido para que la misma sea decretada.
Las medidas preventivas tienen carácter de instrumentalidad que conlleva, a su vez, el carácter de provisionalidad de las mismas, porque en un primer momento éstas tienen un efecto de cautela o garantía; no es menos cierto que aquella se transforma y continúa a fin de garantizar la eficacia de la resolución principal, vale decir, evitar que quede ilusoria la ejecución del fallo, garantizando, de esta manera la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses en litigio.
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”).
En atención a la naturaleza de la medida cautelar solicitada, el juez deberá apreciar no sólo la tardanza del juicio, sino todas aquellas circunstancias que puedan ocurrir en virtud de ese retardo, y por la que no podría ser satisfecha la pretensión de la demandante, es decir, que en cada caso el juez evaluará si el demandado ha querido hacer ilusoria de cualquier forma la pretensión del demandante.
En síntesis, para que proceda el decreto de la medida cautelar no solo debe evaluarse la apariencia de certeza del derecho, sino que debe determinarse si de las argumentaciones del peticionario se concluye que existe peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo por el posible retardo judicial, sino también de los hechos o actividades atribuibles a la parte contra cuyos bienes recae la medida.
De conformidad con lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el Juez “podrá” decretar las medidas nominadas o típicas, en aquellos casos en los que durante la pendencia de un juicio, considere cumplidos los extremos exigidos por el artículo 585 eiusdem, es decir, solo cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”) y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”).
Sobre el particular, la Sala de Casación Civil del Supremo Tribunal de Justicia, en fallo N° 00407 de fecha 21/06/2005, indicó:
“...la discrecionalidad con que debe obrar el juez, al momento de decretar la cautela, en forma alguna lo exime para omitir las aportaciones sobre la procedencia que de la medida haga la parte opositora, pues de entender que la discrecionalidad actúa en tal sentido, se reduciría la eficacia procesal de la figura de la oposición y su existencia procesal se vería reducida a una simple figura decorativa, vacía, sin utilidad práctica alguna dentro del proceso cautelar...”. (Sent. 9/12/02, caso: Miguel Ángel Capriles Cannizzaro, contra Valores y Desarrollos Vadesa, S.A.).
Acorde con ello, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que “...el decreto de la medida supone un análisis probatorio. Por este motivo, el Tribunal de Alzada no podía revocar la medida cautelar sin analizar las pruebas en que se basó la primera instancia, desde luego que, como consecuencia de la apelación la Alzada revisa la materia en las mismas condiciones que lo hizo el Tribunal de la cognición....De estar llenos los extremos para el decreto de la medida, el tribunal de la causa es soberano para acordarla con la única limitación establecida en el artículo 586 eiusdem...”. (Sent. 30/11/00, caso: Cedel Mercado de Capitales, C.A., c/ Microsoft Corporation).
…omisiss..
Es evidente, pues, que no puede quedar a la discrecionalidad del juez la posibilidad de negar las medidas preventivas a pesar de estar llenos los extremos para su decreto, pues con ello pierde la finalidad la tutela cautelar, la cual persigue que la majestad de la justicia en su aspecto práctico no sea ineficaz, al existir la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo del fallo pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes.
En todo caso, la limitación de ese derecho particular, no es en modo alguno caprichosa, sino que está sujeto al cumplimiento de los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sin los cuales las medidas no pueden ser decretadas.
Estos dos extremos constituyen el soporte para que el juez dirima el conflicto entre el derecho constitucional de propiedad del demandado y el derecho constitucional de acceso a la justicia del actor.”
(www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Junio/RC-00407-210605-04805.htm)
De acuerdo a lo anterior, esta Juzgadora pasa al examen de los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida cautelar
Así, el artículo 585 Código de Procedimiento Civil establece que para que se decrete una medida cautelar se requiere la concurrencia de dos requisitos: 1) el fumus boni iuris, la presunción grave del derecho que se reclama; 2) el periculum in mora, o la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.
De la revisión de los autos, se aprecia que la acción a la cual se contrae el proceso principal es una demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO VERBAL de compra venta de un inmueble y la empresa Radio Frontera C.A., cuya prueba fundamental de ese contrato consiste en un recibo de pago que consta en el expediente 2011-2013 (reconocimiento de contenido y firma), que no fue agregado a los autos y al revisar el expediente llevado por este juzgado, se evidencia que es un papel roto, pegado con cinta pegante por la parte trasera de la hoja, observándose que el año del recibo fue agregada en lapicero ya que el texto impreso no se determino el año, ni datos de registro, ni cláusulas, señalando textualmente lo siguiente:
“RECIBO Yo, Melvin Marchena, venezolano mayor de edad soltero titular de la cédula de identidad No. 3.782.180, domiciliado en San Antonio estado Táchira; declaro he recibido del señor Rigoberto Pérez titular de la cédula de identidad No. 2.913.563 la cantidad de Diez millones de Bolívares (Bs. 10.000.000) como abono al precio real de la venta, que es la cantidad de Doscientos millones de Bolivares (Bs. 200.000.000,oo) de un lote de terreno ubicado en Ureña sector la antena y la emisora Radio Frontera 730 AM ubicada en San Antonio, Estado Táchira así lo decimos y lo firmamos en Ureña a los treinta días del mes de diciembre. Hay una firma ilegible y debajo dice Melvin Marchena C.I. 3.782.180, luego aparece agregado en lapicero negro: Ureña, 30 de Diciembre de 2004”
El anterior texto es un documento privado reconocido, que sólo tiene efectos entre las partes, entre los ciudadanos RIGOBERTO PÉREZ y MELVIN MARCHENA, no es oponible a terceros y en este caso, no puede afectar a la ciudadana Zulay Contreras de Marchena, que no firmó el recibo, no siendo tal documento suficiente título para decretar una medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre un lote que no fue determinado en el recibo ni dirección específica, ni linderos, ni medidas y mucho menos se puede decretar tal medida sobre los equipos de Radio Frontera C.A., que son bienes muebles, ya que la medida de prohibición de enajenar y gravar solo puede recaer sobre bienes inmuebles, tal como señala el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, por todas las razones anteriores, no se cumple con el requisito de la presunción del buen derecho, el fumus bonis iuris, y al no cumplirse un requisito, ya no hace falta analizar el otro requisito, razón por la que esta Juzgadora niega el decreto de las medidas de prohibición de enajenar y gravar solicitadas por la parte demandante. Así se decide.
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Ureña de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA LAS MEDIDAS CAUTELARES DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitadas por el abogado LARRY FROILAN RAMÍREZ CÁCERES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.063.927, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 191.262, en su condición de apoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.913.653, por no cumplirse con los requisitos concurrentes establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
Jueza Temporal,

Blanca Rosa González Guerrero.

Secretaria,

María Geraldine Manosalva Rojas.

Exp. 2.037-2.014
BRGG/mgm/radr