TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
CORTE DE APELACIONES

Juez Ponente: Abogado Rhonald David Jaime Ramírez.

IDENTIFICACIÓN DEL JUEZ INHIBIDO

Abogado José Mauricio Muñoz Montilva, Juez de Primera Instancia en Función de Control número 10, de este Circuito Judicial Penal.

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA INHIBICIÓN

Mediante acta de fecha 06 de enero de 2014 el Abogado José Mauricio Muñoz Montilva, en su condición de Juez de Primera Instancia en Función de Control número 10, de este Circuito Judicial Penal, declaró estar incurso en la causal de inhibición contemplada en el artículo 89.7 del Código Orgánico Procesal Penal, y en tal virtud expuso lo siguiente:

“(Omissis)

“FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Revisada la causa, se observa que en fecha 13 de mayo de 2011, este Tribunal condenó al acusado PEDRO GONZALO GUERRERO CADIVID (sic), la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada en su contra, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, con premeditación y alevosía, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 406 ordinal 3° literal “A” y artículo 77 numerales 1 y 5 del Código Penal con la circunstancia calificante establecida en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en perjuicio de Erika de la Consolación Rivera Agelvis y la niña A. P. G. R. (occisas); así mismo, se ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público.

En el presente caso, es preciso revisar la solicitud planteada, observando que la defensa técnica en específico solicita que el Tribunal revise y acuerde la nulidad de su propia decisión de fecha 13 de mayo de 2011, en el cual condeno (sic) al mencionado ciudadano siguiendo lo establecido en el artículo 376 hoy 375 del Código Orgánico Procesal Penal.
Del planeamiento de la defensa, se observa que busca se pronuncie sobre un asunto ya resuelto. Parra ello, solicita que el Tribunal resuelva acerca de a validez o no de su propia decisión, en la cual hubo una admisión de los hechos libre y voluntaria y se respeto el debido proceso, argumentando incluso elementos de prueba que a su criterio exculpan a su defendido.

Así mismo se observa que la defensa alega que este mismo órgano jurisdiccional ha vulnerado derechos al no observar elementos exculpatorios de su defendido y haber escuchado de voz de su defendido que admitía los hechos porque estaba amenazado de muerto, infringiendo el debido proceso y la defensa, en cuanto a controlar la audiencia preliminar y la investigación llevada por el Ministerio Público.
Ahora bien al revisar el criterio de nuestro máximo tribunal en Sala Constitucional existe el criterio reiterado y sostenido que en cuanto a (sic) solicitud de nulidad de las decisiones judiciales, la misma no puede ser resuelta por el mismo Juez que suscribió el acto decisorio cuya validez se discute, ya que existiría una duda en cuanto a la imparcialidad.

Al respecto nuestra legislación contempla el artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece la prohibición de reforma, y las excepciones referentes a la corrección material o para suplir omisiones, que no comporten modificaciones esenciales de la decisión asumida.

Dicho fundamento se observa en sentencia N° 1014 de fecha 26 de mayo de 2005, que ratifica el criterio de la Sala Constitucional en la cual señala que los Jueces no deben conocer y decidir acerca de la validez de sus propias decisiones para evitar que con ello se pierda la credibilidad fundada en el principio de la imparcialidad como parte integrante del principio del Juez Natural, (…).

(Omissis)

Ahora bien del escrito de la defensa se observa que el mismo alega que existe una violación del debido proceso ya que este Juzgador tomo (si) del acusado hoy condenado PEDRO GONZALO GUERRERO, una admisión de los hechos coaccionada solicitud de revisión y nulidad planteada por la defensa, se encuentran que la misma tiene por objeto que el Tribunal revise la decisión asumida por quien suscribe, lo cual es contrario a la garantía esencial del Juez Natural, en cuanto a la necesaria imparcialidad que se requiere para el noble ejercicio de la función jurisdiccional.

Así mismo se observa que la defensa fundamenta su escrito de revisión de sentencia definitiva establecida en el artículo 462 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual debe ser conocida por el Juez de Control de la localidad donde ocurrió el hecho, en el presente caso si bien este Juzgador es competente por el lugar donde ocurrió el hecho debe inhibirse del conocimiento de la causa por haber emitido opinión sobre dicha causa penal y sobre la decisión que pretende revisarse y anularse, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 ordinal 7 y 90 del Código Orgánico Procesal Penal y ordena remitir el presente recurso para su redistribución, en consecuencia procede A INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA.

(Omissis)”.

Recibidas las actuaciones en esta Corte de Apelaciones, se dio cuenta en Sala el día 16 de enero de 2014 y se designó ponente al Juez Abogado Rhonald David Jaime Ramírez, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Primera: La autonomía e independencia de los jueces y las juezas está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 253 y siguientes. Allí se establece que el Poder Judicial es independiente y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Que con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, a los Jueces y Juezas se les prohíbe llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Dichos principios constitucionales están igualmente desarrollados en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la autonomía e independencia de los Jueces y Juezas en los términos siguientes:

“En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho. En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.”

Segunda: La inhibición es una institución de orden público, por su naturaleza intrínseca constituye un acto judicial que se traduce en la separación voluntaria (motu propio) del Juez en el asunto sometido a su consideración del conocimiento de la referida incidencia, en cumplimiento del mandato legal. Ha establecido la doctrina que son mecanismos procesales determinados para preservar la imparcialidad y probidad del Juez o Jueza, entendiendo por ésta que el Juez o Jueza para la solución del caso, no se dejará llevar por ningún otro interés fuera de la aplicación correcta de la Ley y la solución justa para el litigio, tal como la Ley lo prevé. (Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. (Págs. 320 y 321).

De igual modo, el maestro Arminio Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, dice:

“La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de algunas de las partes, pierde el atributo especial de los dispensadores de justicia, en consecuencia es natural que de motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquél a la abstención. Este recurso es la recusación y la voluntaria abstención es la inhibición.”

Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 1484 en el Expediente N° 08-0270 dictada en fecha 15 de Octubre de 2008, con Ponencia del Pedro Rafael Rondón Haaz, señaló que:

“…Sin duda alguna, reiteramos que la inhibición “…se puede definir entonces como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación. En esta definición destacan las características que tiene la inhibición en nuestro Derecho: a) Es un acto judicial y no de parte, porque lo realiza el Juez y produce su efecto en el proceso, originando una crisis subjetiva del mismo, que se traduce en la separación del Juez del conocimiento del asunto. b) Aunque es un deber del Juez, las partes no tienen facultad de requerir su inhibición pues la ley no da a las partes semejante gestión procesal. c) La inhibición origina un incidente en la causa concreta sometida al conocimiento del Juez inhibido, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso creada con la separación del Juez del conocimiento de la causa…”

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades lo siguiente:

“…que la inhibición al igual que la recusación son instituciones concebidas para preservar la imparcialidad del Juez, mediante el cual el funcionario o las partes proponen o solicitan la separación del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de las razones legalmente establecidas. De allí, que el Juez en su función de administrar justicia debe ser imparcial y no estar sujeto a ninguna vinculación subjetiva, bien entre el Juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento o bien con el objeto de la misma, ya que la existencia de estos dos vínculos ocasionan irremediablemente su inhabilidad para conocer y decidir”.

En fin, la inhibición es un mecanismo que permite al Juez o Jueza, a otros funcionarios o funcionarias y a los auxiliares de justicia, liberarse del conocimiento de la causa cuando existe alguna razón que pueda comprometer su imparcialidad. Por ello, el fundamento del instituto procesal de la inhibición consiste en asegurar la absoluta independencia de ánimo que se traduce en una decisión imparcial, a los fines de garantizar los requisitos constitucionales de la justicia.

Tercero: En el caso sub examine, observa este Tribunal Colegiado, que efectivamente la normativa que rige la materia inserta en el Código Orgánico Procesal Penal, alegada por el inhibido, establece lo siguiente:

“Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:
(…Omisis…)
7. “Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como Fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza;
(…Omissis…)”.

De lo antes transcrito, esta Corte considera, que la intención del legislador al indicar “haber emitido opinión en la causa”, se encuentra referida a que esa opinión debe ser sobre la incidencia pendiente de sentencia definitiva, es decir, que para que prospere dicha causal de inhibición, es necesario que la opinión emitida sea de lo principal del asunto, de tal manera que afecte su objetividad para decidir sobre el fondo de la controversia sometida a su conocimiento, la cual culmina en la sentencia definitiva, por lo que en conclusión es necesario para que prospere la causal invocada, que la causa sometida al conocimiento del Juez inhibido aún esté pendiente de decisión definitiva.

Por otra parte, el contenido del numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal se puede dividir en dos supuestos de hecho. A saber; “haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella” o, por otra parte, “haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como Fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza”. Para evidenciar la separación entre ambos supuestos, es necesario destacar la disyunción que los separa “…con conocimiento de ella, o haber intervenido como…”. Es evidente que en el caso de autos, la inhibición se basó en el primer supuesto de hecho normativo, “haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella”, por lo cual resulta inoficioso evaluar el cumplimiento de las condiciones del segundo supuesto de hecho y nos circunscribiremos a evaluar si se cumplen los extremos del primero: haber emitido opinión en la causa y tener conocimiento de esa causa como Juez o Jueza.

Ahora bien, de la revisión hecha a las actuaciones, se observa, que efectivamente, el funcionario inhibido dictó decisión en fecha en fecha 13 de mayo de 2011, en la causa penal signada con el número 10C-SP21-P-2011-516, mediante la cual, entre otros pronunciamientos, condenó al acusado Pedro Gonzalo Guerrero Cadavid, quien se acogió al procedimiento especial por admisión de hechos, por la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado, con premeditación y alevosía, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 406 ordinal 3° literal “A” y artículo 77 numerales 1 y 5 del Código Penal con la circunstancia calificante establecida en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en perjuicio de Erika de la Consolación Rivera Agelvis y la niña A. P. G. R. (occisas), a cumplir la pena de veintinueve (29) años de prisión, y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada en su contra; por lo tanto SÍ SE CUMPLE LA PRIMERA CONDICIÓN DEL PRIMER SUPUESTO DE HECHO Y TAMBIÉN SE CUMPLE LA SEGUNDA CONDICIÓN DEL PRIMER SUPUESTO DE HECHO de la norma que nos ocupa; circunstancias que materializan la causal alegada, haciendo procesalmente viable la inhibición planteada. Y así formalmente debe declararse.

D E C I S I Ó N

Por los fundamentos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición presentada por el Abogado José Mauricio Muñoz Montilva, en su condición de Juez de Primera Instancia en Función de Control número 01, de este Circuito Judicial Penal, por estar comprendido en los supuestos de hecho previstos en el artículo 89.7 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose que la causa sea pasada a otro Juez o Jueza de Juicio de este Circuito Judicial Penal para su conocimiento.

Publíquese, regístrese y bájense las actuaciones en la oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil catorce. Año: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Jueza y los Jueces de la Corte de Apelaciones,

Abogada LADYSABEL PÉREZ RON
Jueza Presidenta

Abogado RHONALD JAIME RAMÍREZ Abogado MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
Juez Ponente Juez de la Corte

Abogada DARKYS CHACÓN CARRERO
Secretaria

1-Inh-SJ22-X-2014-01/RDJR/chs.