REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL COORDINACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTADO TACHIRA SAN CRISTÓBAL, 12 DE JUNIO DE 2014 204º Y 155º ASUNTO: SC01-X-2014-000008. PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil ENTERPRISE GLOVAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 28 de enero de 1999, bajo el N° 58, Tomo 1-A. APODERADA JUDICIAL PARTE DEMANDANTE: MAITE CAROLINA SOTO YAÑEZ, Abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 38.708. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Certificación Médica Ocupacional (CMO) N° 177/2013, de fecha 03 de diciembre de 2013, emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure. Motivo: Medida cautelar de suspensión de efectos del Acto Administrativo. Sentencia: Interlocutoria. I Se aperturó por esta Alzada el presente cuaderno, en virtud de la demanda de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Certificación Médico Ocupacional (CMO) N° 0177/2013, ya anteriormente identificada. En fecha 10 de junio de 2014, se admitió la referida demanda de nulidad, señalándose que la medida de suspensión de efectos solicitada se decidiría por cuaderno separado. Siendo la oportunidad para decidir, este Sentenciador, procede a hacerlo con base en los siguientes fundamentos: II FUNDAMENTACIÓN PARA DEDICIR Conforme a la doctrina más avanzada, las medidas cautelares constituyen una providencia cautelar que es provisoria, ya que depende la medida de su existencia de un acto judicial posterior; por ello Couture, señala que la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la significación económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo. De modo pues, que resulta claro que las medidas cautelares, en el proceso contencioso administrativo, son otorgadas por el juez sobre la base de un juicio probabilístico, y no de certeza, mediante el análisis de los requisitos exigidos para su decreto, los cuales son: en primer término, el Fumus Bonis Iuris, es decir, la apariencia del buen derecho que debe derivar de la narrativa libelar y de las pruebas aportadas, las cuales deben ser apreciadas por el Tribunal; en segundo lugar, el Periculum in Mora que procede en la forma antes señalada; en tercer término, el Periculum in Damni, que consiste en que el daño sea irreparable o de difícil reparación por la definitiva; y finalmente, la Ponderación de los Intereses Particulares y Colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular, por ello el Juez goza de los más amplios poderes cautelares Es así, que sobre estos particulares, Devis Echandía señala “... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal”. (Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pag. 145 y ss). Así las cosas, aprecia este Juzgado que el presente caso versa sobre una solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo, medida posible de materializar a través de las medidas cautelares innominadas, de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ahora bien, en el caso de marras, con respecto a la solicitud de la medida cautelar de suspensión de efectos, aprecia este Juzgado que el citado artículo establece: “A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”. Por ello, pretendiéndose la medida innominada de suspensión provisional de los efectos de la Certificación Médica Ocupacional, lo que debe observarse es el cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley. En relación con lo anterior se colige la obligación de este Tribunal de constatar los requisitos para la procedencia de la medida cautelar innominada. Al respecto, se observa que la parte solicitante de la medida cautelar de suspensión provisional de efectos de la certificación médica ocupacional N° 0177/2013, emanada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional del Prevención, Salud y Seguridad Laborales, mediante la cual se determina la existencia de una enfermedad ocupacional agravada con ocasión del trabajo, en virtud de la protrusión cervical C2-C3, C3-C4, C4-C5, hernia discal L4-L5, L5-S1, que le ocasiona una discapacidad parcial permanente. En atención a la doctrina y jurisprudencia citada supra, este Tribunal considera la necesidad de que el solicitante de la medida cautelar encuadre dicha petición en los requisitos mencionados anteriormente, máxime si el Código de Procedimiento Civil así lo dispone en su artículo 588, parágrafo primero, como lo son el peligro en la mora y la apariencia de buen derecho. Además de ello, la petición de medida cautelar (suspensión de efectos) en los Tribunales Contenciosos procederá una vez sea demostrado el periculum in damni y la ponderación de intereses en conflicto, es decir que el Juez debe velar porque no sólo exista un simple alegato sino que el solicitante de la medida debe acreditar hechos concretos, que hagan nacer la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el accionante. En el caso de marras, con relación al fumus bonis iuris, señala la parte solicitante que su planteamiento es una posición jurídica tutelable, siendo totalmente razonable la pretensión de nulidad por la contrariedad a derecho notoria de la actuación de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Por otra parte, alega que existe el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, el peligro de infructuosidad del fallo por acto de la Administración, al establecer que la cautela no tiene otra finalidad que la garantía de las resultas del juicio. Asimismo, señala que es evidente que puede producirse un daño, ya que de no acordarse la medida cautelar requerida resulta evidente que la empresa tiene que soportar una situación injusta, pues tendría que pagar una indemnización que no le es atribuible, con eventuales consecuencias aún más gravosas. De lo antes transcrito, se evidencia el posible daño patrimonial que podría originar la ejecución del acto administrativo, y por cuanto el solicitante de la medida cautelar de suspensión de efectos hizo referencia a los perjuicios patrimoniales extra legem que le acarrearía el acto administrativo, y que en su decir se pueden producir con la ejecución del mismo, y visto que fundamentó debidamente los requisitos exigidos para el decreto de las medidas cautelares en materia contenciosa administrativa, es por lo que este juzgador, tratándose de una solicitud de medida cautelar, y habiendo sido motivada y demostrada la procedencia de la misma, cumpliendo con los requisitos de ley, considera adecuado permitir la viabilidad de la medida solicitada. Y así se decide. III DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto administrativo ya mencionado. SEGUNDO: Se ordena oficiar a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional del Prevención, Salud y Seguridad Laborales, a los fines de notificarle la medida aquí acordada. TERCERO: No hay condena en costas. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. El Juez ABG. JOSÉ FÉLIX ESCALONA B. La Secretaria, ABG. ISLEY GAMBOA Nota: En este mismo día, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. ABG. ISLEY GAMBOA Secretaria SC01-X-2014-08 JFE/eamm.