TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
San Cristóbal, lunes 10 de febrero del 2014
203 º y 154º

Asunto n. ° SP01-L-2014-000045
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
Parte accionante: Sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela C. A..
Apoderados judiciales: Abogados Mónica Rangel Valbuena y Juan Pablo Díaz Osorio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 97.381 Y 140.533, respectivamente.
Parte accionada: Inspectoría del Trabajo, “General Cipriano Castro” del Estado Táchira.
-II-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inicia el presente proceso mediante escrito presentado en fecha 27.1.2014, con motivo del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar incoado por la sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela C. A., por medio de sus apoderados judiciales Abogados Mónica Rangel Valbuena y Juan Pablo Díaz Osorio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 97.381 y 140.533, respectivamente, en contra de la providencia administrativo n.º 2548-2013, de fecha 23.9.2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, en el procedimiento sancionatorio, que cursa en el expediente administrativo n.º 056-2012-06-00256, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo, en consecuencia, se recibió por este tribunal mediante auto de fecha 31.1.2014 y se admitió mediante auto de fecha 5.2.2014, ordenando notificar al Procurador General de la República, al Fiscal Superior del estado Táchira, al Inspector del Trabajo del estado Táchira, del acto administrativo impugnado.
- IIII-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Es criterio reiterado del más alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refería el artículo 136 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación, al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En este sentido, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no solo en un simple alegato de perjuicio, sino en argumentos y hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Por consiguiente, la medida preventiva de suspensión de efectos procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, y además, que de la pretensión procesal principal se desprenda que pudiera resultar favorable al recurrente; por lo que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, como son: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo periculum in mora y la presunción grave del derecho que se reclama fumus bonis iuris.
En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquel es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, esta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, solo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso.
Adicionalmente a lo anterior, ha señalado igualmente la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República que aunado a los requisitos del periculum in mora y el fumus boni iuris, el acto impugnado debe llenar ciertas condiciones para que sea procedente la suspensión, esto es: que se trate de un acto administrativo de efectos particulares o de alguno de efectos generales en que la voluntad de uno o varios sujetos no afecte el interés de la colectividad; y que se trate de actos que tengan efectos positivos, ya que estos son los únicos idóneos de ser suspendidos.
Asimismo, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece en el artículo 104, lo siguiente:
«A petición de las partes en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el reestablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante». Subrayado del tribunal.
Bajo estos lineamientos, le corresponde a este Juzgado determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada:
En tal sentido, este Juzgado observa que a los folios 26 al 43 corre insertas copias simples de las actas de visita e inspección; al folio 44, corre inserta copia simple del el acta que acuerda iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio; que a los folios 45 al 60, corren insertas copias simples de la providencia administrativo n.º 2548-2013, de fecha 24.9.2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, mediante la cual resolvió declarar infractor a la entidad de trabajo sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela C. A., y en consecuencia ordena pagar al infractor en un plazo de 5 días hábiles, la cantidad de Bs. 7.837,85.
Así del referido instrumento se lee: “Tercero: Cúmplase la presente orden de pago de multa, que dio origen al presente procedimiento sancionatorio, en caso contrario, de conformidad con el literal “g” del artículo 547 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, “… Si el multado o la multada no pagare la multa dentro del término que hubiere fijado el funcionario o funcionaria, éste se dirigirá de oficio al Ministerio Público, para que dicha autoridad ordene el arresto correspondiente…”. En efecto de la revisión del escrito libelar en los folio 7, 8 y 21 la parte recurrente alega que el acto impugnado “está viciado de nulidad absoluta por prescindencia de una regla esencial para la formación de la voluntad de la administración pública, toda vez que el funcionario no levantó acta circunstanciada y motivada, simplemente señala que Pepsi-Cola de Venezuela C. A., incumplió una serie de ordenamientos, sin indicar -como era su deber- las razones por las cuales considera que no se cumplió con lo ordenado...” “En suma, considerando que la Inspectoría del Trabajo actuante en el caso que nos ocupa, en ausencia de una acta circunstanciada y motivada que sirviera de inicio y base al procedimiento sancionatorio, debió someterse a lo previsto el numeral a) artículo 547 de la LOTTT. Esto no ocurrió así, por lo que la inobservancia del mismo supuso la violación flagrante y grosera del derecho fundamental a la defensa y el debido proceso, de Pepsi-Cola de Venezuela C. A., inficcionando de nulidad absoluta el acto administrativo recurrido, …” Asimismo señalo que “ Con base a las razones de hecho y de derecho señaladas a los largo del presente escrito, es que indicamos a este Tribunal que nos encontramos frente a un claro caso en donde el daño causado por un acto administrativo viciado de nulidad absoluta será de imposible reparación, es por ello que solicitamos a este honorable juzgado se sirva acordar de manera inmediata y con carácter de urgencia la medida cautelar de suspensión temporal de efectos aquí presentada, y que para ello, juran la urgencia del caso. La urgencia de esta medida cautelar se justifica plenamente ante la protección del derecho a la libertad, la cual por demás es uno de los bienes más preciados del ser humano y debe ser protegida a toda costa y como es evidente cualquier lesión que se cause al mismo será irreversible.”
Lo antes descrito denota para el Tribunal, prima facie que existen errores en el acto administrativo dictado por el Inspector jefe de la Inspectoría del Trabajo en contra de la sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela, que ordenó el pago de Bs. 7.837,85 al prosperar el procedimiento sancionatorio; y con ello queda probado uno de los requisitos de procedencia de la medida cautelar como lo es fumus boni iuris o presunción grave sobre la existencia del derecho que se reclama, constituido por el cálculo de probabilidades por medio del cual, se llega al menos a una presunción [como categoría probatoria mínima], de que quien invoca el derecho «aparentemente» es su titular, sin perjuicio ello, de que durante el desarrollo del íter procesal pueda demostrarse lo contrario. Así se declara.
Igualmente, y dicho lo anterior, resulta evidente que de no suspender los efectos de la providencia administrativa invocada, la recurrente sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela, corre el riesgo de no obtenerse la devolución del dinero que pague, lo que implica que quedaría ilusoria la pretensión esgrimida, presunción de un daño posible, en virtud de la presunción de buen derecho que le acompaña, tal como se indicó supra.
Por otra parte, es preciso indicar que de ser declarado en la definitiva sin lugar el recurso de nulidad que nos ocupa, la sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela, se le condenaría al pago ordenado por la Inspectoría del Trabajo. En cambio, en caso contrario, de ser declarado con lugar y, en consecuencia, declararse la nulidad del acto impugnado, al accionante, no le sería reintegrado el dinero pagado, encausado por un procedimiento administrativo, claro está, razón por la cual, se encuentra satisfecho el segundo requisito: periculum in mora. Así se declara.
Así, ante la concurrencia de los requisitos a los cuales se aludió ut supra, a la ponderación de los intereses en juego y a la proporcionalidad de los efectos de la medida pedida, debe este Juzgado declarar procedente la suspensión de efectos solicitada, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en este procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se declara.
-IV-
PARTE DISPOSITIVA
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA: 1°: Procedente la medida cautelar solicitada recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar incoado por la sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela C. A., por medio de su apoderado judicial, abogados Mónica Rangel Valbuena y Juan Pablo Díaz, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 97.381 y 140.533, en su orden, en contra del providencia administrativo n.º 2548-2013, de fecha 23.9.2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, en el procedimiento sancionatorio del expediente administrativo n.º 056-2012-06-00256, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo. 2°: En caso de abandono o impulso procesal de la presente causa por parte de quien recurre, se decretará el levantamiento de la medida cautelar de manera inmediata.
Notifíquese mediante oficio a la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira y a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada y sellada en el despacho de este Juzgado, en San Cristóbal, a los 10 días del mes de febrero del 2014. Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Juez

Abg. Miguel Ángel Colmenares Ch.
Secretario judicial

Abg. José Gregorio Guerrero Sánchez

En la misma fecha, siendo las 3:30 p. m, se publicó la anterior decisión y se agregó al expediente, dejándose copia certificada de la misma para el copiador del Tribunal.

Secretario judicial

Abg. José Gregorio Guerrero Sánchez

MÁCCHjggs.